Fripur tenía una deuda de 45 millones de dólares con el BROU y debe a sus ex trabajadores algo más de 7 millones de dólares. Cuando cerró, el Estado nombró como síndicos para el proceso de liquidación al Estudio Rueda, Abai y Pereira. Ellos junto a la magistrada del fuero civil Dra. Sylvia Rodriguez Batista, establecieron el valor total de la empresa en 30 millones de dólares, aunque no se sabe mediante qué mecanismos, y establecieron su venta por el 50% del valor tal como lo permite la Ley Concursal.

A su vez se decidió que la venta se hiciera por el total para mantener el valor de la unidad productiva, en lugar del desguace de los bienes.

La magistrada tuvo ante sí dos ofertas: una de los ex trabajadores de Fripur que habían formado una cooperativa y presentaron un proyecto que no sólo contemplaba el procesamiento de pescado como alimento, sino además la fabricación de Omega 3, un ácido graso, requerido en el mundo entero por razones sanitarias.

La jueza Rodríguez entendió que la mejor oferta era la de la empresa canadiense y a ellos adjudicó la venta. Esto ocurrió en diciembre pasado pero la empresa aún no pagó nada.

Entre los activos de Fripur se encuentra la empresa argentina Griffin S.A. que cuenta con bienes – planta pesquera, barcos y un apartamento en el centro de Buenos Aires – por un total de 15 millones de dólares. Pero además tiene en sus manos un negocio seguro que genera unos 40 millones de dólares por año. Se trata de permisos para pescar hasta 8.000 toneladas de merluza negra.

El 24 de junio pasado la magistrada autorizó la entrega de todas las acciones de Griffin a la empresa canadiense, según informan dos fuentes "a cambio de una garantía de tres millones de dólares";.

Esta decisión sería violatoria de la Ley Concursal porque a diferencia de lo establecido por la propia doctora Rodríguez al comienzo de la liquidación, ahora se entregaron parte de los activos.

Nuestras fuentes sostienen que "se trata de un negocio redondo, porque vendiendo esas acciones se lograría el dinero para pagar toda la compra. Y eventualmente mantener incluso el negocio de la merluza negra, porque en Argentina los permisos se otorgan a los barcos, no a las empresas";.

La columna de Carlos Peláez