A propósito, el doctor Hoenir Sarthou escribió en su columna del Semanario Voces: "Desde luego, aunque el Parlamento los apruebe, esos artículos son inconstitucionales". Y explica sus razones. Pero luego agrega: "Lo paradójico es que esto ocurra en una época en que se suele hacer gárgaras con el discurso de 'los derechos', en general, y con el de 'los Derechos Humanos' en particular. Nos hemos acostumbrado a invocar como derechos, y de ser posible como "Derechos Humanos";, a toda clase de intereses, aspiraciones y pretensiones, ya sea individuales o corporativos".

Y en este aspecto me quiero detener, porque me parece increíble que un grupo de personas que fueron contratadas en su mayoría como ONG's con importantes ingresos, hoy quieran pasar a la calidad de funcionarios públicos. Y me refiero a este conflicto en el MIDES.

La mayoría absoluta de esas personas –unos 900– tenían contrato a dos años. O sea, sabían de antemano que tenían un contrato a término. Pero ahora haciendo uso de la fuerza, como es una ocupación, pretenden obtener algo que no les corresponde.