Si bien el diputado frentista Gonzalo Mujica daría su voto a la oposición para crear una Investigadora, el diputado de Unión Popular ya ha dicho que lo negará porque teme que la investigadora se convierta en una forma de ataque político a Venezuela.

Ya ocurrió en 1992 con el caso Svetogorsky, un intermediario en la venta de armas, que según un ex chofer del empresario, había aportado sumas considerables a las campañas del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Nuevo Espacio. La investigación fue archivada por el juez Fernando Cardinal a solicitud de la fiscal Elsa Machado.

Pero ocurre que quien ahora denuncia en el pasado se opuso a cualquier investigación. El estado paga 87 Unidades Indexadas (UI) a las listas por cada sufragio obtenido. De acuerdo a los resultados de las primarias del 2014 el FA recibió 11.500.000 de dólares; el Partido Nacional 7.492.000 dólares; el Partido Colorado 3.106.000 dólares. Por las elecciones internas el Estado pagó 13 UI por voto.

En mayo de 2009 se aprobó la ley 18.485 que estableció los mecanismos por los cuales los partidos políticos podrán acceder a recursos de origen público y privado a fin de solventar su funcionamiento permanente y financiar sus campañas electorales.

La ley obliga a los partidos a presentar ante la Corte Electoral un "presupuesto inicial de campaña"; 30 días antes de la elección y una rendición de cuentas 90 días después de ella, así como una declaración donde conste el origen de los fondos, con los montos parciales y totales.

El Artículo 36 de la ley establece que "Las rendiciones de cuentas presentadas ante la Corte Electoral tendrán carácter público y podrán ser consultadas por cualquier persona, sin limitación alguna. Asimismo se publicará un resumen de la rendición de cuentas en el Diario Oficial y en una página electrónica oficial";.

A propósito el director de Factum Oscar Botinelli dijo a El Observador: "Los costos de las campañas electorales son crecientes, asfixian a los actores políticos, los obligan a recurrir a fuentes privadas de financiamiento con el consiguiente condicionamiento, a otros los lleva a abandonar la carrera. ¿Qué ha hecho el sistema político para resolver un problema que lo agobia? Descargar su furia y su impotencia en privado y no hacer nada en los hechos".

Por su parte el politólogo Daniel Chasquetti escribía en su columna de Montevideo.com: "¿Quién controla esto? La Corte Electoral, un organismo que no tiene ninguna capacidad real para comprobar que lo que declaran los partidos políticos sea cierto. Es como pedirle a la intendencia de Artigas que controle el mar territorial uruguayo. O como encomendar al Municipio G de Montevideo la vigilancia de nuestras fronteras con Brasil. Para Chasquetti los partidos políticos pusieron a la Corte Electoral a controlar sus gastos de campaña "simplemente porque no desean ser controlados".

"O sea, con la legislación actual se creó una pantalla para que los ciudadanos, los medios y los observadores internacionales digan que Uruguay cuenta con normativa moderna sobre el problema del financiamiento. (...) Los informes que se presentan ante la Corte Electoral además de ser poco exhaustivos suelen ocultar buena parte de los ingresos y egresos. O sea, las declaraciones juradas no solo son imprecisas sino que mienten deliberadamente sobre el monto real que cada partido invirtió en la campaña electoral. Bajo estas condiciones, no deberíamos sorprendernos si un día de estos alguien descubre que los fondos de tal o cual partido provienen de fuentes ilegales".

En tanto el periodista Leonardo Haberkorn decía en el portal Ecos: "Lo que dicen Bottinelli y Chasquetti es muy grave y no ha merecido ninguna respuesta de los partidos. Deberían responder. Botinelli habló de "condicionamientos". Es decir: el que pone dinero luego condiciona decisiones. ¿Cuántas cosas que ocurren en los gobiernos uruguayos podrían explicarse mejor si se supiera la verdad sobre la financiación de las campañas?.

El artículo 17 de la ley 18.485 dice que el comité de campaña de cada partido "deberá llevar registros contables específicos de la campaña electoral, en los que se registren todas las contribuciones recibidas -cualquiera sea su origen o naturaleza, pública o privada- y los gastos efectuados, con la documentación respectiva que respalde la información registrada. Toda cesión de derechos sobre las contribuciones del Estado deberá quedar registrada en la contabilidad de la campaña. El comité de campaña estará obligado a informar sobre todas las donaciones y contribuciones que se perciban, con indicación de su origen, que remitirá a la Corte Electoral 30 (treinta) días antes de cada elección";.

Las donaciones privadas nominadas no podrán exceder las 300 mil Unidades Indexadas* (Art. 43), que al momento de la realización de la elección en octubre de 2009 equivalían a 599.520 pesos uruguayos. Ese monto podrá triplicarse en el caso de un candidato a un cargo electivo y no existirá tal límite en el caso del primer titular de cada lista. Respecto a las donaciones anónimas, la ley prohíbe aquellas que excedan las 4 mil UI, que a la fecha de la elección eran equivalentes a 7.993 pesos.

El literal C) del artículo 45 señala textualmente: "Los partidos políticos o sus sectores internos o listas de candidatos no podrán aceptar directa o indirectamente (…) Contribuciones o donaciones de empresas concesionarias o adjudicatarias de obras públicas";.

Pero resulta que el sitio Sudestada informó que por ejemplo el empresario Eurnekian, donó para la campaña del 2009 sólo al MPP 50.000 dólares. El grupo Eurnekian, concesionario del Aeropuerto de Carrasco a través de Puertas del Sur, recibió en este período la ampliación de esa concesión hasta el año 2033, y ganó las licitaciones para la construcción de dos parques eólicos en Maldonado, a las que se presentó con dos firmas subsidiarias: Fingano SA y Vengano SA. Eurnekian donó dinero para las campañas del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Independiente y el sector colorado Propuesta Batllista.

En el caso de la empresa Techint, mantenía desde 2008 un contrato con el Estado para el mantenimiento de la ruta 18 entre arroyo del Oro y Vergara. Luego, tres meses antes de la elección nacional, la empresa fue elegida para encargarse del saneamiento de Maldonado. Techint volcó dinero para el Frente Amplio y el Partido Nacional.

Luego volvieron a ser beneficiados con nuevas licitaciones. En el 2014 Uruguay Transparente hizo la denuncia en la Corte Electoral sin resultados hasta hoy.

En mayo de este año la periodista Cecilia Rossel a propósito de los gastos conocidos en publicidad electoral emitida por los canales privados de TV, escribió: La subdeclaración de gastos permite a los candidatos y partidos la subdeclaración de ingresos. Cuando los gastos exceden en muchos millones los ingresos declarados se pierde la consistencia en las declaraciones, lo que llamaría la atención sobre la falta de previsión del gasto en función de los ingresos que se piensa recibir.

En este sentido, es llamativo que en las declaraciones de gastos e ingresos en Uruguay prácticamente no existan casos en que los gastos fueron mayores que los ingresos. Esto es más intrigante aun si se tiene en cuenta que una parte importante de los ingresos (mucho más de la mitad en promedio) depende de algo que en principio es incierto: la performance de las listas y las fórmulas presidenciales en la elección.

Las diferencias que la investigación evidencia entre el gasto en publicidad y los segundos efectivamente emitidos, la capacidad para equilibrar gastos e ingresos en las declaraciones y los bajos niveles de donaciones de origen privado, dan a entender en conjunto la existencia de subdeclaración de ingresos.

Esta evidencia alerta sobre los riesgos asociados a la influencia del dinero en la política y reafirma la importancia de contar con una regulación adecuada y, sobre todo, de reforzar su implementación";, decía Rossel.

Ayer un productor rural me relató con números a la vista como algunas empresas industriales del sector agropecuario son toleradas en los manejos de precios en perjuicio de los productores porque hacen importantes aportes a las campañas de los tres partidos políticos mayoritarios. Y nadie le quiere poner el cascabel al gato.

Como se ve la situación es muy grave, porque revela que son muchos los que saben que algunas decisiones de gobierno podrían haber estado condicionadas durante los últimos 30 años, por empresarios que ponen mucho dinero en las campañas pero luego reclaman beneficios. Este es un asunto que hace a la calidad de nuestra democracia y por lo tanto, nos atañe a todos.

Sudestada ha desarrollado una base de datos llamada ¿Quién paga? a la que se puede acceder en su web y en la que figuran los aportes declarados por cada partido.

La columna de Carlos Peláez