(emitido a las 7.49 hs.)

EMILIANO COTELO:
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno revocó el procesamiento del ex presidente del Banco República, Fernando Calloia, a quien la jueza Adriana de los Santos le había imputado el delito de abuso de funciones a raíz de su participación en la concesión del aval a Cosmo en ocasión del frustrado remate de siete aeronaves pertenecientes a Pluna SA., en octubre de 2012. 

Según el Código Penal incurre en abuso de funciones "el funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares".

En marzo pasado la magistrada sostuvo que la intervención de Calloia en el trámite del aval bancario de Cosmo fue realizada sin contar con la mínima información y documentación sobre esta aerolínea española, y que ese accionar había generado perjuicios en la administración pública. Sin embargo, en el fallo emitido ayer el Tribunal de Apelaciones sostiene que, "analizada la prueba recibida no se advierte que la actuación de Calloia se apartara de lo que correspondía a su cargo" como presidente del BROU, por las facultades que le otorga la carta orgánica de la institución. Esta le permitía conceder créditos por hasta el 1% del patrimonio del banco, y para las operaciones que superaran esa cantidad, se requería el consentimiento de los demás directivos, concretamente de tres de ellos, cosa que el encausado hizo.

Además el Tribunal consideró que "no puede presumirse que Calloia haya impartido directivas sin importarle que Cosmo tuviera o no capacidad financiera para adquirir los aviones. No fue alegado ni hay prueba de algo semejante".

Por otro lado, el escrito sostiene que ni la jueza De los Santos, ni el fiscal Juan Gómez, proporcionaron "la necesaria explicación acerca de qué manera la conducta de Calloia implicó 'al Estado uruguayo, y por consiguiente a toda la población, pérdidas económicas millonarias a las que se debió, se debe y se deberá seguir haciendo frente'", como se señala en el fallo original.

En otro orden, el tribunal agregó que de las actuaciones practicadas en la sede judicial no surge que Calloia haya tenido la intención de favorecer a Cosmo en detrimento de otros interesados, como sí había sostenido el representante del Ministerio Público, que entendía que también había manifestado voluntad de participar en la subasta el grupo Molinari, Mont Fortelco y la embajada de Venezuela.

El economista Fernando Calloia está en línea telefónica.

¿En qué momento y cómo recibió la noticia?

FERNANDO CALLOIA:
Estaba esperando la resolución en el estudio del doctor Gonzalo Fernández, desde las 16:00 porque había información de que se reunía ese día el tribunal.

EC – Y cuando supo el contenido, ¿qué pensó? ¿Qué habló con sus abogados?

FC – Yo estaba en el estudio pero los abogados estaban recibiendo la decisión del Tribunal en la sede. Lo cierto es que, como usted comprenderá…

EC – Lo llamaron por teléfono y le contaron la síntesis, digamos.

FC – No, me dijeron "exculpado", libre de todo proceso, y después conversamos.

Lo cierto es que, como usted comprenderá, es un tema que tiene poco más de dos años, toda esta situación fue muy estresante. Este hecho se explotó políticamente, y eso ataca el equilibrio de las personas. Por lo tanto, confirmar que mi actuación estuvo totalmente ajustada a derecho fue una descarga muy importante, que es en última instancia el resultado que ayer recibimos.

EC – ¿Leyó el fallo completo, de 45 páginas?

FC – Sí. En el fallo hay un resumen muy importante de todo el proceso previo, por lo tanto lo importante son las páginas finales de esas 45. Yo diría que usted hizo un excelente resumen recién, solamente destacaría un aspecto que no me parece menor, que creo que es bien importante y que está exactamente al final del fallo. Dice que es "deber funcional (…) no juzgar en base a reglas de buena administración". Me parece que ese es un tema que yo destacaría.

