FA retomará el trabajo para reformar la Constitución en 2015
Impulsarán la Asamblea Nacional Constituyente, crearán un Tribunal Constitucional, se busca modificar aspectos electorales y también del Poder Judicial. No será solo una reforma donde busquen eliminar la segunda vuelta sino que será una reforma más profunda.
Según publica El País, el coordinador de la comisión que tenía a estudio el tema dentro del Frente Amplio, Felipe Michelini, dijo que el acuerdo en la interna de la coalición implica volver a reunir este ámbito en los meses de febrero o marzo de 2015, con el compromiso de entregar un informe sobre la propuesta en julio de ese mismo año.
La idea es que la reforma Constitucional trascienda un simple cambio del sistema electoral, tema que se instaló tras las elecciones del pasado 26 de octubre y que, a la luz del resultado, contempla la posibilidad de suprimir el balotaje en determinadas condiciones.
Para proceder a la reforma el Frente Amplio se inclina por la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, que prevé la convocatoria a elecciones pero esta vez de convencionales. Serán los encargados de redactar la nueva constitución que será sometida a plebiscito posteriormente.
Se incorporará un mecanismo que permita, en caso de llamado a elecciones anticipadas, que también se elija al presidente.
De acuerdo a la Constitución vigente hoy puede caer todo el Consejo de Ministros, pero "nunca el presidente". La idea del Frente era "revisar este punto y que el llamado a elecciones anticipadas incluya al presidente".
Asimismo, se valoró la posibilidad de crear una Corte Constitucional (como sistema orgánico independiente del Poder Judicial al estilo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo) o bien modificar la integración de la Suprema Corte, como sucede en otros países donde hay 15 miembros divididos en tres salas (una se dedica a penal, la otra a civil y otra a constitucional).
Entre los temas a consideración del Frente Amplio, también está la posibilidad de habilitar el voto desde el exterior y la modificación del artículo 80 de la carta magna, que suspende los derechos políticos a los procesados con penitenciaría durante el tiempo de la condena.