(Emitido a las 7.36)

EMILIANO COTELO:
Unanimidad. En los diarios montevideanos este tema se lleva el título principal. Por ejemplo, dice La República: "El gobierno electo exige a Jorge Batlle que no toque las concesiones del agua"; El Observador lo plantea en estos términos: "El Frente Amplio pide a Batlle que pare estatizaciones del agua"; Última Noticias: "Frente Amplio quiere que próximo gobierno decida el futuro de las concesiones"; y El País: "Frente no vota el proyecto nacionalista sobre el agua".

Efectivamente, el Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM) acordó anoche hacer suya la posición del presidente electo, Tabaré Vázquez, que le exige al gobierno de Jorge Batlle que congele el tema de la caída de las concesiones de los servicios de agua potable y saneamiento, para que sea la nueva administración la que tome una decisión.

Ayer por casi tres horas el presidente del FA, Jorge Brovetto, se reunió con los cabeza de lista, o sea los primeros senadores de los distintos grupos frenteamplistas: Rodolfo Nin Novoa, José Mujica, Reinaldo Gargano, Enrique Rubio y Rafael Michelini; no concurrió Marina Arismendi.

Vamos a conversar con quien ofició de vocero tras este encuentro de ayer, el senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista.

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Senador Rubio, lo hemos encontrado en plena ruta, porque usted va acompañando al doctor Vázquez rumbo a la primera de las localidades que incluye esta gira de agradecimiento.

ENRIQUE RUBIO:
Sí, vamos rumbo a Malabrigo.

EC - Así que está, ¿a cuántos kilómetros de Montevideo?

ER - Estamos a unos 60 kilómetros de Montevideo, para acompañar al doctor Tabaré Vázquez en esta gira por unas 20 poblaciones pequeñas de la República [Oriental] del Uruguay para agradecer el pronunciamiento popular y como parte del nuevo gobierno.

EC - Yendo a lo que ustedes resolvieron anoche, falta ahora la oficialización de esta posición en la Mesa Política del FA, que delibera hoy.

ER - Sí, es un acuerdo político que cuenta con el respaldo y la iniciativa del doctor Tabaré Vázquez, para ir aunando criterios en dirección a la Mesa Política que se va a reunir en la tarde de hoy.

EC - ¿Puede explicar el fundamento de estas decisiones?

ER - Sí. Las decisiones son dos, por un lado se le pide a la bancada parlamentaria de la Nueva Mayoría que solicite un dictamen jurídico a la Facultad de Derecho, por las vías pertinentes, sobre los alcances de la reforma para tener mayor fundamento jurídico en un tema intrincado desde el punto de vista formal; y segundo, pedirle al gobierno del doctor Jorge Batlle que no innove, o sea que coloque en el freezer toda esta situación y la deje para resolución del gobierno electo a partir del 1 de marzo, que lo hará sobre la base de los informes jurídicos que reciba y en el marco de las auditorías que va a practicar a OSE.

Estamos haciendo este pedido porque queremos cumplir cabalmente con la voluntad de los uruguayos que emitieron un pronunciamiento nítido en cuanto a que esos servicios de agua y saneamiento serán prestados exclusiva y directamente por personas públicas estatales, y lo vamos a cumplir, como es obvio. Pero al mismo tiempo, como hemos advertido que el actual gobierno ha actuado con absoluto apresuramiento, sin solicitar los informes pertinentes, nos parece que la manera como se está llevando esto terminaría por favorecer intereses y reclamos de algunas empresas que han incumplido contratos...

EC - ¿A quién está aludiendo?

ER - Estamos haciendo una afirmación general, pero son conocidas la situación pública de Uragua y alguna otra cuestión. Entonces nos parece que por la manera como opera el gobierno eso puede tener costos multimillonarios para el Estado uruguayo y queremos proteger los intereses de nuestra población, actuar con responsabilidad y mesura, no confundir situaciones. Además nos parece que no es una salida, que no corresponde hacer una ley interpretativa de la reforma constitucional recientemente aprobada por parte de un Parlamento que a su vez va a ser renovado dentro de un par de meses.

EC - Esa posición que usted acaba de resumir despierta una serie de preguntas. La primera de ellas: el FA le va a reclamar ahora -lo hará hoy desde la Mesa Política- al gobierno del doctor Jorge Batlle que no innove más en esta materia, que deje de tomar decisiones en relación a las empresas que hoy son concesionarias de servicios de agua potable y saneamiento, ustedes pretenden que este asunto quede para el próximo gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Pero, sin embargo, hace menos de dos semanas el propio doctor Vázquez decía que éste era un asunto del gobierno actual... ¿Cómo se entiende?

ER - Es un asunto de competencia del gobierno actual porque es el que está en ejercicio. Pero como nosotros hemos advertido que se ha apresurado y no ha solicitado los informes correspondientes desde el punto de vista jurídico, ni siquiera los informes de OSE ni otros aspectos, nos pareció que actuaba en forma un poco precipitada o intempestiva, y como habíamos presumido otro tipo de conducta para un conjunto de situaciones muy diversas, hemos llegado a esta conclusión.

EC - ¿Pero no era lógico que el EP o el doctor Vázquez desde el pique, no ahora, solicitaran que éste fuera un asunto a negociar como parte de la transición? Parece un tema típico de transición.

ER - Lo que pasa es que uno supone que el Poder Ejecutivo va a actuar de determinada manera pero si no lo hace, modifica el reclamo que está haciendo o le introduce algunos complementos. Esto en realidad es a la luz de lo que hemos visto que ha venido sucediendo. ¿Cuál es el tema principal? El tema principal es cumplir con la voluntad de los uruguayos cabalmente y hacerlo con absoluta responsabilidad, examinando toda la documentación existente.

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EC - Usted decía que lo que les preocupa es que se cumpla cabalmente con lo que la ciudadanía resolvió con la reforma constitucional del agua el pasado 31 de octubre. Pero ustedes mismos en el día de ayer anuncian que le van a solicitar un informe a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República a propósito de cuál es el impacto de esa reforma en las concesiones ya vigentes. No queda claro, entonces, qué es lo que votó la ciudadanía. ¿Cómo puede ser que todavía hoy, 22 de noviembre, no se sepa qué fue lo que votó la ciudadanía en este sentido?

ER - Nosotros no estamos diciendo una cosa tan obvia como no saber qué votó la ciudadanía. Lo que decimos es que para aplicar lo que votó la ciudadanía hay que examinar el conjunto de la documentación, ver los contratos existentes; no es lo mismo una cooperativa de vecinos que está prestando un servicio de agua potable en la zona de la costa para un determinado número de personas que una empresa que puede haber incumplido sus contratos. Y no es lo mismo hacerlo después de seguir determinados procedimientos que hacerlo en forma unilateral por parte del Estado uruguayo, ambientando determinados reclamos que pueden tener un costo superior al del propio plan de emergencia. Hay situaciones complejas...

EC - Sí, pero ocurre que también hay posiciones distintas o interpretaciones distintas dentro del propio FA, y entre -por mencionar otro ejemplo- el doctor Vázquez y la Comisión de Defensa del Agua que impulsó la reforma. Se llegó al 31 de octubre sin saber cuál era la incidencia de la reforma constitucional en las concesiones ya vigentes.

ER - No creo que se haya llegado al 31 de octubre sin saber cuál era la incidencia; en realidad se hizo un pronunciamiento nítido que establece que los servicios serán prestados por personas públicas estatales. Usted tiene un conjunto de situaciones creadas, que son diversas desde el punto de vista de los alcances jurídicos, y cuando un gobierno va a aplicar una reforma tiene que tener todos los elementos de juicio. Eso es lo que se va a hacer.

La vida es compleja, la complejidad deriva también de una historia. En esta historia ha habido avances y retrocesos y hay situaciones que desde el punto de vista jurídico y fáctico tienen una diversidad y complejidad que nosotros queremos examinar tomándonos los tiempos que corresponden al Estado para proteger los intereses de la sociedad uruguaya y cumplir con su mandato.

EC - Claro, pero la Comisión de Defensa del Agua tiene una posición muy contundente en esta materia: no depende de cada caso, de cada empresa, las concesiones caen.

ER - Nosotros no estamos contradiciendo ni avalando lo que digan otros actores, a los que respetamos mucho, ni lo que diga tal o cual compañero; estamos respaldando al presidente electo y emitiendo o propiciando un pronunciamiento de una fuerza política. Ésa es la situación actual.

EC - Por último, si el gobierno actual hace lo que ustedes le solicitan, o sea deja de tomar medidas en relación con este tema, ¿no corre el riesgo de ser acusado de violar la Constitución, por ejemplo por la empresa Uragua, que sostiene que las concesiones cayeron? ¿Cómo observan ese aspecto?

ER - Nosotros creemos que no corre riesgos y que si sucede es un problema de diferendo de una empresa con el gobierno, que examinaremos en su momento. Según parece, la empresa ha tenido diversos e importantes incumplimientos en materia de inversiones y otros, así que a ese asunto en todo caso lo veremos en otro momento.

EC - Pero la ley interpretativa del Partido Nacional, que dice que las concesiones no caen, puede ser una buena fórmula para ganar tiempo; justamente, votar primero una ley que dice que las concesiones no caen, y durante dos, cuatro, cinco, seis meses terminar de estudiar el asunto pero cubiertos por una ley que abarca, por ejemplo, la situación de Uragua también.

ER - Sí, pero nos parece extremadamente delicado tratar de ganar tiempo, por parte de un Parlamento que a su vez cesa el 15 de febrero, con una ley que interpreta un pronunciamiento popular hecho el 31 de octubre. Es un tema políticamente muy delicado y sensible a los ojos de la población.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe