La Comisión de Tercerizados del PIT-CNT tiene como prioridad impulsar un proyecto de ley que proteja a los trabajadores del sector y lograr avances en la reunión que tendrán con las autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en torno a que el Estado deje de utilizar la mano de obra barata que se genera en este tipo de empresas.

Los trabajadores, se sienten totalmente desamparados y denuncian que las violaciones a los derechos laborales e incluso humanos son comunes en muchos lados.

Los despidos y la falta de organización sindical en el sector es muy común y las más de 120.000 familias que están tercerizados y trabajan para empresas del Estado viven con la angustia de quedarse sin empleo ante cualquier reclamo.

Según el PIT-CNT en el sector público hay más de 270.000 personas presupuestadas, 120.000 tercerizados del estimado total de 250 mil desempeñando sus tareas en "condiciones lamentables";. Donde el salario de estos últimos es varias veces inferior a lo que es el que ocupa o hace esa misma tarea como funcionario del Estado.

A partir de las condiciones laborales que deben soportar los trabajadores tercerizados desde la Central Sindical proponen un Proyecto de Ley sobre las Tercerizaciones en los sectores público -privado y privado- privado.

En esta propuesta se define que "las tercerizaciones no sólo en su acepción formal, es decir la contratación a través de terceros, sino también consideramos a las mismas como todo contrato que menoscaba los derechos de los trabajadores, disminuye sus condiciones laborales, salariales, beneficios y por supuesto reduce de diferentes maneras su posibilidad de sindicalizarse, todo esto conlleva en sí mismo el espíritu de las tercerizaciones, el cual no tiene otra finalidad que beneficiar a un pequeño grupo económico, en desmedro de la clase trabajadora y el Estado mismo, es su acepción amplia".

Por lo que "las tercerizaciones representan un abuso y discriminación, ya que legitima la inferioridad, desigualdad y precariedad en: lo salarial, beneficios, condiciones de trabajo, estabilidad y antigüedad", se señala en la propuesta de proyecto de Ley.

Indica el documento que "el personal tercerizado en cualquier área pública o privada, cualquiera sea su naturaleza, deberá percibir los mismos salarios y beneficios que los funcionarios presupuestados públicos o de empresa madre privada del lugar donde realice efectivamente la tarea o preste el servicio.

En este marco el organismo público o empresa privada deberá mantener la fuente laboral en caso de cambio de empresa o renuncia de esta, hasta cumplir con el tiempo estipulado para su ingreso a la misma. Se deberá reconocer la antigüedad; y en el sector público antes de transcurrir el tiempo estipulado para su presupuestación, ante llamados a cubrir vacantes, se tendrá en cuenta estos trabajadores en primera instancia".

Rompkbzas intentó conseguir la cifra exacta de los contratos precarizados que el estado uruguayo mantiene con un grupo importante de sus ciudadanos.

Enviamos un mail a la Oficina Nacional del Servicio Civil solicitando la información. La respuesta fue: "En nombre del Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Dr. Alberto Scavarelli, comunicamos que esta Oficina Nacional, no cuenta con la información solicitada, referente a la tercerización laboral en el Estado (empresas o personal tercerizado)."

El secretario de Comunicación de la Comisión de Trabajo Tercerizado del Pit-Cnt, Javier Álvarez, dijo a Rompkbzas que el 12 de setiembre tendrán una instancia con la Oficina de Servicio Civil para tratar de conseguir los datos que están pidiendo al Estado.

El director Nacional de Trabajo, Juan Castillo, dijo a Rompkbzas que descree de estos números brindados por la Central Sindical, al tiempo que estimó que en el Estado, los trabajadores tercerizados no superan "un par de miles".

250 mil o 2 mil, las historias de casos de problemas de vinculación entre el Estado y sus trabajadores no paran de llegar y de forma independiente.

Días atrás Lilián Flores se acercó a la radio para contarnos su historia. Dijo que ingresó al MSP, el 4 abril de 2008 a través de un contrato por Comisión de Apoyo, con un salario nominal de seis mil cuatrocientos ochenta Pesos Uruguayos, de los cuales, se le pagaba un porcentaje en tickets alimentación, por 30 horas semanales.

Se la desvincula en agosto de 2015, en momentos que ganaba un salario nominal de once mil cuatrocientos pesos uruguayos, con mil seiscientos pesos en tickets alimentación.

Relató que hizo múltiples tareas, con horarios extensos, que no figuraban en el contrato, viajes al exterior sin viáticos, con el pasaporte sacado por ella misma a su costo y cargo.

Fue desvinculada sin telegrama colacionado de por medio, y se enteró porque fue al departamento de Gestión Humana, donde se le hace saber de su despido.

Sufrió estrés por acoso laboral, baja remuneración y todo repercutió en su salud y ánimo, cuando su hijo, sufre un accidente de tránsito vio muy mellada, su ya magra economía, para hacer frente a todo lo que un imprevisto de estas características depara.

Lilián Flores denunció que existe un abismo entre los derechos de los funcionarios presupuestados y los tercerizados. Mientras los primeros tienen cubiertas todas sus necesidades, los segundos deben poner de su bolsillo para poder hacer su trabajo.

Explicó que como el salario que cobran es tan bajo y el Banco República ofrece facilidades para acceder a préstamos para funcionarios públicos, los tercerizados tienden a endeudarse. Contó a Rompkbzas que tras su cese, está endeudada, viviendo "de prestado"; con una amiga y reclama ser escuchada por el Ministro de Salud Pública.

Horas más tarde y sin vinculación con Flores, nos llegó un mensaje de otra persona. Un trabajador tercerizado de UTE.

Entre las distintas empresas que prestan servicio para UTE están CEI, Candela, Electro Sistemas y Clauger S.A., según pudo saber Rompkbzas.

CEI es la mayor proveedora de UTE y se define como "una empresa que se dedica a brindar servicios de montaje y mantenimiento de obras electromecánicas, localización de fallas y mediciones de redes de distribución y transmisión de energía, obras nuevas de distribución y transformación, obras de telefonía y comunicaciones, iluminación, gas, redes de agua, saneamiento, así como la ejecución de obras civiles y de arquitectura tanto para clientes públicos como privados.";

Estas empresas hacen trabajos en todo el país de los cuales dependen de las oficinas comerciales como cortes, conexiones, servicios nuevos y cambios de potencia.

En los casos en donde se ha desatado conflicto, este ocurre luego de sindicalizarse y comunicarlo. En Clauger, por ejemplo, se despidieron a 6 trabajadores en lo que consideran una "clara represión sindical";. Se le reclama a la empresa que pague por jornaleros como lo dice el grupo "9-01"; que negocia los acuerdos salariales de la construcción, cuando la empresa les pagaba por destajo y obligándolos a tener empresas unipersonales para pagarles.

Además, como todos los tercerizados tenían que hacerse cargo de los costos de BPS, vehículos, herramientas, uniformes, capacitación y materiales para poder trabajar. Todo esto es tenido en cuenta en el momento de poner el precio de la licitación. En una palabra es el negocio perfecto, la empresa se lleva todo y el obrero carga con todo los gastos, denuncian los implicados.

Pero el tema no termina allí, hay empresas tercerizadas que a su vez tercerizan su trabajo, sería una suerte de "Cuarterización";, donde un tercero hace finalmente el trabajo que la carta orgánica encomienda a la UTE a realizar.

Según se denunció a Rompkbzas todo comenzó cuando Alberto Volonté era Presidente de la Empresa durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle.

En ese momento se empezó a nombrar en diferentes gerencias y jefaturas de área a personas proclives a la contratación de empresas tercerizadas. Se contrata una camioneta, que a su vez contrata funcionarios en régimen de unipersonal.

Nuestros informantes dijeron que las empresas funcionan como un conglomerado y tienen un sistema para ganar las licitaciones que es rotativo y evita la competencia de precios.

También denunciaron que una importante rentadora de vehículos sin chofer carga a UTE mil quinientos dólares por mes por camioneta pintadas de naranja y con matrícula de Soriano y Río Negro que permanecen sin uso en galpones y tras tres años, y amortizado su costo, son revendidas en el mercado con doble ganancia para el empresario.

Esta situación de empresas tercerizadas se repite en OSE y ANTEL. Las conexiones, desconexiones y obras en la calle, no las hace directamente ninguna de las empresas del Estado. Basta pasar por cualquier zanja abierta en la vereda y ver la cinta amarilla de precaución en la que suele decir "Empresa ‘Tal’ trabajando para: UTE, OSE, Antel, etc.";

También lo hacen las intendencias y el Ministerio de Transporte cuyos mayores contratistas son Teyma- Abengoa –que según fuentes de Rompkbzas resisten a la quiebra de su casa matriz con los negocios con el Estado Uruguayo. También le prestan servicios al MTOP empresas como Caseem o Ciemsa.

Las ambulancias de ASSE son tercerizadas y nos enteramos en estos días que el Hospital de Las Piedras gastó 2.354.770 dólares en 2015 en el contrato de ambulancias. Una situación similar vive el Hospital de Bella Unión, que desde 2013 multiplicó por 20 el gasto en ambulancias tercerizadas. Esta institución también está en la mira porque la firma que le vende el servicio, la empresa Siemm, es propiedad de dos directores del Pereira Rossell y del titular del Hospital de Salto.

También los ministerios tienen personal tercerizado en modalidad de pasantía. Según dijo a Rompkbzas Ariel Ferrari, representante de los trabajadores en el BPS, solo allí hay 400 pero con su actividad bien remunerada.

El Doctor Eduardo Yanicelli, médico psiquiatra del Portal Amarillo que depende de ASSE denuncia a las autoridades del INISA, al director nacional de Salud, por omisión de asistencia, por acoso laboral, amenazas implícitas y abuso de poder.

Yanicelli dijo que hay unas 300 personas con temor a ser despedidas. El Médico psiquiatra contó a Rompkbzas que ya inició acciones legales, laborales, penales y tres denuncias en la Institución Nacional de Derechos Humanos, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

Dijo que cuestiona la gestión de INISA/SIRPA por ser testigos de omisión de atención médica psiquiátrica. Indicó que durante los últimos dos meses de 2015 fue el único psiquiatra disponible para la atención e informes legales de 300 menores.

La falta de personal, dijo, lleva a que se abuse de los psicofármacos para tener a raya a los menores reclusos. Manifestó que este abuso provoca morbilidad y secuelas en más del 50% de los muchachos.

Yanicelli reclama una auditoría médica de los jóvenes reclusos y de los profesionales que aseguran que los jóvenes no son recuperables.

La falta de profesionales y medicamentos ponen al sistema de reclusión de adolescentes en conflicto con la ley "al borde de la omisión";, según dijo en el Senado la exdirectora del Área de Salud del Inisa, Eva Migues. Esto se da en el marco de permanentes intentos de suicidio por parte de los internados, según publica el Portal 180.

Migues, cesada por la actual dirección del Inisa de su cargo como directora del Área de Salud, actualmente trabaja en el área de Certificaciones Médicas. Afirmó que los profesionales están "al borde de la omisión de asistencia";. Contó que antes había seis psiquiatras y ahora quedan "solo dos";. "Esta situación hace imposible atender a la población";, señaló según la versión taquigráfica de esa sesión de la Comisión de Presupuesto del Senado.

En Montevideo, dijo, la psiquiatra que trabaja está en un centro de ingreso y no en los hogares. La semana anterior a esta comparecencia hubo cuatro intentos de autoeliminación de jóvenes internados, uno de ellos reincidente antes de que se lo trasladara al Hospital Vilardebó.

"Es imposible que la única psiquiatra que tenemos en Montevideo pueda atender todos los casos, salvo que se clone, y mucho menos que pueda ver a alguien si no sabe que tiene que hacerlo";, afirmó Migues yendo en la misma línea que denuncia Yanicelli en Rompkbzas. Dijo que la situación no da para más.

Existen otros casos, en los que finalmente el funcionario entra "efectivo"; al Estado.

Es el caso de una funcionaria que pidió no ser identificada que logró ser formalizada por la Administración Pública. Ella está ahora presupuestada, pero estuvo ocho años como contrato precario. En ese período se presupuestaron 190 personas de Comisión de Apoyo.

Hay, en esa área de la salud, hay uno 250 contratos complemento se le denomina y cobran salario en la calle Magallanes, donde está ubicada las oficinas de Comisión de Apoyo, edificio de la Comisión Anti Tuberculosa.

La funcionaria pública dijo que la precariedad de los contratos permite que se den otras situaciones injustas en la que funcionarios o jerarcas presupuestados, abusan de su posición con aquellos que no tienen asegurado el empleo.

En diálogo con Rompkbzas dijo que el cambio más importante de pasar de la precariedad a la permanencia es justamente la seguridad de saber que se tienen un empleo hasta el día mismo de la jubilación.