La INDDHH emitió una declaración donde señala que espera recibir información más concreta por parte del Gobierno sobre el asunto.

"Se reconoce el gesto humanitario del Gobierno de la República, en el sentido de contribuir al fin de la detención de un grupo de personas que se encuentran privadas de libertad desde hace años en forma indefinida, sin haber gozado de las más elementales garantías de sus derechos a la integridad personal ni al debido proceso legal, claramente establecidas en la normativa que integra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esta decisión colabora con el anunciado proceso de desmantelar la cárcel que aún hoy funciona en la Base de Guantánamo, y que constituyó, y constituye, una afrenta a la dignidad de toda la humanidad", dice parte del comunicado.

No obstante, señala que esta decisión "debe sostenerse en forma clara y precisa, en el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, en especial en las normas sobre asilo, refugio y derechos de las personas migrantes. Esto implica que las personas que, eventualmente lleguen al país en el marco antes referido, no pueden recibir un trato diferente ni ser incorporadas a una condición jurídica no prevista en la citada normativa ya que no vendrían a cumplir una pena por la que nunca fueron juzgados".