El rumbo perdido
Golpes en el Parlamento; una votación cuestionado; militares de alta graduación que fueron de uniforme y coche oficial al sepelio de un dictador y una embajadora extranjera que cuestiona públicamente decisiones soberanas de nuestro país, marcan un complejo fin de año.
Complejo además, porque la rispidez y sensibilidad de la sociedad ante ciertos temas, bloquea la sana crítica y termina atentando contra la libertad de pensamiento. En los últimos tiempos si se critica al gobierno se pasa a ser un "facho-rosadito";; si se critica a una mujer se es machista; si se cuestiona a un gay sos homofóbico y si se critica a Israel, inmediatamente se pasa al terreno del antisemitismo.
Lo ocurrido es muy grave. Los parlamentarios no tienen derecho a dirimir sus diferencias a golpes. Fueron elegidos para otra cosa. Y por más que el tono del debate sea exasperante, tienen la obligación de pensar en el mensaje que dan al ciudadano.
La votación sobre la permanencia de tropas uruguayas en Haití continúa haciendo pedazos una histórica política de Estado en las relaciones internacionales: la de no intromisión en asuntos extranjeros. Peor aún porque el objetivo final no es la paz en Haití o el Congo, sino mejorar los salarios de los soldados y generar recursos para el Ejército.
Parece muy obvio señalar que el ejército uruguayo de hoy, nada tiene que ver con el de 1973. Hay que ser muy fanático o ciego para no darse cuenta. Aún así en su interior, como en toda la sociedad, subsisten rémoras de ese pasado oprobioso que tantas tragedias provocó. Por eso es imprescindible que tanto el ejército como el Presidente de la República – Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas – sancionen severamente al general Alfredo Erramún, Jefe de la Casa Militar. Y no por concurrir al sepelio de Gregorio Alvarez – a lo que tiene un derecho indiscutible - sino por hacerlo en un vehículo oficial de Presidencia que obligo al presidente Tabaré Vázquez a tener que explicar que "no se trataba de una presencia oficial";.
Y finalmente está el discurso en Maldonado de la embajadora de Israel, Nina Ben Ami, quién cuestionó públicamente el voto uruguayo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que definió como ilegales los asentamientos judíos en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este.
Nadie puede discutir su derecho al cuestionamiento. Pero la forma es intolerable para un país soberano, que no es colonia de nadie, que adopta sus decisiones como considera debe hacerlo. El tema pasó como un asunto menor para la Cancillería, cuando hubiera merecido una queja ante su par israelí. Pero la postura uruguaya abre la puerta para que otros representantes diplomáticos se sientan autorizados a hacer lo mismo en otras circunstancias.
La columna de Carlos Peláez