(emitido a las 8.52 hs.)

EMILIANO COTELO:
Ahora que pasó el balotaje y el ciclo electoral da un respiro a la espera de las departamentales de mayo, les propongo que nos detengamos en una discusión que quedó pendiente en esta campaña 2014: ¿cómo se financian los partidos políticos?

La competencia por el gobierno nacional demandó cientos de actos de campaña -cada vez más profesionales y espectaculares-, miles de segundos de publicidad en radio y televisión, cantidad de avisos en diarios y semanarios, mucha propaganda en la vía pública y, además, en Internet y en las redes sociales. Todo eso cuesta, y costó, varios millones dólares.

¿Tiene sentido que se gaste todo ese dinero? ¿Es sano que los partidos y los candidatos tengan que salir a pedir aportes a las empresas? ¿No es posible pensar en una campaña que se financie sólo con lo que el Estado ya paga por cada voto que obtienen los lemas y los sectores? ¿Qué tipo de herramientas son necesarias para controlar cuánto se recauda y cuánto se gasta en la campaña  electoral? ¿Cómo asegurar que el dinero de las donaciones de campaña no se convierta en un mecanismo de presión que eventualmente influya en las decisiones de los gobiernos?

Vamos a charlarlo con nuestros dos invitados: el politólogo Daniel Chasquetti, a quien los oyentes ya conocen, docente del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Facultad de la República; y Rafael Piñeiro, también es doctor en Ciencia Política, se desempeña como coordinador de posgrado del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay.

Una primera pregunta, la sensación que tiene la gente es que las campañas uruguayas cada vez son más costosas. ¿Tenemos información que permita verificar o descartar esa lectura?

DANIEL CHASQUETTI:
Si miramos los datos que surgen de las elecciones de 2004 y 2009 lo que tenemos es que elección tras elección los costos de las campañas se van incrementando. Es probable que cuando cerremos el análisis de los números que se invirtieron en la campaña de 2014 nos indique un nuevo salto. A mí no me caben dudas de que las campañas tienden a ser cada vez más costosas por un hecho que mencionabas al comienzo: se han vuelto más profesionales, hay más inversión en tecnología, y el sistema no es muy eficaz para contener el gasto. Normalmente cuando los partidos y los candidatos compiten tienden a invertir más dinero y eso es algo así como el motor que mueve todo este despilfarro, porque se podría hacer campaña con menos dinero, pero la competencia es el motor.

EC – Parece que hay otros motivos. Óscar Bottinelli en una columna que escribió sobre este asunto hace unos meses destacaba, por ejemplo, el peso que tienen en este sentido las elecciones primarias, las internas. No solo porque antes no existían y ahora sí, por tanto en sí mismas son un agregado de gasto, sino porque desde que se crearon han ido evolucionando y el hecho de que de un tiempo a esta parte se las considere como un test para medir el respaldo que tiene tal dirigente, sector o agrupación a los efectos luego de conformar las listas hace que se termine invirtiendo mucho en esa instancia en particular. ¿Ustedes esto lo consideran también?

RAFAEL PIÑEIRO:
Sí, el gasto de las campañas está asociado a su extensión. La extensión del ciclo electoral ha llevado también al aumento del gasto. Pensemos que en 1999 se vota una ley que precisamente va en el sentido contrario, el de achicar el tiempo de las campañas electorales en medios masivos de comunicación, que después tuvo unas modificaciones que lo achicaron aún más. Eso es porque los políticos tienen siempre la intención de salir antes para poder obtener una ventaja, si todos salen antes gastan más dinero del que desearían y por lo tanto necesitan una ley que de alguna manera los ate de mano para no tener esas conductas que individualmente pueden tener algún tipo de lógica, pero como las hace todo el mundo al mismo tiempo no tiene ningún sentido y solo aumentan el gasto. El problema es que cuando uno extiende el ciclo electoral, pone más instancias de competencia a diferentes niveles, eso dinamiza el gasto. Pensemos incluso que las primarias para algunos tipos de agentes en el sistema de partidos son mucho más importantes que la elección nacional, entonces el gasto se tiene que enfocar sobre todo en la elección primaria y no en la nacional.

