Ahora un fallo del Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA) no sólo ratifica esa información, sino que aporta el nombres del jerarca responsable y da cuenta de una serie de irregularidades que terminaron perjudicando a la empresa pública.

El semanario Búsqueda informa hoy sobre una sentencia del juez Gabriel Ohanián firmada el pasado lunes 17 de octubre. El documento "relata que en abril de 2010 Ancap realizó un llamado para contratar un remolcador para empujar barcazas de transporte de combustible. Las contrataciones se harían hasta que estuviera operativo el remolcador Ky Chororo que construyó la Armada en convenio con Ancap. Pero ese remolcador nunca entró en funcionamiento";, dice la sentencia aunque en realidad el Ky Chororo funciona bien desde varios meses atrás.

Agrega la sentencia que "esta peculiar situación, de un buque construido a nuevo que no funciona, determinó que el ente contratara con empresas particulares mediante sucesivos llamados. A los llamados se presentaron dos empresas: Kios SA y Nautimill SA. Todos fueron ganados por Nautimill. En los tres primeros la razón fue que presentó el precio más bajo. En la última ocasión, pese a que el precio más económico fue cotizado por Kios, volvió a ganar Nautimill. Esa vez, Ancap había modificado el pliego, otorgando puntos extras a la empresa que tuviera más experiencia.A raíz de eso, Kios presentó dos acciones de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)";.

Ancap quiso evitar el litigio y —reconociendo que determinados hechos eran "jurídicamente opinables";— ofreció una transacción a Kios: la contrataría en forma directa para transportar combustibles por U$S 500.000 si desestimaba los juicios ante el TCA. Pero luego de acordar esa solución, Ancap no contrató a Kios, y esgrimiendo distintos argumentos, volvió a adquirir los servicios de Nautimill.

Es entonces cuando la empresa decide presentar una demanda contra Ancap en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y exigir una indemnización de U$S 320.000 por "daños y perjuicios. El magistrado acogió la demanda "en su totalidad";.

Pero el relato del magistrado da cuenta con precisión hechos que revelan la manipulación intencional de una licitación. Y menciona como uno de los responsables al Jefe de Mantenimiento Naval de Ancap, ingeniero Eduardo Goldsztejn.

De acuerdo a la descripción de los hechos que realiza Ohanián y recoge Búsqueda, en el contrato que habían acordado Ancap y Kios se establecía como requisito que los remolcadores tuvieran un calado máximo de 2,50 metros. Ancap alegó que la empresa incumplía ese requisito en uno de sus remolcadores, y en ese supuesto se basó para desestimar sus servicios y contratar a Nautimill. La empresa, en cambio, sostenía que el buque tenía un calado de 2,492.

De acuerdo a lo convenido entre Kios y el ente, el ingeniero de Ancap Eduardo Goldsztejn iría al Grupo de Buceo de la Armada a realizar la medida del calado. Pero el funcionario concurrió sin coordinar con la empresa y sin citarla por escrito "con la formalidad que una contratación millonaria en dólares reclama";, planteó el juez.

Además, la medida solicitada por el ingeniero al Grupo de Buceo "padeció de aristas muy particulares que ponen en evidencia un desmedido apuro"; y que "determinaron decisiones erróneas que hoy comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado";.

Primero, porque no se hizo la medición en presencia de Kios. Segundo, ni Goldsztejn ni el ingeniero que lo acompañó, Ricardo Lemez, comunicaron al jefe de la Unidad de Buceo, el capitán de Navío Alfredo Arijón (hoy retirado), cuál era la finalidad de la medida. En tercer lugar, "y más grave aún";, fueron advertidos por el jefe de que las condiciones climáticas no permitían desempeñar la labor.

Arijón declaró en la Justicia que les advirtió a los ingenieros que con el clima de ese día no se podían tomar las medidas y tildó de "mamarracho"; la medición realizada";, dice el semanario.

El magistrado expresa en su fallo: "La sede advierte una suerte de escalonamiento argumental que era utilizado por los funcionarios de Ancap, que Kios debía sortear en cada ocasión para intentar cumplir el contrato por su parte. El Estado tiene el deber de actuar de buena fe"; y "utilizar como excusa una medida que se sabe errónea y tomada en condiciones impropias resulta un fundamento inadecuado para cambiar de proveedor y violenta de forma directa ese principio de buena fe";.

La denuncia sobre estos contratos y la demorada construcción del Ky Chororo es una de las tantas que investiga el juzgado de Crimen Organizado.

La columna de Carlos Peláez