"La ley 19.310 de 7 de enero de 2015 dispuso un ajuste en las retribuciones, entre otros, de los Magistrados, Fiscales y Funcionarios del Poder Judicial, estableciendo en los artículos 3 y 8, la facultad al Poder Ejecutivo para asignar al Poder Judicial y, como adelanto, una partida total, por todo concepto de $ 246.000.000 para distribuir entre la totalidad de sus funcionarios; así como una partida extraordinaria de $ 459.000.000 a los efectos de atender durante el ejercicio 2015, la erogación resultante de la solución a la problemática generada como consecuencia de las interpretaciones, resoluciones, liquidaciones de haberes u otro tipo de acciones, que existían al momento de la promulgación de la norma", recordó el gobierno a través de la web de Presidencia. 

"Diversos colectivos incluidos en la ley 19.310 entablaron acciones de inconstitucionalidad contra la misma, sin que hasta la fecha, la Suprema Corte de Justicia se haya expedido", sostiene el comunicado.

"El gobierno nacional muestra un irrenunciable apego a la Constitución y a la ley y por tanto entiende que en este caso, debe aguardar previamente el pronunciamiento de la Justicia, a efectos de implementar la ley", continúa.

"Una vez dictadas las sentencias que se correspondan con las acciones iniciadas, sean declarando la constitucionalidad de la norma o su inconstitucionalidad, el Poder Ejecutivo procederá de acuerdo a Derecho", finaliza.