Si bien se ha acotado el objeto de la investigación al espionaje en democracia sobre políticos, organizaciones sindicales y sociales, y periodistas entre otros, también surgirá allí con seguridad información sobre hechos ocurridos en dictadura.

El periodista Samuel Blixen dice hoy en Brecha: "La pretensión de que el material en poder de Castiglioni fue elaborado por una estructura "privada"; de inteligencia no resiste el mínimo análisis y caerá por su propio peso cuando los historiadores Isabel Wschebor y Álvaro Rico testimonien ante la comisión investigadora que entre los documentos relevados a pedido de una jueza penal había muchos con visos de ser copias de originales de inteligencia militar.

Confirmar la procedencia de esa documentación incautada implicará acceder a los archivos de la inteligencia militar para verificar la existencia de documentos sobre espionaje que el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Eduardo Pintos, y del director de la Inteligencia Estratégica Militar, coronel Juan José Pomoli, dicen que no existe";. Eso fue lo que le dijeron al Ministro de Defensa, Jorge Menéndez y éste reiteró en el Parlamento.

El documento que encabeza esta columna –y que fue publicado hoy por Brecha– revela que la orden de microfilmar los archivos de inteligencia militar, que luego fueran incautados por la ex ministra de Defensa Azucena Berrutti, fue firmada el 17 de octubre de 1989 por el entonces teniente coronel Pedro Barneix.

Blixen también revela algunos aspectos de los documentos que ahora descansan en el Archivo General de la Nación que se pueden denominar "archivos Berrutti";. "Todas esas microfilmaciones confirman el papel jugado por la estructura oficial de inteligencia militar en el espionaje. Pueden ser fácilmente consultados en el Archivo General de la Nación, en primer lugar por el propio director de Inteligencia Estratégica, para despejar la ambigüedad sobre la afirmación de no existencia de documentos.

Por si ocurre alguna dificultad para ubicar esos informes de espías e infiltrados, los mandos pueden consultar –y eventualmente interrogar– a algunos oficiales cuyos nombres aparecen en informes de los espías. Por ejemplo: el documento número 1861, en el rollo 902, que informa sobre una oferta de venta de armas a Irán, contiene una anotación a mano, del oficial de inteligencia, que recomienda "preguntarle al capitán Francia";, del arma de Ingenieros.

El coronel Ruggiero es citado en el documento número 295 del rollo 858, respecto de acciones de espionaje a diversos periodistas; y el teniente coronel Bonavoglia aparece como referencia a propósito de un informe sobre reuniones en la parroquia San Antonio. Y también, a efectos de confirmar el carácter institucional de ese espionaje, pueden consultarse los archivos de los otros departamentos de la Dirección General de Información del Estado –el Departamento I, el Departamento II y el Departamento de Contrainteligencia– que habitualmente recibían copias del Departamento II (Operaciones) de los informes de los infiltrados, como aquel –consignado en el documento 1788 del rollo 902– que daba indicaciones para espiar a los periodistas Ariel Hernández, Pedro Cribari y Omar Prego";.

La Investigadora también debería determinar si la CIA pagó a funcionarios públicos uruguayos para obtener información de su interés. Precisar si todas estas operaciones se hicieron con conocimiento de los mandos y quienes dieron la orden; cuál fue el objeto de estas tareas de inteligencia; por qué se continuó espiando hasta el 2015 a organizaciones y militantes de izquierda que integran partidos políticos que están en el gobierno, son algunas de las tareas que los diputados tendrán por delante.

Es muy obvio que el escepticismo se ha generalizado y no muchos creen que de aquí surgirá algo importante. Nosotros nos inscribimos entre quienes consideran que hoy más que nunca hay que rodear al Parlamento, protegerlo, abrirle una carta de crédito. Porque en el resultado de esta Investigación se juega gran parte del futuro institucional del país. Y esta vez, no se pueden equivocar.

La columna de Carlos Peláez