Por 16 votos de 28

Senado aprobó aumento de 8% para judiciales y barras lo rechazaron

Foto de. @FerCalleros
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La Cámara de Senadores le otorgó media sanción al proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para solucionar el conflicto que mantienen los empleados del Poder Judicial sólo con los votos del Frente Amplio. Las barras, colmadas por funcionarios judiciales, explotaron gritando "traidores" y "vendidos", ya que no están de acuerdo con la propuesta por abarcar un 8% del aumento y no mantener el incremento salarial original de un 26%.

La propuesta del Poder Ejecutivo para poner fin al conflicto que mantiene con los gremios judiciales y con los registrales, ya había sido rechazada en forma unánime por todos los sindicatos del Poder Judicial.

El gobierno ofreció un aumento del 8% y el equivalente de tres salarios líquidos como contemplación de la retroactividad ya que el reclamo se arrastra desde 2011.

Luego que el oficialismo impusiera su mayoría, se destapó el enojo de las personas en las barras.

El proyecto de ley, que fue sancionado por 16 votos a favor de los senadores de la coalición oficialista del Frente Amplio (FA) mayoritaria en el Parlamento y rechazado por la oposición en bloque, pasará mañana a la Cámara de diputados para ser aprobada.

"Estamos votando normas presupuestales que afectan al próximo Gobierno, algo que la Constitución no permite hacer", denunció el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini.

La sanción de este proyecto de ley se produjo en medio de una inédita huelga que enfrenta a los funcionarios del Poder Judicial con el Gobierno de Uruguay, por la que han declarado paro total en sus actividades hasta el próximo miércoles.

Al respecto, los jueces uruguayos reclamaron un aumento del 26 % en sus salarios, aunque el proyecto ley del Gobierno uruguayo fija una subida del 8 % y el pago de tres sueldos en concepto de retroactividad.

La solicitud salarial de los jueces viene desde el año 2011, cuando el Parlamento aprobó una norma que elevó el salario a los funcionarios con categoría de ministros de Estado.

Sin embargo, una ley anterior que no había sido tenida en cuenta por los legisladores ligaba la remuneración de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el máximo órgano del Poder Judicial en el país, a la de los de ministros de Estado y, de forma proporcional, a todos los funcionarios de la Justicia en Uruguay.

Así, si se le incrementaba el salario a los jueces de la SCJ, se debería incrementar el de todos los funcionarios de ese departamento de forma automática.

El Ejecutivo se negó a pagar esos aumentos y pasó una ley diseñada para evitar esos pagos, lo que desencadenó una avalancha de reclamos de los propios funcionarios ante la Justicia, lo que llevó a que esa norma fuera declarada inconstitucional.

Para el Gobierno, estos pagos extra suponen un gasto de 60 millones de dólares anuales y no hay presupuesto para ellos.

La senadora Lucía Topolansky señaló que la problemática no se originó por el aumento salarial, sino porque el Gobierno quería solucionar el hecho de que los ministros judiciales de un mismo equipo tuvieran salarios de distintos montos.

Justicia casi paralizada hasta 2015: Actuarios también iniciaron paro

Por otro lado, este martes la Asociación de Actuarios decidió iniciar un paro total nacional de actividades hasta el próximo miércoles 24 inclusive, día en que comenzará la Feria Judicial Mayor que se extenderá hasta febrero de 2015.