(emitido a las 8.53 hs.)

EMILIANO COTELO:
Mañana martes, en sesión extraordinaria, el Senado aprobará el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y el lunes de la semana que viene, el texto se votará en la Cámara de Diputados.

Terminará así un trámite parlamentario que llevó más de dos años, con discusión fuerte, con idas y vueltas, y numerosas modificaciones al texto que originalmente había elaborado el Poder Ejecutivo.

Pero allí no terminará esta historia, todavía quedará por delante una etapa importante y que promete ser compleja: su reglamentación.

Queda claro que estamos ante un hecho político muy relevante. Por eso esta semana vamos a retomar este asunto aquí en En Perspectiva. En esta ocasión, consultamos al Partido Nacional (PN), que ha mantenido una postura férreamente crítica a la iniciativa.

¿Cómo se plantan los blancos ante esta última versión del proyecto, que incluye cambios muy recientes, propuestos por el oficialismo la semana pasada? ¿Qué pasos dará el PN una vez que la ley haya sido promulgada?

Para explorar esos y otros puntos, estamos en contacto con el diputado Álvaro Delgado, dirigente del sector Aire Fresco, que lidera Luis Lacalle Pou.

Para empezar, ¿qué evaluación hace de este proceso de más de dos años de debate de este proyecto, uno de los más polémicos de los últimos años?

ÁLVARO DELGADO:
Yo soy crítico con respecto a la ley. Si bien no me niego a discutir cualquier aspecto, me parece que la ley, por los motivos que sea, es absolutamente inoportuna e inconveniente, parcial, además de la inconstitucionalidad que todos los académicos que pasaron por la comisión o por el Parlamento han dicho que tienen algunos aspectos de la ley.

Además es una ley hiperreglamentarista, de más de 180 artículos, con una cantidad de capítulos bien diferentes: se excluye de la regulación todo lo que sea comunicación por el protocolo de internet; se genera un monopolio para Antel; se regulan los contenidos; se regulan las frecuencias; hay un tema de promoción de producción nacional; hay un control de la ley por un órgano que se crea (el Consejo de Comunicación Audiovisual –CCA–), y hay un tema de publicidad electoral.

Esos son los capítulos más grandes de la ley. Deja fuera algunas cosas que para mí son importantes: una ley hiperreglamentarista, tan detallista como esta, que se mete con los contenidos, deja afuera la publicidad oficial, que para nosotros habría sido natural que estuviera incluida (más de 80 millones de dólares de publicidad oficial).

En cuanto al proceso, en el 2010, cuando se empezó a hablar de este tema –más o menos a un año de la aprobación de la ley de medios argentina, a la que esta se parece en algunos aspectos y que después tuvo una disputa judicial muy grande–, el presidente Mujica dijo cosas como "la mejor ley de medios es la que no existe", "si me dan una ley, la tiro a la papelera".

A mediados del año 2013 ingresó al Parlamento un proyecto de ley con algunas características parecido al que hoy está en discusión, presentado por la bancada del Frente Amplio (FA). Entró por Diputados, tuvo seis versiones diferentes, se modificaron más de 80 artículos, algunos en sentido positivo y otros en sentido más restrictivo, por lo menos que no compartimos, y terminó con una votación en Diputados en diciembre del año pasado, después de pasar una cantidad de delegaciones de los actores sociales involucrados y organismos oficiales y lo que tiene que ver con los sectores académicos.

De ahí fue a la comisión del Senado. Nosotros insistíamos en que, en medio de un proceso electoral y sobre la finalización de un mandato, tratar un proyecto de ley tan controversial era inconveniente. Yo soy contrario a proyectos de ley de medios que se meten de los contenidos. Podemos hablar de frecuencias y de otras cosas, de promoción de la producción nacional, pero al hablar de los contenidos creo que estamos en el límite de una zona muy gris que puede generar algunos temas muy complicados que pueden llevar no sé si la censura directa, pero al menos a la autocensura de quienes tienen que dar la información.

