En Venezuela, días atrás, la oposición venezolana agrupada en la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) entregó 1.850.000 firmas al Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país para pedir que se active el trámite para un referendo que revoque el mandato del presidente Nicolás Maduro.

El paso que tienen por delante es el de la verificación de las firmas. Una vez completado este paso, la oposición deberá introducir un documento solicitando la activación del referéndum revocatorio para que, posteriormente, las personas acudan a los centros de votación que disponga el Poder Electoral y decidan si desean o no revocar al jefe de Estado.

Luego de esta fase, el CNE tiene 90 días para convocar el revocatorio.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro anunció el pasado viernes la conformación de una comisión presidencial para verificar "una a una" las firmas recogidas por los opositores, y así evitar que sean entregados datos falsos.

Dijo además que si el Poder Electoral confirma que la oposición cumplió con los requisitos para activar un referendo que revoque su mandato se someterá a este proceso y aseguró sentirse confiado en que "el pueblo" no le va a fallar.

"Si llegara a darse (...)...vamos a referendo y punto, y vamos a salir a las calles y confío en el pueblo venezolano, que el pueblo no me va a fallar", así lo dijo en su programa "En Contacto con Maduro".

Por otro lado, en Brasil, la Fiscalía solicitó al Supremo Tribunal de Brasil que investigue al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, a tres ministros del gabinete de Dilma Rousseff y otros 27 políticos por su presunta participación en el escándalo de corrupción de Petrobras.

Lula, quien fue designado ministro por la presidenta Dilma Rousseff pero aún no pudo asumir por una orden judicial, ya era blanco de dos investigaciones por supuesta corrupción y blanqueo de dinero en dos tribunales corrientes, pero la Fiscalía pidió ahora que lo indague la máxima corte del país.

Por otro lado, el trámite para un posible juicio político contra Rousseff está ahora en manos de una comisión del Senado, que hoy mismo conocerá el informe del instructor del caso, que puede pedir archivar la causa o que el asunto pase a manos del pleno de esa cámara legislativa. El informe pasará luego al pleno del Senado, que si por mayoría simple entre sus 81 miembros decide instaurar el juicio político, obligará a Rousseff a separarse de su cargo durante los 180 días que puede durar el proceso.

Si así fuera, Rousseff sería sustituida durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, con quien está enemistada desde hace meses y quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si se llegase a su destitución.

Cómo repercute esto en Uruguay fue sobre lo que reflexionaron y debatieron los contertulios: