(emitido a las 8.45 hs.)

EMILIANO COTELO:
El viernes pasado, a las 10 de la mañana, el exministro de Economía Fernando Lorenzo y el presidente del Banco de la República (BROU), Fernando Calloia, comparecieron ante la jueza en lo Penal Adriana de los Santos. Pocos minutos después se confirmó que ambos eran procesados sin prisión por un delito de abuso innominado de funciones a raíz de la forma como se concedió el aval que en octubre de 2012 le permitió a la empresa española Cosmo ofertar en la subasta de siete aviones pertenecientes a Pluna SA.

La noticia, que cae en pleno año electoral, implica todo un cimbronazo para el Frente Amplio. Lorenzo había renunciado en diciembre pasado, y Calloia se vio obligado a presentar su dimisión este mismo viernes por la tarde.

Pero una semana antes, un golpe similar había caído sobre figuras del Partido Nacional (PN), cuando la justicia procesó por el mismo delito al intendente de Colonia, Walter Zimmer, y a su director de Hacienda, Juan Ahunchaín. Es más, en este otro caso, los procesamientos fueron con prisión.

Vale la pena analizar estos episodios tan importantes que sacuden al ámbito político. Para eso les proponemos dos entrevistas.

En primer lugar estamos en comunicación con el senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, PN, abogado, principal denunciante del caso Pluna SA en el Parlamento.

¿Cuál fue su primera reacción, el viernes de mañana, cuando conoció la noticia de los dos procesamientos?

CARLOS MOREIRA:
Aparecía como algo previsible, ya contábamos con una acusación fiscal muy fundada, del 20 de diciembre, que pedía ese procesamiento y acusaba por la comisión de ese delito. Yo no he leído el auto de procesamiento, porque eso fue el viernes…

EC - ¡¿Todavía no lo leyó?!

CM - No lo leí, porque estoy haciendo política activa en mi departamento de Colonia. Pero he escuchado los fundamentos y además creo conocer bastante las circunstancias que rodearon toda esa emisión del aval, porque esto fue ampliamente difundido y debatido sobre todo en la última interpelación que llevamos respecto de los dos ministros, de Economía y de Transporte. Así que se habló mucho sobre ese aval.

Yo le pregunté en una interpelación al exministro Lorenzo sobre la llamada telefónica, el requerimiento telefónico que le hizo al presidente del BROU, y él me contestó, con honestidad, que efectivamente lo había llamado. Las circunstancias que rodearon la emisión de ese aval fueron muy difundidas, son de conocimiento de todos, porque trascendieron los detalles de todo esto, y la jueza entendió que en este caso existían los elementos de hecho y de derecho como para decretar ese procesamiento. Ha trascendido, y creo que es así, que le restó importancia el hecho de que hubiera más interesados en la subasta.

EC - Sí, ese elemento había sido manejado por el fiscal en el pedido de procesamiento, y la jueza lo desecha prácticamente.

CM - Lo desecha, porque es así, el delito se configura simplemente por la forma en la cual se tramitó y se otorgó ese aval. Me parece que no es demasiado importante que hubiera o no más interesados, a pesar de que el expresidente del BROU primero dijo que sí había y después dijo que no, y lo puso como argumento de su defensa. Pero como él siempre cambia la versión de los hechos no nos llama la atención.

EC - Palabras más, palabras menos, usted dijo que el auto de procesamiento dictado por la jueza confirma que las denuncias presentadas por el PN en el Parlamento estaban bien sustentadas. Por otro lado ocurre que en definitiva lo que se obtuvo en la justicia fue un procesamiento –no condena– y por el delito de abuso innominado de funciones, un delito muy polémico, por su carácter residual, que estaría a punto de ser derogado. Un delito por el cual hace una semana fue procesado el intendente de colonia, Walter Zimmer, y su director de Hacienda, José María Ahunchaín, ambos del PN, en un fallo que tiene muy preocupados a los otros intendentes blancos, que reaccionaron diciendo "si se puede imputar ese delito por aquellas actuaciones, todos estamos expuestos a que nos pase lo mismo". ¿Entonces? ¿Este procesamiento es suficientemente contundente?

CM - Uno podrá discutir sobre si debe existir o no debe existir, o si debe estar vigente o no el "delito de abuso innominado de funciones en circunstancias no previstas especialmente en la ley". Es muy opinable, es un delito muy genérico, que puede comprender situaciones absolutamente diferentes y que tiene cierta vaguedad. No hay duda de que es constitucional, ya ha habido pronunciamientos de la Corte en el sentido de que no se aparta de lo que la Constitución manda. Pero por ese delito no solo fueron procesados Zimmer y estos altos jerarcas de la administración; también el exintendente Arocena, el exintendente Amaro, el contador Braga, Lissidini, muchos altos jerarcas de administraciones pasadas fueron procesados por este delito. Hasta ahora no se derogó. Derogarlo está dentro de las posibilidades, pero hoy está vigente.

EC - Una lectura posible es: ¿no será que en las dos situaciones, la de la Intendencia de Colonia y en el Caso Pluna SA, los procesamientos son decisiones judiciales muy forzadas?

CM - No. Yo no me meto a analizar las decisiones judiciales porque no es esa mi tarea. Lo que hacemos es tratar de controlar, como legisladores que somos, que no haya apartamiento de los deberes funcionales de los altos jerarcas de la administración. Después le toca a la justicia determinar.

EC - Pero ¿esperaba que el delito que se imputara fuera este, o suponía que había otra posibilidad?

CM - No, porque no suelo calificar porque no soy juez. Yo soy legislador. Los 10 senadores del PN hicimos una denuncia poniendo en conocimiento de la justicia no solo ese hecho del aval, incluso nuestra denuncia inicial ni siquiera comprendía esto del aval porque no había sucedido todavía. La denuncia la hicimos el 29 de mayo de 2012 y lo del aval fue el 1.° de octubre de ese mismo año. Después la ampliamos con todo ese tema del aval, pero pusimos en conocimiento primariamente no ese hecho, después sí lo hicimos.

EC - De acuerdo, pero en cuanto a la preocupación por la forma como se concedió el aval, ¿para usted cuál era la gravedad?

CM - Sin ninguna duda fue grave, quedó de manifiesto. Calloia fue a la primera interpelación, estuvo un rato, habló de las enormes ganancias y lo sólido que estaba el BROU y se fue. Y a los otros llamados ni siquiera concurrió, mandaba cartas. De modo que recuerdo haberle preguntado al exministro Lorenzo si era cierto lo de la llamada telefónica, el lapso que medió entre la llamada telefónica y la concesión del aval, y fue muy claro que eso violaba todas las normas bancocentralistas vigentes en el país, sin ninguna duda. Eso quedó de manifiesto. Ahora, si eso es o no una conducta delictiva, les corresponde al fiscal y al juez definirlo, no a los legisladores.

EC - Claro, pero el delito que se imputa es abuso innominado de funciones, y ese delito dice: "El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código, será castigado…". Tienen que reunirse varias condiciones: "cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario". Hay toda una discusión sobre si la forma de actuar de Calloia y Lorenzo fue arbitraria o fue en realidad discrecional. Pero el artículo 162 del Código Penal también dice que tiene que haber habido "perjuicio de la Administración o de los particulares". ¿Cuál fue el perjuicio en este caso?

CM - Parece claro que inicialmente quienes solicitaron el aval eran personas notoriamente insolventes. Había una empresa, Cosmo, una empresa fantasma, desconocida, y más fantasma aún era el representante, ese señor que se cambió el nombre, el "caballero de la derecha", que resultó luego ser el empleado de un conocido empresario. Después asume el aval alguien que jurídicamente no estaba obligado a hacerlo, el señor López Mena, y ahora el señor López Mena, porque puso una cláusula resolutoria en el acuerdo del pago del aval, se resiste a pagar el saldo, creo que quedan todavía 11 millones y pico de dólares por abonarse de un aval de 13.600.000 dólares, una cantidad más que apreciable, y hoy existe absoluta incertidumbre de que el banco se pueda cobrar el saldo del aval.

EC - Sí, pero esa incertidumbre con respecto a si el BROU va a cobrar o no el saldo del aval no es por el aval en sí mismo, sino porque la ley de liquidación de Pluna fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte. En eso se apoya López Mena para tratar de no seguir pagando, no por el aval en sí mismo. Entonces, ¿dónde está el perjuicio para la administración en la forma como se concedió el aval?

CM - El BROU puede perder 13.688.000 dólares, puesto que ya abonó esa suma al fideicomiso que se encargaba de rematar las aeronaves, y ahora cobrará o no, dependerá de lo que pase en el proceso judicial. ¿Por qué dejan poner esa cláusula resolutoria frente a una ley que a todas luces era absolutamente inconstitucional y que la Corte, en uso de sus facultades, declaró inaplicable ahora para todos los acreedores de Pluna? Vaya si hay perjuicio, no solo económico sino del prestigio de una institución bancaria que asume una obligación como esa, en circunstancias como esa, en que aparece un señor desconocido sin poder para representar a esa empresa Cosmo, también desconocida, y al final termina pagando un tercero. Creo que las circunstancias… pero yo me limito a observarlo desde fuera.

EC - La defensa sostiene que esos riesgos para el BROU en todo caso corresponden a hechos posteriores a la concesión del aval en sí misma.

CM - No, posteriores no: consecuencia de la forma como se tramitó y se expidió el aval. Consecuencia directa, consecuencia de la forma irregular como se tramitó. Entonces cualquier uruguayo mañana viene a pedir un aval del BROU con ese antecedente y se va a sentir muy frustrado si no se lo dan y le dicen que es insolvente o que no tiene las referencias debidas. Yo quisiera saber cuándo en la historia del BROU se expidió un aval por este monto de esa manera. Creo que nunca.

EC - El presidente del BROU, Fernando Calloia, no estaba habilitado por sí mismo para conceder el aval a Cosmo en esas condiciones excepcionales en que debió hacerse el trámite en el mediodía del 1.° de octubre de 2012. Según la Carta Orgánica del BROU, requería una mayoría de tres quintos en el directorio, cosa que Calloia gestionó y obtuvo el visto bueno de los otros dos directores del oficialismo, Jorge Perazzo y Danilo Vázquez. ¿Para usted ellos dos también deberían responder ante la justicia?

CM - Eso es otra cosa. Por lo menos me parece que no han contribuido al buen prestigio del BROU. No sé ahora quién va a quedar, se dice que puede quedar uno de ellos. Me parece que sería bueno hacer una renovación ahí.

EC - Justamente, ahora, a partir de la renuncia de Calloia, el Poder Ejecutivo está resolviendo cómo hace el relevo. Y una posibilidad es recurrir a los nombres que ya están, por el Frente Amplio, en el directorio del BROU.

CM - Es una decisión del presidente de la República, no me voy a inmiscuir en eso, pero me parece que sería bueno una renovación total, porque el banco no ha salido bien parado de esto. Si hay una cosa que se ha afectado es precisamente su prestigio, con este hecho en particular. Ahora le tocará al presidente resolver.

EC - El presidente José Mujica ha estado respaldando la forma como se movieron en todo este episodio el entonces ministro Lorenzo y el entonces presidente del BROU, Calloia. Dijo que si bien es lógico que existan controles sobre las acciones de los gobernantes, muchas veces los jerarcas "se ven prisioneros entre lo burocrático y las demandas que tenemos", ese fue un primer comentario que hizo. Pero ayer cuando estuvo en la Expo Melilla le preguntaron de nuevo, concretamente le preguntaron si él admitía alguna responsabilidad y dijo: "Seguro que tengo, ¿cómo no voy a tener? Si soy presidente, soy responsable de todo". ¿Qué consecuencias le asigna a una declaración como esta?

CM - Muy propia del estilo del presidente que tenemos, admirado por algunos y vilipendiado por otros. Me parece que incluso antes de esto que dijo ayer ya había dicho que él estuvo en los grandes trazos de todas estas decisiones. No hay dudas de que estuvo, creo que equivocadamente. No se puede gobernar así, un día para acá, otro día para allá, abusando de las formas. Es muy propio del estilo presidencial, que quizás esté guiado por buenas intenciones, pero el apartamiento de las formas es una cosa muy peligrosa. El desconocimiento de lo que es un poder independiente como la justicia y a veces la actitud muy clara y manifiesta de presionarla me parece muy peligroso. Venimos en una pendiente que no es buena para el Uruguay. Yo a veces miro con enorme preocupación ese desapego a las formas, esto de decir que estas son cosas accesorias, poco importantes. La forma y el apego a la legalidad y a la constitucionalidad, a la institucionalidad son una cosa fundamental, eso es lo que preserva la verdadera democracia. No me gusta esa actitud del presidente, y en este caso no se ha manejado bien.

EC - ¿Qué implica para él, desde el punto de vista de responsabilidades políticas, eventualmente judiciales?

CM - No, no digo responsabilidades judiciales, no voy tan lejos, no sé cuál fue su efectiva participación en este caso particular. A él le gusta usar frases para acá y para allá. Yo digo que ese estilo de hacer política no es bueno para el Uruguay. Y me parece que la gente así lo está juzgando, ya hay cansancio de eso, lo que a veces puede parecer gracioso y original resulta… no sé, a mí no me convence. Veremos, en cuanto a sus responsabilidades, eso les toca a los jueces, no a los senadores, las responsabilidades penales. Pero a mí no me gusta todo esto.

EC - Usted en sus planteos parlamentarios nunca dirigió la batería contra el presidente de la República.

CM - No, porque el presidente de la República estuvo ajeno a los hechos generadores de todo este desastre de Pluna, que vienen del gobierno anterior, no del gobierno de Mujica. Este es un hecho que sucedió después, en el cual el presidente seguramente tuvo participación, pero para mí las cosas más graves y más serias de todo este proceso de Pluna, que va a terminar con cuantiosas pérdidas para todos los uruguayos, vienen del gobierno anterior, sobre todo de la actuación de los ministros de entonces, el actual vicepresidente de la República y el señor Víctor Rossi.

EC - ¿Entonces?

CM - La justicia determinará. En la denuncia pusimos todos esos hechos, los relatamos con la minuciosidad que pudimos, ahora la justicia determinará. Creo que a nivel parlamentario poco más se puede hacer, yo ya estoy bastante cansado de convocar ministros y directores de entes autónomos al Parlamento sin que pase nada, en este caso por ese muro ciego y sordo de las mayorías absolutas. Entonces la justicia ha actuado acá y estaremos expectantes para ver lo que sucede después.

EC - ¿Cómo observa las actitudes de los procesados? Lorenzo ya había renunciado a su cargo de ministro en diciembre, cuando se supo que se pedía su procesamiento, y el viernes informó que no va a apelar el auto de procesamiento y que incluso en la etapa que ahora se inicia, la del juicio, "no habrá ningún acto adicional de defensa, todos mis argumentos están contenidos en el escrito que presentaron mis abogados en estos días ante el juzgado", dijo.

Por otro lado, Calloia presentó renuncia el viernes al cargo de presidente del BROU.

CM - Sí, seguramente le pidieron la renuncia, me imagino, porque había anticipado varias veces que no iba a renunciar en ninguna circunstancia. Lo de Lorenzo es una actitud personalísima, cada ciudadano hace valer sus derechos, incluso el derecho a la defensa, el derecho a la apelación, como le parezca. En el caso de Calloia creo que debió haber renunciado el 20 de diciembre, al igual que Lorenzo. Pero así están las cosas.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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