El Frente Amplio defendió todas las mentiras en un plenario y en aquella vergonzosa sesión del Senado en la que se trataron los informes de la Investigadora.

Poco tiempo después nos enteramos que el senador y vicepresidente de la República, Raúl Sendic, carecía del título con el que había firmado documentos públicos. ¿Era importante el título? No. Lo criticable es la falsedad, la mentira, la inmoralidad de hacer creer lo que no sos.

Por si esto fuera poco, luego como en cascada comenzaron a aparecer otros funcionarios que también carecían de su título. Y allí estaba ni más ni menos que el actual secretario político del Frente Amplio.

Más tarde se prueba, hasta por sus propias declaraciones, que la diputada y esposa del Ministro del Interior tiene vínculos con delincuentes – así los calificó su esposo el Ministro – que simulan ser hinchas de fútbol. ¿Alguien insinuó una autocrítica? Ni de cerca, porque la culpa siempre la tienen otros o los "operadores de prensa";. 

Pero esta actitud ha permeado a organizaciones mayoritariamente integrada por gente de izquierda. Y me refiero a sindicatos protegidos desde el Pit-Cnt.

El año pasado fueron procesados dirigentes e integrantes del sindicato del INAU por someter a torturas a los pibes infractores detenidos. Sin embargo no sólo fueron defendidos por el gremio, sino también por la Central.

Ahora nos enteramos que la Federación de Funcionarios de Salud Pública decidió "hacer borrón y cuenta nueva"; con los resultados de una auditoría interna que reveló el escandaloso uso de los dineros aportados por todos los trabajadores en beneficio de algunos dirigentes. Sólo quiero recordar que todos son funcionarios públicos y por lo tanto obligados a denunciar en la justicia la presunción de un delito. Y lo recuerdo porque hay dirigentes de la minoría que lo insinuaron pero no sabemos si lo concretarán.

La auditoría, de la que ya dimos cuenta meses atrás, revelaba que Alfredo Silva, dirigente de la lista mayoritaria y representante de los trabajadores en el directorio de ASSE luego procesado por cohecho y conjunción, recibió casi 1.600.000 pesos por de gastos de representación sindical en el período que va de noviembre de 2008 a julio de 2014, mientras gozaba de un sueldo de más de 100.000 pesos como director de ASSE.

Se gastaron centenares de miles de pesos sin comprobantes y se mal administró la Colonia de Vacaciones que la Federación tiene en Punta Ballena. El Congreso descartó la formación de una Comisión de Transparencia.

En el plano internacional se defiende a la dictadura nicaragüense liderada por Daniel Ortega, un ladrón y violador de su hijastra. Esta semana se negó la formación de una Comisión Investigadora sobre los negocios con Venezuela. Todo se centró en la empresa Aire Fresco pero en realidad los hechos se remontan a años atrás, concretamente al negocio de UMISSA.

El negocio era por 156 millones de dólares por 12.000 casas prefabricadas. En realidad nosotros embromamos a los venezolanos porque la totalidad de las casas nunca llegaron y las que llegaron eran de muy mala calidad.

El 24 de agosto del 2008 la jueza Fanny Cannessa dispuso el levantamiento del secreto bancario de dos cuentas que, según una denuncia presentada ante el Departamento de Delitos Económicos de la Policía pertenecen, una a la empresa Umissa y otra tendría como titulares a Antonini Wilson, Alejandro Lagrenade, dueño de UMISSA y otros.

Esa investigación probó que el 10 de mayo de 2006 Venezuela hizo un giro a Umissa por 23.320.050 dólares y el mismo día se hizo otra transferencia por 18.569.700 dólares a una cuenta que estaba a nombre del dueño de Umissa, Alejandro Lagrenade, de Antonini Wilson, del representantes de Umissa en Caracas, Norberto Barcos, y de una mujer venezolana llamada Gabriela Alcalá.

Antonini Wilson realizó seis viajes a Montevideo entre 2007 y 2008. Estos negocios se hicieron en el marco de la formación del Fondo Bolivar-Artigas con el que según lo que se declaró en el momento, Venezuela quería beneficiar a Uruguay, haciendo que pagara su factura petrolera con ganado de raza, software y casas para los damnificados y a los venezolanos otorgándoles viviendas donadas por el Estado.

El Fondo estableció un fideicomiso de 256 millones de dólares que aportaba Pdvsa para financiar ese intercambio comercial.

Se dividió en tres partes. La del ganado la ganó Rozada y Cia, empresa a la que le adjudicaron 6 millones y medio de dólares para enviar a Venezuela vacas preñadas y toros Holando, a fin de mejorar el ganado de altura. Después de un impasse, no hubo negocio.

De los 79 millones de dólares que estaban destinados a comprar software para la CVG-Telecom , 59 se adjudicaron a Artech, una empresa representada por Javier Vázquez, hijo del presidente.

El premio gordo del Fondo por 156 millones de dólares lo ganó Unión Metalúrgica del Uruguay S.A. , la célebre Umissa, para las viviendas.

Después de esas primeras transferencias que mencionamos , Lagrenade y Antonini recibieron 16 giros más correspondientes al pago por Venezuela de 16 facturas por un total de 2.771.981 dólares, en una cuenta del BBVA de Montevideo, de acuerdo a las investigaciones de la juez Fanny Canessa, informada por el Banco Central del Uruguay.

Las casas nunca pudieron ser armadas y se quedaron en los puertos venezolanos. Eran tan malas, que solamente se ejecutaron 36 millones de dólares de los 156 que se adjudicaron a Umissa. Nunca fueron instaladas porque no coincidían ni con el metraje ni las características técnicas pedidas y necesitaban personal especializado para armarlas.

También hubo problemas con el traslado, porque muchas se dañaron en esa etapa. Enviaron 1.160 contenedores con los componentes de unas 4000 casas, alrededor de 33,08 % del contrato, según el cual tenía que levantarlas Venezuela. Pero sólo se pudieron levantar siete de las 12.000 que se había planeado. Las otras se quedaron agarrando polvo y cucarachas en los contenedores o nunca llegaron.

Acá hay mucha gente que hizo negocios para sí. ¿Quiénes fueron? ¿son sólo venezolanos o hay uruguayos? ¿los uruguayos son dirigentes políticos? ¿se financió de esta forma la campaña de sectores o del propio FA?. Son preguntas que sólo la Justicia podría responder.

Pero los hechos corroborados adquieren una significativa dimensión que terminan demostrado lo que señalamos al principio: la crisis más grave es moral.

Quiero citar algo que escribe el politólogo Adolfo Garcé en El Observador quien hoy también se refiere a la crisis moral del Frente Amplio: "Espero que me perdonen una franqueza adicional, pero no puedo evitar preguntarme qué pensaría y qué haría en circunstancias como esta Líber Seregni, cuyo ejemplo la dirigencia del FA tantas veces evoca.Por supuesto, con el general Seregni ocurre como con el comandante Ernesto Guevara: es más fácil invocarlo con dichos que honrarlo con hechos";.

La columna de Carlos Peláez