(emitido a las 7.46 hs.)

EMILIANO COTELO:
El Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) han chocado en diferentes oportunidades durante este período de gobierno, el segundo frenteamplista. El último episodio es el conflicto salarial con los funcionarios del Poder Judicial (que se extiende a los empleados del Ministerio Público y los registrales).

Ayer, en el sitio web de Presidencia de la Republica, podía leerse este título: "Presidente José Mujica: 'Estoy pidiéndole a la cabeza de la Justicia, cordura'". Luego se informaba lo dicho por Mujica en su audición radial, donde "rechazó las medidas adoptadas por los judiciales y pidió cordura a la cabeza de la Justicia": "Estoy pidiendo por favor por las necesidades de la gente, un compás de recapacitación, un poco de prudencia. No se puede incurrir en lastimar a tanta gente que está necesitando las decisiones de la Justicia. No podemos atropellar así al cuerpo legislativo".

Recordemos, para hoy estaba previsto un acto por el día del Poder Judicial, donde tradicionalmente se entregan medallas conmemorativas a los funcionarios que tienen 30 y 50 años de labor, pero la SCJ decidió dejarlo sin efecto ante el panorama que se vive con las distorsiones ocasionadas por los empleados en conflicto. Además, la corporación dispuso la suspensión de los plazos procesales hasta el 24 de diciembre, cuando comienza la feria judicial.

En un comunicado que dio a conocer, la SCJ sostiene, entre otras cosas, que el aumento de 8% que ofrece el Poder Ejecutivo mediante el proyecto de ley que ya se votó en el Senado nunca estuvo en la mesa de negociaciones. Por el contrario, subraya que el incremento salarial que siempre se manejó era de 21,6% retroactivo a 2011. Además, recuerda que en ninguna de las reuniones con las autoridades de la Presidencia se manejó el "desenganche" salarial de todos los involucrados en el conflicto, salvo los ministros de la SCJ y los jueces, cosa que ahora se incluyó en el texto aprobado en la cámara alta. También, el máximo órgano judicial manifestó su rechazo a "la propuesta de modificación del artículo 400 del Código General del Proceso, que obliga al Poder Judicial a pagar con sus fondos presupuestales las condenas, laudos arbitrales o transacciones que se le impongan". Una norma así "limita y condiciona el funcionamiento de este Poder del Estado, trasladando a su ya escasa disponibilidad presupuestal la carga de asumir dichos créditos".

ROMINA ANDRIOLI:
Estamos en línea con el presidente de la SCJ, doctor Jorge Larrieux.

JORGE LARRIEUX:
Inicialmente quisiera hacerle una aclaración: no se trata de un choque entre la SCJ y el Poder Ejecutivo. En todo caso sería un choque de los gremios del Poder Judicial (actuarios, defensores, funcionarios) con el Poder Ejecutivo.

EC – Tengo un matiz con usted ahí. Este comunicado que yo estaba reseñando recién incluye una opinión frontalmente muy crítica de la SCJ a propósito del proyecto de ley que se está considerando en el Parlamento. Eso suena a choque.

JL – No, primero, no se trata de un choque. Se trata simplemente de poner en claro algún cuestionamiento, no de tipo jurídico porque en este momento aún no nos corresponde hacerlo, sino adelantar los inconvenientes que ese proyecto de ley contempla. Dijimos claramente que en lugar de solucionar o intentar solucionar el conflicto más bien lo va a complicar.

EC – Ya que estamos, comencemos por ahí. ¿Puede usted desarrollar el análisis que la SCJ ha hecho de ese proyecto?

JL – En principio la norma de desenganche, que ahora parecería que el presidente Mujica ordenaría retirar del articulado…

EC – ...Eso dice la prensa esta mañana a propósito de la reunión que ayer tuvo el presidente Mujica con la Asociación de Funcionarios Judiciales con la mediación del PIT-CNT...

JL – ...fue una conquista del gremio, precisamente del primer período de gobierno del Frente Amplio, en 2005, y evidentemente la quieren defender…

EC – Recordemos, el proyecto de ley que se mandó al Parlamento y que tiene media sanción del Senado ejecuta ese desenganche y ahora, a partir de este contacto de la Asociación de Funcionarios Judiciales con el presidente Mujica, se sabe que habría dicho allí que considera inconveniente una medida de ese tipo.

JL – Sí, en principio se retiraría del articulado o no se votaría, con lo cual debería volver a Cámara de Senadores y posiblemente pierda estado parlamentario, no se podría presentar hasta la nueva legislatura, y evidentemente abriría una posibilidad de seguir dialogando. Supongo, por ahora son todas suposiciones mías.

EC – O sea que podría mantenerse efectivamente esa forma de vinculación de los sueldos de los funcionarios del Poder Judicial con los sueldos de los ministros de la SCJ y los jueces.

JL – Ya le digo, fue una conquista gremial concedida en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez.

EC – Del proyecto en general, ¿qué otros aspectos ven ustedes inconvenientes?

JL – Lo que más nos preocupa es el artículo 400. Modifica el sistema de cobro de las condenas contra el Poder Judicial, incluso las que pudieran derivar de este conflicto salarial, y las pone a cargo de un presupuesto ya de por sí bastante reducido. Nosotros disponemos de algo así como 1,2% del Presupuesto Nacional, con el cual cubrimos las necesidades de oficinas en todo el país, cerca de 4.700 funcionarios, jueces, actuarios, etcétera.

EC – ¿Cómo ocurren hoy las cosas? Cuando hay un fallo adverso al Poder Judicial, ¿de dónde sale el dinero?

JL – Va por el Ministerio de Economía y Finanzas, de Rentas Generales. Ahora lo pone a nuestro cargo, con lo cual las posibilidades de cumplir con cometidos esenciales se verán muy limitadas.

EC – Parecería además que esa es una medida que se busca que tenga efecto en particular con las demandas presentadas por funcionarios a raíz de este propio asunto, del mismo reclamo salarial.

JL – Parece que es así, además no olvide usted que a diferencia de… se pretende una situación de igualdad con el Poder Legislativo, algo así dice…

RA – Sí, el gobierno argumenta que quiere equiparar esta situación con lo que le pasa al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo cuando reciben sentencias en su contra.

JL – Exacto, con la diferencia de que esos poderes tienen una autonomía presupuestal de la que carece la SCJ. No olviden que la SCJ proyecta su presupuesto -su presupuesto quinquenal, su rendición de cuentas-, lo eleva al Ejecutivo para que lo incluya en el presupuesto general, pero ahí se le hacen recortes que en definitiva se terminan votando en el Poder Legislativo. Nosotros carecemos de autonomía en materia financiera, así que la tal situación de  equiparación o igualdad no es así.

EC – Esas son las mayores preocupaciones de la SCJ a propósito de este proyecto de ley que tiene media sanción del Senado.

JL – Exactamente, en el comunicado la SCJ no hizo ningún tipo de cuestionamiento jurídico, no corresponde.

EC – Y con respecto al ajuste, a la corrección salarial que está haciendo el Poder Ejecutivo hasta ahora, ¿cuál es la visión que tienen ustedes?

JL – Nosotros desde siempre hemos sostenido que la diferencia entre el salario básico del ministro de la SCJ, al cual se encuentran enganchados los otros sectores, y el salario básico del senador de la República es 21,6%. Eso es sobre salarios básicos, sin considerar partidas adicionales.

EC – Ese es todo un tema: cómo se hace la comparación, qué se computa de un lado y del otro para hacer la comparación.

JL – Claro, si nosotros tomáramos las partidas adicionales, las de secretaría, las de prensa, las de telefonía celular, la diferencia entre el sueldo del ministro de la SCJ y senador es 69,7%.

EC – Y ahí están contando partidas especiales de los sueldos de los ministros de la SCJ?

JL – Contando todo.

RA – Claro, porque uno de los aspectos que establece el proyecto de ley es ese, considerar como dotación partidas especiales que tienen los ministros de la SCJ.

EC – Por ejemplo para vivienda, ¿no?

JL – Está bien, pero parecería que tampoco responde a un principio de igualdad considerar solo dotación para esas partidas para el Poder Judicial y no hacerlo así con respecto a otros organismos del Estado.

EC – Entonces el criterio que ustedes siguen es considerar sueldos básicos de ministros y de senadores.

JL – Sueldos básicos, ahí la diferencia es 21,6% y esa diferencia se traslada, por enganche, a todos los sectores.

EC – Y por lo tanto ustedes dicen que esta oferta de 8% de aumento que hace el Poder Ejecutivo no responde a la realidad.

JL – No es lo que nosotros decimos, es lo que los gremios dicen. Los gremios son los titulares del crédito, la SCJ en algún momento dispondrá el pago, si tiene los fondos para hacerlo, pero los titulares de los créditos son los que están reclamando.

RA – A raíz de esta situación que se ha generado con los distintos gremios del Poder Judicial, ¿cómo está funcionando hoy el Poder Judicial?

JL – La SCJ hace un par de días libró una resolución por la cual suspende los plazos procesales hasta el 24 de diciembre básicamente por la distorsión que provoca el paro de los actuarios…

RA – ¿Qué implica eso en la práctica, para que la gente lo entienda?

JL – Es una situación que da certeza, no transcurren los plazos procesales, elimina la incertidumbre de aquellos que pueden realizar el trámite frente a aquellos que no lo pueden hacer. En sí las oficinas… la oficina judicial está abierta, los jueces permanecen en sus despachos, pero hay dificultades para presentar escritos porque la Oficina de Distribución no está funcionando, etcétera.

Si la actuación se puede realizar, es válida, si no se puede realizar el plazo no se computa.

EC – Está buena la puntualización que usted hace porque en algunas versiones se informó que ustedes habían resuelto "el cierre de las oficinas" del Poder Judicial hasta el 24 de diciembre.

JL – No, eso fue una versión de prensa que tomó mal la resolución de la SCJ, que dice que se suspenden los plazos procesales sin perjuicio de las actuaciones que pudieran cumplirse, lo que implica que la oficina está abierta. De cualquier manera nosotros lo hemos aclarado ayer en otra resolución para que no existan dudas. Para aquellos que tuvieran dificultades para presentar escritos en las oficinas se ha habilitado que pudieran hacerlo en la Dirección General de los Servicios Administrativos, y para aquellos casos urgentes en que hubiera que asignar un juzgado y no pudiera hacerse porque la Oficina de Distribución no funciona, la Secretaría Letrada de la SCJ hará el sorteo y asignación de juzgado correspondiente.

EC – Es un hecho que hay una distorsión muy fuerte entonces en la actividad de los juzgados.

JL – Sí, por supuesto. Faltan pocos días para la feria judicial mayor y creo que se volverá al sistema normal de feria: atención de asuntos urgentes, administraciones especiales, etcétera. Lo que creo que importa señalar es que la SCJ se ha preocupado, los jueces, por atender aquellas situaciones que ameriten tutela de derechos fundamentales, que no admiten ningún tipo de postergación y deben ser atendidos, tales como toda la parte penal, los procesamientos, las libertades, la parte de violencia doméstica, de adolescentes infractores, pensiones alimenticias. Todo ese tipo de cuestiones urgentes que no se pueden dilatar se están cumpliendo, hasta donde yo tengo entendido.

EC – ¿Cómo vio la apelación que hizo ayer el presidente Mujica a la cordura a propósito de las medidas que se están aplicando en el Poder Judicial y el impacto que tienen en la gente?

JL – Con otras palabras nosotros también en ese comunicado que liberamos a la opinión pública hemos hecho un llamado al diálogo y a liquidar este tema de una manera racional.

EC – De todas maneras en el resumen de las palabras del presidente Mujica publicado en el sitio de Presidencia se habla de un pedido "a la cabeza de la Justicia".

JL – Se podría hacer muchas interpretaciones sobre eso. Pero la cabeza del Poder Judicial, la SCJ, tenga la seguridad que está actuando con cordura en este tema.

EC – De paso quiero preguntarle cómo entra en este contexto que venimos examinando otro asunto que se coló en el debate. El miércoles la SCJ le remitió una carta al presidente Mujica y al secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, en la que considera inadecuado e inconveniente que Guerrero le haya comunicado personalmente a un juez en lo penal de ejecución (el doctor Martín Gesto) que Mujica es partidario de que algunos de los presos en la cárcel de Domingo Arena cumplan el saldo de su condena en sus casas. La noticia apareció ayer en Búsqueda. Parece que Guerrero llamó al juez y le pidió que fuera a la Torre Ejecutiva. El doctor Gesto dijo que no podía, pero terminó compareciendo debido a la insistencia del secretario de la Presidencia. La carta que ustedes redactaron dice que la gestión del secretario de la Presidencia "compromete el necesario respeto institucional en el sistema democrático porque roza la independencia e imparcialidad del juez". ¿Podemos examinar esto con más detalle?

JL – El episodio que relata el semanario Búsqueda es exacto, ocurrió así de acuerdo a lo que nos manifestó el juez Gesto, y la SCJ da por terminado el incidente con la nota que elevó al secretario de la Presidencia, doctor Guerrero, y al presidente Mujica. Entendemos que es una injerencia indebida, que en todo caso si el Poder Ejecutivo tiene alguna inquietud o se interesa por algún expediente que pudiera estar en un juzgado lo que debe hacer es trasladar esa inquietud a la SCJ para que si existe alguna irregularidad o lo que sea pueda pedirle al juez los informes correspondientes en el ejercicio de las facultades de las que disponemos. Lo que entendemos que es inconveniente e inadecuado es que un jerarca del Poder Ejecutivo se comunique directamente con un juez interiorizándose de un asunto.

EC – En la oposición esta noticia generó reacciones de disconformidad. Por ejemplo, el senador José Amorín Batlle del Partido Colorado escribió en su cuenta de Twitter: "Esto es gravísimo. Sumado a los ataques a la SCJ y el enfrentamiento actual por el conflicto de los judiciales". ¿Usted ata una cosa con la otra, cómo hay que colocar esto en el panorama que estábamos comentando recién?

JL – Creo que son cuestiones independientes que casualmente se han dado. Pero para la SCJ este incidente está terminado, nosotros visto el problema tomamos la medida que entendimos correspondiente y ahí para nosotros termina el asunto. Siempre hemos tenido y pretendemos tener un buen relacionamiento con los otros poderes del Estado pero ese relacionamiento debe ser institucional, debe canalizarse a través de las vías correspondientes.

EC – ¿Y usted entiende que efectivamente en el caso de la relación Poder Judicial-Poder Ejecutivo en estos últimos mese, en esta administración Mujica, han rodado como es normal o ha habido otras situaciones parecidas a esta de esta semana?

JL – Yo por lo menos no conozco otra situación similar, si hubiéramos sido advertidos hubiéramos tomado también las medidas correspondientes. En lo personal creo que el relacionamiento con el Poder Ejecutivo, con el señor presidente de la República, siempre ha sido correcto y esperemos que siga siendo así. Hemos tenido un 2013 difícil, un 2014 que también ha sido complicado…

EC – ¿Cuando dice difícil a qué se refiere?

JL – Difícil por todos los incidentes, la ocupación de la SCJ, los cuestionamientos a nuestras decisiones en materia de inconstitucionalidad de las leyes…

EC – Esos cuestionamientos han llegado a venir del propio gobierno.

JL – El señor presidente de la República siempre ha respetado los fallos judiciales, no tengo la menor duda de que lo seguirá haciendo.

EC – Respetarlos sin duda, pero las declaraciones más de una vez han manifestado la discrepancia, el malestar, etcétera.

JL – Sí, bueno, pero en ese relacionamiento, que yo entiendo corresponde a los poderes del Estado, la crítica siempre es posible en un margen de corrección, por supuesto.

***