(emitido a las 7.49 hs.)

EMILIANO COTELO:
Por estas horas el Poder Ejecutivo busca una solución a la voluminosa deuda salarial que mantiene con los jueces y funcionarios judiciales, además de otros grupos de funcionarios públicos.

La situación ha puesto a varios gremios en conflicto, cuando faltan apenas 10 días para el balotaje.

Y ayer el Frente Amplio (FA) comenzó a recibir cuestionamientos políticos por este problema. El candidato a vice del Partido Nacional (PN), Jorge Larrañaga, difundió una columna titulada "Respeto al Poder Judicial (PJ)", donde califica como un "horror legislativo" la norma que desencadenó esta situación, o sea, el artículo 64 de la Ley de Presupuesto vigente desde 2011. 

El líder de Alianza Nacional señala que el país "está inmerso en un inusitado conflicto con los jueces y funcionarios judiciales", originado "en una pésima ley y peores decisiones subsiguientes dictadas por la mayoría frentista" y advierte que produce "cierta aprensión, que la misma fuerza de gobierno responsable del conflicto presupuestal con los judiciales -y que ahora busca mayorías por tercera vez- nos anuncie su pretensión de iniciar 'cambios institucionales y culturales' en el PJ".

Luego recuerda que eso está establecido en el programa del FA, en su Capítulo VI: Transformación Democrática de la Sociedad, "cuando en la página 118 consigna: 'Las reformas necesarias en el PJ suponen una serie de cambios institucionales y culturales, una mayor transparencia y eficiencia…'".

"Aparentemente se buscaría una reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura que establezca un sistema claro y transparente de nombramientos, ascensos y movilidad de los jueces. Y no se quedarían allí las 'reformas'. Se avanzaría en 'la reforma del Ministerio Público y Fiscal que garantice la carrera profesional de los Magistrados Fiscales, desde su convocatoria y selección…'".

Despué de citar textualmente varias frases del programa del FA, Larrañaga termina diciendo: "Es absolutamente necesario se transparenten las pretendidas voluntades 'reformistas', ilustrando sobre el alcance de 'los cambios institucionales y culturales' sobre el PJ, así como asegurar que cualquier transformación, surja de consensos políticos partidarios plurales". Según Larrañaga: "El Uruguay no aceptaría un menoscabo al Estado de Derecho ni fragilizar la debida separación de poderes. Por nuestra parte, dejamos claro, una vez más y como siempre, que permaneceremos inconmovibles en la férrea defensa de la independencia del PJ".

¿Qué se responde desde el oficialismo a este alerta que formula el senador Larrañaga? Vamos a conversar con el diputado Felipe Michelini, del Nuevo Espacio.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Cómo vio estas expresiones del doctor Larrañaga?

FELIPE MICHELINI:
En primer lugar yo estoy un poco sorprendido porque parece que recién descubrieron el programa del FA. En segundo lugar, hay una cita obviamente interesada, me imagino que será por la dinámica y rapidez con que tiene que enfrentarse una campaña en segunda vuelta, cuando además es claro para toda la ciudadanía que es un resultado que ya está definido, que el FA va a triunfar el 30 de noviembre y que Tabaré Vázquez va a ser el presidente de los uruguayos.

En ese contexto claramente el programa del FA dice, en el mismo párrafo que se cita en la nota aludida, que todo se hará manteniendo el respeto por la independencia de dicho poder y las debidas garantías para los jueces en el ejercicio de su función.

RA – A ver, si vamos a los contenidos de ese capítulo en las Bases Programáticas del FA, dice: "Las reformas necesarias en el PJ suponen una serie de cambios institucionales y culturales, que merecen un gran debate ciudadano, sin mengua alguna de su independencia, para avanzar hacia una mayor transparencia y eficiencia". ¿A qué se refieren concretamente con esto?

FM – En primer lugar, el derecho a la justicia es un derecho humano que el Estado uruguayo debe garantizar, eso no es solamente decir "tengo un PJ independiente", se necesita un complejo de medidas, de recursos, que si uno profundiza incluso contiene la formación de los propios operadores del derecho, entre ellos jueces, abogados, magistrados, fiscales y defensores. Lo que está planteando el programa del FA es la profundización del goce de derechos y el Estado como garante de estos, en la que evidentemente el PJ no puede ser ajeno, como no es ajeno al cumplimiento de los derechos, deberes y garantías de todas las personas.

RA – ¿Pero cuáles son esos cambios "institucionales y culturales" que se mencionan?

FM – En ese sentido nosotros lo que decimos en el programa es que el PJ necesita un cambio. Por ejemplo, uno de los cambios en el que todos coinciden es que necesitamos un proceso penal distinto al que tenemos ahora. Ese es un cambio cultural muy importante en el sentido del abordaje de pasar de un proceso penal que es prácticamente secreto y clandestino a uno abierto y transparente en el cual la ciudadanía pueda incluso ejercer un mínimo de control, incluyendo obviamente a los periodistas. Ese es un cambio tan importante que modifica toda la actuación del PJ, de los abogados defensores, incluso de los ciudadanos, y se necesita hacer. Para eso no alcanza con aprobar el código, que está con media sanción en la Cámara de Senadores, que además se ha hecho con amplísima participación de todos los sectores políticos, y quedarnos en la aprobación de un texto. Además, de alguna forma podemos correr el riesgo de que pase lo que ya pasó en las administraciones blancas y coloradas, que se aprobó una reforma del proceso penal, se suspendió su aplicación y después se derogó por inaplicable. Por lo tanto, el sentido de la clase es enunciativo, se establece que son cambios institucionales y culturales que merecen y ameritan -como lo dice el propio párrafo aludido, que no está citado en esa nota del senador Larrañaga- un gran debate ciudadano que incluye, natural y obviamente, a los partidos políticos. Porque entre otras cosas, las modificaciones importantes van a tener necesidad de ley y aspiramos que tengan los mayores consensos políticos que garanticen su sustentabilidad y su sostenibilidad en el tiempo.

