Lo primero que llama la atención es que una intendencia "fundida" -según decía Antía a principios de año- decida gastar 20 millones de dólares en seguridad. Y luego que lo haga en franca violación de la Constitución.

Porque tal como lo establece el artículo 262 "el Gobierno y la Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Departamental y un Intendente".

Pero además es llamativo que sin ningún proceso licitatorio se haya adjudicado la instalación a la empresa israelí Elbit Security Sistems Ltd. Esta empresa es una de las principales fabricantes de materiales electrónicos de Defensa en Israel.

Fue creada en 1966, tiene sede en Haifa y cuenta con 11.000 empleados en su propio país, EEUU y Reino Unido. Elbit y sus subsidiarias contribuyen de forma directa como proveedores de los ministerios de Defensa por medio de vehículos aéreos no-tripulados (VANT) y por medio del suministro de sistemas de vigilancia electrónicos a lo largo de fronteras.

Vázquez lo definió como "un gran proyecto". Seguramente será útil para aclarar delitos, como ocurre actualmente, pero no para prevenirlos. Nadie explica, ni toma en cuenta, cuantos de nuestros derechos individuales serán afectados en nombre de la seguridad.

Y lo que nadie dice: ¿Qué se esconde detrás de este "gran proyecto"?

La columna de Carlos Peláez