(emitido a las 8.40 hs.)

ROMINA ANDRIOLI:
Un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) conocido en los últimos días compromete la gestión del intendente de Cerro Largo, Sergio Botana. El documento ratifica las conclusiones de una comisión investigadora formada por la propia Junta Departamental. En los últimos días, este legislativo, con los votos de los ediles frenteamplistas y herreristas, decidió enviar las denuncias a la justicia penal.

Las irregularidades detectadas en la Intendencia de Cerro Largo que se mencionan en los distintos documentos e investigaciones son varias: el desvío de fondos de un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) para la compra de luces para el Estadio de Melo; el incremento de salarios a los funcionarios municipales sin el aval presupuestal correspondiente; el contrato directo de ONG dirigidas por "conocidos" de autoridades de la Intendencia, y la compra de maquinarias en un remate en Estados Unidos a través de internet.

La investigación se inició a partir del planteo de un edil correligionario del propio jefe comunal, lo que evidencia el fuerte enfrentamiento político que sacude a la interna blanca en Cerro Largo.

Botana niega cualquier tipo de irregularidad, y en las últimas horas presentó sus descargos para que la Jutep los analice.

Estamos en contacto con el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana.

SERGIO BOTANA:
Agradezco el haber recordado que estas cosas tienen dos partes. Es el medio que tiene ese equilibrio en la información, porque es bastante duro desde el punto de vista personal recibir este tipo de acusaciones, a las que uno no está acostumbrado y que son sumamente dolorosas. Nos mueven bastante, no ya desde el punto de vista de la justicia, etcétera, sino más bien desde el punto de vista del honor personal.

RA - Se lo iba a preguntar, ¿cómo está encarando esta catarata de denuncias que han efectuado contra una serie de acciones y resoluciones y que terminan en una denuncia penal?

SB - Al principio sin mucho problema, porque en definitiva uno con la política se va acostumbrando a este tipo de cosas, se va acostumbrando a que si alguien tiene algunos problemas va a tratar de buscar o inventar problemas en otros lados. Al final es el juego de algunos en la actividad política. Pero cuando vienen tus hijos y te empiezan a preguntar cómo es esto y sale un titular que dice "desvío"… ¿Desvío de qué? Desvío de nada. "Desvío" hace parecer que el intendente o alguien de la Intendencia se hubiera llevado algo de la Intendencia o que la Intendencia se hubiera quedado con algo que no era de ella, que era ajeno, que era del Mvotma. Y no, el tema es sencillamente que el giro se hizo desde otra de las cuentas de la Intendencia, entonces un brutal titular para nada. Lo otro, que se pagaron salarios a este, al otro…

RA - Para efectuar esa serie de denuncias los ediles conformaron una comisión investigadora…

SB - Algunos ediles.

RA - ¿Considera que el trabajo de esa comisión investigadora no tuvo un correcto funcionamiento?

SB - Según los informes que tenemos, esa comisión investigadora se ha conformado con una clara ilegitimidad por cuestiones formales, y está integrada solamente por ediles de la oposición política dentro de nuestro propio partido y por ediles del Frente Amplio (FA).

RA - Del FA y del herrerismo.

SB - Sí, así es.

RA - ¿Y por qué habla de ilegitimidad?

SB - Por el no cumplimiento de cuestiones formales que seguramente no entiendan ni la audiencia ni ninguno de nosotros, es cuestión de juristas. Pero le dieron una integración en la cual ni los ediles del Partido Colorado (PC) ni los ediles de nuestro sector político están presentes.

NICOLÁS BATALLA:
Pasemos a los detalles que se cuestionan. Uno de ellos es el supuesto desvío de fondos que habrían sido aportados por el Mvotma en el marco de un convenio para la construcción de 67 casas y que aparentemente fueron transferidos a la cuenta de un empresario que le vendió luminarias a la Comuna para el Estadio Ubilla de Cerro Largo. ¿Cómo fue el proceso según usted?

SB - Se da cuenta, hasta el lenguaje utilizado: "… fueron transferidos a la cuenta de un empresario que le vendió…".

