Comenzaron la tertulia con un intercambio de comentarios sobre la polémica respecto al título del vicepresidente Raúl Sendic y los eventuales efectos éticos, políticos y jurídicos de esta situación.

En este primer tramo de la tertulia también discutieron sobre las expesiones del fiscal de Corte Jorge Díaz respecto al nuevo código del proceso penal.

Díaz ha reiterado a los medios en varias oportunidades que: "el diseño de una política pública de seguridad requiere cuatro acciones básicas: prevención, conjuración, investigación y represión".

Asegura que "para disminuir la cantidad de delitos no hay que aumentar las penas, sino ser más eficientes en la investigación y persecución criminal".

Díaz afirma que hoy el 100% de las denuncias que se presentan en el país, solamente el 18% llegan al sistema judicial y apenas el 4.5% termina en una imputación penal.

"Esto demuestra que se trata de un sistema ineficaz e ineficiente y aunque usted incremente sustantivamente las penas, va a operar sobre ese porcentaje de 4.5%".

El jerarca expresó que la experiencia uruguaya muestra que cuando se endurecieron las penas y se crearon nuevas figuras delictivas y agravantes, el efecto en la cantidad de delitos "fue insignificante".

"Tenemos un índice de prisionización de 320 personas cada 100 mil habitantes. Es uno de los índices más altos de América Latina, solo equiparable a Chile y solamente superado por Estados Unidos", expresó Díaz.

En la segunda parte de la tertulia debatieron sobre el proyecto de ley de alquileres impulsado por el Partido Comunista (PCU).

Unas cien mil viviendas en Uruguay están vacías y abandonadas. El artículo 37, inciso "B" de la Ley de Ordenamiento Territorial dice que: "Todos los propietarios de inmuebles deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando las obras de conservación oportunas y cumpliendo las disposiciones que a tal efecto dictamine el Gobierno Departamental competente".

Algunos sectores del Frente Amplio, han presentado proyectos que buscan solucionar este tipo de problemas con las viviendas en nuestro país. Por ejemplo, los diputados de Asamblea Uruguay Alfredo Asti y Mariano Guarinoni, explicaron al semanario Brecha que "las casas en estas condiciones generan no sólo un problema en la seguridad pública, edilicia y ambiental, sino también en toda la sociedad que ha "invertido en la trama urbana, dándole todos los servicios";.

El proyecto de Ley de Alquileres que el PCU presentó a la bancada del Frente Amplio tiene como objetivo es regular los precios, atacar la especulación inmobiliaria y facilitar el acceso a la vivienda.

Los alquileres tienen, según datos publicados en el portal del Partido Comunista, precios que no se condicen con la realidad. "En los últimos 10 años han aumentado, casi sin excepción, por encima del Indice Medio de Salarios y sobre todo de la inflación".

Este proyecto plantea como punto principal crear un tope al precio de los inmuebles. También se centra en la dificultad de conseguir una garantía para poder alquilar; propone una asistencia al pago de alquiler y propone además multar a los propietarios de viviendas vacías.