La ley había sido sancionada por los Senadores el día antes en un trámite urgente que se realizó bajo presión militar. Co-redactada por legisladores colorados y blancos, provocó divisiones en ambos partidos.

Además de los 6 senadores del FA también votaron en contra los nacionalistas Carlos Julio Pereyra, Juan Martín Posadas y Uruguay Tourné. En Diputados votaron en contra toda la bancada del FA más los blancos: Ernesto Amorín Larrañaga, Alem García, Luis José Martínez, Ricardo Rocha Imaz, Javier Barrios Anza, Oscar López Balestra, Juan Oxacelhay, Raúl Rosales,Juan José Fuentes, Julio Maimó Quintela, Héctor Lorenzo Ríos, Edison Zunini, Carlos Pita; los Cívicos Julio Daverede, Hebert Rossi Pasina y el colorado Victor Vaillant.

En esa misma jornada la Cámara de Senadores le quitó los fueros y expulsó al senador frenteamplista José Germán Araújo, acusado de promover incidentes en los alrededores del Palacio Legislativo, algo que no sólo negó sino que jamás se probó. 

La democracia recuperada en marzo de 1985, resultó imperfecta. Porque con la Ley de Caducidad se pretendió ignorar que la tortura había sido una práctica sistemática en establecimientos militares y policiales, que muchos murieron en medio de los salvajes tormentos, que hubo asesinatos políticos, que hay alrededor de doscientos detenidos desaparecidos y había niños robados a sus madres presas.

Pero además estableció notorias diferencias en la aplicación del Código Penal que ahora dependía del calibre de la pistola que se portara en la cintura.

Desde entonces y hasta nuestros días los diferentes actores políticos han mostrado públicamente sus contradicciones y su escasa voluntad para investigar los crímenes cometidos durante el período de terrorismo de Estado.

La columna de Carlos Peláez