Pero según señala el sindicato de Funcionarios de Casinos, "detrás de esto se esconde la aprobación de los juegos online", una propuesta que desde hace tiempo motoriza el Casino Conrad de Punta del Este.

En cambio, Javier Chá, director nacional de Casinos, dijo a El Observador que "el gremio ve riesgos o peligros de privatizaciones cuando el proyecto le consagra desde el primer artículo que el Estado es el que tiene monopolio en materia de juegos de azar y es el único que puede autorizar la participación de privados, ya sea por vía parlamentaria o en juegos menores el que habilita es el Poder Ejecutivo".

Y agregó: "el proyecto lo que hace es reafirmar el monopolio, las garantías, la supervisión, las regulaciones. Es mucho más garantista, mucho más estatista".

A esto respondió el abogado Daniel Parrilla asesor de Cofe y del gremio de funcionarios de Casinos.

"Lo que hasta ahora fue la prevalencia del Estado en la explotación del juego, en el nuevo marco que se crea, será considerado "abuso de posición dominante"; según la nomenclatura de la ley de protección de la competencia privada. Asistimos en consecuencia a la desaparición definitiva de la idea de centralidad del Estado en relación al juego. No podemos evitar la sorpresa o el carácter risible ante la idea de un "monopolio"; como el que es planteado en el proyecto de ley. Claramente se está ratificando lo que no existe, ya que como vimos no hay una ley que haya establecido el monopolio del Estado en los juegos de azar. Por lo tanto, lo que se ratifica en el proyecto es un sistema jurídicamente imperfecto y fragmentado en diferentes normas que autorizaban al estado a explotar directamente los juegos de azar, es decir que se ratifica un sistema que facilita lo que ahora se quiere hacer con este proyecto de ley: transferir el negocio a la actividad privada".