El diputado frenteamplista dijo a Rompkbzas que "este proyecto busca aplicar la normativa nacional a las aplicaciones", y a su vez reflexionó acerca de la propuesta del diputado Walter de León sobre el "usuario arrepentido" de Uber. 

El diputado explica que el proyecto "a partir del avance que se ha dado en el último tiempo de las herramientas y aplicaciones informáticas que inciden en la vida diaria de todos y todas el diputado José Carlos Mahía ha venido trabajando en un proyecto de ley que buscando regular esta área promoviendo un marco legal que siga estimulando por un lado el desarrollo de la economía digital y por otro asegure las obligaciones legales que garanticen reglas de juego parejas para todo el mundo".

El proyecto, de siete artículos, indica en los dos primeros que "se centran en definir el marco de aplicación de la normativa -el territorio nacional- para aquellas actividades que a título oneroso utilizan para su contratación una plataforma informática de intermediación (UBER o las que sean que puedan aparecer en un futuro)".

"El artículo tercero establece el principio de equivalencia y el régimen jurídico a aplicar estableciendo que a los servicios contratados por estos nuevos medios se les deben aplicar las mismas reglas y normas que a los contratados por cualquier otro (entiéndase medios tradicionales)", señala el legislador.

"En ese marco el artículo cuarto define que tanto las relaciones de trabajo (empleador – empleado) o cualquier otro vínculo generado a partir de la puesta en práctica de las estas plataformas deben en todos los casos regirse por las normas vigentes en materias laborales, administrativas, previsionales y tributarias con el objetivo de que evitar que estos medios electrónicos sean utilizados para ocultar relaciones de trabajo que en los hechos se generen", apunta el representante nacional.

El frenteamplista dijo que "en ese sentido el artículo quinto define que aquellos órganos del Estado que tengan competencias en la materia deberán ejercer los poderes jurídicos que les sean propios para fiscalizar el efectivo cumplimiento de todas aquellas obligaciones a las que se encuentren sujetos los prestadores de los servicios o las actividades que estos desarrollen.

En el proyecto, "el artículo seis determina que los titulares de estas plataformas deberán brindar por los mismos medios electrónicos por los cuales se realizan las prestaciones y de manera permanente, fácil y gratuita -tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos estatales competentes en la materia- aquella información que una posterior reglamentación determine con el objetivo de asegurar la transparencia, y las garantías necesarias".

Finalmente "el artículo séptimo define que los órganos mencionados previamente deberán comunicar a la Justicia los incumplimientos en que incurran los sujetos pasivos del proyecto de ley en un plazo de tres días de modo tal que sean los Magistrados los que definían las medidas que consideren pertinentes aplicar en el marco de la normativas existentes y con todas las garantías para los sujetos pasivos afectados".

La propuesta de De León no tuvo ni siquiera los votos de su propio partido en la comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados.