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¿Con qué autoridad se reclama?

Leonardo Alonso / Leonardo De León. Búsqueda / El País
Leonardo Alonso / Leonardo De León Búsqueda / El País

Durante los festejos por el 199 aniversario de la Armada Nacional y en presencia del Presidente de la República Tabaré Vázquez y otras altas autoridades, el comandante en jefe de la Armada almirante Leonardo Alonso se despachó con discurso crítico a la gestión de Defensa y en reclamo de diferentes mejoras.

Ese discurso no ha merecido hasta el momento ningún comentario o sanción del Poder Ejecutivo, cuando es más que evidente que no sólo hay una afectación institucional, sino que además hay antecedentes.

En el año 2012 el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro sancionó al entonces comandante en Jefe almirante Ricardo Giambruno, y al comandante de las Fuerzas de Mar, capitán de navío Jorge Jaunsolo.

El primero recibió la sanción por haber respaldado un reclamo presupuestal hecho por Jaunsolo en el discurso de conmemoración de las Fuerzas de Mar. Este hizo el discurso crítico pero su planteo había sido leído y autorizado por el Comandante en Jefe.

La norma establece que el discurso del comandante en jefe debe estar en conocimiento previo del ministro de Defensa. Doblemente grave sería el caso que nos convoca hoy si, efectivamente, Jorge Menéndez autorizó el discurso de Alonso.

El ámbito natural que tienen los comandantes en Jefe para expresar sus reclamos y críticas, es el Ministerio de Defensa quién está obligado a poner todo en conocimiento del Comandante en Jefe de las tres armas que es el presidente de República. La ley marco de Defensa Nacional (No. 18.650) promulgada el 19 de febrero de 2012, establece con claridad como se debe actuar y quienes deben hacerlo además de cuál es el papel del Consejo Nacional de Defensa.

Alonso desconoció esta ley. Pero además ni siquiera fue capaz de formular una autocrítica ante los gravísimos hechos de corrupción cometidos por ex comandantes en Jefe y altos oficiales de la Armada, que terminó con varios procesados y en prisión.

¿Con qué autoridad moral se reclama?. La misma pregunta podemos formularle al grupo de Raúl Sendic, quien ayer por medio del senador Leonardo De León cuestionó que la empresa Cimsa, propiedad entre otros de Diego Gosín y Diego Lugano, "importe 'portland por debajo de los costos de producción";. Esta empresa importa cemento - portland a granel desde Turquía y lo envasa en Uruguay bajo la marca Charrúa.

Mientras tanto se terminan las obras de la planta que la empresa posee en Treinta y Tres y donde fabricarán clinker, componente básico del portland.

En declaraciones al portal Ecos, De León defendió la producción cementera nacional, a través de la planta que la privada Cementos Artigas tiene en Minas y las dos que Ancap opera en esa ciudad y en Paysandú.

Recordó que dichas inversiones públicas estuvieron integradas en el plan estratégico del ente desarrollado durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que permitió lograr un producto de alta calidad y eficiencia, que le permitió competir con el sector privado.

Pero lo que no explica De León es que los costos de producción de portland por parte de Ancap – Cementos del Plata S.A. no se han podido reducir a pesar de la millonaria inversión en dólares que se realizara, a causa de la ineficiente gestión de su líder Raúl Sendic como presidente del ente.

Lo dijimos ayer y reiteramos: entre los años 2005 a 2015 Cementos del Plata esta colateral de Ancap perdió unos 200 millones de dólares. Y todo parece indicar que para este año la cifra se incrementará. Pero esta es una de las empresas en la que más se invirtió.

En el 2007 se aprobó un plan por 118 millones de dólares; en el 2015 llevaban gastados 251 millones según dijo el ex gerente Juan Romero pero agregó que para terminar "faltan 230 millones de dólares más";. O sea 4 veces más de lo planificado. En las plantas de cal de Treinta y Tres y en las plantas de Minas y Paysandú, Ancap-Cementos del Plata invirtió 593 millones de dólares más de lo proyectado inicialmente.

La pregunta es la misma ¿con qué autoridad se reclama?.

La columna de Carlos Peláez