RA - Dijimos al principio "supuesto desvío".

SB - [Se ríe.] Una patraña total. La Intendencia no pagó la luz del estadio con otro dinero que no fuera el propio y con la donación que le hizo UTE con ese fin. En esa fecha la UTE les donó a todas las intendencias del Uruguay, con motivo de sus 100 años, un dinero que algunas intendencias utilizaron para el techado de piscinas, otras para el ahorro de energía en las piscinas, otras iluminaron plazas y nosotros para la iluminación de nuestro estadio de fútbol, porque se venía en esos días la Copa Sudamericana.

RA - ¿En qué año fue eso exactamente?

SB - En el año 2011. Además, qué casualidad que ese tema surja ahora, en plena campaña electoral. Cuando Cerro Largo Fútbol Club jugó por la Copa Sudamericana, estábamos preparando nuestro estadio y destinamos los recursos de la UTE a eso. Se dice en el informe que pagamos con la plata del Mvotma. Es una acusación fea. Y se dice más adelante que se presume que no se hicieron las viviendas porque no estaba el dinero. El dinero nunca dejó de estar.

RA - El informe de la Jutep señala esa utilización de fondos para otros fines, y usted menciona, da a entender, que en algún momento no estuvieron esos fondos.

SB - Los fondos estuvieron todos los días. El único detalle que existe y que se utiliza malamente es que cuando la Intendencia hace el giro para pagar los fondos, el funcionario del Banco República (BROU) que hizo el giro, lo hizo de la cuenta que se había creado para que el Mvotma depositara el dinero que viene con el fin de hacer las viviendas. Pero el dinero nunca dejó de estar. Nunca, en ningún momento.

RA - Pero sí se utilizó esa cuenta bancaria.

SB - Se utilizó esa cuenta bancaria, pero tampoco la utilizó la Intendencia, la usó el propio banco, que dos días más tarde la volvió a utilizar para cobrarse sus intereses. Pero la Intendencia nunca estuvo sin dinero en sus otras cuentas. Solo en la caja de la Intendencia ese día –pedí el informe al contador delegado del Tribunal de Cuentas de la República (TCR)– y todos los días subsiguientes durante muchos días había 10 veces la cantidad de dinero que se giró para las luminarias. O sea que mal se puede decir que la plata no estaba en la Intendencia.

RA - Usted dice que no fue por una necesidad financiera de la Intendencia, que no se recurrió a esos fondos por eso, sino que fue un tema del propio BROU que utilizó esa cuenta para hacer efectivo ese pago.

SB - Cuando se le ordenó al banco que hiciera el giro correspondiente, el banco lo hizo desde esa cuenta, porque tampoco es una cuenta encriptada. Tampoco realizó ninguna cuestión indebida el funcionario del banco.

NB - El informe de la Jutep dice que la Intendencia debía tener una cuenta bancaria exclusiva para la administración de estos fondos que derivaran del convenio. De ahí vienen las observaciones. ¿Usted dice que la decisión de de qué cuenta se extraía el dinero la tomaba el banco, no la Intendencia?

SB - Es así. Yo fui a hablar con el doctor Yarzábal, el doctor Montero y el doctor Carlos Soares de Lima y ellos me aclararon que el informe se hizo sobre la base de lo que les informó la Junta Departamental. Ellos no investigaron nada, porque no pueden, no pueden preguntarle a la otra parte, no pueden asesorarse. El asesor de ellos construye el informe sobre la base del supuesto de que sea realidad lo que le informan, todos sus informes son en ese sentido. O sea que si les informan las cosas mal, como en este caso, indudablemente las conclusiones van a ser muy malas y muy erradas, como lo han sido claramente en este caso. Acá la Jutep reafirma unos hechos que lamentablemente no son ciertos. Pero además hay algunos errores… Sinceramente el informe de Jutep me gustó poco, porque el técnico de Jutep acompaña algunos de los supuestos que hace la Junta Departamental con expresiones como "… las viviendas no se construyeron en ese tiempo presuntamente por falta…".

RA - Quizás sea bueno explicar en qué consistía exactamente el convenio que habían firmado con el Mvotma por 67 casas.

SB - El convenio consiste en que la Intendencia pone el terreno, paga oficiales, paga arquitectos, paga todos los asesores, el Mvotma aporta materiales y la propia gente aporta trabajo, las viviendas se van haciendo mediante autoconstrucción. Eso es lo que dice el convenio específicamente. Y dice que "la Intendencia creará una cuenta a los efectos de recibir los dineros del Mvotma". Entonces se utiliza el "creará una cuenta a los efectos de recibir los dineros" como si esa cuenta fuera una cuenta encriptada que en ningún momento puede tener otro tipo de utilización. Pero es una cuenta –como dicen todos los intendentes del país, que obviamente vieron este tema con alta preocupación– de la Intendencia, a la cual se le hace la conciliación bancaria correspondiente cada 10, 15 días y se le pone dinero si le falta y se le saca si está sobrando. Ahora no sé cuánto tiempo hace que tenemos esa cuenta con mucho dinero de más porque la Intendencia ha ido haciendo gastos de vivienda y no ha sacado de esa cuenta la plata correspondiente. Pero es una cuenta de la Intendencia.

RA - Usted dice que es una decisión que queda librada a la autoridad municipal, que el convenio no podía establecer una prohibición de este tipo.

SB - Si no los intendentes no podemos hacer ningún tipo de convenios como este, ninguno. Los intendentes no podemos hacernos responsables de cosas que después no podemos manejar, porque es imposible mantener una cuenta absolutamente encriptada. No es así que funciona esto.

Pero el informe de la Jutep tiene una cosa que cualquier oyente va a comprender. Se habla de que ese dinero de las luces después fue contabilizado como una pérdida. Cualquiera que tenga una mínima formación en contabilidad en partida doble sabe lo que significa desde el punto de vista contable una pérdida. [Se ríe.] El técnico de la Jutep informó en algún momento como si se hubiera perdido la plata, porque se hablaba de que ese dinero fue imputado a pérdida. Realmente ese informe deja bastante que desear.

La bancada de intendentes nacionalistas también cuestiona en su declaración, con el debido asesoramiento, el hecho de que la Jutep intervenga en estos casos. Porque el artículo 44 del decreto 30/03 prevé la intervención de la Jutep solamente para los casos de que un jerarca desee sancionar a algún funcionario suyo sujeto a la jerarquía. Y en este caso ni la Junta Departamental es jerarca del intendente ni el intendente de la Junta. Desde el punto de vista sustantivo para nosotros eso no es lo más importante, pero también es cuestionable desde el punto de vista legal la intervención de la Jutep en este caso.

NB - ¿Cuántas de esas 67 viviendas están efectivamente construidas?

SB - De las 67 viviendas, 11 están por terminarse y hay 24 en proceso de construcción.

RA - ¿En qué plazo se establecía la construcción?

SB - Existe un programa paralelo a ese que administra el propio Mvotma, que es idéntico a ese y que lleva una vivienda construida o dos viviendas en proceso de construcción, es todo lo que lleva, aquí mismo en el departamento de Cerro Largo. Porque el proceso fijado es absolutamente lento. ¿Sabés por qué no se han construido las viviendas? Porque la OSE, que coordina con el propio Mvotma, recién hace 40 días llevó el agua a los terrenos. No podíamos construir sin tener la red de agua en esos terrenos, esa es la razón de la demora, no ningún faltante de nada. Realmente todo constituye una acusación absolutamente indebida, lamentable…

RA - ¿Usted dice que eso de OSE tenía que hacerse antes de comenzar la construcción? Porque la oposición en Cerro Largo, en particular el Partido Socialista (PS), dice que no hay ninguna casa de estas que estaba previsto construir por el desvío de fondos. Por otra parte, el informe del propio Mvotma dice que solo hubo avance en el 10% de las viviendas. Y el informe de la propia Jutep dice que "existe la presunción de que el atraso en las obras es debido a la falta de fondos en esa cuenta".

