(Emitido a las 09.10)

EMILIANO COTELO:
Esta tarde, con la proclamación oficial de la Corte Electoral, se volverá realidad la reforma constitucional del agua. Y en uno de sus artículos dice: "El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales".

Desde hace meses se discute si esa norma hace caer las concesiones que ya existen en servicios de saneamiento y agua potable. La cuestión no está laudada todavía a nivel político. Sin embargo una de las empresas aludidas, Uragua, ya ha dicho que entiende que sí, que su contrato cae, y que el Estado debe prepararse para retomar los servicios que esa firma tiene a su cargo.

En Maldonado hay mucha gente preocupada por el impacto que esta situación puede tener sobre la actividad turística, sobre todo porque Punta del Este no puede seguir demorando sus obras de saneamiento. Uno de los más preocupados es el intendente Enrique Antía, quien ha propuesto que la concesión sea traspasada a una empresa de propiedad municipal que operaría en el derecho privado, lo cual para poder hacerse realidad requiere, entre otras cosas, que se apruebe una ley que lo habilite. Ustedes lo escucharon la semana pasada aquí En Perspectiva.

¿Cuáles son las otras posiciones en este tablero? Por ejemplo, ¿cómo se está analizando el tema a nivel del Poder Ejecutivo, qué piensa el Encuentro Progresista (EP) de Maldonado? Son enfoques que interesa recoger.

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El futuro secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, estuvo el sábado pasado en Maldonado por una reunión de tipo académico. Allí fue ubicado por periodistas locales que, entre otras cosas, lo consultaron por este tema. El doctor Fernández respondió: "En principio, hasta el 28 de febrero, el gobierno gobierna. Quiere decir que ese es un tema del actual gobierno. Sí le digo que es un tema que en los próximos días nos abocaremos a estudiar, dada la importancia que tiene. Pero no le corresponde al presidente electo ni a la fuerza política que yo integro tomar ningún tipo de medida ahora, porque no somos aún gobierno. Más allá de las conversaciones o conexiones que pueda haber con el gobierno constituido".

Vamos a mirar entonces hacia el gobierno actual, el que podríamos llamar "saliente". El diálogo es con el doctor Oscar Brum, subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. ¿Cómo están analizando este asunto que ahora ya es una realidad?

ÓSCAR BRUM:
En primer lugar estábamos y estamos esperando la confirmación oficial de la Corte Electoral que se va a dar en el día de hoy, más allá de que ya conocemos, como todo el mundo, cuáles son los resultados.

El Poder Ejecutivo estaría pidiendo en estos días informes jurídicos a sus propios servicios, no descartando informes de especialistas en materia constitucional, para poder empezar a definir con claridad los pasos a seguir y fundamentalmente conocer si la reforma constitucional alcanza a las concesiones privadas que actualmente brindan los servicios de agua potable y saneamiento.

EC - ¿Ustedes no tienen aún una posición tomada en ese sentido?

OB - Sabido es que sabíamos correctamente que esta reforma constitucional, de darse, complicaría muchísimo y pondría muchísimas dificultades en el camino, y obviamente no queríamos poner la carreta delante de los bueyes, estábamos esperando que se confirmara o no para luego pedir a los servicios jurídicos que nos den esa información. Pero lo que más nos interesa en este momento es no comprometer los servicios de agua potable y saneamiento en Maldonado, básicamente...

EC - Llama la atención que recién ahora se pidan esos informes jurídicos. Justamente, daba la impresión de que había que estar preparados para no perder tiempo.

OB - Lo que más nos interesaba era que la reforma no saliera, pero se aprobó y es ahora, el día después de la reforma constitucional, que tenemos que analizar la situación.

EC - Uragua, por tomar un ejemplo bien concreto, ya adelantó en una carta que entregó al Poder Ejecutivo en la última semana de octubre que entiende que su concesión cae. ¿Cuál es la posición de Uragua? Como consecuencia de la reforma constitucional pasa a ser ilícito el objeto del contrato entre Uragua y el Estado. Se trata de una causal de fuerza mayor y el contrato prevé que las causales de fuerza mayor operan per se; cuando se da una de estas hipótesis el contrato establece que la situación debe ser denunciada por la parte interesada dentro de los diez días de producido el hecho, y eso es lo que Uragua se dispone a hacer a partir de la proclamación oficial. En los próximos diez días dará aviso a OSE de la nueva circunstancia que rescinde el contrato, de modo de quedar a cubierto después ante posibles instancias judiciales.

OB - Correcto, ese fue el informe que nos hizo llegar Uragua un par de días antes del domingo 31 de octubre. Queremos confirmar en estos días la versión oficial definitiva de la empresa, porque son muchas puntas las que tienen que atarse. Cuando se hace este tipo de contrato, de concesiones, contratos en el ámbito privado, el Estado hace abstracción de sus prerrogativas como poder público cuando contrata con un particular, hace un contrato bilateral que solamente las partes o la ley pueden modificar. En este caso fue la Constitución que lo modificó, el llamado hecho del príncipe, y evidentemente implica, puede implicar -eso es lo que esperamos que los informes jurídicos del Poder Ejecutivo aclaren- que caigan esas concesiones.

EC - Más allá de que Uragua está dispuesta, según dicen sus voceros, a pactar un retiro ordenado, de todos modos el retiro ocurriría. Y no sólo eso, además le reclamaría al Estado la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato, que si no estoy mal informado es de unos 20 millones de dólares, y el resarcimiento de los daños ocasionados por la rescisión del contrato.

OB - A eso iba. Cuando se extinguen obligaciones a su vez se crean otras, que son las restituciones. La empresa debería entregar todas las obras necesarias para brindar los servicios y a su vez el Estado debería devolver las amortizaciones no pagas de las obras efectuadas y evidentemente la garantía. Pero el quantum y el procedimiento a seguir no están claros, entonces evidentemente el tema no se va a realizar de un día para el otro, necesitamos ajustarlo y la única forma de hacerlo es con esta empresa.

EC - También está de por medio la situación de los funcionarios de Uragua...

OB - Naturalmente.

EC - ...que eran empleados de OSE y ahora revistan en el sector privado. Son unos 200.

OB - Sí, son más de 200 funcionarios que, de confirmarse la posición de Uragua, quedaran en una situación bastante desventajosa. Esos son los temas sobre los cuales tenemos que sentarnos a conversar. Y no va a ser solamente con la empresa Uragua; de confirmarse los informes jurídicos de nuestros servicios, que serán los mismos que tendrá el gobierno electo, tenemos que sentarnos a conversar, no solamente con Uragua sino además con Aguas de la Costa y una quincena de pequeñas empresas que trabajan en todo el país en materia privada. O sea que la posición de asumiríamos sería global para todas las empresas, no sería solamente para Uragua; obviamente ésta ha dado el primer paso...

EC - Claro. Aquí hay una particularidad: ha dado el paso, o sea va a denunciar la rescisión del contrato por causales de fuerza mayor...

OB - Va a pedir judicialmente la rescisión del contrato para el futuro, exactamente.

EC - En ese punto quería detenerme un instante, aprovechando además que usted es abogado. Si Uragua se mantiene en esa posición, poco importa lo que termine resolviendo el Poder Ejecutivo; en la medida que una de las partes del contrato entiende que el mismo cae, por más que la otra diga que no, esto va a la Justicia.

OB - Naturalmente, es así. En su primera carta y su primer informe entienden que no hay dos interpretaciones, que la reforma constitucional alcanza a las concesiones actuales. Y naturalmente, si entienden eso pueden pedir perfectamente la rescisión del contrato y la devolución de los dineros correspondientes.

EC - Es distinto del caso de las otras empresas, que no han anticipado que vayan a reclamar la rescisión del contrato. Uragua sí lo hace y por lo tanto coloca el asunto fuera de la esfera política, lo coloca a nivel judicial.

OB - Lo coloca a nivel judicial porque pediría la rescisión del contrato, es ahí que se piden también los montos determinados. Fíjese que va a ser un tema importante: tenemos que conocer -y no conocemos- exactamente cuál es el monto que va a reclamar -no lo dice la reforma-; en ese caso tenemos que conversar con la empresa los procedimientos a seguir. Naturalmente, el Poder Ejecutivo no va a asumir una posición para una empresa y otra para otra, de acuerdo a su conveniencia. Tenemos que saber en primer lugar si corresponde que la reforma se aplique a estas empresas privadas. Resuelto el tema, tendremos que empezar a transitar el camino para buscar que los servicios de agua potable y saneamiento vuelvan a la órbita de donde salieron, o sea a la órbita de OSE.

EC - El intendente Antía está preocupado por las consecuencias de esta situación en la actividad turística...

OB - Naturalmente; esa es la preocupación.

EC - ...tanto en relación con esta temporada como para el futuro. Suponiendo que se arregle transitoriamente la cuestión para esta temporada, si Uragua cesa -se pregunta el intendente de Maldonado-, ¿quién lleva adelante el saneamiento que es imprescindible para Maldonado y sobre todo para Punta del Este?

OB - Por eso decía al principio que una de nuestras principales preocupaciones es no comprometer los servicios de agua potable y saneamiento de Maldonado, sobre todo teniendo en cuenta la temporada turística que se avecina. Es por ello que ahora tenemos que sentarnos a conversar con las partes involucradas. Se extinguen obligaciones pero obviamente son contratos bilaterales, por lo tanto tenemos que sentarnos en una mesa todos los involucrados -no sé si lo haremos conjuntamente o por separado- para buscar las soluciones y los procedimientos correspondientes y tendentes a saber si la reforma alcanza a estas concesiones privadas y a ver la situación particular de Uragua que en los próximos días nos estará confirmando oficialmente su posición definitiva.

EC - Desde OSE se argumenta que esa empresa no está en condiciones de volver a hacerse cargo de los servicios de Uragua.

OB - Es probable que sí y es probable que no. Tengo alguna información proveniente de los servicios de OSE en cuanto a que estarían en condiciones de asumir; de hecho las tenían. Claro, la mayoría de los funcionarios especializados que trabajaba en OSE en su momento renunció para poder ir a trabajar a Uragua o a Aguas de la Costa. O sea que puede que no tenga personal capacitado en este momento en Maldonado. Pero... bueno: confío en que OSE tenga personal suficiente para eso.

EC - Otra parte del asunto es la inversión que se requiere para el saneamiento.

OB - Es verdad; es un tema que va a haber que resolver en los próximos años. Naturalmente eso es imprescindible, estamos convencidos de que en este momento OSE no tiene el capital suficiente como para aplicar no menos de 500 millones de dólares en el saneamiento, que es lo que se requiere en todo el país. Ese es un problema que tendrá que resolver el próximo gobierno.

EC - ¿En definitiva...? Recién se empieza a encarar el asunto.

OB - Sí, pero quiero aclarar que nuestro gobierno ha asumido problemas muy importantes y los ha resuelto correctamente, no va a ser este el tema que nos quite el sueño. Asumiremos nuestra responsabilidad como lo hemos hecho en todo momento y hasta el último día del gobierno. Por lo tanto vamos a dar los pasos y tomar las medidas tendentes a la normal consecución de esta reforma en lo que nos competa; por supuesto, transitando toda esta problemática con muchísima calma y ponderación.

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EMILIANO COTELO:
Vamos a la otra parte, a la fuerza política que triunfó en las elecciones del 31 de octubre, que impulsó la reforma constitucional del agua, en especial a esa fuerza política, el Encuentro Progresista (EP), en el departamento de Maldonado.

Vamos a dialogar con el señor Gregorio Quintana, presidente de la Mesa Departamental de Maldonado del EP-FA-NM. A nivel nacional el Sí obtuvo 65 por ciento, ¿verdad?

GREGORIO QUINTANA:
Sí, así es.

EC - En Maldonado también terminó triunfando la reforma del agua. Había dudas en ese sentido, hasta el fin de semana parecía que no, pero los resultados finales del escrutinio lo indicaron, pero lo hizo por un margen muy estrecho: 51 por ciento. Por lo visto la sociedad fernandina está muy dividida con respecto a esta reforma...

GQ - Sí, así es, quedó demostrado en el acto electoral del 31. Pero más allá de eso habría que hacer varias puntualizaciones con respecto al tema.

EC - A ver...

GQ - Primera cosa: nosotros asumimos como gobierno en las cámaras el 15 de febrero y el presidente electo, el compañero Tabaré Vázquez, asume el 1º de marzo. Sin duda que más allá de eso la situación nos preocupa, hay trascendidos de prensa según los cuales la empresa Uragua estaría solicitando la rescisión del contrato...

EC - Eso está completamente confirmado.

GQ - Pero debemos señalar que hay dos puntas: una es la reforma constitucional que salió aprobada por una amplia mayoría a nivel nacional el 31; y la otra son los incumplimientos del contrato en los que ha venido incurriendo la empresa Uragua, y no de ahora, con anterioridad. En ejercicio del doctor Atchugarry como ministro de Economía ya estaban aconteciendo estos incumplimientos del contrato por parte de la empresa, es un tema que habrá que definir a futuro.

EC - A ver: en el caso del EP-FA-NM de Maldonado, ¿qué evaluación hacen de la gestión de las dos empresas privadas que se reparten los servicios de agua potable y saneamiento, Aguas de la Costa al este del arroyo Maldonado y Uragua en el resto del territorio?

GQ - Son dos empresas diferentes y dos temas diferentes. Uno es Aguas de la Costa, que es la concesionaria de la franja costera de La Barra, Manantiales. Ahí el problema que ha habido es la carestía de las tarifas que cobra. Hemos tenido acceso a recibos de domicilios que están vacíos que andan prácticamente en 2.000 pesos sin gastar agua, en invierno. Ese es un tema, hasta el momento Aguas de la Costa no se ha expresado públicamente, no ha tomado una postura con respecto a la reforma que se acaba de aprobar.

Otro tema es Uragua, que si bien mantiene tarifas medianamente normales y acordes a la situación del país y del departamento y a lo que eran las tarifas de OSE...

EC - O sea que con Uragua no hay problemas de precio.

GQ - A nivel de precios no.

EC - ¿Y en cuanto a la calidad del servicio?

GQ - Ahí sí hubo problemas, se han hecho análisis que han dado que el agua no tenía la calidad de potable. A su vez ha incurrido en incumplimientos con respecto a reformas y arreglos que tenía que hacer en el sistema de servicios de agua y saneamiento.

Hoy está en Montevideo nuestro delegado a la Mesa Política Nacional, el compañero Oliver Alfaro, que va a hacer este planteo formalmente. A su vez sabemos que el diputado Darío Pérez hoy está entrevistándose con Tabaré Vázquez para tratar el tema.

EC - Usted dice que los dos representantes de Maldonado van a hacer un planteo en la dirección del EP-FA; ¿qué tipo de planteo?

GQ - No lo tengo claro. Sin duda es una resolución que va a tener que adoptar el gobierno nacional...

EC - ¿Ustedes tienen una posición sobre qué hay que hacer con Uragua, por ejemplo?

GQ - No se ha tratado con profundidad; de todas maneras es una definición que debe tomar el gobierno nacional. El otro día escuchábamos al senador Korzeniak, que es abogado constitucionalista, quien decía con claridad que la reforma constitucional del agua no tiene efecto retroactivo. También cabe la posibilidad de que la empresa Uragua quiera aprovechar esta circunstancia para dejar la concesión; en caso de que decida irse estaría incurriendo en un incumplimiento del contrato.

EC - Uragua sostiene lo contrario: que el contrato cae por una razón de fuerza mayor, que es esta reforma constitucional.

GQ - Está bien, es la interpretación que hacen ellos, están en todo su derecho; no quiere decir que sea la correcta. Yo escuchaba recién al subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; es cierto que hay que dialogar con todas las partes involucradas, siempre y cuando este gobierno no adopte una posición. Si nuestro gobierno tiene que tomar una resolución a partir del 1º de marzo lo va a hacer; mientras tanto vamos a ir teniendo conversaciones con todas las partes involucradas. No podemos salir con declaraciones a la prensa fuera de tiempo y apresuradas. Por ejemplo, el otro día el intendente Enrique Antía salió a plantear un proyecto de creación de una empresa mixta entre la Intendencia y una empresa privada. Eso no se puede hacer según la reforma constitucional, no tiene asidero legal a partir de que la reforma del agua fue aprobada. Además el intendente salió a destiempo y apresuradamente a manifestar que el Sí no había obtenido la mayoría de los votos en el departamento, cosa que terminado el escrutinio se vio que no era así, que ganó por un 51 por ciento aproximadamente. Más allá de que nuestra fuerza política a nivel nacional pueda tomar una resolución con respecto a este tema a partir del 1º de marzo, nos comprometemos a tener contacto con todas las partes involucradas para ver cuál es la mejor salida. Por ahora lo que tenemos es que, según palabras del senador Korzeniak, esta ley, como ninguna otra a no ser que conste expresamente, no tiene efecto retroactivo. La empresa tendría que seguir desempeñando su gestión.

EC - Y si la empresa resuelve que no, lo plantea ante la Justicia y ésta la ampara, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de que OSE retome los servicios?

GQ - Será un tema a manejar y estudiar. El que tiene que tomar una decisión es el gobierno; la empresa podrá tomar una decisión, pero también tendrá que hacerse cargo de que está incurriendo en otro incumplimiento del contrato y tendrá que pagar las indemnizaciones que corresponda.

EC - No: yo me estoy colocando ante la hipótesis de que la Justicia le diera la razón a Uragua en retirarse.

GQ - Tendrá que fallar la Justicia y el Estado tendrá que asumir la responsabilidad.

EC - ¿Ustedes ven a OSE en condiciones de retomar el servicio de Uragua?

GQ - De repente OSE sola no. La idea que había planteado el intendente, de que se hicieran cargo la Intendencia y un privado, no es posible, pero puede ser la Intendencia con un organismo estatal, como por ejemplo OSE. Salidas se van a buscar, las va a haber. Este tema del saneamiento en Punta del Este no surge ahora; surgió ahora por la reforma del agua y porque se está usando políticamente; pero la resolución se viene postergando desde hace más de dos años largos. Por parte de nuestra fuerza política va a ser tomado con mucha cautela, con preocupación pero con cautela, no vamos a tomar decisiones apuradas ni hacer declaraciones de prensa apresuradas y a destiempo. El tema amerita un estudio profundo, conversaciones con todas las partes involucradas, con técnicos que entiendan de leyes y técnicos que entiendan de la red de agua potable y saneamiento. No tengo dudas de que nuestra fuerza política, si este gobierno no toma una decisión antes del 1º de marzo, va a afrontar la situación y la va a definir de la mejor manera.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón