Obviamente se puede hacer también una lectura política. Y en este caso hay que considerar varias situaciones. Por ejemplo, en abril la BBC señalaba que "la denuncia alude en particular a lo que en Brasil se denominan "pedaladas fiscales", que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno";.

El argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal, pero el gobierno lo hizo de todos modos para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos. Es decir reducir el déficit fiscal que, entre otras cosas, había provocado el descubrimiento de la inmensa corrupción en Petrobras.

Otro asunto no menor es que el pedido de "impeachment" a la presidenta llegó al Congreso en octubre del año pasado, con la firma de tres juristas. Uno de ellos, Hélio Bicudo, tiene 93 años y fue fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, miembro del gobierno de Joao Goulart y hombre estrechamente vinculado a la defensa y protección de los DD.HH.

Y también hay que considerar que varios de los diputados y senadores que apoyan la destitución de Dilma son investigados por recibir suculentos sobornos u ocultar cuentas bancarias en el exterior, algún asesinato y hasta planear la fuga del país de un preso en un avión particular.

El periodista brasileño Daniel Rittner, decía esta mañana en Rompkbzas, que Dilma no cae por una acusación menor, sino por un conjunto de circunstancias y que ella es la propia protagonista de su caída.
Triste situación la que espera a Brasil. Porque quien quedará como presidente si tiene graves acusaciones por corrupción.

Es bien curioso como Janio Quadros y Dilma Roussef, los dos únicos presidentes brasileños que no fueron acusados por corruptos, perdieron sus cargos. Quadros debió renunciar amenazado por el ejército y Rousseff por una violación menor a la Constitución.

La corrupción terminó por destruir al sistema político y a la democracia brasileña. Hoy los corruptos dieron el golpe final. Todas las defensas de Dilma fueron vanas. Nadie la ha acusado de enriquecerse desde su cargo. Pero integra un partido que se fue desintegrando por tener a algunos de sus máximos dirigentes en la cárcel, por corruptos. Un partido que terminó aliado a lo peor de la política brasileña.

Ella no podía ignorar lo que pasaba con Petrobras ni en el Parlamento. Y aunque esté claro que no fue parte, y si bien permitió las investigaciones, en todo caso fue omisa en no enfrentar con mayor decisión a esa banda de delincuentes en que se han convertido la mayoría de diputados y senadores.

Hubiera tenido al pueblo de su lado. 54 millones de votantes. Y hubiera pasado a la historia como la primera mujer presidenta que perseguía a los bandidos a diestra y siniestra.

Prefirió el estatus que le daba el cargo que hoy perdió. Tal vez la renuncia al cargo, convocatoria a nuevas elecciones y denunciar públicamente todos los estropicios, hubiera sido su mejor opción. Muchos prefieren mirar a otro lado para no percibir los problemas propios.

El problema es que la corrupción ha permeado todos los estratos y ya no es sólo un tema de políticos y empresarios. Es un asunto de todos. Por acción o por omisión.

Y esto tal vez sea lo más grave. Los partidos políticos y sus dirigentes tienen una importante responsabilidad. En función de sus intereses políticos, han terminado justificando cualquier cosa. En Uruguay sobran los ejemplos en los últimos 30 años.

Cuando esa justificación termina desvirtuando un proyecto político, se da el primer paso hacia el abismo. Eso le ocurrió al PT, le ocurrió al chavismo, le ocurrió al kirchnerismo y está ocurriendo en Uruguay. 

La columna de Carlos Peláez