(emitido a las 9.23 hs.)

EMILIANO COTELO:
Continúan las repercusiones del conflicto entre el gobierno, los funcionarios judiciales y los registrales por el reclamo salarial que presentan estos gremios de empleados públicos.

Ahora la Asociación de Actuarios decidió iniciar un paro total de actividades a nivel nacional que regirá hasta el miércoles 24 inclusive, el día de Noche Buena, día en que tradicionalmente comienza la Feria Judicial que a su vez se extiende hasta febrero del año siguiente. Estamos hablando de una paralización, de un impacto negativo importante sobre la actividad nada menos que en los juzgados. Vale la pena profundizar en la novedad, estamos con Diego Pardo, presidente de la Asociación de Actuarios Judiciales.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Cómo vieron el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para intentar solucionar el conflicto y que fue aprobado ayer en la Cámara de Senadores?

DANIEL PARDO:
Esta medida que mencionaban, que tomamos por unanimidad ayer en asamblea, es un claro mensaje al Poder Ejecutivo y Legislativo de lo que pensamos del proyecto. El proyecto tiene por un lado un tema económico, y por otro, temas procesales y de reivindicaciones gremiales muy fuertes.

RA – Vayamos por partes: por el tema económico ustedes planteaban el aumento del 26%.

DP – Nosotros planteamos un reajuste salarial de 26% de aquí para adelante, y como retroactividad por los reajustes impagos estamos reclamando desde el 15 de abril de 2011, porque desde enero de 2011 y hasta el 15 de abril de 2011 se nos pagó. A partir de ahí, con las otras leyes inconstitucionales que fueron sacando, se nos cortó el reajuste y no nos lo pagaron más.

Entonces estamos reclamando por un lado 26% para adelante, ellos nos ofrecen un 8%, que en realidad queda en menos, y para atrás nos ofrecen tres meses de los casi cuatro años que estamos reclamando. Y esos tres meses quiero ver si son realmente tres meses.

RA – Tres meses de salario líquido, ¿no?

DP – Claro, es una tomadura de pelo, un engaño total desde el punto de vista económico. Pero además hay dos cosas muy graves en este proyecto de ley. Uno de ellos es un tema de enganche, como le decimos nosotros, que es que para un ministro de la Corte Suprema de Justicia, por ley, la referencia de su sueldo es la de un ministro de Estado, y en la ley de presupuesto de 2005, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, se aprobó que todos en el Poder Judicial estuviéramos enganchados al sueldo de los ministros de la Suprema Corte. Se parte de ese sueldo, que es el más alto del Poder Judicial y todos para abajo, de acuerdo a su jerarquía, van ganando un porcentaje. Nosotros estamos enganchados al subdirector que a su vez está enganchado al director que a su vez está enganchado para arriba. Eso lo sacan de un plumazo, Tabaré Vázquez en su gobierno nos lo dio, y este gobierno en cinco renglones de un artículo nos saca eso, que es una conquista histórica de los gremios, sobre todo del gremio de nuestros funcionarios, una conquista de 70 años. De un plumazo, cinco renglones de un artículo incluido en una ley inconstitucional, nos sacan ese derecho.

Otra cosa gravísima es una reforma, una modificación del Código General del Proceso, en cuanto a las ejecuciones de las sentencias contra el Estado. Cuando el Estado es condenado a pagar una suma líquida y exigible, en este caso contra el Poder Judicial, como el presupuesto del Poder Judicial es fijado por los otros dos poderes del Estado -algo que nosotros entendemos que es inadmisible, porque si el Poder Judicial manda un proyecto que entiende que es la forma en que tiene que funcionar, con determinado presupuesto, los otros poderes hacen lo que quieren- es con ese presupuesto que el Poder Judicial va a tener que responder a todos los juicios que se les hagan, no solo al nuestro, sino al de todos.

RA – El de ustedes que ya está en marcha.

DP – Nosotros tenemos un juicio en marcha que afecta esto…

RA – La posibilidad de cobrar.

DP – Claro, para ejemplificar, si yo reclamo al Poder Judicial 100 pesos, gano, y el Poder Judicial con su presupuesto solo me puede pagar 20 de los 100, y los otros 80 pesos los pierdo. Esto nos va a pasar a cualquier ciudadano de este país que accione contra el Poder Judicial. Pero este artículo lo pusieron en este proyecto de ley por nuestro juicio, cuando estuvimos reunidos con el Poder Ejecutivo se lo dijimos y nos respondieron afirmativamente. Es lamentable. Obviamente, a partir de nuestra medida prácticamente quedan parados todos los juzgados.

RA – Eso le iba a preguntar, porque capaz que vale la pena aclarar. Los actuarios son los jefes administrativos de las sedes judiciales y son los que controlan el trámite de los expedientes: libran los oficios, dan las citaciones… ¿Cómo puede impactar la medida que están tomando?

DP – Todo expediente pasa por el control del actuario, el actuario es jefe de oficina y tiene una doble función: administrativa, como un jefe de oficina común, y técnica, porque para ser actuario hay que ser abogado o escribano porque hay que saber derecho de fondo y forma, porque hay que saber cómo tiene que ser el trámite del expediente. Nosotros supervisamos, el juez dispone qué es lo que hay que hacer, y el actuario es el que tiene que hacer el control del giro de ese expediente. Cada movimiento del expediente pasa por el actuario.

RA – Esto entonces implica la paralización total de los juzgados.

DP – Y prácticamente, los jueces van a hacer solamente lo grave y urgente, otra cosa no van a poder hacer.

RA – Estamos hablando incluso de los juzgados penales, ¿no?

DP – Sí, nuestra medida es sin guardia gremial, sin asistencia, y abarca a todas las materias de todo el país. Queremos que quede claro que tuvimos paciencia, tanta que estamos desde 2010 con este tema y estamos a fines de 2014. Desde agosto estamos dialogando con el Poder Ejecutivo, que se comprometió públicamente, dijo que tenía voluntad de pago, y esto no es voluntad de pago ni de resolver un conflicto sino de agravarlo, creando una nueva ley inconstitucional, cometiendo un nuevo error garrafal. Hay que decirlo: en 2010, en la Ley de Presupuesto, ya hay un error, las leyes sucesivas también fueron erróneas. Todo eso agrava el conflicto y la responsabilidad de que hoy el Poder Judicial esté parado es exclusivamente del Poder Ejecutivo, y si el Parlamento vota también tendrá responsabilidad.

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