(emitido a las 7.52 hs.)

EMILIANO COTELO:
A lo largo de una sesión de nueve horas, el Senado recibió ayer las explicaciones del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a propósito de las denuncias y los casos de corrupción que han sido detectados en ese organismo. Lo informado por las autoridades no conformó a blancos y colorados, quienes analizan nuevos pasos para que este asunto tenga finalmente un responsable político.

La oposición pretendía que la instancia de ayer fuera una interpelación a la ministra, Susana Muñiz, pero el Frente Amplio impuso sus mayorías y promovió una sesión en régimen de Comisión General que no prevé consecuencias.

De todas formas, la sesión sirvió de marco para un fuerte cuestionamiento hacia la posición del Gobierno y el oficialismo en un caso en donde ya en  2011, y en el propio Parlamento, se planteaban diversas irregularidades.

Uno de los puntos centrales del debate fue el rol del ex director de ASSE por los trabajadores Alfredo Silva, hoy procesado por la Justicia.

¿Qué balance se hace de lo que ocurrió ayer en la Cámara Alta? Vamos a conversar con uno de los dos oradores que llevaron la batuta, el senador colorado Alfredo Solari, de Vamos Uruguay.

Primero una pregunta general, ¿por qué ustedes salieron insatisfechos con las respuestas?

ALFREDO SOLARI:
Porque está claro para la población que ha habido una banda -yo le llamé una "confabulación mafiosa para enriquecimiento ilícito", es un título bastante largo pero descriptivo- que actuó durante muchísimos años en el Directorio y en distintos hospitales de ASSE, que tergiversó las normas de los procedimientos administrativos, que presionó a funcionarios, que coimeó a empresas. Está bien, el móvil no habrá sido el enriquecimiento personal, no lo sabemos definitivamente, pero creó un clima muy distorsivo y además retaceó recursos públicos para la asistencia.

El Poder Ejecutivo miró para otro lado, no es que no supiera, que no estuviera enterado o que no se lo hubiéramos advertido nosotros, la Junta de Transparencia Pública, el Tribunal de Cuentas o ustedes, los miembros de la prensa. Sin embargo, no hubo reacción en cortar de raíz la corrupción y sacar al señor Alfredo Silva y reglamentar la ley que dice que tiene que establecerse una forma de selección de representantes de los trabajadores y del de los usuarios, y aplicarla.

No hubo nada de eso y las explicaciones fueron insatisfactorias, claramente.

EC – Era claro que había una conexión entre Silva y el dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) Heber Tejeira, ambos procesados hace pocos días por la Justicia del Crimen Organizado, ¿por qué usted habla de "banda"?

AS – Los tentáculos de la confabulación mafiosa van mucho más allá. A mediados de 2010 el señor Alfredo Silva dominó plenamente el Directorio de ASSE presidido por el doctor Mario Córdoba, y cambió prácticamente la totalidad de los directores y subdirectores, administradores y subadministradores de los hospitales del interior del país y algunos de Montevideo. Ese cambio fue importante porque en lugar de los técnicos idóneos que venían del Gobierno del doctor Tabaré Vázquez puso a gente cuya única condición importante era su afiliación y su incondicionalidad con la FFSP, no su idoneidad o su lealtad para con la institución.

Eso, que puede haber tenido una motivación gremial en algunos aspectos, sirvió para presionar e imponer esta especie de régimen de terror que ha reinado en ASSE para imponer las contrataciones o amenazar con medidas sindicales cuando las cosas no se hacían como les servía al señor Alfredo Silva y a la dirigencia de la FFSP. La prueba está en las declaraciones de la señora presidenta de la FFSP, Beatriz Fajián, inmediatamente después del procesamiento, la declaración de la FFSP, la amenaza de paro durante todos los meses porque no se va a poder cobrar.

EC – Aclaremos: lo de la amenaza de paro todos los meses porque no se va a poder cobrar es una posibilidad que mencionó la dirigencia de la FFSP sosteniendo que en las empresas tercerizadas el pago en fecha a los funcionarios de algún modo dependía de esas gestiones que se realizaban a través de Alfredo Silva, que si no en general ASSE paga tarde. A eso se referían.

AS – Debe haber muchas otras empresas que trabajan y cobran para ASSE y que son tanto o más débiles que las empresas a las cuales está vinculada la FFSP, y cuyos trabajadores también tienen derecho a cobrar en fecha. A esas empresas nadie las defiende a través de un paro, ¿la única manera de cobrar en ASSE es estar vinculado con la FFSP y amenazar con un paro? Parece un mundo del revés.

EC – Usted dice: existía esta banda y las autoridades no actuaron. Sin embargo, tanto la propia ministra, Susana Muñiz, como la presidenta actual del Directorio de ASSE, Beatriz Silva, explicaron que se llevaron adelante varias investigaciones administrativas, por ejemplo.

AS – La sesión de ayer fue de carácter político, no sobre la capacidad o el accionar técnico de la presidenta y el vicepresidente de ASSE, que son excelentísimas personas desde el punto de vista de su integridad moral, al igual que la ministra, ninguno de nosotros tenía ningún cuestionamiento con respecto a ella. Lo que decimos es que políticamente el Poder Ejecutivo al advertir esta situación en 2011 tendría que haber removido del Directorio a la cabeza central de todo esto, que era el señor Alfredo Silva, que estaba ilegítimamente designado. Y no lo hizo.

EC – Tomó otras medidas en cuanto al Directorio: pidió la renuncia de quien entonces era presidente de ASSE, el doctor Córdoba y envió un proyecto al Parlamento para que en las votaciones del Directorio de ASSE el presidente tenga doble voto.

AS – Cierto, pero inclusive lo dijimos cuando se consideró ese proyecto de ley en el Senado, que votamos: esto no solucionaba el problema, que era que quienes estaban en representación de los usuarios y de los trabajadores habían sido ilegítimamente nombrados y que el representante de los trabajadores extralimitaba sus poderes de una forma prácticamente incontrolable. Lo que el Poder Ejecutivo tenía que hacer era removerlo.

EC – Que extralimitaba sus poderes estaba de algún modo implícito en la decisión de remover al presidente Córdoba. Todo indicaba en aquella época que ese jerarca, que había sido impulsado desde el propio oficialismo, era demasiado permeable a los criterios de Alfredo Silva, eso es lo que en ese momento se comentó.

AS – Sí, claro, pero si bien la nueva presidenta de ASSE trató de contener, la trama estaba armada: los directores de los hospitales estaban en su lugar, los administradores seguían, las injerencias del señor Silva en la micro administración en cada uno de esos establecimientos para favorecer a compañeros afines, frenando y promoviendo sumarios o remociones de quienes no eran afines a la línea de la FFSP. Todo eso fue imposible de parar, la única manera de solucionarlo era remover al señor Silva. Reconozco que eso significaba un enfrentamiento, seguramente duro, con la FFSP, pero recordemos que de los 27.000 trabajadores de ASSE menos de la mitad están afiliados al sindicato, y seguramente ante un conflicto duro muchos iban a optar por su trabajo y por trabajar en un establecimiento donde hubiera paz y tranquilidad, donde no fuera una amenaza constante el pensar distinto que la comisión interna del sindicato.

EC – Una de las discusiones es que ese representante de los trabajadores en el Directorio de ASSE había sido sugerido por el PIT-CNT. ¿Cómo hacía el Poder Ejecutivo para removerlo?

AS – Lo que dice la Constitución es que en el caso de un servicio descentralizado el ministro del ramo es responsable de la legalidad y la gestión del servicio. No es un ente autónomo, el ministro tiene la responsabilidad política. Que ese representante haya sido sugerido por la FFSP y respaldado por el PIT-CNT simplemente lo que hace es presentar un escalón de dificultad un poco mayor, pero si estamos ante un Poder Ejecutivo que se deja chantajear por un gremio que tiene el "respaldo" el PIT-CNT, entonces estamos ante la instauración en Uruguay de la peor alianza entre el peronismo y el sindicalismo, como en Argentina.

EC – Entonces ustedes están reclamando renuncias.

AS – Sin duda, creo que esto no se soluciona en tanto la ministra Muñiz y la actual presidenta de ASSE continúen al frente del organismo porque hay una situación creada que no se está resolviendo.

EC – Ustedes entienden que ambas deben renunciar pese a que ninguna de las dos estaba en estos cargos cuando se desarrolló el núcleo, por ejemplo el caso Buena Estrella.

AS – En el caso de la ministra Muñiz la situación es un poquito más comprometida porque ella ocupaba un cargo gerencial muy alto dentro de la estructura de ASSE, tanto es así que saltó de ese cargo a ser ministra.

EC – Era directora de Hospitales de Segundo Nivel de Atención del Interior. Eso fue desde marzo de 2010 hasta febrero de 2013, cuando se la nombró ministra.

AS – Exactamente, ese es un cargo de confianza, gerencial pero de muy alta responsabilidad. Justamente mientras ella era directora de hospitales del interior fue que se hizo esta especie de golpe de Estado que sustituyó a las cabezas técnicas y administrativas de los hospitales del interior que estaban bajo su supervisión.

EC – ¿En ese sentido usted le asigna responsabilidad?

AS – Absolutamente, creo que es responsable porque los directores y administradores de los hospitales tienen que ser gente idónea.

EC – ¿Usted dice que dejó hacer a Alfredo Silva, que no lo frenó en esas designaciones que promovió?

AS – Ella ocupaba un cargo gerencial de alta jerarquía, obviamente no era quien tomaba las decisiones de nombrar o remover, pero su opinión tenía que valer como gerente, sobre todo como gerente militante activa de un partido político que tenía en la cabeza del Ministerio de Salud Pública nada más y nada menos que al subsecretario, que a los pocos meses se convirtió en ministro.

EC – Usted entiende que la ministra Muñiz debe renunciar, no tanto por su papel de ministra sino por ese antecedente en ASSE.

AS – No, es un continuum. Creo que hay una responsabilidad de todo el Poder Ejecutivo, y que hoy se efectiviza en la doctora Susana Muñiz ministra de Salud Pública, de tolerar una injerencia totalmente indebida y una amenaza inaceptable por parte de la FFSP para dominar el sistema asistencial de ASSE. De allí surgen conductas y beneficios que son delictivos y por los cuales son procesadas diez personas.

Claro, en Uruguay nos vamos acostumbrando: ayer se procesaron 13 personas vinculadas con irregularidades en la Armada, parecería que esto debería ser lo normal, y no puede serlo.

EC – En el caso de la doctora Beatriz Silva, actual presidenta de ASSE, ¿por qué debe renunciar?

AS – La doctora Beatriz Silva convivió durante más de dos años con una organización delictiva que actuaba en el mismo nivel con compañeros de Directorio y en ningún momento dijo: "Esto se tiene que terminar o yo me retiro, porque no me hago responsable". Eso es lo que hay que hacer.

EC – Pero en general se coincide en que el rumbo de ASSE cambió desde que Beatriz Silva está al frente.

AS – No lo veo así, no sabemos realmente cuántos de los contratos que tiene vigente ASSE están teniendo irregularidades, va a haber ahora una investigación, pero las irregularidades con las empresas venían de antes.

Se dice como justificativo que se necesitaban los poderes judiciales y policiales para confirmar estos delitos, pero de los tres que tipifica el juez -estafa, conjunción del interés personal con el público y coimas continuadas- solamente en el tercero las escuchas y la requisa policial fueron fundamentales. En los otros dos no, surge simplemente de los trámites administrativos.

Mientras hablamos no sabemos cuántos de esos contratos están minados por beneficios especiales, o por las acciones delictivas que se han tipificado en torno a esas otras actuaciones, sobre facturación y conjunción de interés público y privado de dos funcionarios, que pueden ser más. Por algo la ministra dice que va a haber más procesamientos.

EC – Todo indica no va a renunciar ninguna de las dos jerarcas que usted y el senador Luis Alberto Heber entienden que deben dimitir. ¿Cuáles son los pasos que vienen?

AS – Al final de la sesión de ayer tanto el senador Heber como yo anunciamos que íbamos a consultar a nuestras respectivas bancadas con respecto a los pasos a seguir.

Acá se abren tres posibilidades. Una es la de promover la censura formal de la ministra, de acuerdo al artículo 147 de la Constitución que dice que si una de las cámaras decide la remoción de un ministro por incumplimiento de su deber se va a una sesión de la Asamblea General y ahí se define si el ministro cae o no. En el caso de que caiga el presidente lo puede mantener o aceptar la resolución de la Asamblea General, hay todo un procedimiento que se desencadena. Nosotros no sabemos, probablemente no, pero no sabemos si la cámara va a acompañar esa moción de censura en el caso de que la completáramos. Esa es una posibilidad, tenemos que valorar el respeto hacia la norma pero al mismo tiempo el derecho y la obligación de la oposición de controlar al Poder Ejecutivo.

EC – O sea, para ese paso necesitan votos del propio oficialismo, y para el otro que han manejado, el de una nueva comisión investigadora, también. De hecho ya en 2011 se propuso desde la oposición una comisión investigadora que no se concretó porque el Frente Amplio no la votó.

AS – Sí, pero en esta segunda instancia la dificultad no está en obtener los votos del oficialismo, yo creo que los obtendríamos, sino en los tiempos. Estamos hacia el final de una legislatura, viene un período de elecciones, luego una transición, en este período es muy difícil hacer funcionar una comisión investigadora que tenga resultados efectivos y que logre una declaración que diga: "Pasó esto, esto y esto. Esto es inaceptable y por lo tanto hay que modificar…", mensaje que va a ser tomado por el próximo Gobierno…

EC – Entonces, por lo que usted mismo dice, los dos caminos están bloqueados.

AS – No sé si bloqueados, lo que digo de la comisión investigadora es que sus dificultades no son tanto de voluntad política, sino en cuanto a la efectividad de la reacción.

EC – ¿Pero igual se llevaría adelante?

AS – Creo que tenemos que ver cuál es el compromiso que podemos asumir los distintos partidos políticos en hacer funcionar esa comisión investigadora, que en definitiva funciona en la medida en que los miembros que la constituyen tienen voluntad de dedicarle tiempo, esfuerzo y demás. Personalmente si las posibilidades de la censura son nulas de cualquier manera me inclinaría.

Pero hay una tercera posibilidad, en la que creo que tendríamos el acompañamiento del oficialismo: pasar todos los antecedentes de los temas que se manejaron ayer, incluso las irregularidades con el arreglo de las ambulancias, la contratación de empresas que están inhabilitadas, etcétera, a la Justicia para que se agregue al expediente que ya está formado en el Juzgado del Crimen Organizado para que sea la Justicia la que intervenga.

Lo que me incomoda de esa tercera posibilidad, que todos la vamos a votar porque en definitiva parece ser el camino que queda, es trasladar a la Justicia un tema que es eminentemente político, que es el tema de las responsabilidades políticas cuando se desempeñan los cargos.

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