(Emitido a las 07.37)

EMILIANO COTELO:
La reforma constitucional aprobada en el plebiscito del domingo 31 ¿hace caer las concesiones ya efectuadas en servicios de agua potable y saneamiento? Mientras el gobierno saliente y el electo no se ponen de acuerdo en torno a la respuesta, Uragua, una de las dos concesionarias en Maldonado departamento de primera línea en la actividad turística, jugó por su lado y anunció que para esa empresa sí el contrato que la une al Estado uruguayo se ha vuelto ilegítimo.

El Poder Ejecutivo resolvió ayer formar una comisión en la que se invitará a participar al gobierno electo y también al ex candidato presidencial del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, para que examinen las implicancias jurídicas de la reforma.

Mientras tanto, la Intendencia Municipal de Maldonado insistió ayer con la necesidad de encontrar una rápida respuesta al problema por el anunciado retiro de Uragua. El intendente Enrique Antía propone la municipalización de los servicios.

Estamos en contacto con nuestro corresponsal en Maldonado, Marcelo Gallardo. ¿Han tenido lugar contactos entre Uragua y la Intendencia?

MARCELO GALLARDO:
Hubo una reunión el viernes pasado en la residencia del intendente Antía, que estaba de licencia, y en las últimas horas Uragua le remitió una nota, a la que adjuntó la nota enviada antes de las elecciones al presidente de OSE y al ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, advirtiéndole lo que ya se hizo público dos días antes de las elecciones: que se va, y que su retiro debe hacerse antes de la temporada.

EC - En uno de sus párrafos, dice la carta firmada por Unai Lerma Mentxaka: "se solicita a OSE se expida en el plazo de 10 días, habida cuenta de buscar una solución rápida a la precariedad jurídica en que se está prestando los servicios. En aras a preservar el interés público y no permitir un desenlace de profunda crisis para el conjunto del departamento, y en particular para los propios trabajadores de Uragua. Particularmente estimo que esta situación no debe ni puede prolongarse innecesariamente en el tiempo, de forma que, con anterioridad a la llegada de la siguiente temporada, el servicio de abastecimiento y saneamiento sea prestado por persona jurídica que cumpla con las condiciones que establecen las normas".

MG - Efectivamente, y no sólo el intendente Antía está trabajando en esa idea que mencionabas de municipalizar los servicios: también el principal dirigente de la izquierda local diputado Darío Pérez (quien renovó su banca y será candidato a la Intendencia en las elecciones de mayo próximo) está trabajando en el mismo sentido, tratando de elaborar un proyecto que permita al departamento salir del atolladero en que está. Este problema generó dos problemas importantes, tanto a nivel oficial como entre los empresarios del balneario (la Corporación Gastronómica, el Centro de Hoteles, la Asociación de Inmobiliarias, la Cámara Inmobiliaria): la primera es resolver esta transición, porque estamos encima de una temporada que todos coinciden en anticipar como muy buena, lo que va a complicar la demanda de los servicios...

EC - Sí: da la sensación de que va a ser la mejor temporada en varios años.

MG - Se espera un aluvión de turistas, por lo menos muchos más de los que llegaron en temporadas anteriores, y esa es la primera preocupación: que esta transición no cae en buen momento a juicio de los operadores, para quienes deberá resolverse cuanto antes o al menos tratar de diferir la retirada de la empresa. Uragua se quiere ir ya: cuando los empresarios están diciendo que se tienen que ir, uno empieza a preguntarse en qué está su cabeza, o cuál es el plan de contingencia que la firma en España ha remitido a sus representantes en Maldonado. Una empresa que se quiere ir, que dice que está en la ilegalidad, no debe ser una empresa que esté proyectando mucho a futuro. Esa es la primera preocupación.

EC - La primera preocupación es el corto plazo.

MG - Y ahí los empresarios turísticos están con los pelos de punta; es la realidad.

La segunda preocupación es el tema de siempre: qué pasa con el saneamiento de Maldonado.

EC - El saneamiento pendiente, pero esas son obras que requieren tiempo, mucho tiempo para concretarse.

MG - Recordemos que la irrupción de Uragua en Maldonado no se produjo de un día para otro: es un proceso que arrancó a comienzos de los 90, cuando OSE y la Intendencia de Maldonado aportaron U$S 10 millones para lograr dos informes técnicos que desembocaron en el llamado a licitación que posteriormente se adjudicó a Uragua. U$S 10 millones costaron los informes técnicos, en 1990. Esta solución que se acaba de frustrar tiene 14 años.

El problema en sí es el saneamiento. Recordemos que OSE, mediante la licitación Nº 1.008 y con un préstamo de U$S 50 millones, realizó las obras de agua potable en su gran mayoría. El suministro de agua potable, en cuanto a infraestructura, no es el problema; aunque los empleados de Uragua en los últimos días han dicho que el problema es la gestión del servicio de agua potable porque la empresa maneja servicios operativos distintos a los de OSE. Se discute entonces si va a ser o no traumático que OSE asuma la gestión del agua potable. OSE tiene experiencia, brindó este servicio toda la vida en Maldonado, pero en el corto plazo genera algunas dudas respecto a la transición.

EC - La cuestión está planteada entonces en esos dos niveles: lo que va a ocurrir en la próxima temporada y, por otra parte, para cuándo va a postergarse el proyecto de saneamiento que sigue pendiente. ¿Qué se ha avanzado en estas horas respecto a esas inquietudes?

MG - Los empresarios han expresado su preocupación; entienden que el saneamiento es de urgente necesidad para el balneario, que hay que resolverlo cuanto antes. El problema no existe al este del arroyo Maldonado, donde la concesionaria es la empresa Aguas de la Costa, que ha hecho la inversión necesaria en infraestructura. Allí el problema no es de calidad del servicio sino del costo de la tarifa para algunos sectores (a la gente de menores ingresos le concedieron una tarifa notoriamente inferior). El problema es en la zona adjudicada a Uragua: al oeste del arroyo Maldonado, al sur de la ruta 9 y al este del arroyo Solís Grande, que comprende aproximadamente al 80% de la población del departamento, porque incluye a las principales localidades.

¿Cómo van a empezar las obras, qué problema puede haber en la gestión del saneamiento? Porque Uragua no llevó a cabo la mayor parte de las obras no sólo porque la crisis económica de 2002 cambió la ecuación económica, sino también porque hubo un menor nivel de actividad y están postergadas obras muy importantes, entre ellas la construcción del emisor subacuático en Punta de la Salina (según aquel estudio de OSE y la Intendencia, costaba alrededor de U$S 150 millones). Buena parte de la infraestructura es la misma que había antes de que Uragua se hiciera cargo, salvo algunos barrios donde construyó algunos emisores y conexiones.

El problema es que la próxima temporada no sólo se anticipa mejor que la anterior, lo que implica mayor demanda de los servicios, sino que también hay un importante aumento en la actividad en la construcción: se ha dado permiso para la construcción de unas 500 fincas importantes y unas cuantas torres, lo que implica que cada vez hay más demanda de agua y saneamiento, con la misma estructura de hace 20 años.

EC - La pregunta es entonces cuánto tiempo más puede postergarse el saneamiento pendiente y, en caso de que Uragua efectivamente se retire, quién financia esas obras que no podrían retrasarse.

MG - Hay varios aspectos en esta situación. Una es la de esta firma que tiene unas 300 familias que dependen directa e indirecta de la actividad de Uragua. ¿Qué va a pasar con los funcionarios? Gran parte de ellos eran empleados de OSE, a la que renunciaron mediante el cobro de incentivos muy importantes para trabajar en la actividad privada. Si bien todos los dirigentes políticos aquí dicen que no van a perder su trabajo, muchos señalan que hay un atolladero legal porque hay gente que cobró importantes sumas para irse, mientas otros debieron aceptar ser redistribuidos en otras localidades, gente que vive en Maldonado y viaja todos los días a Atlántida, a Minas... ¿Vuelve OSE y esos funcionarios vuelven a Maldonado?

Algunos dirigentes piensan que la empresa es Uragua, está funcionando como tal, y lo menos traumático sería que el Estado (sea la intendencia, la administración central, la misma OSE) se haga cargo del paquete accionario de la empresa de forma de dar continuidad al servicio. Lo que cambiaría serían los accionistas de la empresa: en vez de Cartera Uno, Iberdrola y Aguas de Bilbao, el Estado uruguayo asumiría el paquete accionario y se cumpliría con la reforma (esto es algo que se maneja en corrillos como posibilidad). Porque muchos entienden que, vigente la reforma desde el momento en que fue proclamado el resultado del plebiscito, debe atenderse no sólo la forma sino el contenido. Entonces: ¿seguiría Uragua operando en el ámbito del derecho privado pero siendo propiedad del Estado, como lo exige la reforma constitucional?

EC - Y en ese caso, quién pone el dinero para las obras de saneamiento.

MG - El intendente pidió un informe al administrativista Daniel Hugo Martins, quien en esencia dice que la Intendencia está habilitada a pedir préstamos, aumentar su endeudamiento para realizar esta obra. Se maneja también la posibilidad... Todo esto en ámbitos coloquiales; nadie se ha sentado a discutirlo formalmente en una mesa, y Uragua dice que ha mandado cartas para todos lados pero nadie del gobierno ha hablado con ellos, salvo una reunión con Antía y algún contacto informal con gente de OSE. Se maneja entonces aplicar una solución como Montevideo, donde el saneamiento no fue hecho por OSE sino por la Intendencia y ésta cobra una tasa que cobra junto a la Contribución Inmobiliaria...

EC - Que se destina a pagar los créditos solicitados a esos efectos.

MG - OSE le cobra mes a mes a la Intendencia de Montevideo por el suministro del agua, y ésta traslada a los usuarios los costos fijos y los variables de esta gestión. Algunos recordaban que la rambla de circunvalación de Punta del Este se construyó durante la dictadura militar con el cobro de un suplemento a la Contribución Inmobiliaria. Pero la gente aquí dice "Basta de impuestos", ¿no?

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón