Entre espías e informantes
Por lo menos hasta el año 2012 los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas espiaron a ciudadanos, expresidentes, dirigentes políticos, jueces, medios de comunicación, organizaciones sociales y sindicales. Nadie puede asegurar que aún hoy no continúen haciéndolo.
Una serie de documentos a los que hemos accedido revelan que ese accionar no es obra de "locos sueltos"; como se señaló meses atrás, sino de la estructura de inteligencia del Estado.
La Cámara de Diputados debatirá en los próximos días una propuesta de la Bancada del Frente Amplio, impulsada por el PVP y el PCU, que pretende instalar una comisión investigadora sobre espionaje en democracia. En el FA votaron en contra el MPP y la 711 de Raúl Sendic. Pero si han confirmado su voto positivo la mitad de la bancada colorada, el Partido Independiente y la UP. Y aunque el Partido Nacional no ha definido su posición se descuenta que apoyará la investigadora porque, entre otros, varios de sus dirigentes fueron objeto de espionaje en democracia.
Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti, telefoneó un día de 2006 al entonces jefe del Ejército, Carlos Díaz, y le informó que al día siguiente iría a la sede de la Inteligencia del Ejército a lacrar toda la información que allí hubiese.
Díaz no avisó a sus subalternos y al día siguiente mayúscula fue la sorpresa en la sede militar cuando apareció la ministra con sus colaboradores. "Revisaron hasta los armarios de los coroneles", dijo un militar.
Berrutti, logró ubicar archivos del Servicio de Información de Defensa (SID) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
Todo fue lacrado pero, según dijo El Observador, cuando el grupo liderado por la ministra se retiró del lugar no se llevó un detalle preciso de la cantidad y calidad de la información registrada. Cuando volvieron a buscarla, una parte de esa información lacrada había desaparecido. ¿Cuál? casi toda la que pertenecía a la OCOA. El Ejército la hizo desaparecer de la sede de Inteligencia.
Pero el resto de la documentación fue microfilmada y registrada en 51 DVD´s que se encuentran en el Archivo General de la Nación. Una copia de los mismos están en el Ministerio de Defensa Nacional.
En setiembre del año pasado fueron incautadas 65 cajas en el domicilio del coronel ( r ) Elmar Castiglioni, quien había fallecido recientemente, y en las que había miles de documentos relativos a tareas de espionaje e inteligencia militar.
La exministra Berrutti sostuvo entonces que "tal vez esos fueran los documentos del OCOA que el ejército hizo desaparecer en el 2006";. El coronel Castiglioni fue uno de los últimos jefes del OCOA y era sobrino del Inspector Victor Castiglioni, jefe de la siniestra Dirección Nacional de Información e Inteligencia, organismo del Ministerio del Interior, durante casi todo el período dictatorial.
En esas cajas se encontraron documentos relativos a operaciones de seguimiento y espionaje desde 1985 en adelante contra: Líber Seregni, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereyra, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti, Gustavo Penadés, Azucena Berrutti, Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Vázquez, Leonardo Costa y Jorge Batlle, los jueces Alberto Reyes y Rolando Vomero y la exfiscal Mirtha Guianze, entre otros.
Pero nuevos documentos en poder de este corresponsal, revelan que las tareas de espionaje reseñadas eran obra de la estructura estatal de Inteligencia, todas dependientes del ministerio de Defensa. Y que de acuerdo a esos documentos hicieron tareas de espionaje por lo menos hasta el 2012.
El periodista Samuel Blixen ha revelado en varias ediciones del semanario Brecha, algunos de los documentos contenidos en las cajas de Castiglioni. De allí surge la existencia de una vasta red de colaboradores e informantes civiles pagados que lograban infiltrarse en organismos del Estado, medios de comunicación, organizaciones sociales y sindicales, además de mantener vínculos con dirigentes políticos.
Nosotros accedimos al índice de los documentos incautados por Berrutti y guardados en el Archivo General de la Nación. Un total de 19 DVD´s fueron entregados a la Comisión para la Paz. Pero los otros 32 fueron declarados "reservados"; en el año 2011 de acuerdo a la ley 18381 de Acceso a la Información Pública. El plazo máximo es de 15 años, por lo que esos archivos recién serían públicos en el año 2026. El argumento es que allí hay datos personales q ue requieren la autorización de las personas y cuya difusión compromete su dignidad.
¿Qué dicen esos documentos? Si bien no hemos accedido al contenido de las carpetas, sólo los 153 títulos del índice son reveladores de lo que hay en cada una de ellas. Algunos muy explícitos, como todo el fichero de afiliados al PCU y a la UJC, las fichas de los procesados por la justicia militar, fichas personales de funcionarios de AFE y ANCAP, datos personales de profesores o la nómina de candidatos de todos los partidos políticos para las elecciones de 1966 y 1971, así como la nómina de todos los delegados de mesa.
También están los antecedentes de militantes del PCU, UJC, MLN, GAU, PVP, FRT y PCR. Las constancias de habilitación para cargos públicos. Documentación sobre Primaria, UTU, CONAE y la UDELAR en los años de intervención.
Pero lo más grave es que en esos documentos hay reportes de tareas de espionaje hasta el año 2003, consignados por organismos de inteligencia dependientes todos del Ministerio de Defensa.
La carpeta 110 lleva por título: Informes y documentos proporcionados por informantes del departamento III (Operaciones) de la Dirección General de Información de Defensa 1992-2003. Hay 13 entradas en este índice con informes que van desde 1985 al 2003.
Pero hay más. Por ejemplo: un ex preso político, que actualmente se desempeña como secretario de un legislador frentista gestionó sus antecedentes y se encontró con que siguen vivos en la DNIC (ex DNII), la última entrada es de 2012. Entre otros "antecedentes"; en democracia figura que en el 2000 (15 años de democracia) la Armada informó a la DNII de un trámite realizado por una de sus hijas ante el Club Naval.
O sea, el espionaje es institucional, aún durante gobiernos del Frente Amplio.
Ex funcionarios de la administración frenteamplista que conocen el contenido de esos documentos dijeron que los mismos "alterarían la actual agenda política".
¿Por qué? Tal vez los ensayos de respuesta sean muy complejos. Pero en principio está claro que tanto en el Archivo de la Nación como en las cajas de Castiglioni hay información sobre ciudadanos desaparecidos y los posibles lugares de enterramiento. Y también hay decenas de carpetas que permitirían identificar a los "informantes"; civiles de inteligencia militar.