EC – Además esas normas que ustedes mencionaban y que limitan la duración de la campaña las limitan relativamente. Primero porque siempre hay trampas para igual emitir publicidad con el argumento de que no se está promoviendo a un candidato sino que se está anunciando una actividad. Segundo, porque la limitación vale solo para la publicidad en medios electrónicos, pero nada impide que se hagan actos de campaña, se publiquen avisos en los diarios o se ponga cartelería. Son limitaciones relativas.

RP – Claro, igual pensemos que con estas normas se establecen normas que se pueden controlar. En este caso algo que es muy obvio y muy fácil de controlar incluso tiene desviaciones como las que tú mencionabas. Imaginemos si quisiéramos restringir el tiempo de campaña más clásica, sería prácticamente imposible tener a alguien que pudiera decir: "mire, usted está haciendo un acto que es de campaña". A veces con las normas de financiamiento hay un problema: mucha sofisticación y mucha regulación va en contra de la posibilidad de aplicación de la norma. Sí, claro está, buena parte del gasto que se asocia a movilización, a campaña más fuera de los medios, es muy difícil de restringir a través de estas normas.

EC – Ibas a agregar algo, Daniel.

DC – Simplemente que en el caso de las pequeñas trampas que se hacen, si tuviéramos un organismo regulador de estas cuestiones con cierto poder de punición, una especie de policía, digamos, me da la impresión de que se podrían tomar medidas. Por ejemplo, se podría reglamentar que toda publicidad de un acto o una actividad no deba insumir más de determinada cantidad de tiempo. Yo he visto piezas publicitarias en las que se anunciaba un acto y el tiempo que insumía decir dónde y cuándo era el acto era algo así como el 5% del total del tiempo que insumía la pieza.

EC – Te pasaban primero todo el jingle entero, por ejemplo, y al final: acto tal día en tal lado.

DC – Exacto, se podría reglamentar que esa relación de 95% a 5% que tenemos sea 50% y 50%, pequeñas modificaciones, si tuviéramos un ente o un tribunal regulador que efectivamente pudiera ejercer esa potestad. Para eso es muy importante que haya punición y que haya penas, porque los partidos hacen trampa en la medida que no son penados. No los pena la gente porque los ciudadanos normalmente no están al tanto de estas normas, es un pequeño grupo muy informado el que se entera de las violaciones. Por el lado legal no está claro cuál es el organismo que debería vigilar esto, unos creen que es la Corte Electoral, otros que es la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), pero no determina con claridad esa ley de 1999 que en 2004 fue modificada, primero era para 40 días, luego se pasó a 30.

EC – De algún modo te estás adelantando a alternativas, soluciones, por dónde habría que ajustar. Vamos a dejar eso para dentro de unos minutos porque lo otro que yo quería agregar acá es lo que ya quedó dicho en la introducción: aparentemente son campañas cada vez más caras en las que el dinero que aporta el Estado no alcanza. El Estado aporta, es importante remarcarlo.

DC РClaro, pero es un aporte constante con el paso del tiempo. Votan dos millones y pico de personas, el valor del voto se mantiene constante, y lo que va solventando el incremento del gasto en campa̱as es el aporte privado.

EC – Para que los oyentes tengan una referencia, en el caso de las elecciones nacionales se paga 87 UI por voto, eso está en el orden de los 11 dólares, 257 pesos por voto. Es menos en las primarias y en el balotaje, pero siempre hay un aporte del Estado, eso está previsto ya.

RP – Sí, aquí hubo un cambio en la legislación de 2009, año en el que se votó una ley de funcionamiento de los partidos políticos que incluye en buena parte de la ley normas respecto al financiamiento de partidos. Los subsidios públicos, que son muy viejos en Uruguay, del año 1928, son muy generosos también en términos comparados, Uruguay tiene subsidios muy importantes para subsidiar las campañas electorales. Es una ley que se votaba para cada período electoral y que a partir de 2009 quedó fijo, que es una especie de bajar la incertidumbre que uno podría tener respecto a cómo se iban a financiar las campañas cuando uno se aprontaba a desarrollar su estrategia política.

Pero tengamos en cuenta que el subsidio, a pesar de que no cubre todo el costo de una campaña en Uruguay, es muy generoso en términos comparados.

***

EC – Este tema apreció varias veces en las tertulias de este año cuando íbamos recorriendo la campaña electoral. A mí me quedó claro que tenemos un problema con el gasto de las campañas. ¿Por qué tendría que preocuparnos? Yo anoté algunos factores.

Primero: buena parte de ese "ahorro colectivo" que la sociedad uruguaya realiza para costear las campañas podría aprovecharse para otros fines, vaya si aquí todavía tenemos unas cuantas necesidades. Segundo: los políticos que no son capaces de captar las masas enormes de dinero que hoy se requieren seguramente se ven perjudicados en la captación de votos o, directamente, pueden llegar a quedar por el camino. Tercero: existe el riesgo de que los candidatos se vean condicionados por los favores que quedan debiéndoles a algunos donantes poderosos. Y cuarto: las carencias del sistema de control vigente, esas a las que aludía hace un rato Daniel, impiden que sepamos a ciencia cierta cuánto gastó cada uno, cuánto dinero recibió, quiénes fueron sus donantes y qué montos aportaron, lo que abre la puerta a todo tipo de sospechas y especulaciones que no le hacen nada bien a la credibilidad del sistema político uruguayo.

¿Ustedes coinciden con estos puntos?

DC – Sin duda. Por ejemplo, tenemos un primer problema que para mí es grave que es que en las internas no hay control, todo está centrado  en las elecciones nacionales, en la segunda vuelta y las municipales, pero en las internas los partidos no están obligados a presentar declaraciones juradas explicando de dónde sacaron el dinero, pese a que existe financiamiento público. Hasta 2009 no existía, la ley de 1999 había dicho: "Vamos a financiar octubre, pero noviembre, y las primarias que se hagan cargo los partidos", pero en 2009 se incorporó el financiamiento público para todas las elecciones. Tenemos elecciones primarias donde no hay ningún tipo de control, lo que se puede hacer son estimaciones. Por ejemplo, encontramos que el financiamiento público cubre muy poco, entre otras cosas porque vota cada vez menos gente en las primarias. Se paga cada vez menos el voto y a su vez vota cada vez menos gente. Según mis estimaciones, que no tengo claro si son correctas o no (eso lo publicamos en el informe "Coyuntura" del Instituto de Ciencia Política), por ejemplo el Partido Nacional con el financiamiento público apenas cubrió algo más del 20% del gasto de la campaña de las internas, el otro 80% vino de afuera.

El Frente Amplio estuvo más cerca del equilibrio, cubrió algo así como el 90% de lo que gastó en medios electrónicos, porque para estos cálculos no estamos tomando ni la radio ni la logística ni la cartelería, solamente la televisión. 20% el PN, 30 y pico el Partido Colorado y el Frente Amplio estuvo cerca del 90% entre otras cosas porque recibió más dinero por votos. La pregunta que uno debería hacerse es de dónde viene todo ese formidable aporte, que viene obviamente del sector privado…

EC – Por un lado están las donaciones personales, las contribuciones de militantes y simpatizantes. Ahí no hay nada objetable, es la esencia quizás del funcionamiento de un partido o un sector.

DC – Todo está regulado…

EC – El punto más delicado es la parte de donación de empresas.

RP – Está este dicho de que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Obviamente si hay un financiamiento que es natural es el de los simpatizantes, buena parte de quienes colocan dinero en los partidos, no solo en Uruguay sino en el mundo, no lo hacen esperando un retorno de esa inversión sino que simplemente es una expresión, como la gente que dona para caridad, expresa o consume a través de ese mecanismo. Ahora, en sistemas donde las regulaciones no son fuertes hay toda otra parte que dejan la duda de si no son inversiones, cuando uno aporta mucho dinero y cuando es una empresa, no una persona, ¿las empresas pueden tener expresión a través del financiamiento o es más una lógica de que la empresa invierte en aquellos que sabe que después van a defender sus intereses o eventualmente pedir favores? En Uruguay hay una investigación de Kevin Casas, de 2002, donde dice: en realidad lo que se hace muchas veces a través del financiamiento es comprar acceso, tener la posibilidad de luego levantar el teléfono y decir "escúchenme" cuando alguien va a legislar de determinada manera o cuando se va a reglamentar determinada ley de cierta manera.

EC – Es curioso porque estas contribuciones que hacen las empresas a las campañas electorales son de hecho una especie de impuesto que existe en Uruguay, y sin embargo nadie se queja de ese impuesto en un país donde la presión tributaria siempre es motivo de controversia y polémica no salen la empresas a decir: "¿Por qué terminamos obligadas a donar dinero a las campañas electorales?".

RP – Igual hay un poco también de queja, cuando uno conversa sobre estos temas, o quienes han hecho entrevistas respecto a esto, lo que suelen tener es esa idea de: nosotros no es que queramos donar pero hay un desfile, una elección tras otra, y uno va colocando dinero. Es más una demanda de los partidos que una oferta del sector privado. Aunque no públicamente, existe esa queja.

EC – Tú decís que cuando se lo investiga, por ejemplo, cuando ustedes hacen ese tipo de trabajo, se encuentran con el malestar. Pero no se lo escucha habitualmente en los medios.

RP – Porque precisamente lo que se quiere preservar es esa relación con el objetivo de tener acceso y generar confianza con quienes después van a legislar y pueden influir en la suerte del emprendimiento empresarial.

DC – Si tuviésemos una legislación que se cumpliera, deberían existir muchas empresas que donan mucho dinero. Porque la ley dice que hay un tope que anda en los 25.000 dólares. Quienes más pueden donar son los candidatos, que pueden hasta triplicar ese monto.

EC – ¿Cómo?

DC – Los candidatos, si tú estás en una lista podés donar hasta el triple.

RP – Y quienes están en primer lugar pueden poner de manera ilimitada.

DC – Los que encabezan las listas.

Lo que deberíamos saber es que en realidad si la ley se cumpliera tendríamos muchísimas empresas donando montos más razonables. Lo que ocurre es que como no sabemos si la ley se cumple, porque no tenemos buenos controles, nunca está claro si efectivamente las empresas donan lo que finalmente los partidos declaran.

EC – Y tenemos pruebas de que los partidos cuando le informan a la Corte Electoral no le informan bien. Ha habido casos muy chocantes de empresas que dicen que les ponen la misma plata a todos y sin embargo cuando aparecen los documentos de los distintos sectores esa misma empresa figura con cifras diferentes.

DC – Y han tenido que salir a aclarar algunos, porque aparece subdeclarado o sobredeclarado en uno y otro caso. Incluso algunos empresarios han dicho que no entienden bien cómo es la declaración de los partidos y por no acusar prefieren callarse la boca. Pero acá hay mucha irregularidad y todo es producto del escaso control que realiza la Corte Electoral, que es el organismo encargado de esto.

EC – Por último, ha aparecido incluso en algunas de las declaraciones, creo que fue el propio presidente José Mujica que llegó a meter este gato arribad de la mesa, la posibilidad de que el narcotráfico termine en Uruguay aterrizando en el financiamiento de las campañas, como notoriamente ocurre en otros países.

RP – Tengamos en cuenta que hay una norma que habilita precisamente esto dentro de Uruguay que es esto que mencionaba recién de la posibilidad que tienen los candidatos de aportar ilimitadamente a sus campañas. Si uno tiene la posibilidad de aportar ilimitadamente y no se me pide de dónde saco el dinero para hacer esos aportes, en realidad lo que estoy haciendo es habilitar la posibilidad de entrada de dinero de cualquier tipo. Si uno va a abrir una cuenta en un banco con mucho dinero el banco le pide, por las normas de lavado de activos, que declare y justifique de dónde sacó ese dinero, lo mismo perfectamente se podría hacer cuando se permite a los candidatos financiar sus propias campañas. "Mire, yo voy a financiar mi campaña con un millón de dólares", "Fantástico, dígame de dónde sacó ese dinero". De la misma manera que cuando uno va a hacer cualquier inversión se le solicita eso.

DC – La declaración jurada de la fórmula del Partido Colorado en 2009 era muy llamativa, porque aparecía: "Donación – Pedro Bordaberry" de forma reiterada, y como él encabezaba la lista no había ningún tipo de tope. Creo que igual el mayor problema no es ese sino el dinero que se ingresa y no se declara, ahí es donde debería actuarse.

***

EC – ¿Es posible acortar realmente las campañas para que demanden menos recursos? ¿Qué tipo de herramientas son necesarias para controlar cuánto se recauda y cuánto se gasta en la competencia electoral? Ese es el tema que nos queda para la segunda parte de esta entrevista que estamos manteniendo En Perspectiva con los politólogos Daniel Chasquetti y Rafael Piñeiro.

***

EC – Los escucho, señores, ¿qué reformas proponen?

DC – Creo que lo que debería pensarse es que es más simple intentar tener mecanismos de contralor y de perfeccionamiento de estas leyes que tenemos actualmente antes que modificar el ciclo electoral. Esto último tiene que ver con la Constitución, con un pacto entre los partidos, mientras que modificar esta ley se pasa con mayorías especiales. Esta legislación puede ser modificada en ciertos aspectos que nos permitirían mejorar en los tres rubros que nos interesan: la transparencia, la equidad y el control.

EC – Por ejemplo, ¿qué medidas habría que implementar?

DC РCreo que lo principal es un redise̱o institucional del contralor. Necesitamos un ente regulador del gasto en las campa̱as que puede ser la Corte Electoral o un organismo especial.

EC – Tú decías en una de tus notas sobre este tema que debería ser una especie de DGI.

DC РUna peque̱a DGI le llam̩.

EC – ¿A qué aludías con eso?

DC – A que tenga capacidad de fiscalización y contralor. Cuando uno estudia cómo está pensado el sistema nos encontramos con que hay una gran cantidad de agentes, la ley de financiamiento es muy sabia en ese sentido porque toma en cuenta dos variables centrales del sistema de partidos: tenemos partidos políticos fraccionalizados y muy descentralizados. La ley prevé mecanismos para que todos puedan recaudar dinero y gastarlo. En ese sentido tenemos el nivel presidencial, el del Senado y el de Diputados, tenés cientos y cientos de agentes en todo el país que están juntando y gastando dinero. Tenemos que tener mecanismos para poder controlar todo eso. Lo primero es que todos presenten la declaración jurada, en 2009 aproximadamente casi 90% la presentó, pero hubo algo más de 10% de los agentes que no la presentaron y no recibieron ningún tipo de penas.  Las penas podrían ser monetarias pero también la prohibición de seguir compitiendo en otros ámbitos.

EC – Aclaremos que cuando Daniel habla de controles efectivos se refiere por un lado a las donaciones, a que haya una transparencia real a propósito de quiénes son los donantes y por qué montos, pero también a propósito de los gastos, porque perfectamente en un presupuesto de campaña se pueden inflar gastos. La experiencia de otros países demuestra que existen mecanismos para controlar que los gastos declarados sean reales. Se va al mercado, se hace investigación a propósito de si el alquiler del equipo de audio para el acto que se hizo frente a la Plaza Independencia cuesta lo que dice el papel que costó.

RP – El control va por tres lugares. El primero es un control formal que debe existir de que todas las declaraciones se ajusten a la norma, eso es relativamente simple pero no se hace. Lo segundo es una lógica de auditorías, aleatorias, por ejemplo, en Brasil a los municipios se los controla de manera aleatoria, no se puede controlar los 3.000 municipios, se sortean los que se controlan, entonces todo el mundo sabe que eventualmente le puede caer y eso disuade prácticas que no son acordes a la ley y también estimula el cumplimiento de la norma. Lo tercero es observadores del terreno respecto al gasto, que en cada circunscripción uno pueda ver qué es lo que efectivamente está haciendo cada uno de los agentes que están participando de la competencia electoral, si alguien llena la ciudad de vía pública y después declara que gasta 1.000 dólares en ese medio, es algo que no tiene mucho sentido. Estas tres dimensiones del control son las que se deberían incorporar para tener un control efectivo de que las declaraciones son como dicen que son.

EC – A propósito acá meto una cuña, algo que alude directamente a "nosotros", los medios de comunicación, la radio, la televisión. Es imprescindible que de ahora en adelante, en una reforma, se introduzcan medidas que permitan verificar qué precio paga por la publicidad cada candidato, cada sector, cada partido. es un hecho, todos sabemos que existe en medios -no digo que esto sea una realidad de todos los medios-, que se tiene políticas de descuentos diferenciales, por un tema de simpatía política o de amistad, se le hace un descuento de 50% a uno, de 30% o 20% a otro. Esa es una política que en El Espectador se ha procurado tener de manera muy prolija, no existen en esta empresa tarifas diferenciales, pero en otros medios todos hemos escuchado cuentos de que sí. Ahí hay un subsidio escondido, una donación escondida.

RP – Las tarifas diferenciales son el aporte más grande que hace una empresa a un partido en Uruguay.

DC – En México y Costa Rica, que controlan muy bien esto, lo que hacen los organismos encargados del control es al comienzo de la campaña solicitar las tarifas y luego ellos contratan auditorías no de los partidos sino de los medios de comunicación y el organismo puede hacerse una idea de cuánto gastó cada partido. Entonces, cuando luego declaran si hay diferencias se obliga a declararlas como donaciones en especie.

EC – Es que son donaciones en especie.

DC – Si un canal de televisión está aplicando una tarifa diferencial lo que hay es una donación en especie que tiene que ser declarada.

RP – En algunos países incluso la compra de minutos se hace a través del organismo regulador del financiamiento o de las campañas, no es que uno va directamente al medio y compra sino que se hace a través de ese organismo. Cuando se discutió la ley de 2009 este asunto no entró y cuando se discute específicamente en referencia a los medios de comunicación se va por el lado de la distribución de tiempo gratuito, algo similar a lo que está ocurriendo hoy con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Creo que es un error muy grave, primero, para esa ley quedó entrampado ahí y no se pudo regular nada, creo que la lógica de tarifar los minutos es más transparente e incide mucho menos sobre las posibilidades en la competencia electoral.

EC – Veamos eso, acaba de aprobarse en el Senado y todo indica que se aprueba hoy en Diputados la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es muy larga, pero uno de sus capítulos es el que introduce la obligación de las radios, los canales de televisión, las empresas de televisión para abonados, de ceder espacios gratuitos a los partidos políticos para publicidad electoral en tiempos de campaña. Después está previsto incluso un mecanismo de distribución de esos minutos entre los distintos partidos y sectores. ¿Cómo cambia esta realidad de la que estamos hablando un régimen como ese?

DC – Todo es muy desprolijo, porque cada país que toma estos modelos es para abandonar la contratación de minutos en televisión por parte de los partidos, se sustituye la compra por un financiamiento público. En Brasil, en chile, en Argentina, en Colombia, estos modelos prohíben a los partidos comparar espacios en la televisión.

EC – Sin embargo eso no está dicho en la norma que se está votando ahora.

DC – No, porque la ley de 2009 le permite comprar y la ley que estamos votando ahora le agrega, o sea lo que vamos a tener…

EC – Vamos a tener una doble avalancha de publicidad, la gratuita y la paga.

DC – Lo más probable es que el mercado ajuste y que los segundos de televisión se vuelvan extremadamente caros porque no va a haber espacio para repartir.

EC – Si, porque lo que se asigna obligatoriamente es una cantidad importante de minutos, ya se discutirá este asunto cuando la ley esté pronta y cuando venga la reglamentación, pero…

RP – El problema es lo que esto genera en las posibilidades electorales de los diferentes actores. Los subsidios tienden a ser normas que privilegian el statu quo porque se tienden a distribuir en función proporcional de algún parámetro de la dimensión de los partidos. El subsidio por dinero en Uruguay no es un problema muy grave porque se distribuye en función de los votos que el partido recibe, no en función de los votos que recibió en la elección anterior. Pero cuando uno distribuye un recurso que es muy importante de manera gratuita entre los diferentes partidos y dentro de los diferentes partidos y que solo se puede usar en el momento de la campaña -no es como el dinero, que se puede usar después- en este caso voy a distribuir minutos que solo voy a usar en la campaña en relación con lo que ocurrió cinco años antes, es una norma que refuerza mucho y congela mucho los resultados electorales, favorece mucho a los grandes y perjudica mucho a los pequeños.

EC – Por más que se corrigió la redacción del texto y ahora incluye una parte de distribución pareja entre todos.

RP – Pero incluso las partes de distribución pareja uno las podría cuestionar también desde el otro lado, diciendo que se está privilegiando a partidos que no necesariamente debería privilegiar porque son muy pequeños en términos de su caudal electoral. La lógica de subsidios es complicada y tiende a tener mucha incidencia sobre las dinámicas que competencia. Por lo tanto, la lógica de la regulación del precio de los topes de posibilidades de compra son lógicas mucho más transparentes para regular y no incidir tanto en los resultados.

DC – De todos modos esta es la crítica que recibe este modelo, que se adopta porque suele ser una decisión inteligente de la clase política frente al poder de los medios de comunicación. O sea, si yo tuviera que pasar raya después de haber mirado con bastante detenimiento las últimas tres campañas te diría que el Estado uruguayo en cada proceso electoral le pasa algo así como entre 30 y 40 millones de dólares a los medios de comunicación vía los partidos, porque todo el financiamiento público se lo chupan los canales de televisión.

EC – Sí, porque están las radios, etcétera, pero el grueso son los canales de televisión.

DC – Claro, este tipo de decisiones son casi económicas y terminan diciendo: bueno, vamos a dejar de pasar ese dinero y creamos un espacio gratuito. Entonces empiezan las discusiones sobre el tema de la equidad, se trata de resolver con un piso que a veces… en el caso de Brasil es muy gracioso porque hay tantos partidos y está tan fragmentado el sistema que a algunos pequeños partidos les tocan tres segundos. Recuerdo un candidato a diputado por el estado de San Pablo, (el fallecido) Enéas Carneiro, que era de derecha, muy conservador, que en esos tres segundos gritaba: "Quiero una bomba atómica para Brasil". Entre muchísimos candidatos que tenían tres segundos, Enéas Carneiro empezó a llamar la atención, terminó ganando votos y conquistó creo que cuatro o cinco bancas en Diputados.

Todos estos sistemas consideran una base y luego agregar tiempo de acuerdo al tamaño del partido. En Brasil ningún partido es más grande que el 20%, entonces no hay tanta diferencia, pero en Uruguay tenemos un partido que está cerca del 50%, se quedaría con el 50% del tiempo. Esa es toda una discusión bastante difícil de llevar.

EC – No hemos hablado de publicidad oficial y sin embargo varios oyentes mandan mensajes anotando que además del financiamiento de las campañas electorales habría que regular mejor la propaganda oficial en años electorales, porque se puede interpretar que suma a favor del partido de gobierno.

DC – Es así, te digo más, en los 30 días finales, que es cuando está la campaña en televisión, debería prohibirse la publicidad oficial, esa es mi opinión. Me parece que los gobiernos siempre tratan de utilizar ese diferencial y creo que no es bueno, no le hace bien, porque está lesionando la equidad de la competencia.

EC – ¿Hay antecedentes en otros países?

RP – Sí, hay toda una línea de regulación que no es solo asociada a la publicidad estatal sino también al uso de recursos públicos para campañas electorales. Hay una legislación muy importante porque buena parte de la incidencia respecto a las campañas electorales pasa a través del Estado. Sí es uno de los canales por los que se puede ir, no sé si sería tan radical como para prohibir la publicidad estatal en los últimos 30 días, porque eventualmente pueden ocurrir cosas que ameriten una campaña de publicidad oficial para difundir sobre determinado problema que pueda haber ese mes, y tenemos una ley y el Estado no podría hacerlo. Pero sí obviamente hay una necesidad de regular más estrictamente la forma en que la publicidad electoral funciona en el último tiempo.

DC – En esta campaña pasó algo increíble: los entes autónomos estaban haciendo muchísima campaña, hasta Mujica se dio cuenta y les pidió que cerraran la canilla, frenaron los entes autónomos y salieron los ministerios, ese tipo de cosas no le hacen bien a la democracia ni a la competencia.

***

EC – El tiempo se nos ha ido, creo que avanzamos bastante, ¿pero les parece importante agregar algo en el final?

DC – Creo que necesitamos que las organizaciones de la sociedad civil tomen este tema, en los lugares donde ha habido grandes cambios eso se debe en parte también a que la sociedad civil presiona y veo que en Uruguay los esfuerzos son muy tímidos, los partidos no se sienten obligados. Lo que haría es alentar a las organizaciones de la sociedad civil a controlar estos temas.

RP – La información respecto a quien dona para los partidos y cuánto gastan los partidos también es un insumo para decidir el voto y por lo tanto se debería proveer esa información de manera accesible para los ciudadanos. Ahí hay un rol de las organizaciones de la sociedad civil, como decía Daniel, también de la prensa y también del Estado y de quien controla para no solo publicitar las rendiciones de cuentas de 500 agentes de recaudación y gasto electoral sino para generar un dato que permita a las personas decidir en función de esa información.

DC – Por ejemplo, que los ciudadanos uruguayos sepan que los concesionarios del Aeropuerto de Carrasco son el principal donante de todos los partidos, es un dato, está ahí, durante dos campañas sucedió, pero nadie lo sabe. Así de otras empresas importantes. Es el tipo de problemas que tenemos.

Hasta marzo o abril no vamos a tener datos porque los partidos tienen 90 días para presentar los resultados, supongo que en esas fechas vamos a tener una idea de cuánto se gastó en esta campaña y qué clase de problemas podemos tener en este asunto.

***

Contenidos relacionados:

Artículo de Fabricio Scrollini en La Diaria

Artículo de portal Sudestada sobre violaciones a la ley electoral en 2009

Estudio de Victoria Terán

El financiamiento de los Partidos Políticos en Uruguay, por Daniel Chasquetti y Rafael Piñeiro

¿Quién controla el origen del dinero de las campañas electorales? Por Daniel Chasquetti