EC – Leo textual: "Demás está decir que es deber funcional de la Sala, sustraerse a la opinión pública, los medios de comunicación, actores políticos, grupos de presión, no juzgar en base a reglas de buena administración, ni presunciones de dolo, etc.", ¿por qué usted subraya esto?

FC – Porque la buena administración son reglas generales que uno debe utilizar, pero, primero, no es delito romper con ellas. Y en el caso de los bancos además, en particular de los públicos, muchas veces uno debe superar las reglas de buena administración.

Le doy un ejemplo que también fue observado por el Banco Central en su momento: en 2009 o 2010 hubo una gran seca y al comienzo del invierno los pequeños productores lecheros no tenían forma de alimentar a sus vacas, su medio de producción. Entonces el Gobierno implementó un procedimiento por el cual se les entregó alfalfa directamente a aquellos pequeños productores lecheros que lo precisaran. El financiamiento de esa alfalfa, que si no me equivoco fue del orden de los 15 millones de dólares, obviamente se hizo en condiciones de un financiamiento por fuera de las reglas de la buena administración, porque uno no puede ni empezar a estudiar los balances de los pequeños productores lecheros, porque ni bien empieza el invierno se les mueren las vacas.

Ahí hay que dejar un poco de lado la buena administración en pos del objetivo del interés nacional. No se puede juzgar por reglas de buena administración, es imposible, primero porque no es delito, pero además porque un banco público debe perseguir objetivos que muchas veces son distintos.

¿Cuál es la regla básica de la buena administración de un banco? La morosidad. El BROU históricamente tuvo buena morosidad, pero lo recibimos con una alta, en los años 90 llegó a ser de entre 30% y 40%, o sea que se perdía entre el 30% y el 40% de los créditos que se daban. En nuestra gestión eso se redujo a 1%, una morosidad aceptable para la institución. Ahí se ve si se aplican en términos generales principios de buena administración, pero puntualmente uno muchas veces se sale de esos principios para cumplir objetivos de carácter nacional.

Eso por un lado, el otro aspecto, que no es menor, se menciona un poquito más adelante en el fallo: "el principio de inocencia impide modificar el umbral de la prueba cuando se trata de indagados con altas responsabilidades". La interpretación que yo hago de ese párrafo es que el principio de inocencia no permite soslayar la prueba, tiene que haber elementos que prueben efectivamente que se cometieron los hechos que llevan a la imputación y no se puede decir: "Ah, como es un indagado con alta responsabilidad, la prueba se disminuye".

El informe del fiscal y el de la señora jueza están cargados de afirmaciones ante las cuales ni siquiera es posible defenderse.

EC – Lo que usted dice tiene una contracara: el Tribunal de Apelaciones con su fallo conocido ayer critica el comportamiento tanto del fiscal como de la jueza. Lo mismo había hecho la semana pasada cuando ordenó la revocación del procesamiento del escribano Pablo Seitún. Las diferencias que quedan establecidas a propósito de cómo manejar un expediente como este es un asunto aparte.

FC – Sí, pero sobre todo hay que probar los hechos. Entonces, por ejemplo, cuando se afirma, como usted lo leyó hace un segundo, que "al Estado uruguayo, y por consiguiente a toda la población" se le generaron "pérdidas económicas millonarias a las que se debió, se debe y se deberá seguir haciendo frente", yo quisiera saber cuál es el fundamento, de dónde surgen las pérdidas, de qué pérdidas estamos hablando. Uno queda en indefensión, como bien dice el fallo, porque no puede demostrar porque no se le dice de qué pérdidas se está hablando. Por emitir el aval, ¿qué pérdidas tuvo el Estado?, ahí entramos en un terreno de indefensión que es muy difícil de demostrar.

EC – Todo indica que el fiscal y la jueza estaban aludiendo a las pérdidas que toda la historia reciente de Pluna SA ha implicado, lo que no quiere decir, entiendo yo, que el aval en sí mismo hubiese contribuido a las pérdidas de manera notoria o clara.

FC – Pero es lo único en lo que yo participé.

EC – Claro, usted estaba involucrado solamente en la concesión del aval. En todo caso habrá pérdidas por todo el episodio Pluna de estos últimos años, pero no por el aval.

El oyente puede reaccionar preguntándose cómo que no hay pérdidas, porque el aval está todavía en discusión, si Juan Carlos López Mena lo termina pagando o no, ¿qué dice usted de esa parte?

FC – López Mena canceló el aval, ya no está más en poder del banco, sino de López Mena, y a cambio de eso él firmó un vale en el que se obliga a pagar ese monto. No hay ninguna razón para pensar que no lo va a pagar.

EC – Ha habido últimamente un intento por dejar de pagar teniendo en cuenta que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley de liquidación especial de Pluna.

FC – Sí, pero entramos en el terreno de las manifestaciones de la prensa. A mí me gustaría que usted encontrara en esa famosa cláusula la palabra "inconstitucionalidad", no la va a encontrar, no habla de eso sino de la nulidad del remate, que es totalmente distinto.

EC – Usted refiere a la cláusula del contrato en la que se está amparando López Mena para sostener que puede dejar de pagar.

FC – Exactamente, ahí no habla de inconstitucionalidad, eso lo incorpora la prensa o el propio López Mena, tiene que ser nulo el remate. Lo que a mí me informaron en aquel momento era que si la Suprema Corte declaraba nulo el remate estuviese, o no, esa cláusula, igual el Banco tenía que devolver el aval. Porque si se declara nulo el remate se tienen que declarar nulos todos los aspectos vinculados al remate, por lo tanto también había que devolver el aval.

No es una cláusula que modifique la hipotética realidad, porque hay que ver si la Suprema Corte declara nulo el remate, según lo último que supe no había ninguna acción en ese sentido.

EC – Usted renunció al cargo de presidente del Directorio del BROU a raíz del procesamiento, ¿qué ha estado haciendo desde entonces?

FC – Nada, estuve recomponiéndome un poco físicamente, porque fue un poco dañino para mi físico este tema del estrés, leyendo muchas cosas que había dejado para otro momento. Apoyando un poco a la familia, que también fue duramente afectada por esta situación. Eso, básicamente, y evitar todo contacto porque a mí me parece que la democracia se apoya en la existencia de tres poderes, y uno por más que comparta no puede criticar al Poder Judicial en un fallo. Me parecía que me tenía que mantener al margen y dar la batalla judicial en el propio juzgado, no en la prensa. Dejé de hacer apreciaciones en la prensa, correspondía que la propia justicia dijese si era o no culpable. Por suerte en el día de ayer surgió que soy inocente.

EC – En su momento, cuando se lo nombró presidente del Directorio del BROU, usted tenía años de trayectoria como funcionario del mismo banco. ¿Qué pasó con aquel cargo suyo, el original?

FC – Por el cargo original me jubilé en forma inmediata, el mismo día que renuncié al banco solicité jubilación. Le quiero decir algo más, esto tuvo una trascendencia más allá de lo nacional, el BROU había tenido un excelente desempeño que le había permitido alcanzar posiciones de privilegio a nivel regional. En el momento del procesamiento yo era presidente de la Asociación Latinoamericana de Bancos (Alide), y por lo tanto también tuve que renunciar, imaginese, por un procesamiento por abuso de funciones. O sea, la verdad hubo un desprestigio impresionante hacia mi persona no solamente a nivel nacional sino también internacional. Eso también es un desprestigio al país, porque cuesta muchísimo trabajo que un país tan pequeño como Uruguay adquiera la presidencia de una institución de la significación de Alide. Una vez que lo tiene, si tiene un procesamiento y pierde esa condición por algo tan doloroso, no deja de ser un hecho realmente lamentable para el país, para el BROU, para todos nosotros.

EC – Teniendo en cuenta lo que usted acaba de contar, lo que implicó para usted personalmente pero también para el BROU aquel auto de procesamiento, estuvieron anoche los comentarios que hizo el presidente José Mujica: "No sé cómo podremos repararle lo que ha sufrido un excelente funcionario del país y del banco". ¿Cómo observa esa parte de la historia?, ¿aspira a algún tipo de reparación?

FC – No, no la hay, porque tengo 42 años de banco, he tenido un desempeño intachable y lamentablemente me tuve que ir por la puerta del costado por un procesamiento que hoy se sabe que fue incorrecto. Es absolutamente irreparable. No se puede tirar por la borda 42 años y nueve años de presidencia en el BROU -no quiero usar una palabra distinta a la que se usa en el dictamen del tribunal- sin que se pruebe ningún perjuicio a la administración, sin probarlo, que a uno lo acusen de un hecho de ese tipo, que tenga que renunciar porque fue procesado… Son elementos muy dolorosos absolutamente irreparables, es todo lo que puedo decir, es un daño muy fuerte a toda la familia. Ayer, imaginese, mi casa era un desastre, todo el mundo lloraba, no lo merece la familia de una persona que en ningún caso se trató de un hecho de deshonestidad. No hubo ningún propósito turbio, dicen el fiscal y la jueza, y que por eso uno tenga que soportar este tipo de situaciones, es absolutamente irreparable.

EC – Todavía queda una instancia más: el fiscal anuncia que va a apelar por la vía de la casación ante la Suprema Corte.

FC – Sí y no. El tribunal dispuso que soy penalmente inocente, ese ya es otro proceso, es la continuidad de este pero lejos de estar procesado. El fiscal tiene todo su derecho de hacerlo, si va a apelar supongo que habrá leído el dictamen del tribunal, y veremos cuál es el fundamento para defendernos, es parte del proceso que le da garantías a las partes. En este caso es el fiscal que insiste en la acusación.

EC – ¿Qué piensa sobre su futuro político?

FC – No tengo pensado nada más que descansar un poco por ahora, porque la verdad que esto ha sido muy estresante. Creo que el trabajo que realicé buscando pruebas a partir de aquel pedido de procesamiento del 21 de diciembre de 2013 fue muy importante. Conseguimos documentación y testimonios, si bien la jueza los relativizó creo que fueron elementos esenciales para resolver este tema favorablemente.

Por otra parte, queda saber la situación de esta empresa, Mont Fortelco, tan nombrada por parte del fiscal y de la jueza como perjudicada. Hay una denuncia penal en su contra por participar en el remate de una forma que presuntamente sería una estafa, queda por resolverse ese tema, que creo que también va a aportar luz sobre nuestro comportamiento.

 EC – ¿Usted está participando de esas instancias?

FC – Ahora no, se terminó, por suerte, pero durante todo este período estuve investigando, buscando documentación, formulando pruebas, que creo que fueron elementos esenciales para que la empresa desestimara el planteo del fiscal, que es el aspecto central del fallo, más allá de lo que leímos.

EC – De lo que habló ayer con el presidente Mujica, ¿sale alguna posibilidad futura de participación suya en cargos de Gobierno?

FC – Lo que hablé con el presidente fue sencillamente una conversación entre amigos, me felicitó, estaba muy contento del resultado del fallo del tribunal.

EC – Porque dijo enigmáticamente que este tema puede "desencadenar decisiones ulteriores del Gobierno", que no aclaró cuáles serían.

FC – Bueno, conmigo no las habló, eso es lo que le puedo decir.

EC – ¿En la campaña electoral usted tiene algún tipo de intervención?

FC – Hasta el día de ayer no. Sí pienso tener ahora una intervención directa apoyando a la lista 2121 de Astori, porque es la opción política que yo elegí y creo que es por lejos la mejor lista para votar en las próximas elecciones.

EC – Pero usted no es candidato.

FC – No porque tampoco podía serlo porque no renuncié al BROU un año antes de las elecciones.

***