Definen a al límite de 18 años como una "ficción legal" que está siendo "revisada en todo el mundo". Descartan que de aprobarse Uruguay pueda ser denunciado ante tribunales internacionales, ya que tendrá rango constitucional.

A 50 días del plebiscito que decidirá si la edad mínima de imputabilidad se baja o no a 16 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en las últimas horas una posición lapidaria en contra de la propuesta.

Este viernes la relatora de los derechos de la niñez de ese organismo, Rosa María Ortíz, presentó un informe sobre lo que fue su visita sobre la realidad uruguaya en ese sentido. Además de dar una visión bastante crítica sobre los centros de rehabilitación destinados a menores infractores, planteó que la propuesta de bajar la edad de imputabilidad es violatoria de los Derechos Humanos.

En rueda de prensa, Ortiz planteó que "se es niño hasta los 18 años", y dijo que la apuesta debe ser por la "prevención y la rehabilitación".

La relatora planteó que si la reforma es aprobada, Uruguay será pasible de demandas ante tribunales internacionales, como la propia CIDH, como sucedió en su momento con el caso Macarena Gelman y la ley de Caducidad.

Con las encuestas mostrando una clara tendencia a la baja en el apoyo a la propuesta de reforma, la posición de la OEA llega en el peor momento para sus propulsores, teniendo en cuenta que por primera vez en tres años, hay una mayoría de la población que no estaría apoyando el plebiscito.

La postura de la Relatora de la OEA fue rechazada este sábado por Guillermo Maciel, director de la FUNDAPRO –vinculada al Partido Colorado–, uno de los principales impulsores de la baja en la edad de imputabilidad.

En diálogo con El Espectador, el ex director del Ministerio del Interior señaló que, a nivel internacional, este es un tema laudado y descartó eventuales consecuencias legales para el país, ya que la propia Suprema Corte de Justicia sostiene que la Constitución está por encima de cualquier tratado o convenio internacional.

Maciel sostuvo que esto pasaría con la regulación estatal de la marihuana, que sí es una ley pero que es claramente violatoria de los tratados internacionales.

El director de la FUNDAPRO agregó que el tema de los 18 años como edad mínima de imputabilidad es una ficción legal que está siendo revisada a nivel mundial.

La promoción de la reforma constitucional –en manos casi exclusivas del Partido Colorado– ha cobrado fuerza en los últimos días, con la difusión de una serie de spots donde "víctimas" de la violencia cuentan sus experiencias. Los fondos para estos anuncios provienen de la campaña de Pedro Bordaberry.