En declaraciones al diario El País, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, opinó tiempo atrás que "no se puede exigir una contraprestación a cambio de las transferencias monetarias que brinda el Mides porque eso implicaría "culpabilizar" a los beneficiarios. "Si las personas tienen derechos, el Estado tiene la obligación de brindar las contraprestaciones".

En una columna publicada en La Diaria, el profesor del Instituto de Economía de la Universidad de la República, Guillermo Salas, dijo: "Si el criterio de justicia motiva la implementación y el diseño de esta política, y dicho criterio trasciende el objetivo de que los jóvenes asistan a centros educativos, quitar la transferencia, porque en el hogar no se cumple la exigencia estipulada, implicaría caer en una muy grave contradicción: cercenar las posibilidades de compensar desigualdades generadas por la suerte o las circunstancias".

Nuestra tertuliana aquí presente, Ana Lía Piñeyrúa, expresó sobre este tema hace unos años aquí en El Espectador que: "con este tipo de programas" se está "creando una contracultura y no contribuyendo a la inclusión social, educativa y laboral";.

Sobre esto reflexionaron y debatieron los contertulios: