Para algunos medios la publicidad oficial es una de sus fuentes de ingreso más significativas. Algunos críticos consideran que el Estado, publicidad mediante, "subsidia"; medios que serían deficitarios. Los defensores argumentan que la publicidad oficial ayuda a mantener medios que hacen periodismo de investigación y marcan agenda pero no son tan redituables, como los semanarios.

Gómez explicó que este proyecto "plantea la creación de un fondo para sostener a algunos medios de comunicación. Hay que tener una política activa para no dejar caer a los algunos medios. Hay que establecer criterios de fondos concursables. El Estado tiene un compromiso mínimo para que los medios funcionen y el caso de los medios escritos es un ejemplo. Tienen que funcionar como lo hacen los fondos concursables para las artes".

El proyecto propone la creación de un "Fondo para la Promoción de la Diversidad de Medios de Comunicación Audiovisual";. El mismo se financiaría con un 1% del monto total presupuestado para publicidad oficial y sería administrado por el Consejo de Comunicación Audiovisual que crearía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (o ley de medios, actualmente en discusión parlamentaria). Los fondos estarían disponibles para radios y televisoras comerciales y comunitarias locales.

Controlar la publicidad oficial

Consultado sobre cómo afectaría este proyecto el proceso de pautar publicidad oficial en los medios, Gómez contestó que si bien hay excepciones "en general debería ser por licitación. A partir de eso, según criterios internacionales, se tendrá en cuenta el vínculo entre el público y la campaña".

El asesor de Cainfo agregó que es necesaria una diversificación de los medios de comunicación, y que según datos que maneja la organización, el 95% de la publicidad oficial está destinada a la capital mientras que solo el 5% se distribuye entre los medios de comunicación del interior.  

Gómez afirmó que, exceptuando estudios a pedido, las mediciones de rating no toman en cuenta al interior del país, y que además algunos medios "desconfían de ellas";. "El proyecto de ley incorpora una idea que es destinar un porcentaje de ese volumen de publicidad para hacer mediciones, en conjunto con otros organismos, como por ejemplo la Universidad de la República".

Acceso a la información      

El proyecto obliga a los entes estatales a hacer público cuánto y cómo gastan en publicidad oficial. Esto significaría, entre otras cosas, conocer cuánto gasta Antel en publicidad, un dato que las autoridades de la empresa se han negado a dar a los medios de comunicación, afirmando que está en reserva porque podría perjudicar la competencia con otras empresas de telecomunicación.

Gómez explicó que si bien los entes podrían reservar la información si esta perjudica su competencia, lo razonable sería, por lo menos, acceder a información pasada. En el caso de Antel, por ejemplo, acceder a la información del período pasado de ejercicio.