La justicia montevideana envió a prisión a tres efectivos de la Guardia Republicana por el asesinato del joven Nicolás Cuña frente a Coyote. Uno fue procesado por homicidio y los otros dos por "riña con el agravante de muerte y lesiones". Los tres tenían prohibido ejercer funciones de patovicas y además portaban su arma de reglamento.

En tanto la justicia de Maldonado envió a prisión a otros dos policías que persiguieron a dos delincuentes a balazos en plena ciudad, hiriendo gravemente a uno de ellos. El juez los procesó con prisión por el delito de "lesiones graves"; entre otras razones, porque los delincuentes no portaban armas.

Por su parte el psicólogo Robert Parrado presentó una denuncia penal contra Laura Anzalone, encargada del Área de Evaluación Psicológica y Seguimiento de Sanidad Policial, por el presunto delito de "usurpación de título" ya que el denunciante probó que carece del mismo.

También fue denunciado su hermano Leonardo Anzalone, director nacional de Sanidad Policial, por "abuso innominado de funciones". Entre otros documentos, Parrado presentó documentos que prueban que nombró a su hermana como encargada del Area de Evaluación Psicológica.

El viernes Rompkbzas informó que había presentado renuncia a su cargo Gabriela Maidana, integrante del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito que depende de Anzalone, porque figuraba como "Psicóloga Social", cuando en realidad es Técnica en Psicología Social título otorgado por la Escuela de psicología Social "Pichón Riviere" pero que no es habilitante para el ejercicio profesional.

Por razones desconocidas el mismo día renunció a su cargo como "técnico en informática" un sobrino de Anzalone que se desempeñaba en el hospital Policial.

Como se recordará el Ministerio del Interior tiene en curso una investigación administrativa para determinar si Gustavo Belarra, quien se desempeñaba como subdirector técnico de cárceles, del Instituto Nacional de Rehabilitación, cometió el delito de "usurpación de título" al presentarse como sociólogo a pesar de no serlo.

El accionar policial revela según fuentes judiciales el absoluto desconocimiento de los procedimientos y de la ley por parte de los funcionarios policiales, así como su escasa preparación. Un fuente policial dijo a Rompkbzas que "los nuevos policías salen a la calle habiendo practicado con su arma no más de tres o cuatro veces";.

Un comunicado público emitido por la Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado, da cuenta de ese desconocimiento legal. En la comunicación, además de solidarizarse con los funcionarios procesados y sus familias";, expresan: " Lamentablemente la delincuencia vuelve a ganar, y esto pasa por la falta de respuesta del sistema político en realizar modificaciones a las normas penales, que perjudican al funcionario policial, si partimos de la base que el policía porta un arma, desde el momento que efectúa un disparo está provocando en un alto porcentaje lesiones graves al delincuente. Por tanto nuevamente esta Asociación aporta al legislador penal, que revea otro de los artículos del código penal como es el artículo 317 (lesiones graves) para que este excluya a los policías que actúan en el ejercicio de sus funciones. De lo contrario habría que retirarles el arma a los policías";.

Y si a este complicado panorama se agrega el hecho de que quien estaba a cargo de las pericias de los aspirantes no tenía el título correspondiente y además había reducido los parámetros de los test psicológicos, hoy es imposible saber cuántos nuevos funcionarios podrían padecer una patología inhabilitante.

La columna de Carlos Peláez