SB - Todas presunciones. La única realidad es que el agua no estaba en los terrenos. Tú para construir necesitás agua, y si no está la red de agua tú no tienes habilitado el fraccionamiento desde el punto de vista legal. Es la información mínima que deberían tener el PS y la Jutep y que sí tiene en su poder el Mvotma.

El Mvotma en ningún momento cuestionó. El Mvotma, por medio de la directora de Vivienda, ha trabajado intensamente para que el agua llegara a las viviendas, ha trabajado intensamente para organizar estas cosas, pero no ha participado en la cuestión política de todo esto. La directora nacional de Vivienda le ha puesto muchísima voluntad al tema, realmente ha sido muy linda su actitud de no sumarse a toda estas cuestiones.
    
Por otra parte, en este período la Intendencia de Cerro Largo ha dado más de 800 soluciones habitacionales con sus propios recursos. Que no significan casas, en algunos lados significan casas, pequeñas casas, y en otros significan piezas, en otros significan baños, en otros significan techos. Más de 800, o sea que nadie nos va a poder acusar de no tener una vocación de servicio en el tema vivienda.

NB - ¿La Intendencia no se expone a eventuales demandas de los beneficiarios del programa ante estas irregularidades? Es algo que aparece esbozado en el informe de la Jutep.

RA - Por el atraso.

SB - De ninguna manera. Primero, porque eso no corresponde a un organismo que solo da y da en estos planes como es la Intendencia. Segundo, cómo puede la Intendencia construir o comenzar la construcción en terrenos que no están habilitados para construir porque ni siquiera son fraccionables. Apenas el agua llegó al terreno se rellenaron y las obras están dando comienzo en esas otras etapas.

RA - ¿Cuándo estima que estarán más encaminadas las obras? ¿En qué fecha está previsto que se terminen?

SB - Estos son procesos largos los de construir viviendas. Yo no sé si ustedes algún día han construido; si construyeron saben el tiempo que lleva. Y mucho más en temas de ayuda mutua.

RA - Algunos oyentes preguntan: "¿Cuánto terminan saliendo esas viviendas? Eso es lo más grave".

SB - Terminan costando una barbaridad. Eso es verdad. Y eso el país se lo debe cuestionar. Es más, la Intendencia de Cerro Largo no va a firmar nuevos convenios en este sentido, la Intendencia pone una barbaridad en este sentido. Es más, tenemos toda la disposición de devolver los fondos de la cuenta y encaminarnos a hacer viviendas por nosotros mismos, que serán seguramente un poco más humildes pero con menor costo que estas viviendas, que son muy caras.

NB - A propósito de los otros detalles que se observan en este punto, la compra de las luminarias también fue objetada por el TCR, ya que fue por compra directa, cuando por su monto (unos 90.000 dólares más IVA) debió recurrirse a una licitación. ¿Cómo fue el procedimiento?

SB - [Se ríe.] Debería revisar la prensa de esos días. Pero tengo testigos de lujo en este tema, en esos días quien vino a habilitar nuestra cancha fue nada menos que Sebastián Bauzá, el gran presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que llevó a la gloria a nuestro fútbol. Sebastián vino con Enrique Bellomo, quien falleció en esos días, lamentablemente, fueron ellos quienes vinieron a revisar el Estadio Municipal de Cerro Largo para habilitar la cancha para jugar la Copa Sudamericana. Y todos los días estaba la expectativa: ¿se consiguen las luces o no se consiguen?

Porque ese es un artículo que hoy no está y que en aquel momento ni en ningún momento ha estado disponible en el mercado en Uruguay, no había juegos de luces de esos. Fuimos a ver a San Pablo, mandamos al encargado de alumbrado y no había, en el continente entero no había, todos los juegos llegaban mucho más caros. Sebastián nos ofreció unas luces que creía tener en CAFO, pero cuando fuimos a ver CAFO no tenía juegos de luces. Le pedí al intendente de Rivera, y Marne Osorio me dijo "en último caso desarmamos las del Atilio Paiva, las ponemos en Cerro Largo y después vemos cómo las reponemos". Era la Copa Sudamericana en 15 días. Al final apareció este juego de luces en Buenos Aires.

RA - Usted argumenta de esa forma, por un tema de tiempos, esta compra directa que observa la Jutep.

SB - Fue urgentísimo. Además era de verdad la única posibilidad que conocimos de comprar las luces en esos días. El otro día lo escuchaba a Tinelli, cuando se le pusieron las luces al estadio de San Lorenzo escribió alguna cosa sobre el tema y era el mismo drama, les llevó mucho más tiempo que a nosotros. El drama es ese, no es un tipo de luminaria que esté disponible en el mercado tan rápidamente.

***

RA - Estamos conversando con el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, a propósito de denuncias de irregularidades varias de su administración, como por ejemplo aparente desvío de fondos, según los ediles de la oposición y el informe de la Jutep. Pero hay otros temas que se planten en el informe.

NB - La comisión investigadora de la Junta Departamental lo denuncia también por haber aumentado hasta 40% los salarios de una serie de empleados municipales sin haber presupuestado el aumento. ¿A qué funcionarios les correspondió este aumento y por qué motivo?

SB - Yo escuchaba recién la presentación de ustedes. Hasta los titulares duelen bastante. "Desvío", "irregularidades", etcétera.

Los funcionarios municipales de Cerro Largo, que eran los peor pagos del Uruguay, recibieron importantes incrementos salariales especialmente como premios por producción y también algunos incrementos por reajuste salarial. Todo eso en el marco del presupuesto que votó en el año 2011 la propia Junta Departamental, que levantó algunas observaciones que hizo el TCR y siempre tuvo en sus manos el reglamento.

Desde este punto de vista existe toda la documentación, hecha por la propia Junta Departamental, decidida por la propia Junta Departamental y en manos de la propia Junta Departamental. Nosotros entendemos que acá lo que hubo fue mucha mala intención en no informar esto.

RA - En el informe de la Jutep en este punto se citan varios informes del TCR…

SB - [Interrumpe.] Sí, pero del informe de la Jutep nadie puede hablar porque lo que hace es copiar y en algunos casos copiar mal. Porque si el abogado de la Jutep no entiende qué significa "pérdida" desde el punto de vista contable, si no me pregunta, si no le pregunta a la Junta Departamental si tiene los reglamentos, si simplemente se basa en un error del TCR que dijo que no había norma presupuestal habilitante…

RA - Eso es lo que plantea, que los aumentos salariales siempre deben ser tenidos en cuenta en las normas presupuestales y en este caso no lo estaban.

SB - Eso está todo en el presupuesto y en la reglamentación que tiene la propia Junta Departamental y que no envió –ahí sí atribuimos verdadera mala intención– a la Jutep.

NB - Usted sostiene que la propia Junta participó en esa decisión de aumento presupuestal.

SB - La Junta votó, y además votó por unanimidad ese presupuesto, y votó esos artículos. Es más, negoció sobre la base de esos artículos, y nosotros aceptamos algunos cambios y los incorporamos. Es cierto que nosotros hicimos unos ajustes por índice medio de salarios (IMS) que fueron muy superiores al índice de precios al consumo (IPC) para hacer recuperación salarial. Y es cierto que pusimos algunos sistemas de premios por producción, que están debidamente reglamentados; 1004/2011 es el número de la reglamentación, y esa resolución siempre estuvo en manos de la Junta Departamental. Hay bastante mal manejo de las cosas, verdadero mal manejo de las cosas. Y lamentablemente la Jutep simplemente avala, como no pregunta, como no investiga, como no llama, como no llama a la otra parte, como no busca información. Entonces lamentablemente sirve de poco, aporta poco.

NB - ¿A qué funcionarios abarcaron esos aumentos presupuestales?

SB - A los funcionarios de más abajo.

NB - El informe da cuenta de que también hubo aumentos a directores.

SB - Hay una compensación a los directores en la Intendencia de Cerro Largo por algunas tareas especiales o por el uso de su vehículo particular. Porque todos los directores de la Intendencia de Cerro Largo y el intendente, todo el mundo anda en su propio vehículo particular, entonces hay una compensación. El monto de las compensaciones a los directores asciende al 1,5 por mil del total; no al 1,5 por ciento, ¡al 1,5 por mil del total! Eso es lo que suman todas las compensaciones a los directores. [Se ríe.] O sea que también estamos hablando de una cuestión…

La Junta Departamental tiene un problema conmigo: yo no informo la remuneración de cada funcionario asociada a su cargo. Yo informo todos los integrantes de las distintas plantillas, todos los funcionarios y sus datos personales, pero por reserva personal del funcionario, informamos los datos disociados. Esto lo hacemos asesorados por la Unidad Reguladora de Datos Personales, que emitió un veredicto en este sentido, dice que tenemos que dar los datos disociados, por un lado los datos de remuneración y por otro lado las plantillas con los respectivos cargos y los datos de los funcionarios. A la Junta Departamental se le ha ocurrido desde el primer día que le demos lo que gana cada funcionario. Es un problema que tiene con todos los funcionarios municipales, no es con los de la más alta jerarquía.

En Cerro Largo –pueden venir a averiguarlo– ser municipal era una cuestión que denotaba de por sí, por el hecho de serlo, una situación de ingresos muy bajos, una situación laboral muy precaria. Ahora ser municipal es un orgullo para muchos y gracias a Dios para nosotros lo es más por haber mejorado la condición de vida de los que están en el día a día con la gente en las áreas de obra pública reparando una calle, una vereda, un pozo, haciendo un camino, o nada menos que llevando responsablemente los registros de todos los actos importantes de nuestras vidas, como el nacimiento, el casamiento, hasta la muerte. Todo el registro es hecho por municipales.

RA - La comisión investigadora de la Junta Departamental también objeta "la contratación de ONG por montos que superan los permitidos sin licitación y cuyos responsables eran conocidos o tenían un vínculo personal con las autoridades de la Intendencia". ¿Qué dice de estas acusaciones?

SB - Un pueblo en el que nos conocemos todos. Y no solo ONG de esas creadas por curros para servir a amigos, etcétera. Son instituciones de las iglesias, comisiones de barrio de toda la vida de este pueblo. Si los sordomudos hacen un enorme trabajo limpiando las plazas, los parques y los jardines de esta ciudad –que según el propio informe de El Espectador es la más limpia del país, y era de las peores–, ¿cómo vamos a cambiar de institución? Hicimos un acuerdo con la institución que los ampara. Ellos hacen el trabajo y a través de esa institución cobran una remuneración. Además la institución hace un trabajo de protección social y de enseñanza de la lengua de señas, etcétera. Ese tipo de cosas son las que suceden.

RA - ¿Y por qué no se llamó a licitación para contratar este tipo de servicios a estas ONG?

SB - Entonces hacíamos competir a los sordomudos en el mercado laboral. Porque queremos trabajar con las instituciones de siempre. Pero mirá que las remuneraciones de las personas no son altas, son bajas, las instituciones no llevan dineros adicionales, apenas alguna pequeñísimo partida para cubrir el gasto de corte administrativo. Acá no hay ningún empleado compensado ni ninguna cosa de ese tipo.

RA - Le preguntaba porque usted había planteado en algunas declaraciones que también lo había hecho por una cuestión de urgencia en brindar el servicio.

SB - También existió, sí, urgencia en la salida. Pero después lo que hay es esta realidad, esta es la más importante. Hubo urgencia porque hicimos el compromiso de limpiar la ciudad en 60 días. Y así lo hicimos, pasamos de un estado que en Montevideo han conocido en algunas épocas, de basurales por todos lados, pastizales, mugre en las canaletas, caños tapados, mugre por doquier, a tener limpieza por todos lados. Nos hemos acostumbrado de manera preciosa a vivir en un estado de limpieza de la ciudad muy lindo. Y es cierto, eso se hizo en los primeros 60 días de nuestro gobierno.

¿Y aquí qué se me plantea? ¿Que licite una ONG que trabaje con personas sordomudas y entonces salgan todas las ONG a buscar sordomudos para presentarse a una licitación? Fuimos a las organizaciones de los vocacionales que han trabajado protegiendo a la gente. También fuimos a una de mujeres solas, a comisiones barriales que siempre trabajaron en la mejora del propio barrio; con ellos hicimos el acuerdo de mejorar el barrio, de darles una oportunidad laboral a quienes no la tenían, con salarios que son mínimas compensaciones para gente que está fuera del mercado laboral, que tiene vulnerabilidades por todos lados. Pero trabajamos con sus propias organizaciones, no fuimos a inventar organizaciones ni a que ellas hicieran un nuevo contrato.

NB - Usted también fue acusado de incurrir en irregularidades en la compra de maquinarias en Estados Unidos. La denuncia en este caso fue presentada por los abogados Gustavo Salle y Fernando Torres, quienes pidieron indagarlo por haber comprado una máquina vial con fondos de la Comuna a nombre del empresario Eduardo Álvarez, director de la empresa Ramón C. Álvarez, durante un remate de maquinaria en Estados Unidos. ¿Qué pasó allí? Porque el TCR es claro en este sentido, establece que no se permiten compras directas mediante remates públicos, y por eso observó el procedimiento. ¿Cómo fue esa situación?

SB - Ahí hay dos temas. El primero es que nosotros hicimos una compra en Estados Unidos por un millón y medio de dólares de 35 máquinas que en el mercado nacional costaban cuatro millones de dólares. Consultamos al doctor Daniel Hugo Martins, quien nos dijo que cuando el Tocaf dice que no se puede comprar en remate público no dice dónde es el remate. Y después al propio TCR le preguntamos verbalmente, le preguntaron nuestros contadores a los contadores delegados del TCR en nuestra Intendencia, los que manda el TCR a controlarnos, si podíamos hacer esa compra. Hicieron la consulta al TCR, la asesora del TCR les dijo que sí, y las compras se hicieron en un remate público, en el de mayor transparencia en el mundo, porque es el más grande de todos, que es el de Iron Planet en Estados Unidos.

Compramos las máquinas, no hubo un peso de comisión para ninguna persona ni ningún sobreprecio ni nada. Y después el TCR tuvo otra interpretación. El tema está en discusión en la justicia. No hubo ningún tipo de mala intención en lo que se hizo, el propio TCR cuando fuimos a preguntarle dijo allí en la mesa que nadie dudada ni de la cristalinidad ni de la conveniencia ni de la oportunidad de la compra que habíamos realizado, pero que ellos tenían una interpretación jurídica acerca de si eso era viable o no.

RA - ¿Y a propósito de lo otro que se señalaba, que la maquinaria se compró a nombre de Eduardo Álvarez, director de la empresa Ramón C. Álvarez?

SB - De las 35 máquinas. Para empezar, el señor Eduardo Álvarez era el que conocía este tipo de remates, fue el que nos mostró cómo se hacía, y le debemos una importante ayuda en ese sentido. Uno tiene asignado un pin que le da derecho a mirar las máquinas y por supuesto a participar en los remates. Como Álvarez era cliente viejo de ese remate y nosotros nos habíamos hecho clientes en esos días, estábamos mirando desde el pin de Álvarez los detalles de las distintas máquinas (el estado del motor, cómo estaba cada una de las máquinas que conformaban la oferta), cuando sale una máquina divina, la mejor compra que efectuamos, una máquina única realmente, y para comprarla la picamos desde el lugar de Álvarez. Y cuando uno participa en un remate, cuando termina dice "la compra va a nombre de Fulano de Tal".

Cuando fuimos a hacerlo, no era posible en ese remate, el único que podía hacerlo era la empresa de Álvarez. Entonces se hizo un documento de transferencia no onerosa, gratuita, sin ningún costo de nada, de Álvarez a la Intendencia. La Intendencia pagó el precio del remate, se quedó con la máquina y el propio Ministerio de Economía reconoció el documento y que la máquina venía para la Intendencia, le hizo todas las exoneraciones que se les hacen a este tipo de máquinas. O sea que no hay nada extraño ni confuso ni raro en todo eso tampoco. Lo que sí hay es un frite y refrite de cosas con motivo de la campaña electoral.

RA - Justamente, ¿usted efectivamente se va a presentar a la reelección?

SB - Sí, pero esto no viene por la reelección, esto viene por los problemas nacionales.

NB - ¿A qué se refiere?

SB - No creo que sea un problema de Cerro Largo. Creo que esto es tratar de balancear algunas otras dificultades que está teniendo el gobierno en este sentido, algunas cuestiones que le han dado dolores de cabeza. El tema de Pluna, de ASSE, ese tipo de cosas.

NB - De todos modos es significativo que parte de estas denuncias fueran promovidas por ediles del propio Partido nacional (PN) y que la bancada herrerista diera sus votos para pasarlo a usted a la justicia. ¿Cómo ve esa parte de la cuestión?

SB - Justamente, la disputa en Cerro Largo es entre sectores del PN. Entonces obviamente, cuando el FA movió estos temas algunos participantes de la política departamental, inconscientes del daño que se genera para el departamento y para el propio partido a nivel nacional, se sumaron a esta campaña a ver si podían sacar alguna ventajita de esta situación en el departamento. No les fue tan bien, desde el punto de vista electoral obtuvimos dos tercios de los votos, así que es una mayoría bastante contundente.

A mí todo este tipo de acusaciones, todo este tipo de cosas acá no me preocupan, porque acá la gente me conoce y conoce de qué vivo, cuánto trabajo, cuánto no trabajo, qué hago, qué no hago, qué tengo, qué no tengo. Acá la gente sabe absolutamente todo, todos sabemos lo de todos, porque estamos en una comunidad chica y conocemos la historia de cada uno, la trayectoria de cada uno y cómo es cada uno de nosotros.

El drama y el dolor lo tenemos cuando se ensucia el nombre del departamento y nuestra administración. ¿Qué persona va a querer venir a invertir en Cerro Largo, en un departamento donde hay irregularidades, desvíos? ¿Qué organismo público se va a ver tentado a desarrollar sus programas como socio de quien le va a desviar los fondos o va a cometer algún tipo de ilícito? Ese tipo de cosas le hacen un daño enorme al departamento.

Cuando yo los escuchaba a ustedes leer los titulares me retorcía de dolor. Cuando miré la página de El Espectador y estaban colgadas esas cosas desde hace un tiempo… Yo ahora les voy a mandar un informe sobre estos temas y les voy a pedir que también lo cuelguen. Realmente estas cosas hacen un daño que después no se repara, porque como uno dio la información que dio otro y el que da la noticia no tiene responsabilidad… Estas cosas les duelen a las personas y además les hacen un daño brutal a las instituciones, a los departamentos. No es fácil estar en el cuero de uno en estas cosas.

Les agradezco la preocupación por el tema. Y me gustaría hacer una invitación a los políticos a no utilizar malamente, aviesamente y con mala intención las herramientas de contralor, las buenas herramientas que la institucionalidad en Uruguay nos da. Y a no jugar con las personas de esta manera. Yo nunca hice este tipo de cosas y no las voy a hacer por más que esté atravesando por esta situación. Creo que no está bien presuponer mal sobre los demás y no está bien jugar malintencionadamente con la información para tratar de perjudicar el honor, el prestigio y la vida de los otros.

Podemos marcar las discrepancias respetuosamente, siempre tratando de ser constructores de una sociedad y no cayendo en este tipo de cosas que son duras. Lo puedo decir porque desde el punto de vista de mi interés político, que es volver a ser intendente de Cerro Largo, me afecta muy poco, pero seguramente esto daña a muchos muchísimo desde el punto de vista de sus intereses personales.

Les agradezco enormemente esta posibilidad de dejar en claro lo que son este tipo de maniobras. Sé que se vienen para otros intendentes en estos días otro tipo de ataques de carácter político, que casualmente surgen ahora, en plena campaña electoral.

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Transcripción: María Lila Ltaif