Lucero reconoció la aplicación de diversas formas de tortura contra ex presos políticos en las unidades militares y brindó detalles sobre las mismas, así como diferentes formas de abuso sexual contra detenidas políticas. El Fiscal Carlos Negro solicitó su procesamiento con prisión. Pero además reclamó a la SCJ el envió de la nómina de funcionarios de la Justicia (jueces, fiscales y defensores públicos de la época), a los efectos de ser indagados ya que según Lucero "algunos" habrían colaborado con los torturadores.