Pérez es contador de Ancap y actuaba como delegado del Tribunal de Cuentas cuando denunció ante sus jefes, luego al Directorio y en noviembre de 2012 en la Justicia que la aprobación de los pagos a proveedores de la división Portland se realizaba "a ciegas", "sin ver las facturas". Ocurría que desde Minas se enviaban copias de facturas absolutamente ilegibles por problemas con el equipo empleado para transmitirlas.

Luego de tres años de investigación, el juzgado de Crimen Organizado archivó la causa. El fiscal Juan Gómez aseguró que se trató de "un mero enfrentamiento entre funcionarios".

Sin embargo Pérez recurrió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y este falló en agosto pasado que el directorio de ANCAP de la pasada administración cometió "desviación de poder" al apartar del cargo a un funcionario que había denunciado "irregularidades" en el control de la facturación. "Surge claramente que no solo no fueron investigados los hechos denunciados sino que se buscó separar al actor para de algún modo 'callarlo'", expresa el fallo. Raúl Sendic era uno de los denunciados y presidía el directorio del ente en ese momento.

Ahora la resolución del TCR considera ilegal que ANCAP pagara la defensa de los tres gerentes acusados. En su justificación el directorio de la empresa pública sostuvo "que los hechos por los cuales los funcionarios fueron convocados a comparecer ante la justicia penal, se encontraban presumiblemente vinculados a sus desempeños funcionales en ANCAP, desempeño que, en principio, no presentaba ninguna irregularidad administrativa ni penal".

Y agregó que "se consideró como la mejor manera en que la Administración podría proveer a la defensa, era auxiliando económicamente a los funcionarios en la contratación de su defensa, pero siendo los propios interesados quienes en última instancia decidieran y contrataran su propia defensa";.

Pero al observar el gasto con los votos afirmativos de cinco de sus siete integrantes, el TCR sostuvo:

1) que la asistencia económica con fondos públicos por parte del Directorio de ANCAP, para que los funcionarios contraten su defensa penal, no se encuentra debidamente justificada ni fundada desde el punto de vista jurídico, por carecer de norma habilitante;
2) que la responsabilidad penal es necesariamente de carácter personal, por lo que asignar fondos públicos a título de "auxiliatoria económica";, para la defensa de tres funcionarios, no sólo requiere norma habilitante, sino que se encuentra reñido con elementales principios de buena administración, y de lógica, que como disciplina, informa al derecho";.

Esta resolución determina que a futuro los gerentes de ANCAP que sean citados por la justicia en calidad de indagados deberán correr con los gastos de su defensa.

La columna de Carlos Peláez

Resolución del TRIBUNAL de CUENTAS