(Emitido a las 09.14)

EMILIANO COTELO:

¿Qué va a pasar con el suministro de agua potable y con el saneamiento en Maldonado? El plebiscito con la reforma constitucional del agua tuvo el domingo un contundente triunfo de la opción por el Sí. Y ahora las consecuencias están a la vuelta de la esquina, porque tres días antes de la votación la empresa Uragua anunció al Poder Ejecutivo que, en caso de que fuera aprobada la reforma, consideraría caída la concesión e iniciaría su retiro del país.

Un frente que el gobierno tendrá que administrar, que va a tener sus derivaciones jurídicas y que no afecta a todo el departamento de Maldonado por igual. De todos modos, ¿cómo se preparan los fernandinos para esa eventualidad, qué puede pasar de cara a la temporada de verano?

Por las dudas, el intendente de Maldonado ya está manejando una solución alternativa para el suministro de agua potable y las obras de saneamiento pendientes. De eso vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Enrique Antía. ¿Está preocupado?

ENRIQUE ANTÍA:

¿Y qué le parece?

EC - Usted dijo en estos días: "Nosotros tenemos claro que este plebiscito a quien perjudica realmente es a Maldonado".

EA – Sí: es una decisión que tomó todo el país con repercusión directa en Maldonado, la empresa Uragua ya anunció que quiere partir, lo que genera aquí una verdadera conmoción.

EC - Entre paréntesis, ¿cómo dio el plebiscito en Maldonado mismo?

EA - En Maldonado no fue aprobado.

EC - Hasta ahora, con los números que se conocen, no se aprobó el Sí.

EA - En Maldonado, según información de la Corte Electoral al día de ayer, el plebiscito no alcanzó el 50 por ciento, cosa que sí sucedió en el resto del país y hay que respetar la democracia, ¿no es cierto? No es relevante como resultado, pero es un dato que hay que tener: en Maldonado la gente no acompañó el plebiscito.

EC - ¿Usted entiende que en Maldonado hay satisfacción con los servicios de Uragua y de la otra empresa concesionaria, Aguas de la Costa?

EA - Habría que remontarse un poco a lo que eran antes los servicios. Hace poco tiempo salió en la prensa un sondeo de la encuestadora Cifra sobre cómo se evalúa el servicio de agua potable que prestan las dos empresas que están en Maldonado; eso fue a fines de agosto y los resultados daban que el 74 por ciento de la población evaluaba el servicio como bueno o muy bueno, el 15 como ni bueno ni malo y el 11 como malo o muy malo. Es decir que en esa encuesta hay una clara opinión de la gente en cuanto a que el servicio que se brindaba era bueno o muy bueno.

En el tema de Aguas de la Costa era distinto porque...

EC - Aguas de la Costa tiene a su cargo ese tipo de servicios al este del arroyo Maldonado.

EA - Para que la gente lo tenga claro: del arroyo Maldonado hacia José Ignacio está Aguas de la Costa. Ahí al revés, estaba mal evaluado, por un tema económico, por razones de costo. Este tema enredó la campaña y efectivamente generó toda una confusión; la gente casi no tenía idea de lo que votaba.

EC - ¿Usted dice que la opinión que mucha gente tuvo desde fuera del departamento de Maldonado estaba más guiada por lo ocurrido con Aguas de la Costa que por lo ocurrido con Uragua?

EA - Claro, fíjese que la propaganda de la propia Comisión en Defensa del Agua –que todos vimos en televisión– decía: "Para que no pase lo que pasa en Maldonado", y aparecían dos facturas y un circulito alrededor del precio de cada una, una de OSE que decía 180 pesos, una cosa así, y otra de Aguas de la Costa que decía 2.000 pesos.

Por supuesto que la de Aguas de la Costa es una concesión que no está bien, que habría que modificar, pero si hubieran puesto la factura de Uragua al lado de la OSE el circulito hubiera mostrado la misma cifra, porque los precios que se pagan a Uragua son los mismos que se pagan a OSE.

EC - De todos modos con respecto a Uragua ha habido una serie de denuncias sobre incumplimientos o presuntos incumplimientos del contrato.

EA - Hubo una campaña orquestada por el gremio de OSE, muy bien llevada adelante, que encontró campo fértil en unas cuantas personas... Yo no voy a defender a Uragua, pero está claro que en el balance general los servicios que prestaba eran muy superiores. Recuerdo que antes en plena temporada nos quedábamos de pronto dos días sin agua en muchos barrios de Maldonado y Punta del Este.

EC - Por mencionar nada más que un ejemplo –porque no quiero que nos detengamos aquí, quiero avanzar sobre todo...

EA - Hay que mirar para adelante, para atrás ya está.

EC - ...del momento actual hacia el futuro. Un único ejemplo, ¿no había un retardo, por ejemplo, en las obras de saneamiento comprometidas por Uragua?

