El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, señaló hoy que "entre 2010 y 2016 las tarifas de UTE bajaron un 31% respecto al salario promedio y 16% en relación la inflación" lo que en términos económicos debe ser correcto, pero resulta incomprensible en el correlato de la realidad.

El fin de semana pasado el Poder Ejecutivo hizo una propuesta a la Asociación de Magistrados del Uruguay, con el objetivo de dar por finalizado un largo conflicto que comenzó en el año 2010 con la ley de presupuesto y el incremento de los salarios de los ministros de Estado. C

omo los ministros de la Suprema Corte de Justicia están equiparados a los ministros de Estado, esa ley generó incrementos de forma indirecta en los sueldos del Poder Judicial.

A su vez, los salarios de jueces y funcionarios judiciales se basan en el incremento de los ministros de la Corte por otra norma que establece que percibirán el mismo porcentaje de aumento. Y así se desencadenó una catarata de aumentos, que mas allá de justicia , se sustentó en un error de parlamentarios. Un costo extra de unos 10 millones de dólares.

Ahora debe continuar el diálogo con fiscales, defensores de oficio, actuarios y funcionarios del Poder Judicial para cumplir con la sentencia y poner punto final al diferendo, según publicó El Observador.

Para los jueces, la suma resultante solo será gravada con IRPF, y abonada en tres cuotas iguales, anuales y consecutivas, la primera de ellas a cobrar con el salario de enero 2017. La siguiente es una planilla con el estimado de lo que percibirán los magistrados.

La columna de Carlos Peláez

 Planilla con el estimado de lo que percibirán los magistrados