(emitido a las 7.52 hs.)

EMILIANO COTELO:
El conflicto en el sistema judicial sigue en todos sus términos. El Poder Ejecutivo recalcó varias veces su voluntad de otorgar los ajustes salariales que se adeudan, pero todavía no definió cómo ni cuándo lo hará. Y, como respuesta, los gremios movilizados continúan aplicando medidas.

En particular, la Asociación de Magistrados del Uruguay decidió que desde ayer y hasta el jueves los jueces no realicen audiencias en todo el país.

Se trata de una situación inédita en la historia judicial nacional; pero la cosa no queda allí: está previsto seguir agravando las medidas si el Gobierno no responde rápido.

¿Cómo viene la situación? ¿Cuáles son los próximos pasos? Vamos a conversar con el doctor Marcos Seijas, vicepresidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay.

ROMINA ANDRIOLI:
La Asociación de Magistrados había determinado un cronograma para ir incrementando esta escala de medidas a tomar. La medida que están aplicando ahora, la suspensión de audiencias, ¿en qué etapa del conflicto se ubica?

MARCOS SEIJAS:
Se ubica en una segunda etapa. A partir de la reunión que tuvo la Suprema Corte de Justicia con el Poder Ejecutivo el 12 de noviembre, que no tuvo los resultados esperados, tuvimos una asamblea el 15. Ahí se aprobó un cronograma de medidas, hubo diez mociones, quedaron en tres, y se votó mayoritariamente la última, que era la que establecía el cronograma de medidas. De ellas se cumplieron la histórica concentración del 26 de noviembre frente a la Torre Ejecutiva, y ahora lo que estamos cumpliendo es la suspensión de las audiencias convocadas para ayer, hoy y mañana, con las excepciones del turno penal, de audiencias de adolescentes con internación, las de violencia doméstica –salvo aquellas que para criterio del juez no significan riesgos para la víctima-, las de niños y adolescentes con derechos vulnerados, las de amparo y habeas corpus.

RA – Esas son las excepciones que están rigiendo…

MS – Esas son las audiencias que nunca se suspenden, se aplica un criterio similar al que se aplica para las ferias judiciales.

RA – ¿Esta medida de suspender las audiencias tiene algún antecedente?

MS – No, es la primera vez, por lo menos en la historia de la Asociación de Magistrados, que cumplió 20 años el 3 de diciembre, que lamentablemente tenemos que aplicarla.

RA – Para ubicar al oyente también, ¿qué implica en la tarea diaria de los juzgados? ¿De qué manera se está desarrollando el trabajo?

MS – Eso me lo han preguntado varias personas, en realidad lo único que se hace es no celebrar las audiencias, eso tiene impacto sobre todo en el proceso civil, que la mayoría son procesos por audiencia mixta, porque la demanda y la contestación son escritas y después se desarrolla el núcleo principal de la audiencia que es la preliminar, generalmente, en el proceso ordinario civil. No se desarrollan audiencias en los juzgados civiles, de trabajo y de paz –salvo las opciones de amparo por la ley 16.011-. En el caso de los juzgados penales hacemos las audiencias de turno, si tenemos personas detenidas trabajamos normalmente, pero las audiencias que estaban previamente coordinadas, como puede ser la de algún accidente de tránsito simple, de unas lesiones leves, en ese caso quedan suspendidas.

RA – ¿Y en qué medida esto afecta luego el desenlace del juicio como tal?

MS – Afecta en el sentido de que a esta altura del año las agendas de todos los jueces del país están bastante saturadas, entonces la reprogramación seguramente va a ser para los primeros meses del año que viene, o sea, febrero o marzo.

RA – Claro, porque en el medio está la feria judicial, todavía.

MS – En el medio está la feria judicial. Por eso nosotros implementamos la medida en la reunión del lunes 1° de diciembre en la comisión directiva y se pidió a los asociados que a la mayor brevedad hicieran conocer a los justiciables y los abogados la medida para que no hubiera traslados innecesarios de abogados o justiciables que van de un lugar a otro.

RA – ¿Cómo están evaluando ustedes la situación en los juzgados? Estoy pensando en que hace días se dio a conocer que se estaban acumulando expedientes que podían generar como una paralización total, ¿cómo se ve desde ese punto de vista la afectación que puede tener esta medida?

