(emitido a las 8.47 hs.)

EMILIANO COTELO:
Por estos días la seguridad ciudadana volvió a instalarse como tema central del debate electoral. Ocurrió después de que el candidato del Frente Amplio (FA), Tabaré Vázquez, anunciara que, si triunfa en las elecciones, Eduardo Bonomi seguirá al frente del Ministerio del Interior (MI).

Calculado o no, la declaración de Vázquez generó una reacción inmediata de toda la oposición, que salió a rechazar frontalmente la posibilidad de la continuidad de Bonomi, uno de los jerarcas más polémicos de esta administración.

Ante esa respuesta, el expresidente contragolpeó y desafió a blancos y colorados a que aclararan quiénes serían sus ministros del Interior, qué cuestionan de las políticas actuales y qué cambios concretos ejecutarían en caso de llegar al poder.

Al desafío sobre nombres solo respondió el Partido Colorado (PC), que mencionó algunas posibilidades, entre ellas la del diputado por Maldonado, Germán Cardoso. Con él vamos a conversar en los próximos minutos.

Parece que Vázquez jugó con habilidad cuando anunció que, de ser elegido presidente para un nuevo mandato, va a mantener en sus cargos al ministro Bonomi y al subsecretario Jorge Vázquez. ¿Enredó un poco a la oposición? ¿Qué lectura hacen ustedes?

GERMÁN CARDOSO:
No, en absoluto. Creo que el doctor Vázquez se equivoca de manera notoria, la seguridad pública es el problema que más preocupa y angustia a los uruguayos, en todos los estudios de opinión pública. Y esto hace a una muy mala y nefasta gestión en materia de seguridad; los números están a la vista y los podremos comparar en el transcurso de la entrevista.

A los hechos que revisten una realidad incontrastable, que es lo que sienten los uruguayos, lo que estamos sufriendo en materia de aumento significativo de delitos, fundamentalmente delitos violentos, creo que se hace básico aplicar el razonamiento de Albert Einstein: si uno busca un resultado diferente no puede seguir haciendo lo mismo. Y evidentemente tenemos que apuntar a un resultado diferente, tenemos que revertir esta muy difícil situación en la cual estamos embarcados como sociedad de resultados en materia de delitos y de violencia. Y está claro que Eduardo Bonomi y Jorge Vázquez al frente del MI no son la solución para revertir esta situación o para hacer algo diferente. Al menos después de una nefasta probada gestión, a lo largo de cinco años, la peor gestión en materia de seguridad pública de los últimos 30 años del Uruguay.

EC - Un par de puntualizaciones. Usted decía que la seguridad pública es la principal preocupación de los uruguayos. Eso es cierto, pero también es cierto que ha ido bajando en cuanto a proporción de la población. Por ejemplo, según Factum, el tema de la seguridad pública en 2011 preocupaba al 34% de los encuestados, pasó en 2012 a 42% –fue cuando se inició la junta de firmas para promover el plebiscito de baja de la edad de imputabilidad–, en 2013 llegó a preocupar al 46%, pero ahora, en la encuesta de agosto-setiembre, bajó al 31%. ¿Cómo observan este aspecto?

GC - Son estudios de opinión pública que difieren unos de otros según la consultora y el momento que se esté viendo. Lo que está claro es que Uruguay tiene un problema muy serio, se ha instalado el tema de la seguridad como el principal problema que los uruguayos advierten.

EC - Es el principal problema, pero no con la intensidad…

GC - No admite la más mínima discusión, número más, número menos, porcentaje más, porcentaje menos.

EC - … por lo visto no tiene la misma intensidad que hace unos años.

GC - Yo no tengo la misma percepción.

EC - Lo digo por estas encuestas.

GC - Sí, puede variar según la encuesta, el momento, el mes, según el estudio. Pero eso no hace que el fondo del tema no sea preocupante y sea un problema fundamental a resolver en los próximos tiempos.

EC - Ustedes centran las baterías en Bonomi. Usted habló recién incluso de una gestión "nefasta". Entonces, el problema desde el punto de vista del PC ¿es la política de seguridad o es el ministro?

GC - La seguridad pública es la garante de la libertad, es la que constituye la columna vertebral de cualquier sociedad para que sea más justa y más integrada. El derecho a vivir en paz y sin violencia, sin autoritarismo, es un derecho fundamental que se debe preservar apuntando a que la seguridad sea un patrimonio hasta nacional, que permita el ejercicio efectivo de la libertad en su más amplio sentido. Yo creo que es ahí donde debemos posicionarnos.

Y a partir de allí la pregunta que me hacés. ¿Cuál ha sido el resultado de las políticas de Bonomi en los últimos cinco años que ha estado al frente del MI? Un aumento impresionante de los delitos violentos. En este país se han disparado de manera significativa las rapiñas y los homicidios, que son los dos peores delitos. No hay delito bueno, está claro, pero si uno va a la escala de cuáles son los delitos que le producen más daño a la sociedad o al ser humano, son los delitos que atentan contra la integridad física o la vida de las personas. Y allí inmediatamente individualizamos homicidios y rapiñas.

Los homicidios han aumentado de manera significativa. En este país la media de homicidios hace 10, 15 años estaba en el orden de los 180, 190 homicidios por año y hoy estamos en una cifra muy cercana a los 300. Y el número no tiende a descender, entre el 2012 y 2013 había una pequeña variable de tres o cuatro homicidios menos, lo que habla de una consolidación notoria. El salto grande se da entre los años 2011 y 2012, allí se produce una diferencia de casi 100 homicidios más de un año al otro, y en el 2013 se confirma y se sostiene.

EC - En el MI se pone énfasis en que han aparecido factores nuevos. La consolidación del narcotráfico en el ambiente delictivo y la práctica de los ajustes de cuentas, por ejemplo.

GC - Sí, el MI apela permanentemente a cualquier justificación para justificar y atenuar. Hoy es moneda corriente en todo homicidio, vemos antes de la investigación al ministro del Interior en la prensa diciendo que fue un ajuste de cuentas. Como si no hubiera habido un homicidio, como si no se hubiera perpetrado una muerte. Como si no hubieran quedado familias destruidas a partir de esos homicidios. Como si no hubieran quedado niños huérfanos a partir de ese homicidio. Entonces tomemos las cosas como hay que tomarlas. Estamos ante un problema muy grave y acá no hay que atenuar, porque si tenemos 100 homicidios más de un año al otro la situación es de extrema gravedad y no podemos justificarla apelando a que aumentó el ajuste de cuentas.

EC - Usted se detuvo en el delito de homicidio. Iba a manejar alguna otra cifra en cuanto a la delincuencia.

GC - Del delito de rapiña estaba hablando también, que creo que hay números que son realmente sorprendentes. Cuando asume el Frente Amplio (FA) el gobierno en el año 2005 las rapiñas promediaban los 6.000 y pico largos por año. Al cierre del 2013 tuvimos en el orden de las 16.000, 17.000 rapiñas. Es increíble la multiplicación de ese tipo de delitos. Que es un delito que se lleva adelante con muchísima violencia, hay diversos factores que hacen que este delito sea uno de los que tienen las características más graves. Y en lo que va de la administración del presidente Mujica, o sea Eduardo Bonomi ministro del Interior, tenemos contabilizadas 64.867 rapiñas. Es un número récord en la historia del Uruguay. Acá no hay nada cercano ni que se pueda decir que gradualmente, que por este factor o por aquel otro en pequeña medida… No, estamos dando un salto impresionante en el aumento de rapiñas.

Esto hace que los uruguayos entonces estemos muy preocupados. Porque la sociedad demanda atención en materia de seguridad pública, y acá creo que se ha equivocado la dirección de las políticas de seguridad, se ha equivocado la conducción de la Policía nacional. El FA ha tenido un conflicto ideológico importante para conducir a la policía. Y esto hace que la actitud de la policía… Y las medidas que se toman no bien se asume el gobierno, la derogación del decreto 690/80, la ley de descongestionamiento carcelario que aplicaron Tabaré Vázquez y José Díaz en el primer período de gobierno del FA… Una suma de decisiones que se han venido tomando hacen que la situación tienda a agravarse cada vez más y los uruguayos no encontremos respuestas frente a una problemática muy grave, en la que están en juego nada menos que la vida y la integridad física de las personas.

EC - Justamente, ¿qué es lo que ustedes objetan de la gestión Bonomi? Porque recién recordaba algunas decisiones que se adoptaron en el primer gobierno del FA, por ejemplo durante la gestión del ministro José Díaz. Pero el propio FA ha hecho una especie de autocrítica a propósito de aquellos primeros pasos y el nombramiento de Bonomi en la administración Mujica pareció marcar un giro. Incluso en sectores de la oposición se reconoce a Bonomi como un ministro mucho más pragmático a la hora de enfrentar el delito. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué ustedes dicen incluso que Bonomi es peor que Díaz? ¿Por qué focalizan tanto en Bonomi?

GC - Porque los números y los resultados son peores. Por supuesto que en 10 años de gobierno del FA ha habido una toma de decisiones erráticas que comienzan en Díaz, continúan en Tourné y desembocan en Bonomi. Bonomi ha sido el único de los ministros que ha estado un período de gobierno entero. Ceo que cinco años ha sido un período suficiente y necesario para implementar medidas y cambios en la política de seguridad para que por lo menos pudiéramos estar empezando a revertir esta curva que se hace insoportable.

Porque más allá de la buena voluntad que pueda haber tenido Bonomi o de demostrar más pragmatismo, lo cierto es que los homicidios vienen aumentando de manera notoria año a año y las rapiñas hacen lo propio. Acá no hay buenos resultados. ¿Cuánto tiempo tenemos que darle a un ministro si no cinco años, que es el período de cualquier gobierno, en ejercicio de sus funciones para obtener buenos resultados? Entonces, me preguntas cuál es el motivo de la crítica o de señalar que Bonomi ha sido el peor ministro de los últimos 30 años en materia de seguridad –Bonomi y Jorge Vázquez–. Porque es cuando se dan los peores resultados en materia de seguridad en el Uruguay.

EC - Esa es una manera de analizarlo. Pero le pregunto también a propósito de qué es lo que hizo mal, qué es lo que se está haciendo mal. La consulta viene porque repasando nada más que a vuelo de pájaro, parece bastante claro que en este período de gobierno el MI está implementando una serie de mejores y de reformas.

Menciono algunos puntos: reestructura del funcionamiento de la policía, disponiendo, en particular, que cantidad de agentes que cumplían tareas administrativas salieran a la función ejecutiva en la calle; mejora de los salarios y las condiciones de trabajo de los policías, tanto por aumento de los sueldos como por eliminación progresiva del servicio 222; inversión en mejoras tecnológicas (patrulleros con GPS y sistema computarizado a bordo, que, por ejemplo, permite acceder a los antecedentes de una persona a partir de su huella dactilar; software para el mapeo del delito, incorporación paulatina de cámaras de seguridad en Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Unión; incluso la utilización de drones); asesoramiento de expertos que trabajaron para la Alcaldía de Nueva York, que es un ejemplo que muchas veces se toma como referencia de éxito; en materia de cárceles, disminución del hacinamiento por la vía de construcción de cárceles nuevas y reforma de las existentes…

La consulta es: ¿eso está mal o en realidad está bien y hay que dar un margen de tiempo para que estas líneas de acción terminen de consolidarse y puedan mostrar mejores resultados?

GC - Son anuncios que suenan precioso, la verdad, son anuncios que si uno los lee en el papel dice "qué buena gestión que se está llevando adelante en el MI". Pero cuando salimos a la calle todos sentimos miedo, cuando salen nuestros hijos tenemos miedo si no nos han llamado y miramos el reloj por la hora a que han llegado. Todos conocemos una persona, tenemos un familiar, un amigo que ha sufrido un delito o ha sido víctima de un daño contra sí mismo. Quien habla, a mí me robaron en Montevideo hace algunas semanas. Las rapiñas son incesantes y no paran. Y los homicidios, el peor de los delitos, el irreparable, una vida no la devuelve nadie, ninguna condena puede reparar la pérdida de la vida de otra persona, van en aumento significativo. Por lo tanto, creo que estas medidas que se anuncian…

EC - Yo no le estoy mencionando medidas que se anuncian, le estoy mencionando medidas que se han ejecutado.

GC - Sí, estas medidas que se anuncia que se han ejecutado. No han dado el resultado que todos esperamos. En estos gobiernos frenteamplistas la situación se ha agravado, se han quitado normas… Tú me preguntabas, yo creo que se han quitado normas que eran herramientas fundamentales para el accionar de la policía. Se ponderó el supuesto derecho del delincuente por sobre el de la víctima. Esto es un dato de la realidad, acá la gente honesta y de trabajo siente que sus derechos son postergados, y se fue a una política de ponderar sistemáticamente los derechos de las personas que violan las normas. Que está bien, que tienen que recibir un trato digno y humano, estamos de acuerdo.

Pero ¿nosotros qué planteamos en un primer orden de cosas? Restablecer la paz, priorizar la defensa de los derechos de los honestos, de los trabajadores, de los uruguayos que pagan sus impuestos, de los uruguayos que se levantan a tener extensas jornadas de trabajo para sustentar a sus hijos. Allí deben estar la policía y el MI, liderando y garantizando la libertad y la seguridad de estas personas, porque son la amplísima mayoría de la sociedad. Yo creo que no podemos ser sometidos por la voluntad de una extrema minoría descarriada, y eso es lo que le está pasando a la sociedad. La sociedad de este país está siendo sometida por la voluntad de una extrema minoría descarriada.

EC - ¿Cuál es la legislación que usted dice que favorece más al delincuente que a la víctima? ¿A qué ejemplo se estaba refiriendo?

GC - A que la policía no puede aplicar la detención de una persona por estar sospechada de haber participado en un hecho delictivo, como se podía hacer. Creo que es una herramienta fundamental. Y aparte esto no era a escondidas absolutamente de nadie, porque la policía procedía a detener a una persona por estar sospechada de haber participado en un hecho delictivo e inmediatamente lo comunicaba al juez y al fiscal.

EC - Usted está aludiendo al decreto 690.

GC - Sí, sí, y tenía 24 horas para interrogarlo. Y nosotros lo planteamos de frente, decimos que lo vamos a reinstalar en caso de acceder al gobierno, porque es una facultad y una herramienta indispensable que tiene la policía.

EC - El ministro sobre este punto responde, primero, que la policía pide cédula cuando lo considera necesario. Y por otro lado, destaca la disponibilidad de esta tecnología que ahora está en los patrulleros para mediante las huellas dactilares detectar si una persona tiene antecedentes o está requerida.

GC - Mire, yo no sé en cuántos patrulleros está puesto ese sistema. Le puedo asegurar que en miles de patrulleros que hay ese sistema hoy no es aplicado. En el interior, en ninguno. Yo soy del departamento de Maldonado y eso en Maldonado no se aplica.

EC - ¿Otros ejemplos de legislación inconveniente a la que usted aludía?

GC - Creo que hay que tomar medidas concretas, que vayan en el sentido de mejorar la seguridad pública.

EC - Pero la pregunta primero era qué es lo que ha hecho mal Bonomi, porque después quiero preguntar alternativas. Pero ahora estaba empezando a mencionar algunos ejemplos por el lado legal. ¿Qué otros mencionaría?

GC - Acá ha habido hechos que notoriamente han ido en el sentido directo de deteriorar la seguridad pública. En Montevideo, que es donde se concentra la mayor cantidad de los delitos, en la Jefatura de Policía de Montevideo en ocho años ha habido siete cambios de jefe de Policía. Eso habla a las claras de que no puede haber una continuidad en la aplicación de una política de seguridad, de un plan de seguridad. Y está hablando a las claras también de un fracaso rotundo en la gestión, porque por algo cambian y cambian y cambian los jefes de Policía.

Es decir, acá lo que está faltando es una conducción… liderar a la policía, de tal manera que cumpla con su esencialísimo rol, que es la prevención de los delitos. Desde que administra la seguridad pública el actual gobierno, los cinco años de Bonomi, el patrullaje es una exigencia que impone la población en todos los lugares adonde uno puede ir. Cuando tú me decías que se ha apelado a traer consultores internacionales que han trabajado en programas de seguridad muy efectivos en Nueva York, en Washington, que estamos en conocimiento de eso, lo primero que señalan todos estos informes es la falta de presencia policial.

Tal vez no sea un problema la cantidad de efectivos policiales que tiene el Uruguay con relación a la población, sí la presencia policial. La policía no está expectante, no está patrullando como debería estar. Y aquí hay un problema notorio en la acción de la policía. Y esto es responsabilidad del ministro, sacar la policía a la calle. La policía no puede estar de puertas adentro de las comisarías. El personal policial tiene que estar patrullando de manera efectiva, con presencia, y por sobre todas las cosas la mayor intensificación de patrullaje debe darse en las horas donde se produce la mayor cantidad de delitos. Esto es una regla muy simple, uno tiene que distribuir la cantidad de personal que tiene en las comisarías y en los turnos de acuerdo a la hora de actividad intensa de los delitos.

EC - Y usted tiene información de que eso no se hace.

GC - No se hace, los turnos en que hay mayor cantidad de policías es cuando hay menor cantidad delictiva. Entonces acá hay un criterio que se aplica a la inversa, hay que trabajar poniendo una policía preventiva de nuevo. Y la policía no puede actuar frente a hechos consumados como actúa hoy. El gobierno parte del patrón ideológico de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y yo creo que cuando nadie es culpable a partir de que se demuestre lo contrario la policía solamente puede actuar frente al hecho consumado, cuando se consumó un delito. Eso explica en gran medida lo que no está medido en ninguna estadística: la prevención de los delitos. Esto se hace con la presencia policial, esto se hace deteniendo a una persona para interrogarla si está sospechada de haber participado en un hecho delictivo.

Porque, a ver, hay situaciones que son increíbles, la moral del cuerpo policial también está caída a partir de esta toma de decisiones que estamos describiendo. Porque uno anda, se mezcla con la sociedad, habla con los policías, con los agentes, y se dan situaciones de que la policía va a interceder a una persona que tiene ocho antecedentes penales –en el interior que hay mucha más individualización de los delincuentes–, que salió de la cárcel de Las Rosas hace tres meses, la policía lo conoce, sabe quién es, y está a las tres de la mañana campaneando los movimientos de algún hogar y no se lo puede detener, porque no está haciendo nada, hasta el momento no se le puede probar que esté participando en ningún hecho delictivo. Ahí el rol de prevención no se está cumpliendo. Y, lo que es peor, cuando la policía procede –estoy ejemplificando con esta situación– a hablar con esa persona, la policía ya está tomada del pelo y subestimada. Eso sucede también y eso a cualquier ser humano le trae la moral al suelo.

***

EC - Tengo una cantidad de mensajes de los oyentes. Varios de ellos tienen que ver con algunas afirmaciones suyas. Por ejemplo, hay varios como este de Aldo: "Sostuvo el diputado que el patrón ideológico de Bonomi o el FA es que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero eso está en la Constitución de la República". ¿Qué responde usted?

GC - La policía ahí tiene dos roles esencialísimos, uno es la prevención de los delitos y otro es la represión de los delitos. La represión debe ser la última de las alternativas, para evitar la represión hay que aplicar la prevención. Y ese es el rol que la policía ha dejado de aplicar por decisión del FA y de los diferentes ministros de las actuales administraciones. Porque evidentemente, si no se puede detener a una persona por estar sospechada de participar en un hecho delictivo, si no se puede proceder a detener cuando la policía pueda presumir que se está por producir un hecho y tiene que esperar a que el hecho se consolide para recién poder actuar, ese rol esencialísimo de la policía de prevenir los delitos no se está llevando adelante.

EC - Tengo un documento que casualmente ayer divulgó el MI a propósito de la reestructura de la Jefatura de Montevideo. Luego de enumerar las medidas que se están aplicando, dice: "Pasar del viejo modelo policíaco a uno nuevo, donde a la respuesta se suma la disuasión que el patrullaje genera, significó una adecuación operativa importante para una policía acostumbrada al trabajo reactivo, es decir, a la resolución o esclarecimiento de hechos consumados. Es tiempo de incorporar nuevos conceptos, de construir seguridad abandonando la antigua forma de reprimir el delito por una nueva forma de encarar la problemática mediante la interacción de múltiples factores y una comprometida participación ciudadana".

GC - Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que avanzar a formas nuevas. Ahora, los resultados no… Eso que tú estás leyendo… parecería que estuviéramos frente a resultados extraordinarios en materia de seguridad, que el MI entiende que estamos dando una lucha contra el delito, que los resultados día a día son mejorables. Y estamos con resultados peores todos los días. Todos los días más homicidios, más rapiñas, más delitos… Los delitos que los uruguayos han dejado de denunciar…

La tasa de esclarecimiento de delitos en este país, o sea la efectividad del MI aclarándoles delitos denunciados a los uruguayos es mínima. La tasa de esclarecimiento de las rapiñas en este país oscila entre el 8 y el 15%. Estamos hablando de que están robando a la gente de trabajo, están robando a los almacenes de barrio en los diferentes lugares de Montevideo y el interior del país… Boliches que son atendidos por familiares… Y la tasa de esclarecimiento, la respuesta que el MI les da, está entre el 8 y el 15%. ¿Y podemos estar hablando entonces de resultados notables o estar contentos con eso? Ah, yo creo que no.

EC - ¿Cuáles son las políticas alternativas? ¿Cómo en este contexto se lograrían mejores resultados?

GC - Primero, acercando mucho más la policía a la sociedad de lo que sucede hoy, a través de las seccionales barriales o las comisarías, como quiera llamárselas, que tienen que volver a ser el centro de referencia policial y de prevención y de represión de los delitos. Obviamente, acá hay que hacer transformaciones, porque hay que dotarlos de más materiales, tecnología, recursos humanos. Las seccionales policiales están desmanteladas y la tecnología de que se habla será para el futuro, pero hoy, la verdad, no es notoria en las comisarías. Y basta que cualquier ciudadano concurra a cualquier comisaría, a cualquier seccional de Montevideo o del interior del país.

Otra medida, duplicar la presencia policial y el patrullaje en las calles. No existe el patrullaje ni la presencia policial para ser efectiva y lo suficientemente disuasiva en los barrios para que mejore sustancialmente la seguridad y prevenga los delitos. Acá hay que ser muy claros, ¿qué queremos lograr con duplicar la presencia policial y el patrullaje? Que quienes se sientan inseguros de andar por la calle sean los delincuentes y no los ciudadanos honestos, que hoy son quienes se sienten inseguros cuando caminan por las calles.

Enviar al Parlamento una ley de exclusión de que los delincuentes reincidentes y por delitos graves se beneficien de salidas transitorias y de libertad anticipada. Acá hay que ser muy claro: hay que aumentarles las penas a las personas que reinciden por segunda vez, que cometen el tercer delito, y no pueden gozar, a partir de que tienen la tercera rapiña, de salidas anticipadas ni de salidas transitorias.

Otra medida impostergable, que ya señalé, y lo hacemos público porque pensamos aplicarlo con claridad: restaurar la normativa del decreto 690, que a nuestro juicio es una herramienta fundamental para la prevención y represión de los delitos.

Un instituto de rehabilitación de menores fuera del INAU, dedicado exclusivamente a la intervención y la rehabilitación de menores que cometan delitos.

Combate frontal a la droga y al narcotráfico. Pero aquí me quiero detener un instante…

EC - ¿Qué quiere decir "combate frontal a la droga y al narcotráfico"?

GC - Porque a la droga no se la combate dando droga… El gobierno fue por el atajo. Estamos con un problema brutal en esta sociedad y en este país de consumo de drogas, de personas adictas a la droga. Porque el narcotráfico existe y hay que combatirlo, sin duda, y ser implacables en la lucha contra el narcotráfico. Pero el narcotráfico existe porque hay adictos, porque hay consumidores. Y el gobierno ha legalizado el consumo de la marihuana, entendiendo que le está dando lucha al narcotráfico y nada ha hecho por los adictos ni por sus familias. Y acá me quiero detener un instante.

La droga y el consumo de la droga están destruyendo a la sociedad, han destruido familias. Y en este país para salir de las drogas hay que ser hijo de una familia adinerada, porque cualquier tratamiento de adicciones a las drogas ambulatorio cuesta entre 25.000 y 30.000 pesos por mes, y cualquier tratamiento con internación cuesta entre 50.000 y 60.000 pesos por mes. ¿Qué familia media de este país puede pagar eso? Allí el Estado está ausente, allí no hay políticas de rehabilitación de adictos, o las que hay son muy tímidas, y está claro que no alcanza en lo más mínimo a la cantidad de adictos que tiene este país. Hay que apoyar a los adictos, hay que rehabilitarlos, hay que reeducarlos, el Estado debe crear clínicas de rehabilitación de adictos, y sobre todo hay que apoyar a la familia de los adictos.

EC - ¿Qué otras medidas?

GC - En la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal que se va a aplicar para años venideros creemos que hay que descentralizar en un 100% las fiscalías. Las fiscalías deben funcionar autónomamente como un servicio descentralizado.

También estamos convencidos de que se debe duplicar la inversión en tecnología instalando cámaras, como se han instalado, lo debo reconocer, en Ciudad Vieja, Cordón y algunos lugares de Montevideo. Pero extenderlas a la mayor cantidad posible de zonas de Montevideo, a zonas comerciales donde hay mayor peligrosidad del accionar delictivo. Y también para cuidar a las grandes barriadas de Montevideo. Pero extenderlas a las 19 capitales.

Las cárceles. Aquí también está explicado el gran aumento de los delitos. Hay que ir a un sistema que reeduque y que rehabilite a las poblaciones carcelarias. Solamente hablar de que se baja el hacinamiento no es suficiente. En el Uruguay tenemos una tasa altísima de reincidencia carcelaria, de las personas que recuperan la libertad un altísimo número en los próximos seis meses vuelven a estar presas, porque reinciden. Esto habla a las claras de que el sistema no rehabilita. Están 23 horas de encierro al día y una hora de recreo sin planes de educación. Que la persona que está privada de libertad adquiera conocimientos de un estudio cuando no ha terminado la escuela o el liceo, enseñarle un oficio, carpintería, albañilería, sanitaria, electricidad… Esto ya tiene de por sí un rol terapéutico fundamental en la reeducación y rehabilitación de una persona privada de libertad porque genera hábito y valores.

EC - Justamente, en ese punto, como en varios otros que usted ha mencionado, es evidente que se está trabajando. En materia carcelaria está en proceso toda una reforma que no es solamente edilicia, sino también de tratamiento a los reclusos.

GC - A las personas que están privadas de libertad se les debe dar a optar entre estudiar y prepararse y adquirir conocimiento, que lo pueden hacer, o hay que hacerlas trabajar. Y eso hoy no pasa.

EC - Esa posibilidad existe, como también existe el proceso de traslado de cárceles de la órbita del MI al Instituto Nacional de Rehabilitación.

GC - Si el recluso hoy se niega a trabajar la ley no lo obliga. Y yo creo que las personas que están privadas de libertad, si no estudian, si no adquieren conocimiento, si no se preparan en un oficio para que cuando recuperen la libertad no tengan que reincidir, tienen que trabajar en los establecimientos carcelarios, en las chacras, hacer bloques. Buscarles ese tipo de tareas que son muy importantes para la reeducación y la rehabilitación, cosa que hoy no sucede.

Disminuir la violencia de género. Creo que también hay que ser contundentes en la prevención y el seguimiento de los delitos de violencia doméstica, porque en muchísimos casos no se les presta la atención debida a los delitos que son denunciados que comienzan por violencia doméstica simple, van en aumento y esa persona después de que fue a denunciar termina siendo víctima fatal de un delito consumado. Creo que allí hay que actuar, el MI y el Estado deben crear para las mujeres víctimas de la violencia doméstica casas de tránsito, para las víctimas y sus hijos menores fundamentalmente.

Crear el mapa del delito, se hace impostergable. Otra situación, que sea de acceso público y que cuando sucede un delito en cualquier parte del territorio nacional, en Montevideo o en el interior, eso sea cargado a una página de información. Que cualquier ciudadano pueda ingresar y ver dónde se está dando la actividad delictiva, a qué hora, con qué intensidad. Todo eso debe ser público, hace al perfeccionamiento, hace a que la policía se embarque en el profesionalismo y que esté dedicada a la conducción de la seguridad pública, a una mejora y a un perfeccionamiento incesante en la lucha contra el delito.

EC - En general, a propósito de la enumeración que usted venía haciendo, lo que yo veo es que, salvo en dos o tres puntos que tienen que ver con leyes, por ejemplo esa ley que el PC impulsa de exclusión de los delincuentes reincidentes en delitos graves de la posibilidad de salidas transitorias y libertad anticipada, ni que hablar en la discrepancia en la ley de regulación del mercado de la marihuana y eventualmente en la aplicación del decreto 690, salvo en esos aspectos, en todos los otros parecería que no hay diferencias importantes con las líneas de acción que se están siguiendo. Y no lo menciono solo yo, lo menciona incluso un informe hoy en el diario El Observador al respecto. Es más, varios de estos temas están siendo procesados por esta gestión del MI. Entonces, ¿de qué estamos hablando?

GC - No se traduce en resultados. Es lo que el ministerio anuncia pero nosotros realmente no lo vemos en la vida cotidiana.

Y tenemos una discrepancia fundamental que dejé para lo último, o de aplicación. El ciudadano se va a transformar en legislador el 26 de octubre, porque van a ser penalmente responsables por los delitos de homicidio, rapiña, violaciones, copamientos y secuestros a partir de los 16 años las personas que cometan estos delitos.

Crear un nuevo instituto nacional de rehabilitación para estas personas. No van a ir a las cárceles de mayores, miente y falta a la verdad quien diga que las personas de 16 y 17 años van a ir a las cárceles de mayores cuando les apliquemos esta nueva norma. Van a ir a un nuevo instituto nacional de rehabilitación que priorice el humanizar en sistema, en reeducar, en rehabilitar, en hacerlos estudiar, en hacerlos trabajar, en hacerlos trabajar, como veníamos hablando –cosa que hoy no sucede–, fuera de la órbita del INAU.

En esta materia es muy muy importante readaptar y readecuar las normas jurídicas. La imputabilidad en este país es un concepto que se aplica y está vigente, tomado en cuenta desde el año 1934, cuando fue elaborado el Código Penal. Hoy, con lo que ha cambiado la sociedad, con lo que se ha alterado el modo de vida, el modo de relacionarse, los valores, las costumbres, estamos convencidos de que una persona a los 16 y 17 años cuando comete este tipo de delitos es plenamente consciente de la conducta que está llevando adelante. Entonces debe ser juzgada y debe tener una penalización por sobre todas las cosas justa y adecuada a la gravedad del delito que ha cometido. Aquí también tenemos una diferencia importantísima con el gobierno, por diversos motivos.

EC - Pero ahí estamos hablando de diferencias en el marco legal.

GC - ¡Sí, legal, pero que impactan en la vida de los delitos diarios! Hoy el promedio [de tiempo de privación de libertad] para una persona menor de edad es de entre tres y seis meses.
    
EC - Y volviendo al otro capítulo, la gestión de las políticas de seguridad pública, teniendo en cuenta que hay tantas coincidencias con lo que se está haciendo, ¿cuál es el mensaje, cuál es la conclusión? ¿Que el problema es quién lleva adelante esas políticas? ¿Que el problema es que falta dinero, que hay que poner más presupuesto?

GC - ¡Pero cómo va a faltar dinero si el MI tiene la mayor cantidad de dinero que ha tenido en la historia!

EC - Entonces no es un problema de presupuesto.

GC - Hace 10 años el presupuesto del MI era del orden de los 260 millones de dólares, hoy está en el orden de los 800 millones de dólares.

EC - El problema es la persona. ¿Qué persona tienen ustedes para conducir un proceso que tenga mejores resultados?

GC - Nosotros, más allá de la persona, tenemos un gran programa, en el cual han participado expertos, profesionales, en el cual se han volcado propuestas muy serias, han sido desarrolladas, estudiadas, delineadas…

EC - …Pero ¿quién sería el conductor? Porque por lo visto hay un problema, según usted, de liderazgo, de conducción. ¿Quién sería un ministro del PC en esta materia?

GC - Eso no me compete resolverlo a mí, creo que es una decisión que tendríamos que tomar una vez transcurrida la instancia electoral. El líder y los sectores del partido decidirán quiénes son los hombres más capaces para la conducción de la política de seguridad.

EC - ¿Usted mismo podría ser? Porque Bordaberry lo mencionó.

GC - No, yo no me voy a autopostular ni mucho menos, no lo he hecho nunca. De hecho, el doctor Bordaberry ha manejado mi nombre junto con el de otros compañeros que están igualmente o más calificados que yo para asumir una responsabilidad de este tipo. A mí me honra y es una gran distinción que el doctor Bordaberry maneje mi nombre junto con el de otros compañeros, pero yo estoy abocado a ser reelegido diputado por el departamento de Maldonado el próximo 26 de octubre. Ese es mi primer objetivo de prioridad. Para eso estoy trabajando.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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