EA - No, no había... Es decir, ahí hay una discusión técnica porque hacer algunas obras cuando todavía no se iba a hacer el emisor subacuático no tenía sentido.

EC - Y no había unanimidad con respecto a la ubicación del emisor subacuático.

EA - No había unanimidad en ese sentido, faltaba toda una definición por parte del Ministerio, todavía no estaba pronto un informe del Ministerio de Medio Ambiente. Esas obras no se hicieron porque no había definición de lo otro, pero a modo de ejemplo, se hizo todo el saneamiento de los barrios de todos los barrios de Pinares, de la zona de la Mansa de Punta del Este, y por otro lado la gente no tenía la obligación de conectarse: había una cantidad de incongruencias. En el Parlamento votaron la obligación de conectarse para todo el país donde pasaran líneas de saneamiento, menos para Maldonado, una situación que nos dejó bastante descolocados.

En fin, hay todo un asunto mal manejado desde antes por OSE, por la administración anterior de OSE, que generó toda esta discusión por el tema del agua que terminó en un plebiscito que definitivamente termina perjudicando a Maldonado, porque esto acá va a generar un gran lío.

EC - Curiosamente el Sí a esa reforma constitucional fue impulsado en el plano político por su propio partido o, mejor dicho, por sectores de su partido, nada menos, entre ellos, que el del propio candidato a la Presidencia, Jorge Larrañaga.

EA - Sí, y sobre todo por el Frente Amplio, por Tabaré Vázquez.

EC - Sí, claro: el Encuentro Progresista completo, pero dentro del Partido Nacional también hubo respaldo al Sí.

EA - Exacto, pero aquí en Maldonado no salió, prácticamente coincidieron los votos por el Sí con los del FA y muy poquitos más. Y en las urnas aparecieron votos por el FA sin la papeleta. Es decir que la población de Maldonado fue clara en que no quería la reforma del agua.

EC - El sector blanco al que usted pertenece, Correntada Wilsonista (CW)...

EA - No, CW nunca estuvo de acuerdo.

EC - ...no apoyó el Sí.

EA - Nunca estuvo de acuerdo porque sabíamos que esto era un lío para el país, que OSE no tenía solución. Jugar de esta manera con la Constitución para nosotros siempre fue una situación irresponsable, yo lo planteé, lo dije y marqué nuestra posición desde el primer día.

EC - La semana pasada Uragua entregó una carta al Poder Ejecutivo en la que señala que en caso de que fuera aprobada la reforma del agua pasaría a entender como rescindido el contrato que mantiene con el Estado e iniciaría las acciones necesarias para dejar sin efecto la concesión. ¿Usted considera ya como un hecho ese desenlace?

EA - Yo no tengo información directa de la empresa en estos días, hacia mí, pero creo que hacia OSE hubo una información, una carta muy clara. Es un lío que se nos viene previo a la temporada. Supongo que toda esta transición no va a afectar esta temporada, tenemos que darle a la gente esa tranquilidad...

EC - En Uruguay la empresa Uragua no hace declaraciones, hemos procurado por distintos medios obtener entrevistas con sus titulares y hasta ahora la respuesta ha sido negativa. De todos modos ayer llegaron comentarios desde España del presidente de Aguas de Bilbao diciendo que será un retiro ordenado.

EA - Claro, porque no es cuestión de irse y que nadie opere las plantas potabilizadoras, sería un desastre para el país. En ese sentido tengo confianza en que esta empresa, que ha trabajado con el agua en muchos municipios del mundo, coordine con OSE para tener una salida ordenada, elegante. Hay todo un tema de daños y perjuicios, evaluaciones de las obras, etcétera, que tendrá que ponerse en marcha.

EC - A usted, ¿qué lo preocupa más, el problema del agua potable o el del saneamiento?

EA - El tema grueso, el que importa para Maldonado, es el del saneamiento; el del agua está prácticamente resuelto. El saneamiento es el gran tema que puede afectar, que sin duda va a afectar en el corto, mediano y largo plazo al país. No sólo a Maldonado, al país. Hay destinos turísticos que han desaparecido por problemas de saneamiento. Maldonado está al límite, además si no resolvemos el tema saneamiento es un freno inmenso a las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de inversión. No se aceptaría más construcción, más edificaciones, no se aceptaría seguir creciendo. Eso es matar las posibilidades de la gente de Maldonado, de la mano de obra de la construcción, de la gente del turismo. Y si un día tenemos una desgracia de contaminación en las playas (de lo cual no estamos nada lejos porque estamos en situaciones límite) ahí sí quiero ver cómo el país arregla el lío, porque una vez que se corre la bolilla: "A Punta del Este no se puede ir porque las aguas están contaminadas" a esto no lo arregla más nadie.

EC - En ese contexto es que usted ha hecho esta semana una propuesta para que sea una empresa que funcione con el régimen del derecho privado, pero propiedad municipal de Maldonado, la que asuma el agua potable y el saneamiento.

EA - Tenemos que pensar para adelante, porque para atrás y llorar sobre la leche derramada no tiene sentido. La obligación de los gobernantes es empezar a mirar a futuro, siempre más allá, y empezar a tirar propuestas para buscar un punto de encuentro. Este es un tema de Estado, más que de Maldonado; es un tema que afecta al país, y habría que acelerar el trabajo en una comisión integrada por el actual Directorio de OSE, el Ministerio de Vivienda actual y los representantes del gobierno electo, del doctor Tabaré Vázquez, que van a ser responsables en el área para empezar, junto con la Intendencia de Maldonado, a analizar las posibilidades de salida. Nosotros movimos la pieza diciendo "Yo me quiero hacer cargo del agua y el saneamiento", siempre y cuando sea una empresa mixta, con gestión privada, con mayoría del municipio, en la que a su vez tengan parte los funcionarios... Porque está el problema de que los funcionarios de Uragua van a quedar en la calle, que antes eran funcionarios de OSE, más del 90 por ciento, el 95 por ciento de los funcionarios de Uragua son los técnicos, los semitécnicos, los capataces que tenía OSE antes. Pero ellos mismos están conformes con cómo están haciendo la gestión y estarían de acuerdo en integrar una empresa mixta con el municipio.

EC - ¿Puede pasar en limpio el planteo, la iniciativa?

EA - El planteo es por un lado la posibilidad de desempolvar un proyecto que está cajoneado en el Senado de la República, que fue aprobado por todos los intendentes, incluso fue presentado en conjunto tres años antes por el Partido Nacional y el Encuentro Progresista – Frente Amplio y refrendado durante este gobierno con el apoyo de las bancadas del Partido Nacional y el Encuentro Progresista –el PC no lo apoyó–, que implica la posibilidad de creación de empresas mixtas, que los municipios se puedan asociar con privados para generar distintos emprendimientos en los departamentos del país. Ese proyecto está presentado en el Senado, está pronto, tiene el okay político del Partido Nacional y el Encuentro Progresista. De repente en la nueva legislatura podemos resolverlo, o en esta si hay acuerdo político, si se puede acelerar el plazo para habilitar a los municipios a generar estas empresas mixtas.

Si no, por otro lado habría que hacer una ley especial para Maldonado, dándole atribuciones al municipio integrado con empresas privadas. Vamos a ver quién es el socio del municipio en esto, cuánta gente, de pronto los propios empresarios de Maldonado pueden asociarse.

EC - ¿Pero cómo se produciría la instrumentación de su iniciativa, suponiendo que el marco legal permitiera la creación de ese tipo de empresas municipales? Tenemos declaraciones que hace hoy al diario El País el vicepresidente de UTE, Hugo Granucci: "Lo que propone el intendente de Maldonado es inviable jurídicamente. Estamos ante una concesión cuyo titular es OSE. No es que ahora se pueda hacer cualquier cosa, no se trata de una herencia yacente. Además si el intendente Antía se pusiera a armar una empresa municipal le llevaría como 20 años".

EA - No, no es la opinión que tengo, yo sé cómo se arman las cosas aquí en el municipio. Además se está hablando de una transición ordenada, entonces hay que pensar en forma ordenada y buscar una salida en forma ordenada. No sé si lo que propongo es la solución, estoy mostrando la voluntad de Maldonado de ir para adelante.

EC - ¿Sería una empresa 100 por ciento municipal?

EA - Sería con mayoría municipal, con participación de los funcionarios, los empleados, pero en régimen de derecho privado, de la gestión privada.

EC - Pero la enmienda constitucional que se aprobó el domingo establece que de ahora en más los servicios de agua potable y saneamiento sólo podrán ser prestados "exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales".

EA - El municipio es el Estado. Sin embargo yo escuché a la gente de la Comisión por el agua hablar de que las tantas cooperativas de provisión de agua que hay también serían viables porque no tienen afán de lucro. Es un tema a resolver, el plebiscito generó este enredo, un tema a resolver muy concienzudamente por el nuevo gobierno y por el actual en una definición de política de Estado. Hay que buscarle una salida porque está claro que OSE no nos va a dar respuesta, OSE nunca dio respuesta a Maldonado, ni se la va a dar.

Y le voy a adelantar algo: el municipio ya invirtió más de 10 millones de dólares en esto, es parte interesada; ¿nos van a dejar colgados con la inversión que hicimos? Por eso estamos reclamando ser parte de la cosa, porque ahí hubo ya una apuesta muy fuerte en la planificación anterior y en una cantidad de obras realizadas.

EC - Pero esta empresa, que sería municipal pero funcionaría en el derecho privado, ¿tendría además inversores privados?

EA - Tendríamos que salir a buscar inversores privados, porque ¿quién va a poner la plata?

EC - ¿Y ahí no se estaría violando la Constitución, la nueva Constitución, la enmienda constitucional?

EA - Ese es un tema que los técnicos tendrán que resolver.

EC - Claro, pero la pregunta es esa: quién pone la plata, de dónde obtiene su capital esa empresa.

EA - Los técnicos van a tener que resolverlo. Yo estoy convencido de que debe ser bajo el derecho privado porque de otro modo no lo puede gestionar con eficiencia nadie.

EC - Pregunto: ¿las arcas municipales permiten encarar este emprendimiento...?

EA - El municipio de Maldonado está sin deuda alguna, estamos al día con todos los proveedores, acreedores, etcétera; tenemos un municipio saneado –eso es muy importante– y en condiciones de encarar proyectos de largo plazo con financiación BID o internacional blanda, con plazos y montos adecuados para algo en lo que le va la vida. Es un tema que tendríamos que analizar muy a fondo. Pero estoy mostrando mi voluntad de que Maldonado no quede fuera.

EC - Habría, por ejemplo, que contratar créditos, dice usted...

EA - El problema es que el país está al límite de la contratación de crédito.

EC - Ese es el problema. ¿Pero se podría implementar algún tipo de tarifa de saneamiento, como en Montevideo?

EA - Se podría perfectamente manejar que con parte del producido de la venta del agua se puedan ir financiando las obras a realizar. Haciendo algunos ajustes al proyecto la ecuación va a dar, se va a poder realizar la obra paso a paso, siguiendo muy de cerca desde Maldonado mismo un saneamiento que le hace bien al país. Por eso es que hicimos el planteo el otro día, cuando vimos que se venía una nube negra, un telón. Empezamos a tirar ideas arriba de la mesa; capaz que hay alguna otra idea mejor...

EC - Esta es una idea que usted lanzó estos días a través de la prensa, la conocimos en el diario El País en el día de ayer. Pero mi pregunta es: ¿ya ha establecido contactos a nivel político?

EA – No; aún no establecimos contactos a nivel político porque hay que esperar que se ordenen un poco las referencias, hay cambios a nivel nacional... Fue una opinión del intendente y del equipo que yo gerencio. El mismo día de la elección un periodista me preguntó, ante la eventualidad, y le dije: "Tenemos esta posibilidad, que queremos poner arriba de la mesa como un aporte a buscar una solución para Maldonado, que es una solución para el país".

EC – Quedamos a la espera de cómo evolucionan los acontecimientos.

EA – Habrá que trabajar técnicamente sobre esto, habrá mucho que ajustar, pero hay que dar una solución a Maldonado. El plebiscito nos dejó a oscuras.

***

EC - Complementando lo que conversábamos con el intendente Antía, algunos apuntes sobre la posición de Uragua a partir de consultas que efectuó ayer la producción de En Perspectiva. La visión de la empresa es la siguiente: como consecuencia de la reforma constitucional aprobada, pasa a ser ilícito el objeto del contrato entre Uragua y el Estado, proveer servicios de agua potable y saneamiento.

Eso es una causal de fuerza mayor, y el contrato prevé que las causales de fuerza mayor operan per se.

Cuando se da una de estas hipótesis, el contrato establece que la situación debe ser denunciada por la parte interesada dentro de los 10 días de producido el hecho.

Uragua ya había advertido a todos los líderes políticos sobre su interpretación del alcance de la reforma del agua. Ahora, pocas horas antes del plebiscito, entendió conveniente dejar constancia de esta advertencia ante el Poder Ejecutivo, y por eso la carta entregada el viernes.

¿Por qué esa carta? Porque si bien la empresa no piensa cerrar sus puertas al día siguiente de la proclamación del resultado del plebiscito, tampoco -dicen- puede quedarse cruzada de brazos a la espera de lo que resuelva el poder político. Explican que si actúan de esa manera, si se dejan estar, se corre el riesgo de que caduque la posibilidad de denunciar la causal del fuerza mayor que desde su punto de vista hizo caer el contrato..

En este momento, entonces, Uragua está a la espera de la proclamación oficial del resultado del plebiscito, que ocurrirá entre el viernes y el lunes. Inmediatamente después, antes de los 10 días, dará aviso a OSE de la nueva circunstancia que rescinde el contrato, para quedar a cubierto luego ante posibles instancias judiciales.

Más allá de que Uragua está dispuesta a pactar un retiro ordenado, tiene decidido reclamarle al Estado la devolución de la garantía de cumplimiento del contrato, y el resarcimiento de los daños ocasionados por la rescisión del contrato. Es discutible si esa indemnización incluye o no el lucro cesante; pero en principio también se lo exige.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón