(Emitido a las 09.09)

EMILIANO COTELO:
Estas semanas han sido mucho más "movidas" de lo esperado en la interna del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA). Después de las elecciones del 31 de octubre aparecieron diferencias de criterio en torno a las consecuencias de la reforma constitucional del agua, se dio una polémica fuerte en los medios de comunicación por las candidaturas a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y aparecieron incluso fricciones por la distribución de cargos en el gabinete ministerial. Quizás demasiados ingredientes para estos primeros 20 días de una transición en total de cuatro meses.

¿Cuál es el estado actual en cada uno de estos temas? Vamos a conversarlo enseguida con Roberto Conde, secretario general del Partido Socialista (PS), diputado reelecto por el departamento de Canelones.

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EC – Diputado Conde, sobre estos temas que he mencionado habíamos tenido en estos días otros puntos de vista en la interna del Frente; queríamos consultar también al PS.

Uno de los temas que motivaron este clima es el de las consecuencias de la reforma del agua, la discusión –a esta altura muy fatigosa, incluso para la audiencia– sobre si las concesiones ya vigentes en servicios de agua potable y saneamiento caen.

El senador Reinaldo Gargano, de su propio partido, dijo en estos días: "Yo creo que el texto de la reforma es absolutamente claro, hace cesar todas las concesiones que se han dado hasta ahora", con lo cual estaba contradiciendo la visión que hasta el momento ha venido manejando nada menos que el doctor Tabaré Vázquez, presidente electo, e incluso el futuro ministro de Economía, Danilo Astori. ¿Cómo se entiende que todavía hoy exista dentro del EP-FA esta diferencia de enfoques?

ROBERTO CONDE:
Aquí tenemos un cruce de debates en dos planos, uno político y uno jurídico. En el plano político el presidente electo, Tabaré Vázquez, fue categórico y dijo ya hace varias semanas: "Esto es un tema que tiene que resolver el actual gobierno". Todo parecía muy bien cuando el doctor Jorge Batlle formó la comisión jurídica asesora que dictaminó que las concesiones caían y el propio doctor Batlle se preparó a comunicar el cese de las mismas a las empresas que están prestando el servicio por vía de estas concesiones.

A último momento el presidente Batlle suspendió la comunicación y aparecieron nuevos elementos políticos. En primer lugar parece abrirse camino la voluntad del Partido Blanco de presentar una ley interpretativa, y en segundo lugar nuestro compañero Danilo Astori y el presidente electo, compañero Tabaré Vázquez, reciben y comienza a tomar cuerpo la tesis jurídica de la no retroactividad de la reforma, dado que al no establecerse plazos en el texto reformado lo que rige es el principio general del derecho de no retroactividad de la ley.

EC - El doctor Vázquez ya había esgrimido esa tesis antes de las elecciones.

RC - Sí, la había esgrimido, pero ahora comienza a ponerse en juego la decisión en nuestras propias manos desde el momento en que el gobierno no toma –como me parece que hubiera correspondido– la decisión como había anunciado el presidente Batlle.

EC - Discúlpeme; usted dice que el gobierno no toma la decisión, sin embargo ya salió la resolución correspondiente, se dio cuenta de ella en la prensa del día de ayer y hoy incluso se informa que ya se ha programado una reunión para la semana que viene entre autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y OSE con la empresa Uragua para empezar a trabajar en la transición en el caso de esa compañía en particular. ¿Por qué dice usted que no se ha resuelto el tema?

RC - Según la información que tengo hasta el día de ayer oficialmente el gobierno no ha procedido a la tramitación de la rescisión de los contratos. Se está hablando de transición, de reestatización, de que OSE está preparada para asumir los servicios, etcétera. Me parece todo muy bien, es consecuente con el informe que el gobierno tiene en su poder, que sostiene la tesis de la reestatización, pero según la información que tengo hasta el día de ayer, no se ha procedido a formalizar el proceso de rescisión de contratos. Por tanto por ahora todavía nos movemos sólo en el terreno de la voluntad política. Habría que ver si hoy se toman las medidas jurídicas. Si fuera así el tema queda terminado y lo lauda el gobierno actual.

EC - La resolución que se conoció el miércoles empieza diciendo: "Cométese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente supervisar y coordinar con OSE y la Ursea, actuando en el ámbito de sus competencias propias, y a los prestadores respectivos, las acciones conducentes a una pronta y adecuada transición a la persona jurídica estatal correspondiente de los servicios de prestación de agua potable y saneamiento a la población alcanzados por la reforma aludida en la parte expositiva de la presente resolución".

RC - Exacto, el texto es clarísimo. Hasta el día de ayer no se habían dado los pasos tendentes a comenzar el proceso de rescisión de contratos.

EC - Usted pone el acento en que ese paso concreto no se dio.

RC - Vamos a suponer que se dé. Si se da estamos en el mejor escenario político –a mi juicio–, en el más claro, tal como lo planteó el compañero Tabaré Vázquez hace un mes: éste es un tema del gobierno actual y lo tiene que dejar resuelto el gobierno actual.

EC - Discúlpeme que lo interrumpa otra vez, ¿pero cómo se entiende que el gobierno electo diga que éste es un tema exclusivamente del gobierno saliente? Lo que resuelva el gobierno saliente afecta de manera muy notoria y clara el margen de acción del gobierno entrante.

RC - Todas las medidas que se tomen hasta el 14 de febrero afectan el proceso político de Uruguay. Ésta es una de ellas.

EC - Si desde el gobierno electo ha habido quejas, por ejemplo, por nombramientos en el Banco Central y se ha reclamado que no se efectúen, ¿cómo es que se corre al costado en un tema tan delicado como éste?

RC - Vamos a ver. La reforma constitucional está vigente, por lo tanto el gobierno tiene que cumplir con su función de gobernar y aplicarla. No podemos hacer un paréntesis y decir: "Hay una reforma constitucional vigente desde ahora, pero no se va a aplicar hasta después del 1 de marzo". El mejor terreno es que el gobierno aplique la norma jurídica que está vigente desde el momento actual con toda su contundencia.

El tema se ha vuelto confuso porque hay dudas en cuanto a en qué momento el gobierno actual va a proceder a hacer esto y porque el Partido Nacional (PN) intenta introducir una ley interpretativa. Si eso ocurre habrá un debate parlamentario antes del 1 de marzo para tomar una decisión sobre esa ley interpretativa.

Esa ley interpretativa, según tengo entendido, recoge la tesis de la no retroactividad, que en este caso estaría coincidiendo con la tesis que aceptarían el presidente electo y el ministro de Economía nominado.

EC - No son los únicos; también el vicepresidente electo, Nin Novoa, está en esa posición.

RC - Perfecto. Entonces en este punto, si el gobierno del doctor Batlle no termina el proceso, si el proceso queda abierto, tenemos dos escenarios: o hay un debate parlamentario antes del 1 de marzo, o lo asume el gobierno electo después del 1 de marzo.

En la primera opción hay un debate parlamentario antes del 1 de marzo. ¿Cuál es mi visión de las cosas en este momento? Si el presidente electo dice: "Yo acepto la tesis de la no retroactividad y le pido a mi bancada que me respalde", hasta el último parlamentario del EP-FA debe respaldar a su presidente, no puede haber una sola fisura.

EC - Usted adelanta en particular cuál sería la actitud del PS.

RC - No, es mi visión como bancada de gobierno. La bancada de gobierno respalda a su presidente, si el presidente pide que se lo respalde en esta tesis para mí no cabe otra actitud política.

EC - Pese a que usted personalmente piensa que las concesiones caen.

RC - Hay un informe a mi juicio muy contundente del senador y constitucionalista Korzeniak que sostiene la tesis contraria...

EC - Exacto.

RC - ...a la tesis de la no retroactividad, que creo que deviene de un informe del doctor Ramírez. Pero más allá de que haya dos informes jurídicos contradictorios, si el presidente electo de la República se respalda y asume su posición en función de uno de ellos, la bancada lo respalda.

EC - Pese a que eso implique un choque de opiniones con el sindicato de OSE, que ha sido otro de los impulsores de la reforma constitucional...

RC - La bancada tiene que respaldar al presidente; luego seguiremos procesando el tema, porque es un tema que continuará abierto, no se agota en una única instancia. Pero si en determinado momento político el presidente electo... porque ¿dónde está la anormalidad de este proceso? En que con esta postura del PN se le está transfiriendo al gobierno electo un debate en el Parlamento en una circunstancia muy especial. El partido blanco genera un debate parlamentario antes de que asuman las nuevas cámaras que representan el estado político actual del país. Yo entiendo que no se debiera generar un debate parlamentario y que si se lo quiere generar hay que esperar que asuma el nuevo Parlamento. De alguna manera me parece mal, una mala actitud política generar un debate parlamentario antes de que asuma el nuevo Parlamento, que es el que representa el estado de opinión actual de la ciudadanía del país.

EC - Ése era un escenario. ¿Cuál es el otro que usted planteaba?

RC - El otro escenario es que no haya debate parlamentario y que el tema quede abierto para después del 1 de marzo. Esto sería mejor que tener un debate parlamentario antes del 1 de marzo, porque después de esa fecha nosotros, ya con un margen de tiempo suficiente para profundizar en todos los detalles, tomaremos una decisión como bancada, junto con nuestro presidente, mejor procesada.

EC - Quedó sin respuesta mi pregunta inicial, es decir cómo se entiende que el EP, que impulsó el Sí a la reforma constitucional, haya llegado al propio día del plebiscito sin haber aunado opiniones sobre qué impacto tenía la reforma en las concesiones.

RC - No estoy muy acorde con esa visión, creo que el 100 por ciento de todas las fuerzas progresistas coincide en que los servicios deben ser estatizados, la reforma no da lugar a la más mínima desviación, a ninguna otra interpretación. Tenemos el tema de qué pasa con los pocos servicios –naturalmente en un departamento clave como Maldonado– que ya estaban concesionados. Pero una vez saldado ese debate, hacia adelante el campo está absolutamente despejado y no cabe absolutamente ninguna duda en cuanto a que los servicios de agua potable y saneamiento deben ser estatizados.

EC - Sí, pero con respecto a las concesiones se llegó con diferencias de criterio.

RC - Exacto, tenemos ese debate pendiente en los escenarios políticos que modestamente entiendo de esta manera, en estos tres terrenos: lo resuelve el gobierno del doctor Batlle sin debate parlamentario, hay debate parlamentario antes del 1 de marzo o hay debate parlamentario posterior al 1 de marzo. Yo prefiero la primera opción, me parece muy mala la segunda, que haya un debate antes del 1 de marzo. Si lo hay la bancada del EP se alinea con su presidente, sea cual sea el estado del debate, y si es después del 1 de marzo podremos discutir con más serenidad y más en detalle.

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EC - Estábamos hablando de los chisporroteos, cortocircuitos que ha mostrado el EP en las primeras semanas posteriores a las elecciones, que llamaron la atención. En especial fue demasiado sonoro el debate que largó el senador José Mujica reclamando para su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), la candidatura a la IMM. Ahora que ya concluye la semana, ¿cómo vio el desarrollo de esa polémica y como se va encauzando?

RC - Yo ya hice declaraciones hace más de una semana sobre ese tema y fueron muy claras. La primera cosa que quiero comentar con usted es que veo con gran alivio y satisfacción que prácticamente la unanimidad del EP-FA ha respaldado la posición que hice pública con mucho énfasis acerca de que en Montevideo ni siquiera se discute la doble candidatura, se va con candidato único. Sería un verdadero y lamentable retroceso político –así lo califiqué hace más de ocho días– que hubiese que apelar a candidaturas múltiples en la capital. En Montevideo no hay que armar fórmulas electorales para juntar votos, hace 15 años que somos gobierno y hay que presentar aquel candidato o aquella candidata que tenga el mayor respaldo y consenso como estadista y gobernante de la capital. De modo que es un gran alivio que en el correr de esta semana todas las fuerzas hayan coincidido en que hay candidato único en Montevideo.

EC - Pero el MPP sigue insistiendo en que esa responsabilidad debe ser para su sector.

RC - En ese punto ratifico, reafirmo, con toda fraternidad y respeto hacia los compañeros del MPP, la posición no de un socialista ni del secretario general del PS, la posición de un frenteamplista de todas las horas –yo soy fundador del FA también–. El FA está gobernado por un estatuto que fue plebiscitado y tuvo decenas de miles de votos cuando se aprobó, en 1991, 1992. Ese estatuto es sabio, nos exige cuatro quintos de respaldo para nominar los candidatos comunes. Quienes van a gobernar Montevideo, las intendencias o el país a nombre del FA son candidatos comunes de todos los frenteamplistas, por tanto ningún sector, aunque sea mayoritario en la coyuntura, como ocurre ahora con el MPP –y yo reconozco con hidalguía la gran victoria política del MPP–, tiene derecho a nominar el candidato. La cultura de los frenteamplistas, el estatuto de los frenteamplistas, la costumbre de los frenteamplistas es presentar a las intendencias, en este caso la de Montevideo, aquel que consideremos el mejor candidato y que tenga más respaldo y consenso porque es el candidato de todos, el candidato común.

EC - ¿El ingeniero Jorge Brovetto puede ser el nombre que surja como una solución a las distintas propuestas de los grupos del Frente?

RC - No estoy en condiciones de saber si la candidatura del ingeniero Brovetto está planteada. El PS hizo público en abril o mayo, antes de las internas, cuando apareció este debate por primera vez en el correr de este año, que en primer lugar, cuando se fuese a definir la candidatura de Montevideo, iba a escuchar la opinión del compañero Tabaré Vázquez y que el candidato respaldado o presentado por él iba a ser el candidato del PS.

EC - Circula la versión de que Vázquez respalda a Brovetto...

RC - Exactamente, y quiero ser muy preciso en esto: es una versión. A ver si soy preciso para no alimentar rumores: el PS no tiene en este momento confirmación alguna de que el compañero Tabaré Vázquez respalde la candidatura del compañero Jorge Brovetto. Pero si el compañero Tabaré Vázquez dice que respalda la candidatura del compañero Jorge Brovetto, el compañero Jorge Brovetto es el candidato respaldado por el PS.

EC - Por último, este debate a propósito de la candidatura a la IMM y otras intendencias del interior aparentemente no es independiente del proceso que se está siguiendo de manera paralela para conformar el gabinete y designar a los responsables de otros cargos de gobierno.

RC - Coincido totalmente.

EC - Por lo menos así lo han reconocido incluso dirigentes del propio MPP a propósito de esa exigencia que habían presentado de que la candidatura de Montevideo fuera para ellos. Esto venía en buena medida atado a que notaban que el peso que se insinuaba iba a tener el MPP en el gabinete no era el que ellos aguardaban. Para usted las dos cosas están atadas.

RC - Es evidente, sería una falta de realismo político no considerar que tenemos que mantener en la conformación del gobierno y en las candidaturas a las intendencias clave, que son Montevideo y Canelones, un cierto equilibro o resolver, si se quiere, una cierta ecuación política.

EC - A ver...

RC - Por tanto entiendo que así como ningún partido, aunque sea mayoritario, tiene por sí mismo el derecho a determinar el candidato a intendente de un departamento, un partido o movimiento como el MPP, con una fuerte presencia político-electoral en la coyuntura actual tiene que compartir espacios determinantes de gobierno, y me parece lógico, que está en la lógica básica, que el MPP reclame espacios. Yo no le reconozco el derecho a nombrar el candidato a intendente de Montevideo, pero reconozco plenamente la lógica de sus aspiraciones, que tendrán que permitirle ser parte fundamental en el gobierno de Montevideo o en el gobierno nacional, etcétera. Sería una falta de realismo no reconocer la correlación de fuerzas políticas que existe en la actualidad; y sería también una falta de hidalguía.

La semana pasada puse un ejemplo muy gráfico: en 1989 Democracia Avanzada, 1001, tuvo más del 40 por ciento de los votos del FA; si en aquel año Democracia Avanzada hubiera dicho "al intendente de Montevideo lo nombro yo" hoy Uruguay no tendría a Tabaré Vázquez, porque en 1989 Tabaré Vázquez fue descubierto y propuesto por el PS, que no recuerdo si en aquel año era la segunda o la tercera fuerza. Así que no siempre el candidato de consenso, el mejor candidato, tiene por qué surgir de la fuerza electoralmente mayoritaria. Lo mismo ocurrió en 1994 y en 1999, a nosotros no se nos pasó por la cabeza en 1999, cuando fuimos la primera fuerza electoral del FA, decir "Mariano Arana se tiene que ir porque ahora los socialistas somos la primera fuerza electoral del FA".

EC - Y en cuanto al gabinete, ¿qué tipo de aspiraciones maneja el PS? Casualmente han trascendido ya varios nombres que son de origen socialista, aunque no necesariamente dirigentes o representantes del partido. Me refiero a Gonzalo Fernández para la Secretaría de la Presidencia, José Díaz para el Ministerio del Interior y Azucena Berrutti para el Ministerio de Defensa.

RC - Sí, trascendidos que son tan reiterados y casi aceptados, que a pesar de que no hay nominación oficial se los da por seguros. En el caso de Gonzalo Fernández el presidente lo confirmó; me refiero a los casos de José y Azucena. José y Azucena son parte de la vida misma del PS, son la sangre, son la estirpe del PS, son parte de nuestra mejor historia.

EC - ¿El PS los considera como parte de su "cuota", o aparte de esos cargos entiende que debe tener otros miembros, concretamente en el gabinete, por ejemplo a Gargano en la cancillería, por mencionar un caso?

RC - Usted menciona dos elementos que voy a distinguir con precisión. El PS no le reclama cuotas al compañero Tabaré Vázquez, jamás el compañero Tabaré Vázquez va a recibir una exigencia de cuotas del PS. El compañero Tabaré Vázquez tiene absoluta libertad y respaldo del PS para nombrar su gabinete.

En cuanto al segundo tema que usted pone en el tapete, que es el de Gargano, el PS vería con absoluta satisfacción y convicción el nombramiento de Gargano en la cancillería porque sin duda es el hombre que tiene las más ricas y sólidas relaciones internacionales en América Latina y Europa para facilitar la inserción internacional del país. Baste mencionar las estrechísimas relaciones, hasta de amistad personal, con el presidente de Brasil; las estrechísimas relaciones, también de amistad personal, con el gobierno de España; las viejas, ya ancestrales relaciones políticas de más de 40 años con personal destacado de los principales elencos políticos franceses, del Partido Socialista Francés, de la socialdemocracia sueca; demás está mencionar las estrechas relaciones del compañero Gargano con el elenco gobernante, por lo menos con toda el ala socialista del elenco gobernante en Chile, amistad personal con los principales dirigentes de ese partido y con tantísimos otros de América Latina. De modo que es un hombre que tiene un capital político privilegiado de relaciones internacionales, que si puede estar al servicio del gobierno y del país será una contribución de los socialistas. Pero eso no significa en modo alguno que estemos reclamándole o exigiéndole al presidente electo de la República cuota o nombramiento alguno en particular.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe