(Emitido a las 07.55)

EMILIANO COTELO:
La Justicia dispuso ayer que regresen a tierra más de 70 barcos pesqueros de bandera uruguaya, pertenecientes a diferentes empresas, que se encuentran en alta mar, para que cerca de 800 tripulantes puedan ejercer el derecho al voto.

El juez en lo Civil de 10º Turno, Nelson Fernández, falló a favor de los trabajadores representados en la audiencia por el Sindicato de Trabajadores del Mar (Suntma). Las empresas deberán hacer regresar a sus barcos a puerto antes de la hora cero del domingo, día en que tendrán lugar los comicios nacionales.

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JOEL ROSENBERG:
Estamos en comunicación con Marcos Acosta, secretario de prensa del Suntma. ¿Cómo puede ser instrumentada en la práctica esta decisión del juez? ¿Es posible que regresen en tiempo y forma?

MARCOS ACOSTA:
Sí, es posible, porque el barco que está más lejos dentro de las 200 millas de aguas jurisdiccionales y aguas compartidas con la República Argentina está a 30 horas de Montevideo, y puede demorar una hora en levantar las artes de pesca para hacerse a puerto. Así que estamos a tiempo de que los compañeros lleguen a votar.

JR - ¿Saben si ya se comunicó esa resolución a los barcos?

MA - Las empresas fueron notificadas ayer por el juez, quien las intimó que avisen a los barcos que deben entrar a puerto antes del 31. Pero nosotros, para asegurarnos, vamos a llevar un documento a la Prefectura Nacional Naval solicitando que comunique a los barcos la decisión del juez.

EC - Esta resolución ¿abarca a todos los barcos pesqueros con bandera uruguaya? ¿No hay algunos operando más lejos?

MA - Puede ser que haya alguno más lejos, pero los que logramos identificar... Porque lo teníamos que hacer por empresas, las citamos y las demandamos, pero estos de bandera nacional se van a tener que hacer a puerto.

JR - ¿Qué idea tienen ustedes de sus compañeros? ¿Realmente quieren regresar, o habrá algunos a quienes no les interesa, o que no quieran complicarse con este regreso? ¿Lo han conversado con ellos?

MA - Claro; vinieron varios compañeros con la inquietud. Lo que pasa es que estos barcos trabajan "a viaje redondo": una ley (15.523) de la dictadura con media sanción del Parlamento dice que la vinculación con la empresa es por ese viaje, y al llegar a puerto termina toda vinculación con la empresa. Quiere decir que, por quedarse, no sólo se pierden 50 o 60 días de trabajo sino que se puede llegar a perder el trabajo. Entonces, los compañeros estaban preocupados porque nosotros hiciéramos algo para que pudieran venir y no tener represalias.

JR - Eso fue cuando los contrataron, porque las empresas alegaban en su defensa que a ninguno se obligó a subir, y que entonces sabían que las elecciones serían el 31 de octubre.

MA - Pero, como lo determinó el juez, hay una situación de dependencia del trabajador respecto a la patronal, y lo primero que va a elegir el trabajador es el salario; si no se tiene el sustento en el país tampoco se puede ejercer el resto de los derechos.

EC - ¿Qué antecedentes hay? No recuerdo que se haya planteado esta situación en elecciones anteriores.

MA - Es así; esta situación no se había planteado en elecciones anteriores. Lo que pasa es que, al asumir la nueva directiva en enero, nos hemos propuesto tratar de regular todo el tema de la pesca y el derecho de los marineros.

JR - ¿Esto es entonces un triunfo para ustedes, esto que han discutido durante la semana y quedó laudado en el juzgado?

MA - La verdad es que lo habíamos pedido por el Poder Ejecutivo, donde no prosperó. Son ellos los que tienen que hacer cumplir las leyes, pero cuando se tratan los temas de la pesca, aparentemente nadie es competente en este gobierno. Eran ellos los que tenían que hacer volver a la flota, porque tienen las leyes para hacerlo; pero luego se nos ocurrió esta vía, trabajamos mucho sobre esto y la verdad es que estamos muy contentos con que la Justicia haya fallado a favor de nosotros.

EC - ¿Cuál es el fundamento legal del reclamo: por qué tienen que volver los barcos?

MA - Para que puedan cumplir el artículos 173 y 174 de garantías electorales, que dicen que a todo aquel que sea dependiente de otra persona debe dársele el derecho al voto.

EC - Porque además en Uruguay el voto es obligatorio.

MA - Es obligatorio.

EC - Por otro lado, ¿quién asume los costos? Porque traer un barco y volver a llevarlo al lugar donde venía operando implica un gasto no previsto para la empresa.

MA - No estarían en juego los costos de la empresa para traer a un ciudadano a ejercer su derecho, porque cuando a una empresa privada le dan el pabellón nacional para usufructuar los derechos [de bandera] y las riquezas de todo un país, también tiene sus obligaciones.

Aparte de eso, los costos son mínimos porque estas empresas tienen los combustibles a mitad de precio y no pagan aportes patronales. Por una vez que traigan a los trabajadores a tierra a votar, los costos son mínimos.

EC - El barco entonces ingresa antes de la hora cero del domingo, y se supone que vuelve a salir a las pocas horas.

MA - Sí; después que los compañeros voten. A la hora cero del día siguiente ya se podría hacer a la mar.

JR - Más allá de la decisión judicial, ¿qué esperanza tienen de que vuelvan todos? Porque ayer salieron dos barcos de Fripur.

MA - Las esperanzas son todas, porque el juez los intimó, no precisa de nadie para dar la orden, y dijo ayer que va a seguir muy de cerca que los barcos entren. De lo contrario, aquellos empresarios que no cumplan con lo que dictamina el juez incurrirían en desacato y podrían ser penalizado con prisión.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón