Investigadora

La isla de la fantasía

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El Frente Amplio se opuso a la creación de una comisión investigadora sobre corrupción. Reglamentariamente es correcto, porque una investigadora debe analizar una denuncia concreta y lo que el senador Pedro Bordaberry proponía era una investigación en general.

Pero el motivo esgrimido por la senadora frentista Daisy Tourné, presidente de la pre-investigadora no fue el reglamento del Senado, sino que " todos coincidimos en que Uruguay no tiene problemas serios de corrupción en este momento, ni siquiera sospechas. Por más que existan problemas en la región no son de impacto directo y que involucren al país".

O sea que para la senadora Uruguay sería una especie de isla que, a pesar de lavar durante años el dinero sucio de argentinos, brasileños y otros, ha permanecido impoluta.

Sospechas sobre posibles actos de corrupción existen y muchas. Por ejemplo en el caso Ancap, pero es la Justicia quien tiene en sus manos la confirmación o desmentido.

La gestión del ente investigada por el Senado reveló algunos datos que son coincidentes con investigaciones que se realizan tanto en Argentina como Brasil. En ambos países se detectó la existencia de sobreprecios descomunales en la obra pública que luego eran usados para realizar campañas políticas e incrementar patrimonios personales.

En Ancap los aumentos de los presupuestos originales de sus inversiones por lo menos llaman la atención.
La desulfurizadora fue presupuestada en 90 millones de dólares pero terminó costando 421 millones.
En las plantas de cemento de Minas y Paysandú, se planificaron inversiones por 118 millones de dólares que terminaron costando 251 millones y todavía faltarían 230 millones según informaron en comisión mas de un jerarca del ente.

En Brasil se denunció esta semana a un empresario de ese país que habría cobrado coimas para lograr que la regasificadora uruguaya fuera adjudicada a De Odebrecht y a OAS. Como finalmente ocurrió con el resultado conocido.

Los gastos de publicidad de Ancap pasaron de 500.000 dólares al año a casi 22 millones de dólares gastados en total entre 2013 y 2014, años electorales.

Y eso sin mencionar ahora, como si lo hicimos gran parte del año pasado, el uso de información, calificada y pagada por la empresa pública, para negocios personales.

Por las razones que sea, hay quienes todavía creen que vivimos en la isla de la fantasía. La realidad es bien diferente.

La columna de Carlos Peláez