(emitido a las 8.43 hs.)

EMILIANO COTELO:
Argentina parece haber dinamitado todo la relación bilateral con Uruguay. Eso es lo que desprende de las declaraciones de altos jerarcas del Gobierno de Cristina Fernández después de que Montevideo autorizara a UPM un nuevo aumento en la producción anual de celulosa en su planta de Fray Bentos.

Para el canciller argentino, Héctor Timerman, la resolución uruguaya "es una clara violación de los acuerdos fronterizos". En un comunicado difundido el viernes, pocas horas después de que se conociera que Uruguay había otorgado el nuevo permiso a UPM para llegar a una producción anual de 1.300.000 toneladas, Timerman anunció que su país volvería a recurrir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, y también adelantó que su Gobierno hará un análisis de la relación bilateral con Uruguay "ministerio por ministerio".

A nivel del Gobierno uruguayo, en las gestiones que la producción de En Perspectiva ha realizado desde el viernes, la respuestas que obtenemos es que el único vocero autorizado para hablar del asunto es el ministro Luis Almagro, que en estas horas está volviendo de Santa Cruz de la Sierra. Confío en que mañana podamos tener ese reportaje.

Pero me interesa también observar este asunto desde otro ángulo. ¿Podría decirse desde el ángulo de la oposición? Sí, pero también, sobre todo, desde el punto de vista de alguien que fue ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, el doctor Didier Opertti.

¿Cómo ha observado este nuevo episodio del conflicto Uruguay-Argentina?

DIDIER OPERTTI:
Naturalmente con preocupación y sin alegría. Preocupación por esta escalada de decisiones adoptada por Argentina que no contribuye a crear el espíritu de cooperación que el propio fallo de la Corte Internacional de La Haya estableciera como el marco en el cual ambos países debían llevar sus relaciones.

Algunas precisiones. Hay algunos hechos relevantes que están en curso y que deben ser conocidos por la opinión pública, por sus oyentes, que ciertamente son muchos.

En primer lugar hay que señalar que el Comité Científico creado por ambas partes de mutuo acuerdo para establecer con rigor técnico el nivel de contaminación de las aguas ha venido funcionando y viene funcionando normalmente.

EC - No se han difundido sus resultados.

DO - Claro. Pero el Comité Científico, en coordinación con la Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay), ha realizado 36 visitas a la planta, y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) ha realizado 15 inspecciones de agua del río entre Nuevo Berlín al norte y Las Cañas al sur. La CARU para hacerlo ha tenido que adquirir los elementos técnicos necesarios y lo ha hecho, quiere decir que el Comité Científico ha venido funcionando.

Segundo. Uruguay no ha adelantado o diligenciado el pedido de aumento de producción de UPM sin conocimiento e información a Argentina.

EC - Ese es un punto importante, porque de por medio está la protesta Argentina que conocimos en el fin de semana que, entre otras cosas, señala que Uruguay no estaría siguiendo los procedimientos previstos en el Estatuto del Río Uruguay e incluso las recomendaciones del propio Tribunal de La Haya cuando laudó en este diferendo.

DO - La situación es la siguiente. Cuando en el 2012 UPM presenta su pedido de ampliación de la producción, Uruguay comienza a desarrollar el procedimiento de información a la parte argentina.

EC - En realidad fue en 2011.

DO - En 2011 fue el pedido de UPM, pero la solicitud de Argentina con respecto a las informaciones es del 28 de diciembre de 2012. Por lo tanto es un procedimiento que ya lleva un largo tiempo. Y en ese procedimiento Uruguay ha ido entregando a la parte argentina toda la información atinente al tema del eventual aumento. Y lo ha hecho con arreglo a las reglas técnicas, científicas. La contaminación, los efectos nocivos, no es un concepto literario, es un concepto científico que está definido en el Digesto de la CARU, que dice que efectos nocivos es "toda alteración de la calidad de las aguas que impida o dificulte cualquier uso legítimo de las mismas, que produzca efectos deletéreos o riesgos a los recursos vivos, riesgos a la salud humana, amenaza a las actividades acuáticas, incluyendo la pesca, o reducción de las actividades recreativas".

Este tipo de efecto nocivo no se ha producido. El Comité Científico no ha detectado en ningún momento la existencia de ese riesgo. De manera que cuando el canciller Timerman anuncia –en realidad es un anuncio que se reitera, porque ya en octubre del año pasado había hecho un anuncio similar al de ahora– que se va a llevar el asunto a La Haya está poniéndose de espaldas a lo que el propio Digesto del río establece: para que exista contaminación debe producirse la situación descrita por el Digesto, no es una afirmación unilateral de cualquiera de las dos partes la que alcance para calificar el hecho como un efecto contaminante, debe llenar el requisito que establece la definición que acabo de darle.

EC - Usted recordaba la primera vez que en los últimos meses Argentina amenazó con ir al Tribunal de La Haya, en octubre-noviembre del año pasado. Recordemos por qué fue eso. UPM había pedido el aumento de la producción anual a 1.300.000 toneladas, y sobre esa fecha el Gobierno uruguayo resuelve no llegar a 1.300.000, llegar a 1.200.000 toneladas, condicionado a que UPM realizara una serie de inversiones para disminuir aún más el impacto ambiental de la producción.

DO - Efectivamente.

EC - Todos estábamos esperando conocer si UPM había completado esas inversiones. Y sorpresivamente aparece esta otra resolución en la que el Gobierno autoriza, ahora sí, a llegar a 1.300.000 toneladas. ¿Cómo observó ese detalle? ¿No podríamos, ahí sí, sobre todo porque esto se mantuvo en absoluta reserva, no sé qué pasó en el diálogo con Argentina, incurrir en una trasgresión de los mecanismos de consulta previstos?

DO - El punto que usted plantea tiene una particular sensibilidad y me quiero detener un instante. Efectivamente el Gobierno uruguayo emitió en su momento esa autorización, sujeta a condiciones, en el ánimo de mejorar el relacionamiento con Argentina y aparecer en una actitud responsable de control del funcionamiento de la planta y en el uso de las competencias que le corresponden al Estado uruguayo, porque en este caso la autoridad nacional es la encargada de verificar ese tipo de elemento.

Ahora, el Gobierno uruguayo, a través del ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ha señalado que se ha venido cumpliendo con esas exigencias. Yo no estoy en condiciones de aseverarlo en una forma categórica, porque, como usted acaba de expresar, esto ha estado rodeado de un cierto silencio o de falta de información. Pero quedémonos por un momento en la peor de las hipótesis, supongamos como hipótesis de trabajo que UPM no hubiera satisfecho totalmente las exigencias impuestas por Uruguay, no por el Comité Científico ni por CARU, sino que fueron decisiones del Gobierno uruguayo. El tema no automatiza o no trae como efecto ineludible, inexorable la incursión en contaminación. Vale decir, el hecho de que esas obras no se hubieren efectuado lo más que podría producir como consecuencia sería reiterarle a la planta el correspondiente reclamo o la correspondiente nota para que proceda si hay algo aún pendiente. Si lo hubiere, por eso digo que me ponía en la peor de las hipótesis.

Pero eso no se traduce –y eso es lo importante– en que Argentina tenga ahora un caso distinto, vale decir, un caso que la habilite a llevar la situación a La Haya, en tanto no aparece el elemento básico, que es la contaminación. En este sentido el único encargado de verificarla es el Comité Científico, que ciertamente no la ha verificado.

En La Haya había un tema procesal y un tema de fondo. El tema procesal, el apartamiento de los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay, y el tema de fondo, la contaminación. En el primero La Haya dijo que debíamos haber seguido determinado procedimiento. En este último caso, del que estamos hablando al presente, en la situación que tenemos hoy en la mesa, Uruguay ha utilizado el procedimiento, le ha informado, le ha ampliado las informaciones, y ha podido evaluar que la información que le vierte a Argentina no es tomada por esta a partir de una visión técnico-científica, sino que es simplemente evaluada con una postura política de rechazo, que en los hechos convierte el control de Argentina en un implícito derecho de veto.

EC - Sí, eso señala la declaración del ministro Luis Almagro de este fin de semana.

DO - Creo que le asiste razón.

EC - Indica que el comportamiento de Argentina en la CARU ha implicado consagrar un instrumento de veto que formalmente no existe, pero por la vía de los hechos eso es lo que ha venido ocurriendo. Es lo que todos habíamos observado en estos años, pero llama la atención que Almagro lo denuncie a texto expreso.

DO - A mí me satisface esa afirmación del canciller, porque estimo que se ajusta a la realidad. Así lo demuestra el hecho que usted relevaba hace unos instantes de no haber dado a conocer el informe del estado de las aguas, porque no arroja contaminación y Argentina se quedaría sin argumento frente a esa alegada y recurrente afirmación de que la planta contamina.

Volviendo al quicio del asunto, me parece que la posición del Gobierno uruguayo en este tema ha sido correcta. Mi preocupación –la he expresado en algún otro medio escrito– es el momento en el cual esta declaración se produce. Porque todos sabemos que una causa internacional suele ser un elemento aglutinante para los estados, para los Gobiernos particularmente, cuando estos están deseosos de buscar criterios de unificación de la opinión pública en torno a ciertas medidas. La soberanía siempre es un elemento muy sensible, que une a gente de distintas filiaciones, y la une a veces simplemente por un análisis macro, no por un análisis detenido de la cuestión. Entonces he levantado mi atención sobre la preocupación adicional que esto me produce precisamente por el momento en que se da a conocer esta decisión.

Por otro lado, además no olvide que ya se han tomado medidas muy duras respecto de Uruguay en materia de puertos.

EC - A eso iba, recién yo destacaba el hecho de que la Cancillería uruguaya en su nota del fin de semana denuncia cómo de hecho Argentina ha instaurado un veto que no le corresponde, que no le corresponde a ninguna de las dos partes en la CARU, pero del lado argentino también se ha ido a la explicitación. Timerman advierte que Argentina va a revisar "ministerio por ministerio" los temas de la relación bilateral. O sea, está diciendo, en negro sobre blanco, "vamos a tomar medidas de represalia", cosa que todos hemos visto que de hecho ha ocurrido en el pasado, pero nunca dicho así en esos términos. ¿Cómo observa este paso de Argentina?

DO - Precisamente, lo observo como la reafirmación del mismo tenor de declaraciones que hiciera el señor Tettamanti, secretario de Aguas Navegables de Argentina, cuando dispone por una circular que, dado que Uruguay no ha suscrito un acuerdo multilateral o bilateral con la Argentina en materia de transporte marítimo y utilización de facilidades portuarias, impedirles a Montevideo y a Palmira hacer trasbordos. Es decir, estamos en el terreno de las represalias.

EC - Claro, pero ahora se reconoce que se pueden tomar medidas en respuesta a una decisión como esta de Uruguay.

DO - Sí, se reconoce, ya lo había reconocido en ese nivel el recién nombrado señor Tettamanti, y ahora lo reconoce en otro nivel de decisión diferente la propia Cancillería argentina. Permítame una reflexión de tipo político-diplomático si así la califica. Aquí hay un terreno científico, un terreno de derecho internacional y un terreno de relación político-diplomática. En el terreno científico Argentina no encuentra ningún elemento que pueda acreditar la reclamación que anuncia. En el plano del derecho internacional, ni la sentencia de la Corte, ni el Digesto del Río Uruguay ni las notas reversales por las que se creó el Comité Científico, ni ninguna otra disposición de carácter obligatorio para las dos partes han fijado un límite a la producción de UPM. El único límite es que no altere la calidad de las aguas, que no traiga consigo contaminación. Si ese límite no ha sido traspasado, si esa situación no se ha producido, Argentina carece de legitimidad para tomar las medidas que está tomando…

EC - Pero por lo visto las va a tomar.

DO - … o que va a tomar, y carece de derecho, de fundamento jurídico para recurrir a La Haya. Claro, a La Haya podrá recurrir, pero esta vez no va a poder decir que no se le ha movilizado el procedimiento de los artículos 7 a 12. Cosa que sí dijo en la ocasión anterior, aunque, a mi juicio –y usted lo sabe porque lo he dicho también públicamente– eso no era exacto. En definitiva, para no entrar a revisar un fallo que ya data del 2010, sino para entrar en la situación presente, Argentina no tiene hoy fundamento jurídico que la asista para ir a La Haya.

Argentina ha violado abiertamente los acuerdos de transporte hechos en el ámbito del Mercosur. Ha violado el Tratado del Río de la Plata. Ha violado el Tratado de Montevideo del 80 de Aladi en materia de circulación de bienes y servicios. Ha violado el Tratado de Asunción de marzo del 91. Ha violado el Protocolo de Ouro Preto de diciembre del 94.

La Argentina se ha caracterizado en su relación bilateral en estos últimos tiempos por una violación contumaz y sistemática de los acuerdos internacionales con Uruguay. Quiere decir que no está acreditada su legitimación para invocar el derecho, porque en realidad lo que ha hecho es desconocerlo.

A Uruguay le impide el trasbordo aduciendo que Uruguay se ha negado a firmar un acuerdo. Pero los acuerdos se firman cuando hay voluntad de las partes de hacerlo, yo no puedo extorsionar a la otra parte tomando medidas unilaterales de retaliation, de represalia, simplemente porque no he conseguido su consenso. En el derecho internacional eso es extorsivo, no es de ninguna manera válido.

EC - ¿Para usted podemos asistir a nuevas represalias de Argentina, como se ha dicho?

DO - A la luz de los antecedentes y de la jurisprudencia de la práctica de lo que ha venido sucediendo, no lo descarto. Posiblemente hurguen dentro de las distintas actividades de cooperación y de recíproca conexión entre ambos países para ver qué medida toman. No olvide que en su momento, una presidencia argentina dispuso la prohibición de ingreso de uruguayos a ese país. Vamos a entendernos, esta es una escalada.

Espero que esta escalada tenga, en un ámbito de integración regional y de mecanismos de consulta, etcétera, previstos por los distintos tratados, algún medio de canalizarse diplomáticamente. Este es el momento en que la diplomacia tiene que aparecer fuertemente instalada en el diálogo, porque no podemos seguir en esta situación que nos hace daño a los dos países. Porque da la imagen, además, de una disolución de fondo en el Mercosur en el mismo momento en que el Mercosur quiere negociar con la Unión Europea, o así lo ha dicho, y que algunos de sus miembros quieren negociar con la Alianza del Pacífico. Estamos restándole fuerza a nuestra asociación de países, y eso en el plano internacional se paga.

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Transcripción: María Lila Ltaif