Vino a la comisión del Senado, se discutió, hubo algunas modificaciones, no muchas, y supuestamente se va a votar mañana con algunas modificaciones.

EC - La pregunta era general a propósito de cómo se había procedido al trámite parlamentario de esta ley. En cuanto al proceso, con respecto a la forma como se manejó, la cuestión principal para ustedes es que no se procuró un acuerdo amplio, una votación con apoyo de los distintos partidos políticos.

AD - No puedo decir que no se pidió la opinión de todos los actores sociales involucrados. En la comisión de Diputados recibimos cerca de 60 delegaciones de todo tipo, delegaciones oficiales, academia, actores sociales.

Cuestiono no solo un tema de inconveniencia, porque se dio sobre el proceso electoral, a mediados del año pasado, que quizás no fuera el mejor momento. Hay un tema de forma y un tema de tiempo.

En cuanto a la forma, creo que se necesitan niveles de acuerdo y de consenso que este proyecto de ley no tiene ni tuvo. Hubo recepción de propuestas de los actores sociales, pero no hubo un intercambio entre los partidos políticos a fin de buscar niveles de consenso para avanzar en determinadas cosas o para desestimar otras.

Y cuanto a los tiempos, me parece a todas luces bastante complicado aprobar al final de una legislatura, entre las fiestas, un proyecto de estas características, que va a modificar radicalmente al menos el panorama de los medios de comunicación en Uruguay, más allá de que en algún tiempo la tecnología y el control remoto le van a pasar por arriba a la ley.

EC - Usted señala que el proyecto incluye restricciones a la libertad de expresión. ¿A cuáles alude, a qué artículos o a qué parte del proyecto?

AD - A la primera parte, cuando hablamos de qué cosas se pueden dar y qué cosas no se pueden dar, en qué condiciones. Con un nivel de detalle asombroso, pero con una descripción absolutamente vaga, que deja librada la interpretación a quien tiene que interpretar y eventualmente sancionar el incumplimiento de esta norma, que es el CCA que se va a crear cuando se vote la ley en el Parlamento.

EC - ¿Algún ejemplo de las disposiciones?

AD - Las imágenes que se pueden dar en tiempo real a nivel de información en los informativos, el carácter de tiempo real, el carácter de algunas normas sobre el horario de 6 a 22, donde se establece el horario de protección al menor. Es tan vaga la descripción y el detalle que se puede dar cualquier tipo de interpretación. No digo que el objetivo o la voluntad sea censurar, pero creo que la consecuencia de la aplicación de este proyecto de ley puede generar autocensura, que quizás sea la peor de las censuras. Quizás si digo esto, si hago esto o si informo esto, pueda caer en algún tipo de sanción de quien es una especie de gran hermano de contralor del cumplimiento de una ley tan extensa, que es el CCA, que puede terminar poniendo desde sanciones económicas hasta retirarle la frecuencia.

EC - Usted hablaba también de inconstitucionalidades. ¿Dónde, por ejemplo?

AD - No las puedo determinar yo, trasmito las opiniones de varios catedráticos que vinieron al Parlamento a explicar y hablaron de más de cinco artículos en los que puede haber inconstitucionalidades. En algunos casos hablaron de la necesidad de mayorías especiales que no se respetaron en este caso para establecer el monopolio de Antel en la trasmisión de datos. Para Antel y para el Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (Sodre), que son los únicos habilitados para brindar el servicio a quienes quieran trabajar en la trasmisión de determinado tipo de contenidos. Incluso se establece en la ley la palabra "únicos", con lo cual está más que claro el monopolio, y no se aplicaron las mayorías. El FA en la Cámara de Diputados entendió que eso no significaba un monopolio y por ende interpretó que no se aplicaba la mayoría especial que establece la Constitución para crear los monopolios. La publicidad electoral obviamente es una norma de carácter electoral, por lo tanto necesita también mayoría especial.

Y otros aspectos mucho más de detalle jurídico. Según los constitucionalistas y administrativistas que vinieron a la comisión, se incurriría en inconstitucionalidad con respecto a por lo menos cinco artículos de la Constitución si esta norma se aprobara. La ley tiene 183 artículos.

EC - Mencionó al pasar el hecho de que el proyecto regula el funcionamiento de televisión, radio, televisión para abonados, pero no incursiona en internet. Señala que ahí hay una contradicción, que no se regulan los contenidos que circulan a través de internet. ¿Para usted debería regularse también eso, debería regularse también internet?

AD - No, no debería regularse, yo estoy en contra de la regulación de los contenidos. Dentro de ciertas normas, obviamente, lo que tiene que ver con normas de autorregulación que tienen los periodistas, las agencias de publicidad, los medios de comunicación; lo que tiene que ver con el horario de protección al menor, con las garantías del INAU y las normas que el INAU controla o determinados preceptos de cumplimiento en ese horario. Soy contrario a la regulación de los contenidos en general.

Obviamente no estoy proponiendo la regulación de internet, digo que es muy curioso que un proyecto de ley de estas características establezca que es parcial. Se regula una parte de la comunicación, que es televisión abierta, radio y televisión por abonados en sus señales nacionales. Porque después están las señales internacionales que se emiten a través de los canales para abonados. Hay algunas comunicaciones de la agencia de programadores de América Latina, con más de 50 señales de cables, que dicen que esta ley no se puede cumplir porque no hay un formato para Uruguay, es una señal panamericana para 18 países, con lo cual es imposible desconectar parcialmente la señal en función del cumplimiento de esta ley. Por tanto el control remoto pasa por arriba a esta ley, o directamente algunas señales internacionales no se van a poder emitir más a través del cable si se va al estricto cumplimiento de la ley.

Después todo lo que viene para adelante. Los medios digitales son los medios que están teniendo mayor demanda en la utilización de la comunicación. Vinieron a vernos de la cámara de medidoras de medios y de audiencia y dijeron cómo venía la utilización de los medios de comunicación en función de los años, cuántos minutos por día promedio se iba dando en función de años de escuchar radio o mirar televisión, y se nota claramente que vienen en una meseta y un descenso. Y por otro lado un ascenso bien marcado de todos los medios digitales, que son los que quedan afuera, pero es donde vamos a blindar a Antel. A la que no solo le damos el monopolio para la trasmisión de datos, sino que el mundo va hacia la convergencia, hacia las vías diferentes para la utilización de un mismo canal, y en este caso la convergencia se va a hacer a través de Antel. Blindamos a Antel porque la dejamos fuera, porque utiliza la trasmisión de datos a través del protocolo de internet, pero además Antel se va a poner a emitir contenidos. Ya hay un acuerdo muy particular de Antel con Netflix y con algunas señales internacionales más que le pasa por arriba a esta ley. Y la tecnología en pocos años le pasa por arriba a esta ley. Con lo cual creo que, al menos en parte, en lo que tiene que ver con la regulación de contenidos, hay un fuerte componente ideológico.

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EC - El trámite del proyecto se paralizó en el mes de julio, después de que se aprobó en comisión del Senado, cuando el FA decidió no avanzar con la votación en el plenario del Senado hasta después de las elecciones nacionales. La semana pasada se reactivó el tratamiento, pero no en comisión sino en la bancada de senadores del FA. En ese ámbito se manejaron algunos cambios adicionales al texto, algunos de ellos propuestos por el Poder Ejecutivo. ¿Cómo ha observado estas últimas alternativas?

AD - Tenía la esperanza de que después del proceso electoral primaran la posibilidad y la racionalidad en el sentido de que un proyecto de ley de estas características –que regula frecuencias, pero que además habla de monopolios, regula contenidos y habla de control político sobre los medios de comunicación, por vía directa o indirecta– no se llegara a votar en este período de gobierno. Que quedara para el período que viene, con una consulta política más amplia y generando un amplio respaldo para una ley que me parece que no tiene que ser sobre medios sino sobre telecomunicaciones, mirando lo que se viene y no mirando con el espejo retrovisor.

Pero lamentablemente el FA ha insistido, por lo menos los sectores que tenían más interés en sacar esta ley han insistido…

EC - El propio Tabaré Vázquez, en la campaña previa al balotaje, hizo el anuncio de que se iba a proceder a votar el proyecto ahora.

AD - Sí, nos extrañó, yo creo que tuvo más que ver con el proceso electoral. Sabíamos que algunas personas que trabajan con el presidente electo no estaban muy conformes con este proyecto, por lo menos no estaban muy estimuladas con este tipo de proyecto. Pero empezamos esta charla hablando de que la primera opinión del presidente Mujica era que la mejor ley de medios es la que no existe y después termina impulsando un proyecto de ley de estas características, así que todo podíamos esperar.

Teníamos la esperanza de que quedara para el gobierno que viene, de hablar de telecomunicaciones y generar un amplio nivel de acuerdo, por lo menos de consulta, con los partidos políticos. Porque estamos hablando de leyes que no son para el próximo gobierno, son para las próximas generaciones.

EC - Hablemos de las nuevas modificaciones que han aparecido. Una de las nuevas modificaciones, por lo que se sabe, generó división dentro de la bancada del gobierno. Es una disposición que propuso el Poder Ejecutivo que obliga a las empresas de televisión para abonados de todo el país a incluir en sus grillas, además de los canales de televisión abierta –eso ya estaba en el proyecto–, al menos tres señales de producción nacional. El cambio se introduce en el artículo 117.

¿Han analizado este punto? ¿Fueron consultados?

AD - No, por lo que yo sé, ninguno de los senadores fue consultado. Sé que hay una reunión de senadores, obviamente el PN va a mantener su postura. Esto se llama técnicamente "mass carry", implica la obligación de poner en la grilla determinados tipos de señales sin contraprestaciones.

Comparto todo lo que sea promoción de producción nacional; no comparto la obligación, comparto el estímulo, es la misma filosofía de lo que dije al principio. Si queremos avanzar en el estímulo a la producción nacional estamos de acuerdo, no necesitamos esta ley de medios. Si queremos avanzar en regulación de frecuencias, establecer por ley y no por decreto, podemos estar de acuerdo y nos sentamos a conversar, no necesitamos una ley de medios. Por eso creo va en el espíritu de lo que fue el objetivo inicial de la ley, que era obligar que determinadas circunstancias pasen más allá de algunos aspectos. Y creo que este aspecto es tremendamente vulnerable desde el punto de vista jurídico.

EC - Un tema que se había discutido mucho a comienzos de este año era si dejar o no en la ley los artículos 66 y siguientes, que son los que crean el CCA, que será el órgano responsable de aplicar, fiscalizar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley. El problema era que, según la Constitución, en un año electoral no se pueden crear cargos públicos. Ahora que pasaron las elecciones nacionales, la bancada del FA en el Senado decidió que ya no hay objeciones posibles a estos artículos, por lo tanto se avanzará con aquellas disposiciones. ¿Cómo ven este paso?

AD - El proyecto de ley original tenía el CCA. Cuando advertimos, después de octubre, que se incurría en una nueva inconstitucionalidad al seguir impulsando la creación de cargos en un año electoral, el FA retiró esa parte y propuso –y así se votó en Diputados– que fuera la Ursec quien tuviera las potestades del CCA, o sea el control del cumplimiento de la ley. Nosotros estábamos en contra de ese proceso, pero ahora, terminado el proceso electoral, se pueden crear los cargos, es perfectamente legal la posibilidad de crear este CCA.
    
EC - Si se avanza en esta materia, ya no hay objeción desde el punto de vista constitucional.

AD - No, no hay. Lo que hay desde el punto de vista de la conveniencia, que es lo otro que aspiramos a discutir. Lo que se crea ahora es un órgano de tendencia más legislativa que una dependencia del Poder Ejecutivo, como ocurría si el contralor lo hacía la Ursec. Según esta propuesta, porque las modificaciones aparentemente las va a proponer el FA mañana en la sesión, en sala, porque no hubo votación de un cambio del articulado en la comisión del Senado que trató el proyecto de ley. Por lo tanto mañana aparentemente se vota un CCA, según lo que aparece en la prensa, con uno de sus miembros designado por el presidente de la República y los otros por una comisión de la Asamblea General con una mayoría del Parlamento.

EC - Es un consejo de cinco miembros: cuatro designados por la Asamblea General por dos tercios de sus integrantes y el quinto por el Poder Ejecutivo actuando en Consejos de Ministros. Se prevé que el proceso de aprobación de los nombres sea relativamente complejo, porque el trámite para que la Asamblea General nombre a sus cuatro representantes es largo, y para empezar requiere que la oposición o una parte de la oposición dé sus votos para alcanzar esa mayoría de dos tercios.

AD - Sí, aparentemente viene con esa consideración. ¿Qué pasa si no se consiguen los dos tercios? ¿Análogamente se va con mayoría simple en segunda instancia, pasado determinado plazo? Todas esas cosas hay que preverlas. Obviamente, si va a salir la ley –sigo insistiendo en que es mejor que no salga–, prefiero la redacción del CCA con una designación al menos parcial por la Asamblea General con mayoría especial y no exclusivamente dependiente del Poder Ejecutivo.

EC - A eso iba, más allá de las objeciones que usted hace a la ley, esta forma de integración del CCA, con cuatro de sus cinco miembros nombrados por el Parlamento y con mayoría especial, ¿no le da garantías al PN?

AD - Eh… [Se ríe.] No, lo que no me gusta es el CCA controlando como un gran hermano el cumplimiento de la ley en todos los aspectos y sancionando, es una especie de arma martillada sobre determinadas situaciones. No me gusta demasiado ese tipo de instituto, es de lo que nosotros de fondo, conceptualmente, estamos en contra –obviamente no lo vamos a votar, pero se va a crear igual porque el FA si insiste con la ley tiene la mayoría para hacerlo–, pero, entre que lo haga la Ursec y lo haga un consejo designado al menos en parte con representación de la voluntad de la Asamblea General, prefiero esto último. Aunque de hecho el gobierno de turno va a terminar teniendo mayoría siempre, entre que el presidente lo asigna directamente el Poder Ejecutivo y que la mayoría especial va a reflejar la composición del gobierno de turno, ese gobierno de turno va a tener mayoría en el CCA, sea cual sea la circunstancia.

EC - Otra disposición muy polémica del proyecto, que usted ya mencionó, es la que obliga a los medios de comunicación a otorgar determinada cantidad de espacios gratuitos para publicidad electoral (artículos 142, 143 y 144). Ustedes discrepaban con la última redacción que se había dado a esos artículos. ¿Por qué?

AD - Había una redacción en Diputados, después se modificó en el trámite en Diputados, y ahora se introduce una disposición que no conocemos en su fundamento, porque mañana se va a proponer en sala, pero obviamente una disposición de estas características –uno tiene que estar aferrado a las normas–, como es un cambio en la normativa electoral, requiere una mayoría especial de dos tercios, como para la creación de monopolios. En este caso la ley crea un monopolio de Antel, habría necesitado una mayoría especial. Pero el FA votó en sala interpretar que no se necesitaba una mayoría especial –eso es abusar de las mayorías–, cuando son claras las disposiciones al respecto. Creo que en esto no hay dos interpretaciones, es una norma de carácter electoral y que necesita una mayoría especial.

EC - Eso en cuanto a la forma como se vota un artículo o una serie de artículos como estos. Pero estaba también el contenido mismo de esos artículos, sobre todo la manera de distribuir los espacios gratuitos entre los distintos partidos. Se hizo una corrección en esta materia. Se le objetaba a la redacción original que se basaba solo en la votación previa de cada uno de los partidos y que entonces era un mecanismo que facilitaba la consolidación de las mayorías ya existentes, que le iba a dar más minutos al partido ganador de las últimas elecciones. Ahora se corrige el sistema, el 20% de esos espacios se va a repartir entre todos los partidos registrados ante la Corte de manera pareja, y el restante 80% sí se distribuirá en función de la votación de elecciones anteriores. ¿Esa modificación para ustedes es positiva?

AD - Salva algunas de las situaciones que más se criticaron de la versión anterior, además de los temas formales. El PN seguramente discutirá eso hoy en la bancada de senadores, pero en general está en contra del proyecto de ley integralmente, más allá de este aspecto que también evoluciona favorablemente con respecto a la redacción anterior.

EC - Teniendo en cuenta estos puntos que aparecieron en los últimos días, ¿cómo va a ser la actitud del PN en el Senado y en Diputados? ¿Puede llegar a votar algún capítulo?

AD - En Diputados la decisión que tomamos fue de no votar ninguno para dejar bien clara nuestra oposición al proyecto de ley. Dijimos sí –y fui uno de los miembros informantes– que no teníamos inconveniente en trabajar en normativas legales sobre regulación de frecuencias, por ejemplo.

EC - Sobre cómo son los procedimientos para otorgar un permiso, plazos, contraprestaciones, etcétera. ¿En esa materia entienden que sería razonable legislar?

AD - No nos oponemos a legislar, pero se necesita una base de acuerdo importante, estamos hablando nada menos que de los medios de comunicación.

EC - Ese es uno de los capítulos del proyecto.

AD - Pero es uno de los capítulos del proyecto, y además está redactado sin la posibilidad de generar acuerdos ni intercambio ni negociación entre los partidos políticos.

Segundo, dejamos claro que estamos de acuerdo en buscar estímulos a la promoción de la producción nacional, pero no por esta vía, no es necesaria una ley de medios para establecer estas características. Hay otros mecanismos. Incluso no nos oponemos a generar una legislación al respecto, pero una ley que contenga determinadas normas, porque, tal como está redactada esta, va a ser incumplible para muchos medios de comunicación. Particularmente muchas radios, muchos canales cable y muchos medios del interior. Eso fue lo que dijeron cuando vinieron la televisión abierta del interior y algunos medios.

EC - El resumen entonces es que no van a votar ni siquiera los capítulos correspondientes a aquellas áreas en las que admiten que es necesario legislar. No van a hacerlo por la forma como se procesó el debate, porque la redacción no contempla los acuerdos que para ustedes debieron haber existido.

AD - Que serían de base. Si hubiera habido una actitud de buscar acuerdos en determinadas cosas, quizás podríamos haber separado, dejar por fuera todo lo que tiene que ver con el control político y el control de contenidos de los medios de comunicación y trabajar sobre una norma que hablara mucho más de la regulación de frecuencias. Quizás otra habría sido la historia sobre las mayorías que habría tenido determinado proyecto.

EC - El Partido Independiente anuncia –lo ratificó este fin de semana– que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad si salen adelante los artículos de asignación de espacios gratuitos de publicidad electoral. Ese partido entiende que, según la Constitución, esa disposición requiere mayorías especiales, cosa que no ha ocurrido en Diputados y aparentemente no ocurriría en el Senado. ¿El PN estaría dispuesto a acompañar ese camino, el de los recursos de inconstitucionalidad?

AD - Lo que tiene que ver con la legitimidad que pueda tener determinado actor para presentar un recurso requiere una decisión partidaria. Creo que en este caso tiene la legitimidad para hacerlo y lo discutirá el directorio del PN. No hay una resolución tomada al respecto.

Obviamente en lo que tiene que ver con otras acciones de nivel nacional o internacional –que ya algunas se han anunciado, incluso la posibilidad de conflicto con determinados tratados que Uruguay ha firmado con otros países, que esta ley puede vulnerar en el caso de aprobarse–, cada uno de los medios de comunicación afectados podrá hacer las acciones correspondientes.

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Transcripción: María Lila Ltaif