La regasificadora, un proyecto enarbolado como emblemático por José Mujica, nunca fue construida. Esa es la verdad. ¿Por qué no se hizo? Sabemos que la empresa que ganó la licitación quedó involucrada en unos de los mayores casos de corrupción en Brasil. El diputado Eduardo Rubio (UP) dijo que fue tan democrática que "sobornó a todos los partidos brasileños";.

En Diputados se señaló que el Estado perdió dinero; que las obras realizadas tendrían problemas; que única obra que se hizo es la que correspondía al Estado. Y se dijo mas: Gaz de France Suez ganó 29 millones de dólares con la rescisión. Porque le cobró 129 a OAS y nos pagó 100 a nosotros.

Que la obra es importante no hay dudas. El problema no es sólo cómo se hizo sino como se hará.
Pero los representantes frentistas no sólo no reconocieron errores, sino que recurrieron a la crítica sobre acciones del pasado y acusaron a la oposición de poner trabas al desarrollo por meras cuestiones políticas. Si uno pudiera regresar atrás en el tiempo, escucharía exactamente los mismos argumentos salvo que se invertían los actores. 

Tenemos una aerolínea con 150 funcionarios pero sin aviones. Y hay gente del MPP que se molesta si se señala esto porque lo consideran poco solidario, o una burla de la desgracia ajena.

Estamos hablando de personas que tuvieron acceso a un seguro de paro privilegiado que no gozan la absoluta mayoría de los trabajadores. Y que además pudieron obtener un préstamo del Estado que ni siquiera se consideró, por ejemplo, para los trabajadores de Fripur. ¿Fue solidario dejar a 900 trabajadores de Fripur en la calle? O apoyar a una pesquera canadiense más que a una cooperativa uruguaya. O pagar seguros de desempleo a personas que cobraban aca pero trabajaban en otros países.

El nepotismo y el clientelismo político fueron prácticas siempre censuradas por la izquierda que hoy, sin embargo, forman parte de su ejercicio de gobierno. El ministerio del Interior es un buen ejemplo. Al caso de Laura Anzalone, se suma el del hijo de Alberto Scavarelli o el del hijo de una ex pareja de Jorge Vázquez.

De cómo se actúa este es un buen ejemplo: un hijo de la diputada Susana Pereyra, y su pareja tienen cargos administrativos de jerarquía en la cárcel de Las Rosas, Maldonado. Ambos vivían en San Carlos. Los vecinos, que veían todo el día un patrullero en la puerta de la casa de esa pareja y que estaban hartos de los robos fueron a quejarse a la Comisaría y allí les dijeron que "tenían tres patrulleros. Uno roto, uno en servicio y el otro de custodia de esa familia";.

El sindicato de AFE acaba de denunciar que el presidente del ente, integrante de la lista 711, contrató a una empresa que es propiedad de un primo que además es edil de la 711. Esto es lo que falla en política, ni las denuncias ni las investigadoras, es la ética.

Habitualmente compartimos palabras de otros, cuando lo expresan mejor. En este caso se trata de una nota de Ernesto Piazza publicada en la revista Vadenuevo que, para que nadie se equivoque, edita mensualmente un conocido grupo de gente de izquierda.

Los límites entre lealtad y complicidad

Por Ernesto Piazza

En política no siempre es fácil admitir que se actuó mal. En el Frente Amplio (FA) está sucediendo eso con relación a algunos temas, lo que puede ser un factor de debilitamiento ante la población. Una organización política no es solo la adhesión a un programa y el respaldo a determinadas líneas de acción. Es también un "pacto"; que va más allá de lo programático y abarca valores diversos, entre ellos los éticos. Entre los frenteamplistas, como entre la población en general, hay un extendido descontento con lo sucedido en Ancap hasta hace poco y, en especial, con manejos en algunas de sus subsidiarias.

Muchos frenteamplistas agregan al dolor que pueden sentir, su molestia por el precio político que se está pagando por errores que se han cometido. Pero reconocer esos errores puede no ser sencillo. Por un lado, admitir determinados comportamientos podría considerarse una deslealtad hacia compañeros, aunque éstos se hayan equivocado. También cabe pensar que quienes han cometido errores y no hacen una autocrítica pública están siendo desleales con la organización y el resto de sus integrantes. Y, por otro lado, existe el temor de que el reconocimiento de los errores lesione aun más el prestigio del colectivo partidario. O sea, para no ocasionar más perjuicios políticos a la organización, se cierran filas en defensa de quienes son criticados.

Una diferencia de matiz respecto a esta actitud sería no pronunciarse públicamente: no se critica, no se señalan los errores, pero tampoco se defienden los actos ni a las personas objeto de cuestionamientos. Naturalmente cabe una tercera actitud: señalar los errores y responsabilizar a quienes los han cometido. Esto puede generar un conflicto interno que en general se trata de evitar, porque también acarrea costos políticos. El asunto tiene dos posibles enfoques: asumir dichos costos por hablar claro, por admitir sin ambages las faltas de compañeros, y obtener, a cambio, la compensación del reconocimiento a la sinceridad, que muchas veces deja saldos favorables en la consideración pública, o ceder ante la fuerza de las lealtades personales, de las relaciones de amistad o conveniencia que se establecen en todos los ámbitos pero que en el de la política repercute especialmente sobre la marcha de un país.

En los intentos por justificar, relativizar o amortiguar lo sucedido, muchas veces se opta por recordar que otros partidos cometieron actos igualmente lesivos, o más, para los intereses del país. Este tipo de recursos -que casi siempre son respuestas a críticas de adversarios- tiene escaso o nulo efecto en el ciudadano medio, que es a quien, se supone, deberían estar dirigidos los mensajes explícitos e implícitos relacionados con situaciones como la crisis de Ancap. Y ello es así porque señalar faltas de otros (de políticos de la oposición, por ejemplo) no suele lavar las propias, y puede incluso acentuar el malestar de quienes desean que se aclaren las cosas. La gente (incluyendo a los frenteamplistas, por supuesto) se siente fastidiada cuando las repuestas que espera sobre determinados hechos son desviadas hacia asuntos que no están en el centro de su preocupación, porque sucedieron hace mucho, porque no constituyen prioridades en la actualidad o porque se las utiliza como coartadas para esquivar explicaciones.

Recordar el pasado de colorados y blancos no rinde el efecto que algunos frenteamplistas podrían esperar. Siempre será valioso recurrir a la historia, convocar la memoria, extraer enseñanzas del pasado. Pero no como recurso para intentar atenuar o relativizar lo que ahora se ha hecho mal.
¿Responden tales conductas a la ética que la izquierda ha proclamado como un preciado valor? ¿Le sirve al país, al gobierno y a la fuerza política que lo ejerce no hablar claramente sobre acontecimientos infelices o que generan dudas? Hoy son muchos los ciudadanos, incluyendo a frenteamplistas, que creen o sospechan que ha habido (sobre todo en Ancap) errores de gestión, negligencia, prácticas clientelísticas y hasta la posible obtención de beneficios personales -materiales y políticos- a costa de dineros públicos. Si el FA no asume sobre todo eso posiciones claras, repudiando lo que sea irregularidad comprobada y reclamando la investigación de los hechos que lo justifiquen, ¿no estará hipotecando la confianza que ha construido a lo largo de décadas y que en buena medida explica su crecimiento y el gran respaldo popular que lo llevó al gobierno?.

Muchos creen que en los últimos años se ha venido produciendo un debilitamiento del compromiso con valores éticos en el FA. Es difícil medir este fenómeno, qué alcance tiene entre dirigentes, militantes y allegados. Hay insuficiente autocrítica entre los actores políticos de todos los partidos, porque este no es solo un asunto que ataña al FA. No hay disposición a ventilar ciertas cosas. Tal vez no se pueda obtener éxito en política sin ocultamientos y complicidades. Podría pensarse que no decir todo, mantener ciertas reservas, es inherente a la actividad política. De lo contrario todas las reuniones serían públicas.

Y se sabe que varias de las más importantes decisiones se adoptan entre cuatro paredes. Forma parte, desde siempre, del modus operandi de los políticos, aun de los más honestos y en los países más democráticos. Pero hay límites, aunque sea difícil determinar dónde están. Tal vez no estén fijos como la baranda de un puente, pero hay. Debería haber. Y la sociedad celebraría que se los respete.

La columna de Carlos Peláez