MS – Eso no es tan así, no hay tal afectación. Hay sí afectación porque los actuarios, que también están en conflicto, no firman determinados oficios, y eso genera que el expediente tenga cierta paralización.

RA – O sea, eso no depende de ustedes exactamente, sino que son medidas que está tomando otro medio pero que los termina afectando también…

MS – Termina afectando nuestro funcionamiento. Y el otro tema es que los funcionarios de las fiscalías también están con medidas y solo reciben las cuestiones urgentes, como pueden ser los pedidos de libertad, los pedidos de salida transitoria, etcétera, pero con todos aquellos expedientes que son más simples o no tan gravosos para la gente, porque no se están jugando derechos tan fundamentales como la libertad, también se está produciendo un cúmulo importante. Pero bueno, uno respeta las medidas que cada gremio, dentro de sus posibilidades, está tomando en virtud del conflicto que estamos transitando.

RA – ¿Cuáles son los próximos pasos que tienen previsto tomar si no reciben una respuesta concreta del Poder Ejecutivo?

MS – Es la primera vez que los jueces estamos implementando este tipo de medidas, o sea que los lunes, que es generalmente cuando se reúne la comisión directiva, salvo excepciones, discutimos mucho todos los temas, porque los jueces somos mucho de discutir (Risas.). Tampoco tenemos una experiencia previa que nos permite decir que en otro momento hicimos esto, hicimos una evaluación, esto estuvo bien, esto estuvo mal, o sea que estamos yendo sobre la marcha. Es una situación que escapa a otras situaciones que puedan vivir otros gremios porque nuestra tarea es muy especial.

Nosotros ahora no podemos decir si se va a tomar alguna medida más o no, porque seguimos confiando en el compromiso que asumió el gobierno a través de su interlocutor, el secretario de la Presidencia, de que esto se va a solucionar antes de que termine el mandato del presidente José Mujica. Tampoco es prudente ahora estar hablando de futuras medidas porque estamos transitando una, tenemos que esperar que se termine esta medida, evaluarla y ver cómo sigue.

RA – De todas formas en el cronograma inicial que ustedes se habían planteado venía la suspensión de sentencias y decretos.

MS – La suspensión de decretos, de sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Pero sucedió que el lunes estuvimos hablando en la comisión directiva y entendimos prudente seguir negociando exclusivamente con la actual administración y no con el futuro secretario y prosecretario…

RA – ¿No han hablado con ellos?

MS – Hablamos con ellos, vamos a hablar, pero no del tema del conflicto, sobre el conflicto vamos a seguir transitando exclusivamente por la vía de la actual administración, porque como ya le dije, confiamos en la buena fe y tenemos la firme esperanza de que esto se solucione a la brevedad. Yo estaba escuchando en otro medio que ya habría un proyecto de ley porque la voluntad política del Poder Ejecutivo  es solucionar en forma única la situación de todos los gremios que están en conflicto por este tema. Si no hubiera sido esa la decisión política seguramente nuestra situación ya estaría solucionada, pero el gobierno tiene todo su derecho de plantear las soluciones como quiera.

RA – De todas formas, a lo que se comprometió el Poder Ejecutivo es a pagarles el incremento correspondiente a un último período, no la deuda que se acumula desde 2011, ¿es así?

MS – La última reunión fue el 25 de noviembre y la posición del gobierno fue la de solucionar el conflicto, no dio mayores detalles. Solucionar el conflicto podría ser solucionar todo. Que se nos comience a pagar, o volver a pagar –porque ya cobramos tres meses y medio- con el aumento que en su momento tuvimos en 2011, es en estricto cumplimiento de la ley, porque la ley de presupuesto para nosotros es constitucional a raíz de las dos declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes anteriores. No sabemos bien cuáles van a ser los términos en los que el gobierno maneje esta situación. Evidentemente la deuda para atrás, si bien es personal de cada uno de los litigantes -porque también iniciamos un juicio de cobro a raíz de la primera inconstitucionalidad y ahora estamos por ampliar la demanda a raíz de la segunda declaración de inconstitucionalidad-, creo que la voluntad generalizada de los colegas es llegar a una negociación para esa deuda, pero todavía no sabemos cuál es el planteo entonces no sabemos si se va a aceptar o no, porque también depende de la situación de cada uno.

***