Los blancos agregan la cancelación de deuda con PDVSA y las irregulares importaciones realizadas por el ente. En tanto Asamblea Popular incorpora la construcción de la planta de ALUR en Paysandú y las recapitalizaciones otorgadas a esta empresa que se consideran "al margen del ordenamiento legal".

La denuncia del PN expresa: "En los seis capítulos precedentes se ponen en conocimiento de la justicia, hechos, circunstancias y actitudes en empresas públicas, jerarcas de éstos, empresas de derecho privado pertenecientes al Estado, particulares y personas jurídicas de derecho privado, que sin dudas han provocado una perjuicio al Estado, al Ente y a la ciudadanía toda. Es difícil creer en tanta torpeza. La reiteración de abuso de poder y funciones, el desprecio por la forma administrativa y la desidia en el recupero de los daños, así como la mano abierta con los fondos públicos, nos llevan a pensar en la existencia de figuras delictuales que será la Justicia quien catalogará. Nuestra limitación como legisladores a la hora de indagar la verdad, nos obliga a asistir a la Justicia para que esta indague en profundidad; y con sus facultades excluyentes (que no nos competen) juzgue los hechos, y de verificarse la existencia de delitos castigue a quienes los cometieron, prepararon y generaron el daño descripto".

Cerca de 100 personas entre ex directores y gerentes de Ancap, particulares y empresarios uruguayos y extranjeros fueron propuestos como testigos. Se trata de todas las personas que fueron convocados por la Investigadora senaturial, muchos de los cuáles se negaron a concurrir. Pero probablemente deban ser muchos más los citados a medida que se vayan recogiendo testimonios.
La columna de Carlos Peláez