RA – Si seguimos con lo que está en las bases programáticas también se menciona: "Dentro del actual marco constitucional es necesaria la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura que establezca un sistema claro y transparente de nombramientos, ascensos y movilidad de los jueces, brindando todas las garantías de imparcialidad e independencia". ¿Por qué entienden que es necesario un cambio en ese sentido?

FM – Porque no hay un mecanismo. En cuanto a los traslados la Constitución de la República establece que se tiene que consultar al fiscal de Corte, procurador general de la Nación y la Suprema Corte de Justicia no lo hace. Ha asumido que es un simple requisito formal que no hace a la cosa, pero en realidad cuando se puso esa norma tenía un sentido de transparencia y de que en definitiva a través de la utilización del poder que tiene la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la superintendencia de los jueces no se estuvieran haciendo influencias indebidas a la independencia dentro del propio PJ. Porque aquí está la independencia del PJ hacia afuera, que todos queremos respetar y mantener, y tiene que haber también la debida independencia del magistrado o del tribunal que está actuando dentro del sistema del propio PJ. Obviamente hay casos notorios de que necesitamos generar mecanismos más claros y más transparentes en cuando al nombramiento, ascenso y movilidad de los jueces.

RA – ¿Pero cómo entienden que deberían hacerse esos nombramientos?

FM – En el marco constitucional que en definitiva es la Suprema Corte de Justicia y en algunos casos con venias del Senado en las jerarquías mayores, con sistema de audiencias, de calificación más claro de los méritos de los magistrados. Deberíamos entender además que el sistema actual de ascenso, que se empieza en los lugares más del interior y se va como ascendiendo viniendo a la capital, no parece ser un buen criterio, porque hay ciudades del interior que tienen una enorme complejidad en cuanto a los asuntos. Nosotros creemos que debería pensarse un sistema que garantice una mejor justicia independientemente del territorio nacional.

Estos temas tienen una enorme complejidad y son sensibles, por lo tanto el programa los enuncia y los va a someter a los debates que se necesitan, por supuesto, en el marco de la Constitución que nos rige y que el FA cumple a rajatabla, incluido consultar al propio PJ de acuerdo al texto constitucional. En ese sentido, el único significado que le doy a esta nota del senador Larrañaga es la desesperación política de la elección del 30 de noviembre, porque si uno lee con cierta franqueza cómo está establecido el programa del FA no puede deducir ningún tipo de alarma.

RA – Lo entiendo, lo que pasa es que a veces en los programas se tiende a establecer elementos generales, por eso le preguntaba por la serie de cambios institucionales y culturales.

FM – Mire lo que dice el párrafo que usted mencionó: "Dentro del actual marco constitucional es necesaria la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura que establezca un sistema claro y transparente de nombramientos, ascensos y movilidad de los jueces, brindando todas las garantías de imparcialidad e independencia". Hasta hace muy poco el traslado de un magistrado era entendido con una sanción, y además hemos visto casos notorios de traslados de magistrados de una sede a otra, de materia penal a civil y viceversa, con una lógica de sanción. Me parece que un enunciado así, habrá que ver después si la ley que se propone, que por cierto no está ni siquiera en fase de redacción…

RA – Eso le iba a preguntar, ¿qué grado de avance tienen respecto a estos enunciados?

FM – No hay un grado de avance en estos temas porque son temas muy sensibles y por lo tanto se necesita mucha atención. Tenemos además un diseño institucional muy frágil, tenemos un Ministerio de Asuntos Jurídicos que está subsumido en el Ministerio de Educación y Cultura cuando todas las prioridades de la sociedad son sobre la educación y no sobre el tema de la justicia. Desde esa perspectiva se torna difícil avanzar.

Yo lo que digo es que las garantías están en que se afirma y se respeta el marco constitucional vigente, que dicho sea de paso el FA tuvo mucho sudor, sangre y lágrimas para la defensa de la Constitución, por lo tanto no aceptamos de ninguna manera que nos vengan a dar clases de defensa del sistema democrático republicano de nuestro país y la importancia de las instituciones democráticas. Desde esa perspectiva planteamos un debate ciudadano y que la imparcialidad e independencia tienen que blindarse a través de garantías específicas.

RA – ¿Está pensado cómo se va a dar ese debate ciudadano?

FM – Es un debate ciudadano en el que hay que incorporar no solo a los partidos políticos sino también a las gremiales, al Colegio de Abogados, la Asociación de Escribanos, en fin, a todos los operadores que tienen algo para decir, con el objetivo sustancial, me parece que esa es la clave del asunto, de entender el acceso a la justicia como un derecho humano que se pueda brindar con la complejidad que tiene pero satisfaciendo las situaciones de todos los habitantes en cuanto a recibir una justicia imparcial, eficiente, en tiempo, que no sea costosa, de la más alta calidad y excelencia, sometida al escrutinio público en cuanto a la calidad de sus sentencias. Todo esto está además supervisado internacionalmente, Uruguay no puede jugar con el sistema de justicia en nuestro país porque esto tiene un control internacional porque el acceso a la justicia y la forma en que ésta proceda es una garantía de los derechos humanos, en ese sentido hay una especial preocupación por todo el sistema, tanto americano como universal, en la medida de la plena vigencia de estos derechos.

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