(emitido a las 7.52 hs.)

EMILIANO COTELO:
En la próxima legislatura el Frente Amplio (FA) promoverá un proyecto de ley para certificación de las encuestas. Según informa hoy el diario El Observador, la idea tiene el visto bueno de la fórmula presidencial.

"Hay que legislar sobre el tema para ir a un sistema que dé mayores garantías del que tenemos hoy", dijo, hablando con ese matutino, el candidato a vicepresidente, Raúl Sendic. La nota agrega que otros partidos comparten esta idea, por ejemplo el senador colorado José Amorín, molesto por las mediciones antes de las elecciones internas, había presentado en marzo de este año un proyecto para regular las encuestas.

Por el lado del FA fue casi que uno de los puntos de la campaña electoral, el propio artículo recuerda las críticas que el candidato presidencial, Tabaré Vázquez, en distintas ocasiones, en actos y discursos, dirigió a los sondeos tal cual venían publicándose.

Y también pone sobre la mesa antecedentes. El director general del Ministerio de Educación, Pablo Álvarez, apoya la regulación del trabajo de las encuestadoras. De hecho, ayer en su cuenta de Facebook recordó un proyecto de ley que él había impulsado en el año 2008, cuando era diputado.

Justamente Álvarez está en línea en este momento. ¿Por qué surgió en 2008 esa inquietud y usted presentó un proyecto?

PABLO ÁLVAREZ:
Porque más o menos pasaba lo mismo que estuvo sucediendo ahora: se comenzaban a arrojar datos y la mayor parte del sistema político, que es lo que suele suceder con las empresas encuestadoras, no estaba contento con lo que hacen. Empezamos  a estudiar la situación en otros países y vimos que había lugares en los que efectivamente existía una regulación, comenzamos a averiguar también dentro de la Facultad de Ciencias Sociales un poco la experiencia de los estudios que teníamos. Tenía sentido pensar en la posibilidad de regular la actividad de las empresas que realizan trabajos de sondeo de opinión pública. Ahí comenzamos a estudiar y elaboramos este proyecto que obviamente no fue ni discutido ni aprobado.

EC – ¿Qué características básicas tiene ese proyecto?

PA – Básicamente lo que existe en diferentes países, y lo que nosotros nos planteábamos, tiene la idea central de garantizar ciertos criterios de calidad y transparencia en los sondeos de opinión pública, fundamentalmente aquellos que están vinculados a los procesos electorales. Esto es en el entendido de que jamás vamos a poder saber de verdad cuánto incide en la decisión ciudadana una encuesta, porque es realmente difícil de percibir. Lo podemos ver en estos días donde hay quienes dicen el error de las encuestadoras sirvió para unos o para otros, cada uno se posiciona en cómo le fue en el campeonato respecto a los resultados finales.

Entendemos que hay elementos de esos sondeos que estaría bien poder trabajar y analizar en su regulación, sobre todo lo que tiene que ver con la calidad. Por otro lado, garantizar cierto margen de transparencia en la competencia entre las propias empresas. No es solamente regular para garantizar criterios de calidad mínimos, sino que también ayudar a ordenar el funcionamiento de las propias empresas en competencia.

EC – ¿Cuáles serían los instrumentos?

PA – Hay tres elementos centrales de cualquier trabajo de sondeo: el diseño de la muestra, la selección de los casos (eso tiene que ver con la percepción que quien realiza la encuesta tiene sobre la sociedad sobre la que va a realizar el trabajo), luego el trabajo de relevamiento y luego una etapa final de análisis y publicación. Entendemos que la regulación debería tocar la primera y la tercera parte: el diseño muestral, que incluye el tamaño de la muestra, los indicadores de confianza, los márgenes de error, las operaciones que se consideran relevantes para cada caso, la formulación de qué forma cree ese trabajo que la sociedad se divide, lo típico es la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, el grado de escolaridad, las áreas geográficas de referencia. Este tipo de cosas las realizan todas las encuestas y nos parece que tienen que ser publicadas y publicitadas, algunas de las empresas lo suelen hacer, sobre todo cuando se publican en los medios de prensa escrita, quizás hasta por las propias condiciones y características del medio. Cuándo se aplicó la encuesta, todo ese formulario con las preguntas completas, quién es el profesional a cargo y también quién financió la encuesta, que nos parece que es información interesante después a la hora de saber cuál es el impacto.

El segundo aspecto a controlar en un criterio de calidad tiene que ver con el análisis que se realiza, ninguna empresa publica el dato frío de lo que recoge en el trabajo de campo. Todos tienen su propia maquinita de interpretación de los datos que se recogen. Si uno tiene un diseño muestral que explica cómo se hace, hace un trabajo de campo y publica, uno puede decir "Acá hay un trabajo descriptivo que recoge los datos de la sociedad y los refleja". Ahí uno tiene que garantizar cuáles son los elementos previos, pero cuando se publican las encuestas hay un elemento post, hay un análisis propio de los datos que se recogen que sería ese arreglo, eso de "yo creo que los frenteamplistas gargantean más que los colorados, por lo tanto voy a ver si diluyo un poco los valores que me dan de voto frenteamplista" o "creo que hay determinados cambios en la sociedad que se están dando…".

Esas interpretaciones son las que hacen que después la encuesta, que es un trabajo con cierto rigor científico, se transforme en un análisis. Ahí es donde uno después ve esas calenturas sociales con los valores finales.

EC – Con la obligación de difundir elementos como los que usted está mencionando, ¿no se corre el riesgo de que las encuestadoras digan "me están obligando a desnudarme" o se pregunten "cuál es la gracia, si yo tengo una experiencia que me ha permitido determinar un método que me parece que es confiable y que es mío, pero ahora resulta que lo tengo que exponer y otros lo van a copiar"? ¿Cuál es el límite entre la necesidad de transparencia y la afectación del valor del método de una determinada encuestadora?

PA – Esa es una pregunta absolutamente válida, lo que nosotros vemos es que ese es el elemento central de la publicidad de la encuesta. Si hay un privado que contrata un servicio -porque en el fondo alguien contrata un servicio, ese es un elemento central- y ese uso lo hace personal, ese arreglo lo hacen quien compra el servicio y quien lo vende, por eso el elemento que señalábamos al inicio de quién contrata, quién paga el estudio. Pero cuando la encuesta tiene como finalidad la publicación, evidentemente hay un dato distinto al que planteamos y no va a ser de uso personal. Acá se están publicando y por lo tanto, de alguna forma, como con tantas otras cosas, se está incidiendo sobre un proceso. Usted conoce muy bien la cantidad de cosas que se arreglan al interior de los partidos, entre los partidos, a través de los propios resultados que se van haciendo públicos, además de lo que le ahorraríamos a una cantidad de personas en tragos amargos durante la propia jornada electoral, que eso podríamos discutirlo a través de lo que es el voto electrónico y no solo por el instrumento de las encuestas.

Lo que tu señalabas sobre lo que podría ser el arte específico de cada una de las encuestas, no estamos diciendo que lo desnuden, sino que planeen cuáles son los criterios sobre los cuales corrigen. Después hay elementos de análisis que son propios de las empresas y de cómo  lo realizan. ¿Por qué un dato que a una empresa le da 37% publica 32%, o si le da 48% publica 54%? Esos elementos tienen que ser explicados porque es lo que hace que la encuesta sea parte de un relato mágico cuando en realidad no lo es, creo que a los que más perjudican este tipo de casos es a las propias empresas de opinión pública, que son herramientas útiles no solamente para el trabajo de los partidos políticos en campaña, sino para trabajos incluso de diseño de políticas públicas. No podemos sustituir la realidad por las encuestas, pero las encuestas son un espacio de aproximación, cuando son herramientas de trabajo son una cosa, cuando son elementos a publicar tienen un impacto directo y uno de los elementos que señalábamos es la importancia de publicar quién es el interesado, quién es el que paga el trabajo.

Por último, que podría tener algo que ver con la pregunta que tú hacías, se podría generar una institución, Uruguay tiene el Instituto Nacional de Estadística pero podría ser otro, recuerdo haber planteado que la en Facultad de Ciencias Sociales tuviera su propia herramienta de trabajo de campo, pero obviamente ahí están todos los que trabajan en las empresas, por lo tanto iba a ser bastante difícil que sucediera. El Estado podría tener para esos momentos cercanos a las elecciones un órgano que realice sondeos, que dé información pública a todos los partidos.

EC – En otros países eso existe, en Uruguay no. Justamente, preguntan algunos oyentes sobre el proyecto que usted estaba resumiendo y que presentó en 2008, qué experiencias toma como base, ¿en qué otros países se basa?

PA – Nosotros nos basamos en la experiencia de México, Brasil, Francia y España, que tienen distintos criterios. En México hay regulaciones a nivel estatal que son un poco más parecidas a las que estamos trabajando, en Brasil se regulan elementos que tienen que ver sobre todo con el período de publicidad de las encuestas y de información que se tiene que transmitir. Eso fue más o menos lo que fuimos tomando: cuáles son los elementos que deberían ser publicados. Capaz que el ejemplo no es el mejor, pero pasa como con el software libre: que esa información esté publicada no significa que todo el mundo la pueda manejar, porque también tiene cierto elemento técnico, si yo no conozco nada de estadística y me dicen que se conforma de tal forma, a mí no me agrega información, pero sí es posible que pueda ser interpretado ese trabajo de campo y luego ser manejado con un criterio distinto al que se presenta públicamente.

El ámbito de aplicación de la ley es básicamente aquellas encuestas y sondeos de opinión pública que están vinculados a la actividad electoral. Hay un segundo artículo con definiciones de cuáles serían los elementos que deberían ser publicados -la muestra estadística, los intervalos de confianza, errores y ponderación- y  con los requisitos previos a la publicación. En aquel entonces se manejó la posibilidad de que existiera dentro de la Corte Electoral un espacio específico para este tipo de trabajos que tenga que ver con el otorgar a un tercero, en este caso a alguien en la Corte, toda esa información previa que de alguna forma garantice cierto criterio de calidad para su posterior publicación. De esta forma también hay alguna responsabilidad pública de esa información que luego se va a usar, lo típico de cuándo se puede publicar, que en nuestro país también se aplica a nivel de la publicidad, y luego la creación de un órgano de control, que como decíamos recién en aquel entonces hablamos con representantes de las facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y de Derecho, ahí básicamente estaría la idea central del proyecto. Un poco lo publicamos ayer porque si no vivimos en el país del "hay que" y después que pasa el calor de las elecciones nadie se mete.

EC – La idea justamente en la entrevista que estamos realizando con usted es tener una base, conocer una de las posibilidades que ya fue presentada en el Parlamento, en 2008, a partir de las cuales v a estar dándose ahora, por lo visto, este trabajo dentro del FA porque existe la intención de avanzar en esta materia.

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